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Full text of "Estúdios constitucionales"

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ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 



BIBLIOTECA DE AUTORES URUGUAYOS 

ESTUDIOS 

CONSTITUCIONALES 



FRANCISCO BAUZA 

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MONTEVIDEO 

CTiiiKiiinTV TEPteuricD-minnriL di li libubii kicimil 



HARVARD COLLEGE LieRARY 

OEC 24 1915 

UTIN-AMERICAN 
PROFESSORSHIP FUNa 



Es propieiai. 



LA CONSTITUCIÓN URUGUAYA 



■ ARA servir de base á una serie de estü- 
1 dios sobre la Constitución uruguaya, ha 
I sido escrito éste, que resume la esposi- 
D cronolójica de sus antecedentes. 
Los que le siguen, sin apartarse del tópico que 
permite ajustarles á un plan determinado, tocan 
materias diversas, que no se apreciarian en toda 
su estension, sin el ausilio preliminar de aclara- 
ciones indispensables. Una Constitución, por im- 
provisada que resulte, siempre tendrá ñliaciones 
necesarias en el país que la adopte y en la lejis- 
lacion de los otros países que sus autores toma- 
ron por modelos. 

La Constitución uruguaya se encuentra en ese 
caso. Modelada sobre una lejislacion que en 
parte tomó del país y en parte del esterior, sus 
preceptos se resienten de esa influencia múltiple 



Estudios Constitucionales 



que las circunstancias contribuyeron á darles. 
Cuando se profundiza imparcialmente el espíritu 
de sus disposiciones todas, fluye del conjunto 
una marcada tendencia al establecimiento de la 
República conservadora ; pero á medida que se 
analizan ciertos detalles, aparece como en lonta- 
nanza una tendencia opuesta, que no habiéndose 
atrevido á tomar formas concretas, proyecta sin 
embargo una opacidad cuya iniciación fujitiva 
basta para denunciar su existencia. En esa con- 
dición, por decirlo asi binaria, de nuestro Códi- 
go fundamental, está el secreto de nuestras en- 
fermedades políticas, ó sea ese desacuerdo per- 
sistente entre la opinión pública y los gobiernos, 
que no es cosa de un dia, ni cuestión de tan poca 
entidad que no pida maduro examen para ser 
estudiada y estirpada tan radicalmente como 
nuestras necesidades lo exijen. 

Se ha dicho que la índole de los uruguayos es 
por esceléncia anárquica, y que sus disputas ar- 
madas no reconocen otro fin que el ansia de aba- 
tirse entre sí los contendores. Rehusamos deferir 
á una afirmación tan absoluta y desesperante. 
La anarquía y la fuerza que la enfrena, son dos 
factores de acción y reacción tan antiguos como 
la especie humana. El primer acto de anarquía 
en grande escala, se produjo en las llanuras de 
Sennaar, cuando los pueblos primitivos edifica- 
ban la torre de Babel; y una vez dispersas aque- 
llas turbas, el primer acto de fuerza que las 
contuvo partió de Nemrod, fundador del más 
antiguo de los imperios. Desde entonces se sabe, 
que todo intento vanidoso conduce á los hom- 



La Constitución Vruguaya 



bres á la anarquía, en la cual permanecen hasta 
que la fuerza les impone el orden. No es por lo 
tanto, una predisposición esclusivamente ingé- 
nita á los uruguayos el estado anárquico en que 
muchas veces se han visto, ni tiene los honores 
de descubrimiento suyo la represión de la anar- 
quía por la fuerza. 

En el mecanismo gubernamental, la fuerza es 
también un elemento de gobierno, y el error de 
los teoristas emana de no reconocerlo. Asi como 
en los casos estremos suplen los individuos el 
criterio científico con el instinto de propia con- 
servación, del mismo modo la fuerza representa 
socialmente el instinto de conservación en último 
trámite. Nuestra historia nacional lo comprueba 
demasiado, para que insistamos sobre el hecho. 
Pero concluiremos de aquí contra una opinión 
muy generalizada, diciendo, que en vez de sínto- 
mas de muerte, son síntomas de vida muchos de 
los actos de fuerza cuyas consecuencias nos due- 
len tanto; porque es axiomático, aun cuando 
ande muy olvidado el aforismo, que toda socie- 
dad comprometida entre la anarquía y la dicta- 
dura, obtará siempre por la dictadura. 

No hacemos la apolojía de la fuerza. Muy des- 
graciados son los pueblos que no tienen otro re- 
curso de salvación que su predominio absoluto. 
Lo que hacemos es reconocer su importancia y 
la necesidad de encarrilarla, necesidad imperiosa 
que no ha sido tomada en cuenta hasta hoy, y 
cuya solución corresponde á las leyes. Los Cons- 
tituyentes partieron de un falso supuesto al aban- 
donar la fuerza á sí misma, creyendo que iba á 



8 Estudios Constitucionales 

permanecer en estado de paz, gracias al menos- 
precio á que la condenaban. Pero aparte de que 
es instintivo de los organismos animados la ten- 
dencia á buscar la acción, la historia demuestra 
que no hay institución eficaz si no se apoya en 
todos los elementos vivos que pretende diri- 
jir, dándole á cada uno su puesto, porque de 
otro modo, en vez de propender al desarrollo ar- 
mónico de la sociedad, operan constantemente 
como causa perturbadora. Entre nosotros, la 
fuerza está en el elemento llano del pueblo, de 
donde salen las masas indisciplinadas que pro- 
mueven la guerra civil y las masas disciplinadas 
con que los gobiernos pretenden contenerla. 
Unas y otras, huérfanas de representación legal, 
buscan individualidades que encarnen cuando 
menos sus aspiraciones generales, y de ahí el 
caudillo y el dictador. Es la misma historia de 
todos los dias repetida durante sesenta años, y 
amenazando repetirse por otros sesenta más. 

El sentimentalismo político ha inventado di- 
versas escusas, para paliar el error de los Consti- 
tuyentes sobre este tópico. Ha dicho, que opri- 
midos como estaban por dos poderes estraños, 
tenían que ceder á sus ocultas maquinaciones, 
esponiendo y defendiendo como cosa propia, las 
exijéncias de aquellos. Ha agregado, que la apro- 
bación previa del Brasil y la República Argentina, 
ofrecida como único medio de hacer viable la 
Constitución para lo futuro, importaba en el fon- 
do una amenaza, y argüía una imposición pe- 
rentoria que el decoro nacional obligaba á disi- 
mular. Pero por mas dramática que sea la leyen- 



Im Constitución Vruguaya 9 



da, afirmamos que no pasa de fábula, y lo de- 
mostraremos en el correr de estas pajinas. Nun- 
ca hubo Asamblea mas libre y dueña de sí mis- 
ma, que la Asamblea Constituyente, y solo ella 
es responsable de los errores de nuestro Códi- 
go politico. 

Los principales preceptos de la Constitución 
de la República, estaban sancionados y se cum- 
plían en el país, mucho antes de que los Consti- 
tuyentes los formularan dentro de la articulación 
que conocemos. Desde 1825-28 habia lejislado la 
Representación Provincial de la Florida, creando 
la armazón actual, salvo su estructura política 
independiente. Los Constituyentes no hicieron 
mas que dar una nueva forma á esos preceptos, 
engarzándolos entre las declaraciones de una 
Constitución Nacional, que era sinembargo casi 
la misma que habia rejido la antigua provnícia. 
Por otra parte, ocupaban los bancos de la Consti- 
tuyente, individuos como D. Gabriel Antonio 
Pereyra, D. Pedro Francisco de Berro, D. Pedro 
Pablo de la Sierra, D. Francisco Antonino Vidal, 
D. Alejandro Chucarro, D. Lorenzo Jusliniano 
Pérez, D. Francisco Solano de Antuña, D. Ataná- 
sio Lapido, D. Francisco Joaquín Muñoz y Don 
Santiago Sayago, antiguos miembros de la Re- 
presentación de la Florida, trascendidos de su 
espíritu y dispuestos á hacerlo triunfar en la 
nueva Constitución, como lo hicieron, bien que 
con ciertas restricciones favorables á la libertad, 
prueba Tevidente de la independencia de acción 
personal que gozaban. Es por lo tanto erróneo el 
criterio que hasta hoy ha imperado respecto alas 



lo Estudios Constitucionales 

condiciones en que se hallaron los Constituyen- 
tes, pero lo es mucho mas todavía el que domina 
con respecto á la revolución de los Treinta y 
Tres. 

La revolución de 1825, no ha descendido aun 
de las rejiones de la leyenda á las pajinas de la 
historia. El pueblo uruguayo conserva sobre La- 
valleja y sus compañeros una idea confusa, que 
no le permite distinguir la acepción real en que 
puede apreciar sus actos. Los Treinta y Tres, 
idealizados en producciones poéticas y pictóricas, 
permanecen todavía bajo el dominio del arte, que 
al realzarlos con todos sus prestí j ios, los envuel- 
ve entre misteriosos celajes, cuyos tonos, ora 
suaves, ora brillantes, borran las perspectivas 
terrenas estableciendo un límite casi insalvable 
entre el observador frió y las figuras gloriosas de 
los héroes. Por efecto de esta conspiración pa- 
triótica en que han entrado llenas de amor la 
poesía y la pintura, y á las cuales se asocian nues- 
tros mejores recuerdos, la crítica ha vacilado en- 
tre rendirse á ese triple homenaje nacional, ó in- 
troducir una nota discordante en medio de tantas 
armonías. De ahí proviene la especie de conven- 
ción tácita que impera respecto á aquella época, 
y el afán de conservar sus tradiciones como un 
elemento imajinativo mas bien que como un pre- 
cedente histórico. 

Sinembargo, cada época tiene sus exijéncias, 
y la nuestra, que es de mayoridad, solicita el acla- 
ramiento de las cosas. El pueblo uruguayo, ya 
no es un pueblo infante. Después de ochenta 
años de pruebas rudísimas, ha perdido aquella 



La Constitución Vruguaya ii 



primitiva inocencia que vive de la poesia, entran- 
do en el camino de las soluciones prácticas. Ne- 
cesita pues saber, lo que han hecho sus mayores, 
para decidir lo que debe hacer él mismo. Necesi- 
ta muñirse del valor político que lleva á los hijos 
á ser jueces en los actos de sus padres, sacando 
de ellos con toda imparcialidad, las enseñanzas 
que sirven para condena^r el mal, y nutrirse en 
las que hacen del bien un culto y una norma de 
conducta. No de otro modo se forma el patriotis- 
mo, que lejos de ser una noción hueca, es la mas 
alta concepción del interés nacional subordinado 
á la justicia. 

Nosotros vamos á desentrañar de la leyenda 
de 182Í), los elementos históricos, rehaciendo así 
las figuras que el arte habia tornado impalpables, 
y vinculando al encadenamiento de los hechos 
reales, aquellos eslabones que el fulgor de los 
tonos escondía entre el celaje de sus maravillas. 
Con tal procedimiento perderá la poesia, pero ga- 
narán la razón y el interés político, y sobre todo, 
ganará la verdad. Por otra parte, si la exhibición 
de los defectos y flaquezas de los revolucionarios 
de 1825, les quita su prestíjio lejendário, no por 
eso contribuye á mermar sus servicios, á la vez 
que mata en las multitudes la idea perjudicial de 
que las nacionalidades se forman al calor de im- 
provisaciones de momento. La historia de los 
pueblos, cuanto mas complicada y ardua, tanto 
mas rica en esperiéncias para sus hijos; y la nues- 
tra, que no brilla por las facilidades venturosas, 
es adecuada á encarrilarnos seriamente, si seria- 
mente entramos en la empresa de estudiarla. 



12 Estudios Constitucionales 

Respecto á la revolución de los Treinta y Tres, 
ha pasado hasta hoy como hecho inconcuso, 
que sus hombres todos venían á proclamar la 
independencia nacional. Error grave, que hace 
inesplicable la filosofía de muchos accidentes 
posteriores. La revolución de los Treinta y Tres 
se inició como una mera reivindicación de este 
país para la República Argentina, y se sostuvo en 
ese terreno hasta que la complicación de los su- 
cesos la sacó de él. 

Es digno de notarse, que el gobierno argenti- 
no á cuyo benefício se hacia ostensiblemente la 
revolución, la repudió durante su primera época, 
ausíliandola mas tarde, para concluir por con- 
trariarla al apercibirse que había ayudado á crear 
una Nación en vez de ganar una provincia. Sin 
tener en cuenta estas fluctuaciones de aquel go- 
bierno, son inesplicables gran parte de los actos 
acometidos por los prohombres de los Treinta y 
Tres durante la lucha militar. Muchos de sus des- 
manes en materia de lejislacion, fueron sacrificios 
propiciatorios para atraerse la benevolencia de 
Buenos Aires, y muchos de los atentados come- 
tidos con sus propios compañeros, fueron hijos 
del deseo de conservar esa benevolencia cuando 
había sido conquistada. 

Como prueba aductible en favor de cuanto aca- 
bamos de decir, presentaremos los antecedentes 
históricos de nuestra lejislacion constitucional, 
exhumados del archivo de la Asamblea de la Flo- 
rida, y examinaremos la conducta del gobierno 
argentino á la luz de documentos fehacientes. 
Este doble estudio nos dará la clave del carácter, 



La Constitución Vruguaya 13 

tendencias y medios de acción de los revolucio- 
narios, poniéndonos en contacto íntimo con sus 
vistas y afanes de lejisladores y soldados. Y una 
vez puesto en claro el punto, sacaremos de él 
consecuencias nuevas, que presentarán á nuestra 
Constitución política bajo una faz no estudiada 
hasta hoy. 



El pueblo uruguayo habia empezado á asumir 
la personería de sus negocios, desde el año de 
1808, cuando el Cabildo abierto de Montevideo 
proclamó la fórmula revolucionaria adoptada mas 
tarde por todos los pueblos de la América espa- 
ñola. En 181 1, se alzó definitivamente contra Es- 
paña, sacudiendo al ñn su dominio: pero ene- 
mistados los caudillos nacionales con algunos de 
los gobiernos de Buenos Aires, procuraron diri- 
mir la contienda con las armas. Las consecuen- 
cias de la lucha nos hubieran sido favorables por 
completo, si esa eventualidad prevista, no hubie- 
se exasperado el rencor del Directorio argentino, 
que accedió á dejar libre paso á los portugueses 
para que se posesionasen del país. Invadieron 
éstos en 1816, y en 1820 eran dueños absolutos 
de la tierra. Durante cinco años nos dominaron 
sin réplica, hasta que en Abril de 1825 el general 
Lavalleja con 32 compañeros, pisó el suelo de la 
pátría y acometió su reconquista. A poco de es- 
tar una parte del pueblo en armas, convocó el 



14 Estudios Conslüucionales 

general á diversos ciudadanos notables, para que 
decidieran sobre la formación de un gobierno re- 
gular. 

Los trámites adoptados al efecto, fueron los si- 
guientes (i): En 27 de Mayo de 1825, el general 
Lavalleja á titulo de geje interino del paiSy expidió 
una convocatoria á los departamentos de Colo- 
nia, San José, Maldonado, Canelones y Entre 
Ríos Y1 y Negro, en cuya virtud diputaron esos 
departamentos un individuo cada uno. Estos 
seis diputados reunidos en la Florida el 14 de Ju- 
nio, y considerando « llegado el caso que se cum- 
pliesen los justos votos del digno gefe que los 
habia convocado, y de sus comitentes;» previos 
los trámites de estilo y luego de nombrar Presi- 
dente á D. Manuel Calleros, declararon «lejítima* 
mente instalado el Gobierno Provisorio de la Pro- 
vincia Oriental del Rio de la Plata.» En seguida, 
el general Lavalleja, gefe del pueblo armado, se 
presentó á la sala de sesiones, «para prestar al nue- 
vo gobierno el homenaje de su reconocimiento, 
respeto y obediencia;» dejando en manos del 
Presidente una Memoria que dijo contener la re- 
lación ñel de sus actos « desde que tuvo la fortu- 
na de besar las risueñas riberas del nativo suelo.» 
Este documento importantísimo, que lleva la 
misma fecha de la instalación del Gobierno Pro- 
visorio (14 de Junio), requiere un escrupuloso 
examen. 

Decia el general Lavalleja en su Memoria: «Una 



(1) Rejistro Oficial de Leyes y Decretos (1825-37), tomo i.— 
Antonio T. Caravia, Colección de Leyes y Decretos, tomo i. 



La Constitución Vruguaya 15 

Comisión fué nombrada en Buenos Aires para 
recolectar, aprontar y hacer conducir todo cuan- 
to se negociase y fuere útil á nuestros intereses, 
y no puedo menos de recomendar á la conside- 
ración del gobierno los distinguidos servicios 
que ha prestado. En unión del señor brigadier 
Rivera, me he dirijido al Gobierno Ejecutivo Na- 
cional (de la República Argentina), instruyéndole 
de nuestras circunstancias y necesidades; y, aun- 
que no hemos obtenido una contestación direc- 
ta, se nos ha informado por conducto de la mis- 
ma Comisión, las disposiciones favorables del 
Gobierno, y que estas tomarán un carácter deci- 
sivo tan luego como se presenten comisionados 
del gobierno de la Provincia.» Nuestra depen- 
dencia del gobierno argentino, quedaba pues, es- 
plicitamen te consagrada por la declaración que 
acaba de leerse. El gefe de los Treinta y Tres lla- 
maba á ese gobierno Ejecutivo Nacional, le daba 
cuenta de sus actos, y esperaba que sus disposi- 
ciones favorables tomarían un sesgo decisivo, 
luego que los comisionados del gobierno provin- 
cial uruguayo se presentasen en la capital argen- 
tina. 

De modo que el carácter público de la revolu- 
ción de los Treinta y Tres, era el de la reivindica- 
ción de la Provincia Oriental para la República 
Argentina, en nombre de antiguos vínculos polí- 
ticos y á virtud de urgentes exijéncias de mo- 
mento. Conviene que insistamos en este hecho, 
porque él nos abrirá camino para establecer has- 
ta donde llegó la iniciativa espontánea del pueblo 
uruguayo en la gestión de sus intereses mas 



1 6 Estudios Constitucionales 

• 

caros, y cual fué la razón del prestíjio nunca dis- 
minuido de un caudillo tan turbulento como Ri- 
vera, cuya influencia en los negocios públicos solo 
vino á concluirse con su vida. 

De la Memoria del general Lavalleja al Gobier- 
no Provisorio, se deduce que este general tenia 
compromisos preexistentes con el gobierno ar- 
gentino: aun cuando su afirmación de «haberle 
instruido de sus circunstancias y necesidades, y 
no haber obtenido una contestación directa», de- 
jaba ver que aquel gobierno hacia poco caso de 
los uruguayos. Sintiendo probablemente esa in- 
diferencia y ansioso de cambiarla por una actitud 
mas favorable, era que el general exajeraba sus 
fuerzas disponibles en la Memoria á que venimos 
aludiendo, y pintaba la situación militar de los 
revolucionarios en esta forma: «La fortuna ha 
favorecido nuestro intento, y en pocos dias nos 
ha dado resultados brillantes. Tales son: el haber 
arrollado al enemigo en todas direcciones : el ha- 
ber formado un ejército respetable. Este se halla 
dividido en diferentes secciones, según he con- 
siderado necesario, é instruirá á V. E. el siguien- 
te detalle: un cuerpo de looo hombres en la barra 
de Santa Lucia á mis inmediatas órdenes; — otro 
de igual fuerza á las del brigadier Rivera en el 
Durazno, en observación y en pequeños destaca- 
mentos sobre la columna enemiga que permanece 
entre Rio-negro y Uruguay; — una división de 300 
hombres al mando del señor Mayor (Oribe) sobre 
Montevideo; — otra de igual fuerza al mando del 
comandante Quirós sobre la Colonia y costas in- 
mediatas; — algunos destacamentos que montan 



La Constitución Vruguaya - 17 

por la costa del Uruguay y Rio-negro hasta Mer- 
cedes, observando los movimientos de la flotilla 
enemiga, asegurando en cuanto puede ser, nues- 
tras relaciones con Buenos Aires. — Á más de estas 
fuerzas, se hallan sobre las fronteras, una divi- 
sión al mando de D. Ignacio Oribe en observa- 
ción sobre el Cerro Largo, y otra al mando del 
coronel D. Pablo Pérez sobre CebolJati. » De 
este resumen puede inferirse, que los revolucio- 
narios contaban con unos 3500 hombres en 
armas. 

Nada era menos cierto, sinembargo. En prue- 
ba de ello, tenemos á la vista relatos de testigos 
presenciales, que escribieron largos años des- 
pués de la victoria, con ánimo despreocupado y 
sin necesidad de ocultar cosa alguna. Don Carlos 
Anaya, miembro de la Asamblea de la Florida, y 
sucesivamente comisario general de guerra, ad- 
ministrador de rentas, tesorero general, y por 
último, ministro de hacienda del gobierno insta- 
lado en el Durazno, y don Juan Spikermann, uno 
de los Treinta y Tres, cuentan las cosas de muy 
diverso modo á lo que las narra la Memoria alu- 
dida. Según Spikermann, en los primeros dias 
de Mayo, ya incorporado Rivera y sublevadas 
las fuerzas que guarnecían el Durazno, las tro- 
pas revolucionarias se elevaron de 800 á 900 hom- 
bres bien armados (i). Lavalleja las distribuyó 
entonces por diversas secciones del país, bajo 
el mando de Olivera, del Pino y Florencio, ofi- 



(i) spikermann ~ La primera quincena de los Treinta y Tres, 



i8 Estudios Constiiucionales 

dales prestijiosos, á fin de reunir las milicias 
de campaña ; y él, con 8o hombres, marchó so- 
bre Montevideo guarnecida por 5000 brasileros. 
El general comandante de la ciudad, creyendo 
tener á su frente un ejército cuya fuerza no podia 
descubrir, lanzó sobre los sitiadores una co- 
lumna de 1000 infantes, $00 caballos y 4 piezas, 
pero ellos sostuvieron con habilidad sus gue- 
rrillas, obligando á la columna á volverse á la 
plaza. En estas perplejidades, el comandante 
don Tomás Burgueño prisionero de los imperia- 
listas, fugó de Montevideo, incorporándose á La- 
valleja con 300 voluntarios, y de ese modo las 
huestes revolucionarias vinieron á sumar en total 
unos 1200 hombres. 

Resulta pues, que los revolucionarios, según la 
relación testimonial citada, tenían á principios de 
Mayo, unos 1200 hombres. Ahora bien, suponien- 
do que los oficiales enviados por Lavalleja á reu- 
nir las milicias de campaña, hubiesen hecho pro- 
dijios de actividad y encontrado la mejor acojida 
en todos los distritos ¿es posible creer que desde 
principios de Mayo á principios de Junio, hubie- 
sen levantado el número de las tropas indepen- 
dientes de 1200 hombres á 3500? El país, reducido 
entonces á 40,000 habitantes, daba como máxi- 
mum esa fuerza de pelea ; pero no estando todos 
sus hijos decididos por los Treinta y Tres ¿cómo 
suponer que hubiesen corrido todos á ponerse 
bajo sus banderas? Los empeños de D. Leonardo 
Olivera que reunia fuerzas en Maldonado, D. Si- 
món del Pino en Canelones y D. Juan José Flo- 
rencio en San José, se estrellaban contra el pres- 



La Constitución Vruguaya ig 

tijio de Calderón, caudillo fiel al Imperio, contra 
el de Laguna, todavía al servicio de los brasileros, 
y contra el de muchos otros oficiales subalternos 
que miraban con desconfianza la empresa, tantas 
veces fracasada de libertar la patria. ¿No es este 
un motivo poderoso para desconfiar del éxito 
completo de los revolucionarios, en sus tentati- 
vas de entonces para aumentar las filas? 

Tales consideraciones bastarían de suyo para 
demostrar la inexactitud de los cálculos déla Me- 
moria, si no hubiese un dato preciso que la pone 
en evidencia. Don Carlos Anaya, describiendo la 
situación de los revolucionarios en Setiembre, es 
decir, cuatro meses después del documento pa- 
sado al Gobierno Provisorio por el general Lava- 
Ueja, decia lo siguiente : « La situación de nues- 
tro ejército era débil, porque sus fuerzas se ha- 
llaban diseminadas en varios puntos que las 
reclamaban. Asi, cuando caian las primeras som 
bras de la noche, tenia el ejército que empren- 
der su marcha buscando el abrigo de cam- 
pos quebrados, y regresar á la primera luz de 
la mañana, visto que no se sentía novedad. Lo 
mismo hacian el Gobierno Provisorio y todos sus 
empleados, buscando los parajes mas inaccesi- 
bles á una sorpresa, de modo que la tesorería 
con sus caudales vagaba inciertamente todas las 
noches, confiados á una galera, sin mas custodia 
que los pocos que la acompañaban en el riesgo, 
á merced de una sorpresa (i).» ¿Qué fuerza ma- 

(i) Anaya — ^/>«níes para la Historia de la República O. del 
Uruguay (1825-30). 



20 Estudios Constitucionales 

teriai podia tener un ejército que buscaba las 
sombras de la noche, para esquivar junto con el 
Gobierno Provisorio, el choque de las divisiones 
sueltas de los imperialistas, ninguna mayor has- 
ta entonces de 800 hombres? Va á decirlo el mis- 
mo Anaya: «Pocos dias después de la batalla 
del Rincón — siempre cuatro meses después de la 
Memoria de Lavalleja — regresó Rivera al cuartel 
general con sus fuerzas. Tuvo lugar una parada, 
á inmediaciones de la Florida, de las fuerzas na- 
cionales, en que formaron mas de 2000 hombres.» 
El dato es concluyente. 

Comprobada la inexactitud de la Memoria con 
relación á los elementos de fuerza disponibles en- 
tre los revolucionarios, se sigue de ahí, que el 
gefe de los Treinta y Tres usaba ese recurso para 
ocultar á los estraños su debilidad. Careciendo 
de medios de acción que prometiesen un éxito 
satisfactorio, exajeraba los que tenia, á fin de 
propiciarse la opinión estertor. Pero habia más. 
Al remontar fantásticamente el numero de sus 
tropas, el general Lavalleja procuraba atraerse 
el apoyo del gobierno argentino ; mientras que 
estableciendo ante los suyos como cosa cierta 
que tenia ese apoyo, les consolaba de las perple- 
jidades á que pudiera llevarles la conciencia de 
su debilidad. Era una doble superchería, militar 
y política, encaminada á obtener la emancipa- 
ción del tutela je imperial. 

Ya que hemos puesto en claro la primera parte 
de la trama, pongamos también la segunda. Tan 
inexacto era que se contase con el apoyo del go- 
bierno argentino, como que se tuviesen los miles 



La Constitución Vrugiiaya 21 

de soldados que la Memoria dejaba suponer. El 
gobierno argentino habia desautorizado formal* 
mente toda conivéncia suya con los Treinta y 
Tres, en un oficio de 2 de Mayo de 1825 dirijido 
por don Manuel José Garcia, ministro de Relacio- 
nes esteriores, al cónsul del Brasil en Buenos Ai- 
res, y en el cual declaraba: «que el gobierno ar- 
gentino cumpliría lealmente con sus obligacio- 
nes reconocidas, mientras permaneciese en paz y 
buena armonía con el gobierno de S. M. I.» aña- 
diendo por lo relativo al carácter de la Revolu- 
ción uruguaya: «que no estaba ni podia estar en 
los principios bastantemente acreditados de ese 
gobierno, el adoptar en ningún caso medios inno^ 
bles, ni menos fomentar empresas que no fueran 
dignas de un gobierno regular, jo En confirma- 
ción de estos asertos formó un ejército de obser- 
vación al otro lado del rio Uruguay, cuyo gefe, el 
general Rodríguez, recibió instrucciones de estar 
á la espectativa de los sucesos, para proceder al 
desarme y aseguramiento de las fuerzas revolu- 
cionarias que en caso de una derrota probable 
bandeasen á territorio argentino, evitando así 
que anarquizaran la provincia de Entre-rios. 

Mas no paró aquí la hostilidad del gobierno ar- 
gentino. Promediando Octubre, después de la 
batalla de Sarandi, ó lo que es lo mismo, trascu- 
rridos cinco meses desde las lisongeras afirma 
clones del general Lavalleja, tuvo lugar un acto 
que las desmentía rotundamente. Oigámoslo na- 
rrar al señor Anaya, participante ea el suceso. 
«En tales circunstancias — dice él — apareció un 
comisionado especial de uno de los secretarios 



32 Estudios Constitucionales 



de estado del gobierno argentino, con una carta 
confidencial en que se solicitaba: — que el gobier- 
no oriental desistiera de inculcar sobre la interven- 
ción armada del gobierno argentino, continuando 
como hasta aquí su marcha triunfal sobre los 
opresores imperiales, que la constancia y el valor 
oriental vencerían al fin ; contando para ello, y 
siempre, con todos los ausilios que estuviesen en 
la esfera del Poder Ejecutivo argentino, prestados 
con prudente reserva y sin trascendencia alguna, i^ 
Encargado Anaya por Lavalleja de replicar la 
nota, lo hizo en los siguientes términos que aquel 
aprobó y firmó : « Cuando el general en gefe 
adoptó la resolución de libertar á su patria del 
poder invasor que la tiranizaba, no contó sino 
con los pechos y el valor de los orientales, arros- 
trando los riesgos y los peligros que á tan gran- 
de empresa debian amenazar; — que estaba re- 
suelto á triunfar ó sucumbir en la demanda; — 
que si no estaba en la política del gobierno ar- 
gentino unir sus esfuerzos á causa tan justa, era 
dueño de resolver según le aconsejaran sus in- 
tereses; — que los ausilios que el ministro le ofre- 
cia, evadiendo compromisos que no conoce bajo 
las sombras y la simulación, le ofenden altamen- 
te, y no está en el caso de empeñar, aventurando 
esas eventualidades tenebrosas, sus procederes 
legales; — esperando en fin con la resignación del 
patriotismo, el resultado de su esfuerzo.» Entre- 
gada la respuesta al comisionado especial del go- 
bierno de Rivadavia, regresó dicho sujeto á Bue- 
nos Aires á últitnos de Diciembre. 
Queda demostrado ahora, que al instalarse el 



La Constitución Uruguaya 23 

Gobierno Provisorio, no contaban los revoluciona- 
rios con fuerza mayor de 1200 hombres en armas, 
careciendo absolutamente del apoyo del gobier- 
no argentino. En cuanto á la opinión que sobre 
ellos tuviera el gefe militar de los brasileros, ci- 
taremos una vez más al señor Anaya que la espe- 
cifica en estos términos: «La opinión particular 
del general Lecor era no atacarnos, diciendo De- 
líelos, que ellos se han de des/ace?', A fé que hablaba 
como un profundo político, porque hubiera sido 
ese el resultado, si no nos hubiesen proporciona- 
do una victoria como la del Sarandí.» 

Al estendernos en estos detalles, hemos tenido 
el propósito de presentar la situación revolucio- 
naria de 1825, tal cual era en sí. Los Treinta y 
Tres no encontraban el país preparado á la lucha 
contra sus opresores, porque una tregua de cin- 
co años habia sido insuficiente para retemplar su 
entusiasmo perdido en dolorosos contrastes. Este 
hecho que traslucía al esterior, por mas que los 
revolucionarios tratasen de encubrirlo, les enaje- 
naba toda probabilidad de alianza con el estran- 
gero, y todo recurso de imposición material den- 
tro del país. Ya hemos visto como les conceptua- 
ba el gobierno argentino, y lo que pensaba de 
ellos el general Lecor. 



Bajo la presión de estas circunstancias, despun- 
tando el mes de Agosto, comenzaron á reunirse 



24 Estudios Constitucionales 

los diputados que debían constituir la primera 
Asamblea revolucionaria. Componía su personal, 
un número crecido de propietarios ricos, algu- 
nos hombres de buenos alcances intelectuales, y 
ciertos jóvenes de familias distinguidas . Lo 
arriesgado del compromiso que contraian estos 
diputados al presentarse en escena, demuestra 
que no les faltaba valor individual y cívico, ni 
carecían de aquella fé política rayana del heroís- 
mo, que suele salvar las causas perdidas. Ensa- 
yemos á hacer la narración de sus trabajos. 

La Representación Provincial uruguaya, co- 
munmente designada con el nombre de Asam- 
blea de la Florida, debió su convocación á la ne- 
cesidad de crear un cuerpo de autoridad perma- 
nente en el país. Con el Gobierno Provisorio que 
funcionaba desde el 14 de Junio de 1825, se había 
proyectado el modelo del departamento ejecutivo 
de ese cuerpo, pero faltaba desde luego el depar- 
tamento lejislativo que debía asentar las bases 
del mecanismo todo, dándole la fuerza y vigor de 
que carecía. Los diputados electos por los pue- 
blos con ese fin, se reunieron en la villa de la Flo- 
rida, abriendo sus sesiones públicas el 25 de 
Agosto de 1825. 

He aquí la Declaración fundamental con que 
inauguraron sus trabajos: «La Honorable Salada 
Representantes de la Provincia Oriental del Rio 
déla Plata, en uso de la soberania ordinaria y es- 
traordinária que legalmente inviste, para consti- 
tuir la existencia política de los pueblos que la 
componen, y establecer su independencia y feli- 
cidad, satisfaciendo el constante, universal y de- 



La Constitución Vruguaya 25 

cidido voto de sus representados: — después de 
consagrar á tan alto fin su mas profunda consi- 
deración; — obedeciendo la rectitud de su íntima 
conciencia: en el nombre y por la voluntad de 
ellos, sanciona con valor y fuerza de ley funda- 
mental que la Provincia Oriental queda de 

hecho y de derecho libre é independiente del rey 
de Portugal, del emperador del Brasil y de cual- 
quier otro del universo, y con amplio y pleno 
poder para darse las formas que en uso y ejerci- 
cio de su soberanía estime convenientes.» 

Desde luego, la declaración trascrita incurría 
en un error gravísimo, atribuyendo á la H. Sala 
de Representantes la investidura legal, ordinaria y 
estraordinária de la soberania. El pueblo uruguayo, 
ó la Provincia Oriental como se titulaba enton- 
ces, no habia podido aunque lo hubiera deseado, 
delegar su soberanía en persona ó corporación 
alguna. La soberanía es indivisible, por lo cual 
no admite gradaciones, ni soporta delegaciones. 
No es un sistema de gobierno, porque existe ín- 
tegra bajo cualquiera de los sistemas conocidos á 
condición de que sean nacionales. No es un dere- 
cho, pues carece de la propiedad esencial de todo 
derecho, que es ser renunciable; y la soberanía 
ni se renuncia, ni se delega : lo único que se dele- 
ga es el ejercicio de la soberanía. Por consecuen- 
cia, si no es un derecho ni un sistema de gobier- 
no, si no es divisible ni delegable, y reside em- 
pero dejitro de todo organismo nacional inde- 
pendiente, la soberanía no es ni más ni menos, 
que la facultad que tienen los pueblos para darse 
las formas de gobierno que entiendan convenir- 



26 Estudios Constitucionales 

— 

les mejor, y designar las personas en quienes 
ha de residir la autoridad. 

¿Cómo podian creer, pues, los diputados de la 
Florida, que el pueblo les habia investido con la 
soberanía, ó en otras palabras, que les había 
dado no solo la facultad de interpretar sus votos 
con relación á la forma de gobierno adoptable, 
sino también que les habia constituido en tribu- 
nal para decidir inapelablemente sobre su suerte? 
Toda delegación de soberanía, si cupiera admitir 
su posibilidad, llevaría á la concesión de un poder 
ilimitado. Y como todo poder ilimitado, es un 
poder sobrenatural, resulta que cualquier Asam- 
blea constituyente se trasformaria en una enti- 
dad con facultades para actuar sin réplica sobre 
una porción del género humano. No podia el 
pueblo uruguayo, declarándose independiente, 
incidir en la aberración de dar vida á esta doctri- 
na, porque de hacerlo, hubiera caido en mayor 
esclavitud que la que acababa de abolir, con la 
agravante circunstancia de verificarlo espontá- 
neamente esta vez, ó lo que es lo mismo, de sui- 
cidarse. Y como quiera que los suicidas son re- 
putados fuera de razón, en igual caso puede esti- 
marse á los pueblos que delegan su soberanía. 

Si los diputados de la Florida no lo compren- 
dieron asi, fué por efecto de una confusión la- 
mentable en el modo de plantear dos ideas bien 
sencillas. Confundieron las formas de gobierno, 
que son materia de contrato, con el principio de 
autoridad que es de ordenación divina. Semejan- 
te confusión no era nueva entonces, y ha dejado 
rastros profundos en la historia. Los déspotas 



La Constitución Vruguaya 27 

antiguos la esplotaron en provecho propio, divi- 
nizando sus personas ; y los déspotas modernos 
también la aprovechan, divinizando las formas 
que les habilitan para ejercer la autoridad. En los 
dos casos, hay una violación irritante de los mas 
elementales derechos de la personalidad huma- 
na: sea cuando el gobernante se deifica, sea cuan- 
do las formas de gobierno se consagran por divi- 
nización. Desde que ningún hombre ha venido al 
mundo con una superioridad esencial preexis- 
tente ¿cuál podría alegarla para investirse con 
ella? Desde que las formas de gobierno son hijas 
del criterio de los hombres ¿ cómo podrían los 
hombres establecer un mecanismo divino.^ 

Y sinembargo, los diputados de la Florida 
calan en este doble error, al querer reaccionar 
contra el despotismo por los mÍ3mos medios de 
que el despotismo se sirve para oprimir á los 
pueblos. Ellos se arrogaban la soberanía popu- 
lar, diciéndose legalmente investidos de sus fa- 
cultades, y á virtud de ese poder omnímodo, de- 
cretaban la independencia como acto propio. 
¿Tenían siquiera precedentes legales, que argu- 
yesen en favor de tamaña usurpación? Según el 
Acta de instalación del Gobierno Provisorio, ha- 
bla sido expedida en 27 de Mayo una convocato- 
ria por el general Lavalleja, gefe interino del país, 
á varios departamentos de campaña, por cuya 
razón diputaron esos departamentos un indivi- 
duo cada uno. Reunidos en la Florida esos dipu- 
tados, nombraron Presidente á D. Manuel Calle- 
ros, declarando lejítimamente instalado el nuevo 
gobierno, ante el cual se presentó el General La- 



28 Estudios Constitucionales 

valleja para prestarle el homenaje de su recono- 
cimiento, respeto y obediencia. Por último, fué 
convocado el país á comicios, para que elijiera 
una Asamblea apta á decidir sobre su organiza- 
ción política, y se elijió la que acababa de hacer 
la Declaración cuyos conceptos sustanciales veni- 
mos examinando. Tales trámites, no importaban 
delegación alguna de soberanía, así es que los 
diputados, reivindicándola para sus personas se 
equivocaban deplorablemente. 

Y si en este punto estaban equivocados, no lo 
estaban menos en lo que se refiere á las grada- 
ciones ó escalas en que dividían la soberanía, lla- 
mándola «ordinaria» y «extraordinaria», áfin de 
arrogarse todavía mayor poder. Para establecer 
sutilezas categóricas en orden á la definición de 
la soberanía, es necesario de dos cosas, una : ó 
ignorar su significado, ó disputar á Dios su po- 
der en la formación de las naciones. Lo primero, 
puede achacarse á deficiencia de instrucción; lo 
segundo es privativo del jacobinismo. Conside- 
rado Dios como creador y ordenador del mundo, 
obra suya es la constitución de la sociedad hu- 
mana bajo la éjída de los principios tutelares que 
la rijen. Sí politicamente hablando se admite 
una soberanía estraordinária, ella no puede ser 
otra que la soberanía divina. ¿Quisieron dispu- 
tarla los firmantes de la Declaración de la Flori- 
da ? No nos atrevemos á decir que fuera esa su 
intención final, pero asentaremos con cargo de 
probarlo á su tiempo, que inficionados por el ja- 
cobinismo corriente, su fé en la acción de la Di- 



La Constüucion Vruguaya 29 

yinidad sobre la marcha de las sociedades estaba 
bastante vulnerada. 

Como quiera que sea, políticamente no existen 
dos soberanías, y toda distinción de este género, 
:• importa un devaneo. Por consecuencia, los fir- 
mantes de la Declaración de la Florida, solo po- 
dían considerarse investidos del ejercicio de la 
soberanía popular, para constituir su país en la 
forma que él entendía convenirle mejor. Mas si 
por un lado era indisputable su derecho proce- 
diendo así, por otro, era funesta é innecesaria, 
disolvente é insólita la doctrina de las gradacio- 
nes de soberanía autorizadas en un documento 
trascendental. Era funesta esa doctrina, porque 
podía conducir con gran ventaja para un Rosas, 
á la posesión de la suma del poder. Era innecesa- 
ria, porque la reivindicación de la soberanía in- 
divisible, bastaba para dar al país la aptitud de 
delegar su ejercicio en los representantes que 
debian organizar sus nuevas instituciones. Era 
disolvente, porque introducía un elemento de 
perturbación en las funciones rudimentarias del 
poder público, dejando sospechar anexo á ellas y 
por implicancia, algo estraordinário y descono- 
cido que se cernía sobre el pueblo como una ame- 
naza. Era insólita, porque ninguno de los países 
á quienes nos ligaban vínculos de sangre ó de 
vecindad, y cuyas huellas podían seguirse, habla 
sentado su independencia sobre bases parecidas. 
Vibraban aun en el medio ambiente, los ecos 
de la Constitución española de 1812, cuyo elójio 
se habia hecho en el Uruguay desde el pulpito 
de los templos y en medio de grandes festejos 



30 Estudios Constitucionales 

populares, asistiendo á unos y á otros todos los 
habitantes del país, en cuyo espíritu y según su 
respectiva edad, dejó hondas impresiones aque- 
lla ceremonia imponente llevada á efecto por la 
relijion y la política de consuno. Desde que la 
América se conocía á sí misma como dependen- 
cia colonial, jamás habla visto dar á la autoridad 
española un paso tan atrevido en el camino de la 
libertad, paso que llenó de consternación al par- 
tido metropolitano tradicionalista, y embargó de 
júbilo á los amantes del progreso civil y político 
de este lejano hemisferio. La Constitución de 
1812, reivindicando los derechos del pueblo espa- 
ñol para gobernarse á sí mismo, no habia sinem- 
bargo establecido la soberanía en otra forma que 
en esta: «La soberanía reside esencialmente en la 
Nación, y por lo mismo pertenece á ésta esclusi- 
vamente el derecho de establecer sus leyes fun- 
damentales. ( Art. 3.* ) » Nada de distinciones, 
nada de gradaciones se vé estipulado en este 
precepto. Para darse una forma de gobierno de- 
terminado y establecer las leyes necesarias á su 
conservación, supusieron los constituyentes es- 
pañoles que les bastaba con estar investidos del 
simple ejercicio de la soberanía. 

El ejemplo fué seguido por todas las naciones 
hispano -americanas. La Junta Provisional del 
Paraguay, al declararse en ejercicio de la sobera- 
nía, espresaba á la de Buenos Aires en 20 de Ju- 
lio de 181 1 lo siguiente: «No es dudable que abo- 
lida ó deshecha la representación del poder 
supremo, recae éste, ó queda refundido natural- 
mente en toda la nación. Cada pueblo se consi- 



La Constitución Vruguaya 31 

dera entonces en cierto modo participante del 
atributo de la soberanía, y aun ios ministros pú- 
blicos han menester su consentimiento ó libre 
conformidad para el ejercicio de sus faculta- 
des (i).» Aquí no sementaban para nada las divi- 
siones categóricas, aun cuando la Junta del Pa- 
raguay, persiguiendo ulteriores planes de segre- 
gación, necesitaba establecer tan radicalmente 
como fuera posible la doctrina de la soberanía. 
Con todo, ella se guardó muy bien de asentar, 
que hubiera una soberanía ordinaria en virtud 
de la cual pudieran considerarse los pueblos due- 
ños de organizarse políticamente, y otra sobera- 
nía estraordinária que les autorizase á investir 
con la suma de ese poder á una corporación cual- 
quiera. 

Un caso parecido acontecía con la Constitu- 
ción del Brasil, vijente desde 1824, y conocida 
por los autores de la declaración de nuestra in- 
dependencia, subditos hasta entonces de aquel 
país. La Constitución brasilera había limitado 
su definición de la soberanía á estos términos : 
«El Imperio del Brasil es la asociación política de 
todos los brasileros. Ellos forman una nación li- 
bre é independiente, que no admite con otras 
lazo alguno de unidad ó federación que se opon- 
ga á su independencia (Art. i .°) Todos los pode- 
res en el imperio del Brasil — lejislativo, modera- 
dor, ejecutivo y judicial — son delegaciones de la 
nación (Art. 12).» Como se vé, el Brasil lo mismo 



(i) Carlos Calvo— i4 na/es históricos de la Revolucionf tomo i. 



32 Esltídios Constiiuctonales 

que el Paraguay, no pretendía en sus declaracio- 
nes fundamentales, dar á la soberanía una escala 
categórica. 

Veamos lo que había pasado en la República 
Argentina á este respecto. El Estatuto Provisional 
de 5 de Mayo de 1815, que puede reputarse como 
primer ensayo constitucional argentino, por 
prescindir de Fernando VII y sus derechos, esta- 
bleció así el carácter de la soberanía : «Cada ciu- 
dadano es miembro de la soberanía del pueblo. 
En esa virtud, tiene voto activo y pasivo, en los 
casos y forma que designa el Estatuto Provisio- 
nal. (El Estatuto entendía por voto activo, la cali- 
dad de elector, y por voto pasivo, la de elejible).» 
Mas adelante, con fecha 3 de Diciembre de 1817, 
el congreso de las provincias Unidas, sancionó 
un Reglamento Provisorio para la dirección y ad- 
ministración del Estado, repitiendo su sección i.* 
cap. IV arts. i.**y 2.", las mismas declaraciones 
del Estatuto que hemos trascrito. Pon fin , la 
Constitución de 1819, declaraba lo siguiente: 
« La Nación, en quien orijinariamente reside la 
soberanía, delega el ejercicio de los Altos Pode- 
res que la representan, á cargo de que se ejerzan 
en la forma que ordena la Constitución &a. Las 
corporaciones y majístrados investidos de la au- 
toridad lejislatíva, ejecutiva y judicial, son apo- 
derados de la Nación, y responsables á ella en los 
términos que la Constitución prescribe. Ninguna 
autoridad del país es superior á la ley: ellas man- 
dan, juzgan ó gobiernan por la ley; yes según 
ella que se les debe respeto y obediencia. Al de- 
legar el ejercicio de su soberanía constitucional- 



La Constitución 'uruguaya 33 

mente, la Nación se reserva la facultad de nom- 
brar sus representantes y la de ejercer libremen- 
te el poder censorio por medio de la prensa.» 
Aquí tampoco encontramos ninguna distinción 
categórica de la soberanía. Solo hay clasificacio- 
nes en lo que respecta á su ejercicio. 

Parece fuera de duda, pues, que la pretensión 
de reasumir en si la soberanía ordinaria y es- 
traordinária del país, era recurso ideado por la 
Asamblea de la Florida, á sujestion de aquel de- 
plorable jacobinismo que después de haber des- 
organizado la Europa, venia de rechazo á malear 
las cabezas y subvertir los principios de la Amé- 
rica inesperta. Afortunadamente, cinco años mas 
tarde y cuando el país quedó dueño de sí mismo, 
la Constitución de la República adoptó una for- 
ma correcta, estatuyendo en definitiva la sana 
doctrina. Hela aquí : « La soberanía en toda su 
plenitud existe radicalmente en la Nación, á la 
que compete el derecho esclusivo de establecer 
sus leyes, del modo que mas adelante se espresa- 
rá (Art. 4.*). El Estado Oriental del Uruguay 
adopta para su gobierno la forma representativa 
republicana. Delega al efecto el ejercicio de su 
soberanía en los tres altos poderes Lejislativo, 
Ejecutivo y Judicial, bajo las reglas que se espre- 
sarán (Arts. 13 y 14).» 



Luego de haber formulado y sancionado la De- 
claración de la Independencia, formuló y sancio- 



^4 Estudios Constitucionales 

nó la Asamblea de la Florida, la siguiente Acta de 
Incorporación á las Provincias Unidas del Rio de 
la Plata: «La H. Sala de Representantes de la 
Provincia Oriental del Rio de la Plata, en virtud 
de la soberania ordinaria y estraordinária que le- 
galmente inviste, para resolver y sancionar todo 
lo que tienda á la felicidad de ella, declara: — que 
su voto general, constante, solemne y decidido» 
es y debe ser por la unidad con las demás Pro- 
vincias Argentinas á que siempre perteneció por 
los vínculos mas sagrados que el mundo conoce. 
Por lo tanto, ha sancionado y decreta, por ley 
fundamental lo siguiente : Queda la Provincia 
Oriental del Rio de la Plata unida á las demás de 
este nombre en el territorio de Sud- América, por 
ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos 
que la componen, manifestada />or testimonios irre- 
fragables y esfuerzos heroicos desde el primer 
período de la rejeneracion política de las Pro- 
vincias.» 

Ante todo, establezcamos que no entra en nues- 
tro ánimo hacer una inculpación á los diputados 
de la Florida, por la aparente inconsecuencia que 
fluye de estos dos actos tan contradictorios efec- 
tuados en el mismo dia, á saber: la proclamación 
de la independencia nacional, y la incorporación 
inmediata del país á un poder estraño. Las na- 
cionalidades no se forman sin terribles tras- 
tornos y estraordinários sacrificios, que arran- 
can á sus fundadores concesiones á las cuales 
nunca asentirían individualmente, pero que de- 
ben tolerar y aun sancionar cuando afrontan en 
colectividad la dirección de los negocios pübli- 



La Constitución Vruguaya 35 

COS. Lo que tíene de implacable la política es el 
imperio con que formula sus exijéncias, dando á 
elejir entre lo posible y la nada. En el caso de los 
diputados de la Florida, lo posible era el sacu- 
dimiento del tutelaje brasilero al arrimo de otro 
tutelaje mas simpático ; y eso fué lo que busca- 
ron por el momento, confiando en que el porve- 
nir realizaría la obra total de la independencia. 

Por otra parte, la incorporación á la República 
Argentina, estaba indicada y hasta impuesta por 
el gefe de la insurrección nacional. Hemos visto 
como el general Lavalleja en su Memoria de 14 
de Junio, dijo al Gobierno Provisorio, que en 
unión del Brigadier Rivera «se habia dirijido al 
Gobierno Ejecutivo nacional (de la República Ar- 
gentina), instruyéndole de sus circunstancias y 
necesidades; y aunque no tuvieran todavía con- 
testación directa, estaban informados de las dis- 
posiciones favorables de aquel Gobierno, y que 
ellas tomarían un carácter decisivo luego que se 
presentasen comisionados del Gobierno de la 
*Provincia.9 La revolución habia empezado por 
este acatamiento oficial y público al gobierno ar- 
gentino, y la Asamblea de la Florida subordinán- 
dose á aquella autoridad, procedía en consonan- 
cia con las aspiraciones de sus comitentes arma- 
dos. No vamos pues á atacar esa faz de su con- 
ducta. 

Lo que deseamos poner en claro, es el falso 
concepto histórico en que se basaba el «Acta de 
Incorporación», estableciendo rotundamente que 
la Provincia Oríental habia pertenecido siempre á 
la República Argentina, por tos vínculos mas sa- 



36 Estudios Constitucionales 

grados que el mundo conoce; y que ese hecho ma- 
nifestado por testimonios irrefragables desde el 
primer período de ia rejeneracioa política de las 
Provincias, obligaba á los diputados de la Flori- 
da á declarar, que su voto general era y debia ser 
por la unidad con las demás provincias argen- 
tinas. 

Dejemos á un lado, por lo intempestivo y ser- 
vil, ese aserto de que el voto de los diputados no 
solamente era sino que debia ser favorable á la in- 
corporación del país á la República Argentina; y 
examinemos el fundamento de los testimonios 
que se alegaban para declarar indisolubles los 
vínculos entre la Provincia Oriental y las otras. 
Si nos remontamos á los primitivos tiempos del 
coloniaje, la historia atestigua que los fundado- 
res de Montevideo lucharon 26 años por obte- 
ner un gobierno local, á fin de apartarse en lo po- 
sible de las demás provincias» Si desde que tu- 
vieron ese gobierno á principios del siglo pasado, 
hasta que se produjo la primera invasión inglesa, 
revistamos sus actos políticos y administrativos, 
ellos no son otra cosa que una lucha permanente 
contra el poder de los vireyes del Rio de la Plata, 
lucha en que sucumben majistrados y corpora- 
ciones, pero que no se aplaca hasta resolverse en 
favor de los criollos. Por consecuencia, el pasado 
desmentía la solidez de esos vínculos fraternales 
preexistentes, aducidos como testimonio irrefra- 
gable por la Asamblea de la Florida para lejiti- 
mar su obligación forzosa de incorporar el país á 
la República Argentina. 

En cuanto á los esfuerzos heroicos que la Asam- 



La Constitución Vruguaya 37 

blea decía haber hecho la Provincia Oriental, 
desde el primer periodo de la rejeneracion polí- 
tica, para incorporarse á las demás provincias, 
eran tan ilusorios como los anteriores. Cuando 
se reunió el Cabildo abierto de 1808, fué precisa- 
mente para desobedecer la autoridad del virey 
del Rio de la Plata, y proclamar una Junta de go- 
bierno que rijiese la Provincia en nombre del 
pueblo. Cuando se ajustó el tratado de paz de 
181 1 entre D. Francisco Javier Elio y la Junta 
de Buenos Aires, fué para establecer limites con- 
cretos á la Provincia Oriental, que se disgregó 
del vireynato, quedando bajo la dependencia 
inmediata de Elio, formalmente reconocido gefe 
de ella por el que mas tarde fué gobierno argen- 
tino. Cuando en 181 3, se hicieron sucesivos es- 
fuerzos para dar al pais un gobierno suyo, con- 
vocándose dos congresos y nombrando autorida- 
des ejecutivas y municipales, fué siempre con el 
fin de hacer al Uruguay independiente de las 
otras secciones que hablan constituido el virey- 
nato. ¿Dónde encontrar pues, esos testimonios irre- 
fragables, que manifestaban el decidido empeño 
de la Provincia Oriental para vivir unida á las 
otras? ¿Qué clase de vínculos sagrados, conocidos 
por el mundo todo, eran esos vínculos de unión, 
que por lo menos se habian roto veinte veces } 

La diputación de la Florida, en su afán de con- 
seguir el ausilio argentino, iba mas allá de donde 
es permitido llegar. Falsificaba los hechos, con 
una lijereza que ha servido mas tarde contra el 
país. Los enemigos de nuestro ser político y los 
detractores de nuestra reputación nacional, han 



38 Estudios Consitiucionaks 

afilado sus armas en el documento que acabamos 
de criticar. Sinembargo, otro documento mas 
solemne que ese, firmado también por varios de 
los diputados de la Florida, nos vengó una vez 
por todas del sonrojo que aquella flaqueza podia 
causarnos, consagrando los siguientes preceptos: 
«El Estado Oriental del Uruguay, es la asociación 
política de todos los ciudadanos comprendidos 
en los nueve departamentos actuales de su terri* 
torio. Él es y será siempre libre é independiente 
de todo poder estrangero. Jamás será el patri- 
monio de persona, ni de familia alguna (Arts. i.", 
a.* y 3.» de la Constitución).» 



Determinado por la Asamblea el alcance de lo 
que ella creia sus lejítimas facultades, entró á 
ocuparse de lleno en la organización del país. 
Los poderes públicos recibieron una estructura 
peculiar, y los derechos de los ciudadanos fue- 
ron atemperados dentro de una lejislacion am- 
plia y con arreglo á la presunción del poder 
ilimitado que la Asamblea se atribula á sí misma. 
Digamos una palabra sobre esa atribución per- 
niciosa, antes de mostrar sus resultados. 

Las asambleas constituyentes no tienen el de- 
recho de hacer lo que quieran, por mas amplios 
que se supongan los poderes, enumerados 6 im- 
plícitos, con que sus miembros se reúnen á deli- 
berar. Hay una medida común para las faculta- 



La Constitución Uruguaya 39 

des de todo lejislador, y esa es el respeto de los 
derechos lejltimos preexistentes y la deferencia á 
los usos y costumbres que no ofenden la moral. 
Sobre este punto se espresa claramente un trata- 
dista yankee, diciendo : « Es cosa admitida que 
una convención constitucional puede abrogar 
la autoridad de todos los empleados públicos; 
y parecería por esto que por analojía pudiera 
hacerse lo mismo con toda especie de asocia- 
ciones privadas que hubiesen creado las leyes. No 
obstante, se ha observado y sostenido invariable- 
mente la distinción, y se ha proclamado la otra 
doctrina como inmoral y antirepublicana. Si así 
no fuese, nada habría que impidiese á una con- 
vención de anular los matrimonios, y causar así 
una multitud de daños que ningún trascurso de 
tiempo podría curar. No pretendo decir que no 
pueden ocurrir casos de asociaciones, que son 
semipolíticas y semiciviles en su carácter, y que 
puedan ser abolidas por una ordenanza constitu- 
cional ex-post'facto, Pero para esto debe haber una 
grande é imprescindible necesidad: el mal que se 
intente remediar debe ser tan flagrante, que 
ofenda el sentido común de la humanidad (i).» 

Ahora bien, la Asamblea de la Florida debia 
remediar males, que como la sumisión injustifi- 
cable del país al poder del Imperio y la esclavitud 
de los negros, ofendían el sentido común de la 
humanidad. Pero junto con estos males, la Asam- 
blea involucraba otros que no lo eran, agre- 

(i) Federico Grimke — Naturaleza y tendencia de las Institu- 
ciones libres, tom. i lib. ii cap. iii. 



40 Estudios Constitucionales 

diendo derechos lejítimos y yendo contra usos 
de moral consuetudinaria, que ni caian siquiera 
bajo su jurisdicción. El designio de hacer tabla 
rasa con la sociedad á impulsos de un jacobinis- 
mo exaltado, sirvió de norte á los diputados re- 
volucionarios en su breve y azaroso período es- 
perimental. Pasaremos en revista sus principales 
leyes, para demostrarlo. 

Lo que primeramente tendieron á organizar, 
fué el departamento ejecutivo del gobierno, dán- 
dole formas mas ó menos regulares, según se 
presentaba mas ó menos remota la probabilidad 
de éxito en los planes que venian persiguiendo. 
Como se negociaba la incorporación del país á la 
República Argentina, no creian prudente esta- 
blecer poderes tan firmes, que se resolvieran mas 
tarde en un obstáculo á la incorporación proyec- 
tada. Sinembargo, aun dentro de esa eventuali- 
dad, cabia la creación de instituciones viables, 
que ofreciesen garantías bastantes y fueran como 
una promesa de lo que podia obtenerse al fin. 
Desde que el sistema de gobierno en perspectiva 
era el republicano federal, cada provincia estaba 
en aptitud de crear autoridades locales, cuya ór- 
bita de acción girase dentro de límites precisos, 
asegurando á la comunidad una existencia hol- 
gada. En vez de esto, fué organizándose el Eje- 
cutivo sobre las siguientes bases. 

El gobernador y capitán general debia durar 
en sus funciones tres años, siendo atributivo de 
la lejislatura de la época en que terminara su 
mando, resolver sobre su reelección. Se le asigna- 
ban 6000 pesos anuales de sueldo, ó sean 4800 de 



Im Constitución Vruguaya 41 

la actual moneda, sin perjuicio del que le corres- 
pondiese por su graduación de brigadier (ley de 
3 de Setiembre de 1825). Realizada la elección, 
prestaría el gobernador ante la lejislatura, al re- 
cibirse del mando en la oportunidad designada 
por ella, el siguiente juramento: «¿Juráis desem- 
peñar la autoridad que os es conferida por la so- 
beranía de la Provincia de Gobernador y Capitán 
General, bien y fielmente? Juráis ser exacto en el 
cumplimiento de las leyes, obedeciendo y hacien- 
do obedecer las que ha sancionado y sancione en 
adelante la Sala de Representantes? ¿Juráis res- 
petarla seguridad personal é inviolabilidad de 
las propiedades? ¿Juráis defender y sostener la li- 
bertad del Estado bajo el sistema representativo 
republicano? Si así lo hiciereis, Dios y la Patria os 
feliciten, y si nó, Dios y la Patria os hagan cargo. 
(2.* ley de 3 de Setiembre).» 

Conviene advertir que esta es la primera vez 
que aparece el nombre de Dios en los actos pú- 
blicos de los lejisladores de la Florida : hablan 
prescindido de El para declarar al país indepen- 
diente de dos poderes estraños, y para reasumir 
en si el orijen de todo poder. Una afirmación tan 
atrevida del alcance de sus facultades, confirma- 
ba los conceptos absolutos emitidos en las actas 
en que reivindicaban para sí la soberania ordiná- 
ría y estraordinária del país, pues la invocación 
de Dios para realizar lo menos, y la prescindén- 
cia de su nombre para acometer lo más, dejaba 
traslucir una especie de paridad inadmisible en- 
tre la lejislatura y el poder divino en los actos 
trascendentales. Porque si á los lejisladores no 



42 Estudios Constitucionales 

les obligaba el acatamiento de la Divinidad al em- 
prender sus reformas, obligándoles empero á los 
demás, puede inferirse racionalmente que ellos 
se reputaban al igual de Dios en la dirección de la 
sociedad; ó cuando menos, suponían tener un 
mandato del que se derivaban atribuciones in- 
contestables, infalibles y perfectas para hacer 
cuanto les sujiriese el prurito reformista. 

Después de esto, al ciudadano encargado del 
mando se le colocaba en las siguientes condicio- 
nes de ejercerlo: « i.® Queda facultado el Gober- 
nador y Capitán General para delegar en una ó 
mas personas el mando político, siempre que 
las consecuencias de la guerra ó cualquier otra 
causa lo decidiese á hacerlo. 2.*» En todo pacto ó 
alianza con alguno ó algunos de los demás go- 
biernos ó personas particulares, en que resulten 
comprometidos los intereses ó el crédito de la 
Provincia, el Capitán General obrará de intell- 
jéncia y acuerdo con la Comisión Permanente de 
la Sala. 3.*» En el desgraciado caso de faltar á la 
Provincia el presente Gobernador y Capitán Ge- 
neral, recaerá interinamente el mando de las ar- 
mas en el gefe de mayor graduación y antigüe- 
dad del ejército de la Provincia, y el mando po- 
lítico en dos señores del Gobierno Provisorio ac- 
tual, hasta que convocada la Sala de Represen- 
tantes, nombre quien deba sustituirlo (2.* ley de 
5 de Setiembre).» 

El gobernador debia, empero, estar rodeado 
de consejeros nombrados por sí mismo, en esta 
forma : « i .® El Gobernador y Capitán General, 
nombrará por si tres Ministros Secretarios 



Im Constitución Vruguaya 43 

para el despacho de los negocios de la Provincia, 
en los departamentos de gobierno, guerra y ha- 
cienda. 2^ La asignación de los Ministros Secre- 
tarios, será de 1 500 pesos cada uno anualmente — 
laoo pesos de la moneda actual. — 3.* El Goberna- 
dor y Capitán General, podrá aumentar la asig- 
nación de los Ministros Secretarios de Estado, 
hasta 2000 pesos si lo juzgase necesario, (i/ ley 
de $ de Setiembre).» 

Puede notarse en el conjunto de atribuciones 
trascritas, que habia inconveniencias de todo gé- 
nero en la organización del departamento ejecu- 
tivo. Desde luego, se dejaba al arbitrio de una 
lejislatura posterior, el decidir sobre asunto tan 
g^ave como la reelección del primer mandatario, 
lo que importaba reconocer su posibilidad en 
principio. Bien que las circunstancias obligasen 
á preveer muchas dificultades por efecto de la 
prolongación de la guerra en caso de una elec- 
ción nueva, eso no argüia en favor del tempera- 
mento indeciso de remitir la solución del conflic- 
to á otra lejislatura. La Asamblea debió haber 
fijado terminantemente sus vistas sobre este tó- 
pico, decretando ó suprimiendo la reelección. De 
otra manera no hacia mas que suscitar la dificul- 
tad, echando sobre otros el peligro y la respon- 
sabilidad de resolverla, y dejando en pié un ma- 
nantial de incalculables desórdenes, por la inci- 
tación á las ambiciones de unos, á las intrigas de 
muchos y á la inquietud de todos. ¿Quién puede 
preveer hasta donde trabaja y perturba la imaji- 
nacion de los hombres, cualquier posibilidad de 
llegar al mando? ¿Cuánta desunión no es capaz 



44 Estudios Constitucionales 

de sembrar entre los afiliados de una causa, la 
espectativa de alzarse personalmente con el po- 
der, como compensación de sus esfuerzos en 
favor de ella? 

Por el hecho de no haber provisto terminante- 
mente á la necesidad, se colije que la Asamblea 
no estaba decidida por la reelección. Nosotros 
creemos que opinaba bien pensando así, porque 
toda reelección en las repúblicas es peligrosa. 
Pero en caso de opinar de esa manera, debió de- 
cirlo, y en caso de no opinar, debió decirlo tam- 
bién. Mas hubiera valido autorizar la reelección 
claramente, que dejar de autorizarla por temor 
de prohibirla, sin atreverse tampoco á cortarla de 
raíz. En materia constituyente, no hay peligro 
igual al de la oscuridad de los preceptos. Es pre- 
ferible un mandamiento malo pero claro, á uno 
sospechoso que mantenga los pareceres en sus- 
penso dando lugar á interpretaciones funes- 
tas. Porque conocido el mal, todos los esfuerzos 
se dirijen á remediarlo, unificándose las opinio- 
nes prontamente ; mientras que encubierto con 
apariencias tolerables, el interés de bando suscita 
composiciones de lugar, para aprovecharse á su 
tiempo de las ventajas que la ignorancia de la ge- 
neralidad deja espeditas sin peligro. 

Eln lo que la Asamblea habia procedido acerta- 
damente, era en la obligación impuesta al gober- 
nador, de proceder de acuerdo con ella en todo 
pacto ü alianza que comprometiera los intereses 
ó el crédito de la provincia, ya se celebrase con 
gobiernos, ó con personas particulares. Y aunque 
la ambigüedad de los términos, quitara á la dis- 



La Constitución Vruguaya 45 

posición mucho de su vigor inicial, pues dejaba 
entender que en caso de no quedar comprometi- 
dos los intereses 6 el crédito de la provincia, los 
pactos ó alianzas podian ajustarse sin interven- 
ción lejislativa; esto último, empero, no pasaba 
de una redundancia, por que nunca habrá pacto 
internacional tan inocente ó por mejor decir tan 
inútil, que no afecte algún interés común ó no 
influya de alguna manera sobre el crédito de las 
partes que lo ajustan. Lo cierto es que la Consti- 
tución nacional incorporó mas tarde á sus dispo- 
siciones aquella prescripción de la Asamblea de 
la Florida, adoptándola en esta forma : « Á la 
Asamblea general compete : decretar la guerra y 
aprobar ó reprobar los tratados de paz, alianza, 
comercio, y cualquiera otros que celebre el Poder 
ejecutivo con potencias estrangeras (Art. 17). Al 
Presidente de la República compete : iniciar con 
conocimiento del Senado, y concluir tratados de 
paz, amistad, alianza y comercio; necesitando 
para ratificarlos la aprobación de la Asamblea 
general (Art. 81).» 

Pero este rasgo de sentido político, formaba 
escepcion en el cuerpo de leyes orgánicas que se 
venia estableciendo. Al lado de él, echábase de ver 
una nueva inconveniencia, por el modo como se 
estatuía la delegación posible de las funciones del 
gobernador titular. Mientras éste permaneciese 
al frente de los negocios, tenia como es de prác- 
tica inconcusa, la dirección administrativa y el 
mando de las armas. Pero una vez obligado á 
llenar cualquiera de estas funciones de un modo 
personal y fuera del sitio ordinario de su residen- 



46 Estudios Constitucionales 

cia, debía delegar en una ó mas personas el man- 
do político. Consecuente con esta doctrina, aña- 
día la ley que, en caso de muerte del gobernador, 
recaería interinamente al mando de las armas en 
el gefe de mayor graduación y antigüedad en el 
ejército de la provincia, y el mando político, en 
dos señores del gobierno provisorio. Dicho se 
está, que el tiro era directo á Rivera, gefe de la 
mayor antigüedad y grado en el ejército de la 
provincia, y á quien, la ausencia ó muerte de La- 
valleja podían dar el mando ejecutivo. Pero en 
esta reyerta, no advertía la Asamblea que entraba 
en un terreno peligroso; porque debiendo susti- 
tuir al gobernador en su ausencia ó muerte más 
de una persona, la unidad del mando sucumbía 
en cualquiera de esos casos. 

No era menos criticable el precepto que sancio- 
naba la acumulación de sueldos en una misma 
persona, permitiendo que el gobernador gozase 
su dotación de tal, agregada á la que le corres- 
pondía como brigadier. Siempre es nocivo susci- 
tar apetitos condicíosos á pretesto del servicio 
público, por que se arriesga en ello que los candi- 
datos miren más á los provechos pecuniarios de 
la posición, que á los deberes impuestos por ella. 
Toda dotación escesiva, trae aparejada la concu- 
rrencia de las nulidades en el escenario político, 
formando ese turba de vividores que sacrifican ei 
decoro al sueldo. La carrera política, siendo en si 
misma una vocación, tiene recompensa inmedia- 
ta en el ejercicio del mando; por manera que el 
entretenimiento de la subsistencia de los manda- 
tarios, debe ser equitativamente atendido, pero 



La Constitución Vruguaya 47 

nada más. La acumulación de sueldos contraria 
esta regla de prudencia y abre campo al abuso, 
por mas módicos que sean los proventos acumu- 
lados, como sucedia en el caso del gobernador 
Lavalleja, cuyos dos sueldos juntos no ascendían 
á 700 pesos de la moneda actual. Pero precisa- 
mente el daño estaba, no en el grosor de la suma, 
sino en el fundamento de la teoría, sancionando 
la Asamblea en principio y bajo apariencias de 
una modicidad tranquilizadora, la doctrina de la 
esplotacion de los empleos á beneficio de las con- 
veniencias particulares. 

Por último, se creaban ministros secretarios 
de Estado, sin responsabilidad personal ni legal, 
á manera de simples escribientes, cuya dotación 
podia aumentar el gobernador desde 1200 hasta 
2000 pesos, según lo juzgase necesario. Doctrina 
pésima, por lo que tenia de abusivo en lo concer- 
niente á las facultades que daba al primer manda- 
tario, y en la irresponsabilidad con que premunía 
á sus consejeros* Gobernantes que distribuyen 
dinero á su arbitrio y como compensación discre- 
cional, se acostumbran bien pronto á creerse 
dueños del tesoro y á mirar á los demás como 
servidores suyos y no de la Nación; y ministros 
que cifran la posibilidad de aumento de sus suel- 
dos en la gracia del gobernante, tienden por lo 
común á desvivirse mas por él que por la cosa 
pública. 

Bien pronto se convenció la Asamblea, que pi- 
saba un terreno falso, y en esa convicción empezó 
á reaccionar contra algunas de las doctrinas im- 
plantadas con censurable lijereza. Lástima fué que 



48 Estudios Constitucionales 

las preocupaciones políticas, impidiesen que la 
vuelta al buen sentido por parte de los diputados 
resultara completa. Sinembargo, dada la influen- 
cia ulterior que su actitud debia tener en nuestro 
réjimen institucional definitivo, mucho se ganó 
con que abandonasen ciertas doctrinas disolven- 
tes, cuya adopción habria sido un tema fecundo 
de disturbios agregados á los muchos que nos 
legaron. Con la irresponsabilidad ministerial, el 
aumento de sueldos atribuido al discernimiento 
del gefe del Estado, y la ausencia de un freno para 
dirijirle en el manejo de las rentas públicas, hu- 
biéramos tenido un detestable despotismo ejecu- 
tivo. Afortunadamente la Asamblea volvió sobre 
sus pasos con relación á estos puntos, modifican- 
dolos en el sentido que vá á leerse. 

Por ley de 3 de Febrero de 1826, dictada en 
San José, fué declarado : « Que ninguna otra au- 
toridad que la de los Representantes de la provin- 
cia, pudiera establecer contribuciones ó impuesto 
alguno directo ni indirecto, ni pena pecuniaria. 
Que ninguna otra autoridad, sin aprobación de 
los Representantes, pudiera ordenar sueldo, pen- 
sión, ni gasto alguno de los fondos públicos. Que 
el gobierno quedaba obligado á presentar en el 
último mes de cada año el presupuesto de gastos 
y recursos para el año entrante, y en el primer 
mes de éste, la cuenta de las inversiones del año 
anterior; quedando sin efecto toda disposición 
que se opusiera á ello.» La doctrina era saluda- 
ble y sus precedentes no fueron olvidados, entran- 
do á hacer parte integrante de la Constitución 
nacional, en la siguiente forma : « A la Asamblea 



La Constitución Uruguaya 49 

general compete : aprobar ó reprobar, aumentar 
ó disminuir los presupuestos de gastos que pre- 
sente el Poder ejecutivo ; establecer las contribu- 
ciones necesarias para cubrirlos; su distribu- 
ción; el orden de su recaudación ó inversión, y 
suprimir, modificar ó aumentar las existentes. 
Aprobar ó reprobar en todo ó en parte, las cuen- 
tas que presente el Poder ejecutivo. Contraer la 
deuda nacional, consolidarla, designar sus garan- 
tías, y reglamentar el crédito público. Crear y 
suprimir empleos públicos, determinar sus atri- 
buciones; designar,aumentar ó disminuir sus do- 
taciones ó retiros; dar pensiones ó recompensas 
pecuniarias ó de otra clase, y decretar honores 
públicos álos grandes servicios (Art. 17). El Pre- 
sidente debe presentar anualmente á la Asamblea 
general el presupuesto de gastos del año entran- 
te, y dar cuenta instruida de la inversión hecha 
en el anterior (Art. 82).» 

Tanto la Asamblea de la Florida como la Cons- 
tituyente, anduvieron acertadas en estas determi- 
naciones. Si hay un freno eficaz pare evitar los 
desmanes del Ejecutivo, el es, seguramente, la 
tasa de los impuestos. Ningún despotismo resis- 
te á la falta de dinero, y una de las pruebas mas 
fuertes de esta verdad, es la historia de las liber- 
tades constitucionales de Inglaterra, adquiridas 
casi todas ellas por ese medio. Se puede decir 
que el Parlamento inglés ha vivido durante di- 
nastías enteras, merced á la necesidad que sen- 
tían los monarcas de pedirle subsidios, pues de 
otro modo no entraba en sus miras el designio 
formal de convocarle. Entre nosotros, bajo la se- 



50 Estudios Constitucionales 

gunda administración de Rivera, cuyas preten- 
siones dictatoriales fueron tan subidas, la necesi- 
dad de recursos pecuniarios para hacer frente á 
las complicaciones políticas y de guerra, precipi- 
tó la convocación de la Asamblea y regularizó la 
administración pública. Por otra parte, ya que el 
Ejecutivo tiene la fuerza, es justo que el Lejisla- 
tivo disponga del dinero. De ese modo se conci- 
lla únicamente, la importancia material del uno 
con la influencia moral del otro. 

A raíz de la ley citada, se sancionó otra que es- 
tablecía la responsabilidad ministerial «declaran- 
do responsables del puntual y acertado desem- 
peño de sus respectivos departamentos, á los in- 
dividuos que servían las secretarías de gobierno, 
hacienda y guerra. El secretario de gobierno y 
hacienda, y el encargado del despacho de guerra 
y marina, podrían concurrir á las sesiones de la 
H. Sala, cuando y cada vez que lo consideraran 
conveniente, ó cuando ella le exijiera, á fin de 
ilustrar ó ilustrarse sobre los negocios de interés 
público deque estaban encargados (2.* ley de 3 de 
Febrero de 1826.)» No podia ser mas correcta la 
medida. En el orden constitucional, siendo el 
Ejecutivo un poder colejislador, necesita orien- 
tarse de las vistas del Lejislativo por la asisten- 
cia de ajentés suyos á las sesiones, así como ne- 
cesita también llevar á ellas y por medio de esos 
ajentes mismos, el reflejo de sus ideas sobre 
cualquier materia que se trate. Pero en previsión 
de toda eventualidad, corresponde que los minis- 
tros investidos de esa comisión, no sean meros 
exponentes, sino consejeros responsables, para 



La Constitución Vruguaya 51 

que sus opiniones en pro ü en contra tengan la 
autoridad que iaan menester. De aiaí que la res- 
ponsabilidad ministerial se dé la mano con la 
asistencia obligatoria de los ministros á las se- 
siones parlamentarias. 

Esta doctrina, entró también á^formar parte de 
la Constitución, que la establece así : « Cada una 
de las Cámaras tiene facultad de hacer venir á su 
sala los ministros del Poder Ejecutivo, para pe- 
dirles y recibir los informes que estime conve- 
nientes (Art. 53). El ministro ó ministros, serán 
responsables de los decretos ü órdenes que fir- 
men (Art. 86). Abiertas las sesiones de las Cáma- 
ras, será obligación de los ministros dar cuenta 
particular á cada una de ellas del estado de todo 
lo concerniente á sus respectivos departamentos. 
Concluido su ministerio, quedan sujetos á re- 
sidencia por seis meses, y no podrán salir por 
ningún pretesto fuera del territorio de la Repá- 
büca. No salva á los ministros de responsabili- 
dad, por los delitos especificados en el art. 26 
(traición, concusión, malversación de fondos pú- 
blicos, violación de la Constitución ú otras que 
merezcan pena infamante ó de muerte) la orden 
escrita ó verbal del Presidente (Arts. 88-90). » 
Este conjunto de preceptos, al mismo tiempo 
que aclara y robustece la doctrinal sentada por la 
Asamblea de la Florida, pone en evidencia el 
arranque de su filiación. Cuando los Constitu- 
yentes emprendieron su obra, la responsabilidad 
ministerial habia ya entrado como un elemento 
necesario en nuestras costumbres de gobierno. 

Se vé pues que la Asamblea, en el discurso de 



52 Estudios Constitucionales 

tiempo que habia mediado desde su instalación, 
acumuló un caudal de esperiéncia que fué ilus- 
trando sus deliberaciones y la puso en aptitud de 
correjir muchas de sus fórmulas políticas. Que- 
dábale empero, un arduo problema á resolver, y 
era el establecimiento de la contabilidad fiscal, 
tan difícil en tiempos revolucionarios, y mucho 
mas en países desorganizados por guerras conti- 
nuas. Sinembargo, fué ahí donde triunfaron sus 
vistas con rigorosa exactitud, cabiéndole el ho- 
nor de organizar á perpetuidad esa parte de la 
administración pública , bajo un réjimen que 
abona su cordura. 

En 13 de Febrero de 1826, espidió el siguiente 
decreto-ley : « Habrá tres oficinas generales para 
la adminstracion, recaudación y conservación de 
las rentas públicas en la Provincia Oriental, á 
saber: una Contaduría que liquide las acciones 
activas y pasivas, que intervenga en todas las 
rentas y pagos del tesoro, que arregle y metodi- 
ce el establecimiento y cobranza de los impues- 
tos directos ó indirectos: una Receptoría general, 
por la que se recaudarán todos los impuestos di- 
rectos ó indirectos ; y una Tesorería general que 
conserve el tesoro público de la Provincia. El go- 
bierno queda encargado de arreglar todo lo con- 
cerniente al mejor y mas acertado cumplimiento 
de este decreto. » La Asamblea constituyente, 
por ley de 26 de Enero de 1829, declaró en toda su 
fuerza y vigor la disposición que antecede, y su- 
cesivas leyes y decretos de lejislaturas y gobier- 
nos posteriores, han venido ampliándola en cuan- 
to cabe. De ahí proviene el orden metódico de 



La Constitución Vruguaya 53 

nuestra contabilidad fiscal, que si no ha podido 
matar los abusos de ciertas administraciones, 
cuando menos los ha constatado para vergüenza 
de ellas y para lección del porvenir. 

Así quedó establecido el departamento ejecuti- 
vo del gobierno, basándose su organismo en un 
conjunto de disposiciones buenas y malas, salu- 
dables y ambiguas, según influyó en ellas el inte- 
rés que las dictaba. A no haber mediado precon- 
ceptos tan estrechos respecto de ciertas vistas 
generales, los diputados de la Forida hubieran 
podido arribar á soluciones mas eficaces, pues 
sus últimos actos demuestran que iban pene- 
trándose de los errores en que hablan caido por 
efecto de precipitaciones indebidas. Con todo, y 
apesar del carácter de interinidad que dieron á 
esa parte de sus creaciones legales, casi todas 
ellas sirvieron de molde al mecanismo de los po- 
deres definitivos que instituyó la Constitución. 



Mientras la Asamblea organizaba el departa- 
mento ejecutivo, echó de ver que el lejislativo 
carecía de facultades concretas, y comenzó á enu- 
merarlas en sucesivas leyes destinadas á darle 
vida regular. Este trabajo duró largo tiempo, y 
se hizo á medida que la esperiéncia de las cosas, 
el rigorismo de escuela y la pasión de partido 
iban señalando los puntos obgetivos de la lejisla- 



54 Estudios Constitucionales 

cion. En algunos casos, es de justicia decirlo, 
procedió la Asamblea con elevado criterio, pero 
en otros fué estrecho y mezquino el sentimiento 
que presidió sus deliberaciones. 

Para regularizar su propia condición, determi- 
nó clausurarse « tan luego como concluyeran los 
principales obgetos que motivaron su convoca- 
toria,» con cargo de reunirse de ahí para ade- 
lante, cada cuatro meses, « escepto los casos en 
que fuera necesario convocarla para resolver so- 
bre algún asunto grave.» Pensando razonable^ 
mente que este receso la dejaba sin representa- 
ción activa en el Estado, estatuyó que « antes de 
suspender las sesiones se nombraría una Comi- 
sión Permanente de la Sala, compuesta de tres 
miembros de su seiío, quedando facultada para 
nombrar un diputado, en caso de faltar alguno 
de los tres que debian componerla. La Comisión 
convocaría la Sala en los casos indicados, y sus 
demás atribuciones serian declaradas con opor- 
tunidad (2.' ley de $ de Setiembre de 1825).» 

El espíritu informante de estas resoluciones, 
pasó mas tarde á la Constitución, que ampliando 
un poco más los preceptos estatuidos, los tradujo 
así : « La Asamblea general empezará sus sesio- 
nes ordinarias el dia 15 de Febrero de cada año, 
y las concluirá el 15 de Junio inmediato siguiente. 
Si algún motivo particular exije la continuación 
de las sesiones, no podrá ser por más de un mes, 
y con anuencia de las dos terceras partes de los 
miembros (Art. 40).» Se ha aceptado pues, como 
medida común del tiempo ordinario que necesita 
el cuerpo lejislativo para sus sesiones, los cuatro 



La Constitución Vruguaya 5$ 

meses que fijaba la 2.* ley de Setiembre de 1825. 
En cuanto á la Comisión Permanente, su organi- 
zación actual es esta : « Mientras la Asamblea es- 
tuviere en receso, habrá una Comisión Perma- 
nente compuesta de dos Senadores y de cinco 
Representantes, nombrados unos y otros á plura- 
lidad de votos por sus respectivas cámaras, de- 
biendo la de los primeros designar cual ha de in- 
vestir el carácter de presidente, y cual el de vice- 
presidente. Al mismo tiempo que se haga esta 
elección, se hará la de un suplente por cada uno 
de los siete miembros, que entre á llenar sus de- 
beres en los casos de enfermedad, muerte ü otros 
que ocurran de los propietarios. La Comisión 
Permanente velará por la observancia de la Cons- 
titución y de las leyes, haciendo al Poder Ejecuti- 
vo las advertencias convenientes al efecto, bajo 
de responsabilidad para ante la Asamblea gene- 
ral. Para el caso de que dichas advertencias, he- 
chas hasta por segunda vez, no surtieren efecto, 
podrá p>or sí sola, según la importancia y gravedad 
del asunto, convocar la Asamblea general ordina- 
ria y estraordinária. Corresponderá á la Comi- 
sión Permanente prestar, ó rehusar su consenti- 
miento, en todos los actos en que el Poder Eje- 
cutivo lo necesite con arreglo á la presente 
Constitución, y la facultad concedida alas Cáma- 
ras en el artículo cincuenta y tres (Arts. 54 — 58).» 
No eran éstos los únicos puntos de la organiza- 
ción lejislativa en que la Asamblea de la Florida 
y la Constituyente debían coincidir. Otros de 
igual ó mayor importancia, aceptó la última como 
herencia de la primera. La Asamblea de la Flori- 



^6 Estudios Constitucionales 

• 
da, luego de fijar el orden de su permanencia en 
cuanto á las funciones, determinó el número y 
calidades de los individuos que iban á ejercerlas. 
Los representantes debian ser 40, proporcional- 
mente distribuidos según la población de los de- 
partamentos de entonces. Su elección habia de 
ser indirecta, por medio de electores que se reu- 
nirían en las capitales de los departamentos. Era 
incompatible el ejercicio de las funciones de re- 
presentante, con el de cualquier otro empleo civil 
ó militar (leyes de 19 de Enero de 1826). 

Señalando la elección indirecta de los diputa- 
dos como un procedimiento regular y fijo, la 
Asamblea consagraba usos tradicionales que no 
debian sorprender á nadie. La elección indirecta 
era un resabio de las costumbres políticas espa- 
ñolas. No cuadrando al tutelaje metropolitano 
robustecer la acción del elemento popular en los 
negocios públicos, daba á los pueblos de Améri- 
ca la menor ingerencia posible en su propio go- 
bierno. Los vireyes y gobernadores eran nombra- 
dos por el Rey, las justicias de primera categoría 
compraban sus cargos por plazo determinado, y 
los otros miembros de los cabildos eran elejidos 
á la suerte por sus antecesores en dichos em- 
pleos. Los cabildos á su vez, designaban los jue- 
ces de barrio destinados á intervenir en las cau- 
sas menores; y por mas que todo este personal, 
del virey abajo, se renovase periódicamente dan- 
do con ello un aspecto democrático al gobierno, 
no por eso era menos exigua la participación po- 
pular en la constitución de las autoridades. De 
modo que la elección indirecta habia entrado en 



La Constitución Vruguaya 57 

las costumbres, y se imponía por la fuerza de sus 
antecedentes. 

Por supuesto que la doctrina no era aceptable 
como espresion de republicanismo cabal. El úni- 
co acto en que el pueblo reivindica legalmente el 
ejercicio de la soberanía , es en las funciones 
electorales, y la única rama del poder á quien in- 
cumbe la creación de impuestos y la formación 
de la renta pública es el Cuerpo lejislativo. Cuan- 
to mas directa sea pues la elección de los miem- 
bros de la lejislatura, tanto mas garantida estará 
la gestión de los negocios importantes que les 
incumben. De ahí que juzguemos acertada la mo- 
dificación hecha en este precepto por la Consti- 
tución nacional al estatuir que : « La Cámara dé 
Representantes se compondrá de miembros ele- 
jidos directamente por los pueblos, en la forma 
que determine la ley de elecciones, que se espe- 
dirá oportunamente (Art. 18).» La variación no 
ha dejado de ser considerable, por concisos que 
hayan sido los términos en que se hizo. 

Pero quedaba otro punto muy grave, resuelto 
por la Asamblea de la Florida con escasísimo tac- 
to. Nos referimos á las escepciones establecidas 
para el ejercicio de las funciones de diputado. 
Según la ley que acababa de votarse, era incom- 
patible la posesión de cualquier empleo civil ó 
militar, con el cargo de Representante. Escep- 
cion odiosa y destituida de fundamento político ; 
porque establecer incompatibilidad entre las fun- 
ciones de Representante y el ejercicio de cual- 
quier empleo civil ó militar, será siempre despo- 
seer de sus prerogativas á una parte considera- 



$8 Estudios Constitucionales 

ble del país, sentar el precedente de una ingra- 
titud inesplicable para con sus mas asiduos 
servidores, fundar una aristocracia que tenga 
por título fundamental la ineptitud, quitar, en 
fin, al Cuerpo lejislativo ese vigor moral que dá 
á toda asamblea deliberante la diversidad de las 
aptitudes, equilibrándose y compensándose recí- 
procamente la energía y el saber, el talento y el 
carácter, la virtud y la fuerza. 

Es llano, que la exajeracion de la doctrina con- 
traria á la que venimos criticando, puede llevar á 
tantos peligros por su elasticidad, como los que 
comunmente provoca aquella por su tirantez. 
Suponiendo trillable el camino de la lejislatura á 
todos los empleados civiles y militares, un go- 
bierno elector puede formar asambleas de puras 
criaturas suyas. Pero en precaución de eventua- 
lidades semejantes, cabe distinguir qué clase de 
empleados civiles y militares deben ingresar al 
Cuerpo lejislativo. Nadie creerá, por ejemplo, 
que los gefes de legación en el estrangero y los 
oficiales superiores del ejército y armada, sean 
empleados reductibles á una mera indicación del 
gobierno. Si el caso se diese, puede afirmarse 
sin temor de duda, que la corrupción seria en- 
tonces tan vasta en el personal político que no 
valdría la pena hacer distinciones sobre las cali- 
dades de los individuos, pues todos ellos, em- 
pleados ó libres, estarían preparados á la servi- 
dumbre. Mas como las leyes orgánicas de un 
país, no se dictan bajo tan lamentable supuesto, 
corresponde establecer en ellas cuanto propenda 
á su mayor viabilidad. 



La Constitución Vruguaya 5^ 

Los diputados de la Florida, sinembargo, fir- 
mes como estaban en sus propósitos de esclusi- 
vismo, no quisieron modificarlos para este caso 
especial. Y su doctrina^ recojida por los diputa- 
dos de la Constituyente, se formuló como precep- 
to definitivo en dos artículos de la Constitución 
que dicen así : «No pueden ser electos represen- 
tantes: I.** Los empleados civiles ó militares, de- 
pendientes del Poder ejecutivo por servicio á 
sueldo, á escepcion de los retirados ó jubilados. 
2.® Los individuos del clero regular. 3.° Los del 
secular que gozaren renta con dependencia del 
gobierno (Art. 25.) Las calidades esclusivas que 
se han impuesto á los representantes en el ar- 
ticulo veinticinco, comprenden también á los se- 
nadores (Art. 31.)» Así pues, solamente los reti- 
rados ó jubilados de la gerarquia civil y militar, 
es decir, los valetudinarios que el servicio públi- 
co ha ido arrojando á la inacción, tienen entrada 
en el Cuerpo lejislativo. Del mismo modo, los 
individuos de las órdenes relijiosas, por el hecho 
tal vez de vivir en comunidad, son escluidos de 
representar al país donde han nacido. A virtud 
de semejante procedimiento, se agranda la aris- 
tocracia de lo inservible, agregándose á los ino- 
cuos por falta de condiciones imputables, los do- 
lientes que el trabajo ha desvencijado sin re- 
misión. 

Pensamos que caso igual no se dá en ningún 
país del mundo. Porque entregar la representa- 
ción del vigor intelectual y moral de un pueblo, á 
los que no hayan exhibido prueba pública alguna 
de su competencia, ó á los que ya no puedan 



6o Estudios Constitucionales 

darla á causa de que la edad ó las enfermedades 
los paralizan, parece cosa de burla. A dos conclu- 
siones funestas lleva este desvario : á estimular la 
indiferencia política de los buenos ciudadanos, y 
á encumbrar las mediocridades. Todo aquel que 
sintiendo verdadera vocación por la cosa pública, 
haya emprendido el servicio nacional en el ejér- 
cito ó en los puestos civiles, ó que cediendo á un 
impulso irresistible se haya afiliado á una Ordea 
relijiosa para buscar el esplendor de su país por 
el camino del sacrificio, necesariamente ha de 
mirar con frialdad las luchas electorales que le 
quitan su calidad de elejible, en el momento mis- 
mo en que dona las primicias de su intelijéncia 
y su salud; mientras que por lo contrario, los va- 
gos de toda estraccion y los egoístas de toda cali- 
dad, encuentran el campo de sus delicias en la 
lucha electoral que debe darles sin trabajo y por 
razón de su nulidad crónica, la dirección de los 
destinos del país. Aquí está la clave del despres- 
tíjio, en que ha vivido el Poder lejislativo na- 
cional. 

Establecidas las condiciones individuales délos 
diputados, era necesario proveer á la garantía de 
su libre funcionamiento, y la Asamblea lo hizo en 
esta forma : « i.° Los representantes jamás serán 
responsables por sus opiniones, discursos ó de- 
bates. 2.° Tampoco serán arrestados por ninguna 
otra autoridad durante su asistencia á la lejisla- 
tura, y mientras vayan ó vuelvan de ella, escepto 
el caso de ser sorprendidos infraganti en la eje- 
cución de algún crimen que merezca pena de 
muerte, infamia ü otra aflictiva, de lo que se dará 



La Constitución Vruguaya 6i 

cuenta á la Sala con la información sumaria del 
hecho. 3.° Cuando se forme querellapor escrito 
contra cualquier representante, examinado el 
mérito del sumario en juicio público, podrá la 
Sala con dos tercios de votos suspender en sus 
funciones al acusado y ponerlo á disposición del 
tribunal competente para su juzgamiento. 4.° Pue- 
de igualmente la Sala correjir á cualquiera de 
sus miembros con igual número de votos por 
desorden de conducta en el ejercicio de sus fun- 
ciones, ó removerlo por inhabilidad física ó moral 
sobreviniente á su incorporación, pero bastará la 
mayoría de uno sobre la mitad de los presentes 
para decidir en las renuncias que voluntariamen- 
te hicieren de sus cargos ( Ley de 20 de Marzo 
de 1827 ) . » 

La Constitución nacional adoptó de lleno estos 
preceptos, sancionándolos casi con las mismas 
palabras de la Asamblea de la Florida, en los si- 
guientes artículos : « Los senadores y represen- 
tantes jamás serán responsables por sus opinio- 
nes, discursos ó debates, que emitan, pronuncien 
ó sostengan durante el desempeño de sus funcio- 
nes (Art. 49). Ningún senador ó representante 
desde el dia de su elección hasta el de su cese, 
puede ser arrestado, solo en el caso de delito in- 
fraganti ; y entonces, se dará cuenta inmediata- 
mente á la Cámara respectiva, con la información 
sumaria del hecho (Art. 50). Ningún senador ó 
representante desde el dia de su elección hasta el 
de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni 
aun por los delitos comunes, que no sean de los 
detallados en et art. 26 (traición, concusión &a.) 



62 Estudios Constitucionales 

sino ante su respectiva Cámara, la cual, con las 
dos terceras partes de sus votos resolverá si hay 
ó nó lugar á la formación de causa; y en caso afir- 
mativo, lo declarará suspenso de sus funciones, 
y quedará á disposición del tribunal competen- 
te (Art. 51). Cada Cámara puede también, con las 
dos terceras partes de votos, correjir á cualquiera 
de sus miembros por desorden de conducta en el 
desempeño de sus funciones, ó removerlo por im- 
posibilidad física ó moral, superviniente después 
de su incorporación : pero bastará la mayoría de 
uno sobre la mitad de los presentes, para admitir 
las renuncias voluntarias (Art. 52).» 

La inmunidad de los lejisladores es una medi- 
da de necesidad forzosa, y en tal concepto hizo 
muy bien la Constitución adoptando los precep- 
tos que la Asamblea de la Florida habia dejado 
estatuidos al efecto. No puede concebirse la exis- 
tencia de un poder tan grande y tan inerme á la 
vez como el de las lejislaturas, sin la garantía de 
un respeto formal á la libertad de sus individuos. 
La institución en si misma no valdría nada, si ca- 
reciese de esa seguridad. Porque reposando el 
mecanismo parlamentario en la esposicion am- 
plia de las opiniones, todo elemento de coacción 
esterior indebida, le es funesto. Solo la inmuni- 
dad, salva á los diputados de acusaciones y ca- 
balas, que podrían deshacer la mas fuerte oposi- 
ción, ó impedir que se formase para velar por 
los intereses públicos. 

Con esta ley de inmunidad, dio de mano la 
Asamblea de la Florida á la organización funda- 
mental de la lejislatura. En esa organización, 



La Constitución Vruguaya 63 

como ha podido v^rse, era escluido el sistema 
bi-camarista, creándose en su lugar una asamblea 
llana, tal vez para que complicase lo menos posi- 
ble las rotaciones del mecanismo fragmentario 
destinado á incorporarse á otro mayor. También 
se restringía á límites estrechos la calidad de los 
individuos aptos para representar al país, y se 
basaba el sistema electoral en la forma indirecta, 
que no es ciertamente la mejor. Nuestra Consti- 
tución corrijió en parte esos defectos, fundando 
el Poder lejislativo con dos cámaras, y estable- 
ciendo la elección directa para la de representan- 
tes: pero dejó subsistentes las escepciones califi- 
cativas de los diputados. En lo demás que era 
bueno, siguió con acierto á la Asamblea de la 
Florida. 



Entre tanto, se habia dado por los diputados 
revolucionarios, un golpe de muerte á las liber- 
tades municipales. Bajo pretesto de organizar la 
administración de justicia, la Asamblea habia vo- 
tado en 6 de Octubre de 1826 una ley que decla- 
raba suprimidos los Cabildos desde i.° de Enero 
de 1827. Para reemplazarles, se pasaban sus pro- 
piedades y rentas al fondo común de la Provincia, 
se cometían á jueces letrados de i.* instancia y á 
jueces de paz las causas judiciales que estaban á 
cargo de los alcaldes ordinarios, se instituía un 
Defensor de pobres y menores, y se creaban co- 



64 Estudios Constitucionales 

misarios de poiicia para atender á la segundad 
de las poblaciones. 

^Qué eran estos cabildos suprimidos tan vio- 
lentamente? Por lo que se les quitaba, puede co- 
lejirse lo que eran. Los cabildos representaban 
una institución peculiarmente española, semi- 
políticay semi-civil, con grande influencia local, 
y con una vida propia tan vigorosa, que no habia 
despotismo bastante fuerte para destruirla. Con- 
tra ellos lucharon todos los gobernadores espa- 
ñoles, y por ellos fueron vencidos. Eran, á todo 
rigor, la Municipalidad, tal como la concebimos 
en nuestras mas adelantadas aspiraciones, admi- 
nistrando justicia en las ciudades y los campos, 
aprestando la milicia del país en casos de guerra, 
vijilando la venta de los artículos de primera ne- 
cesidad para el pueblo, fijando la tasa de los im- 
puestos estraordinários ó negándose á conceder- 
los. Componíase generalmente cada cabildo en el 
Uruguay, de un Alcalde de i.**" voto y juez de na- 
turales, uno de 2.*» voto y juez de menores, un 
Alférez Real que debia sustituir á cualquiera de 
los dos alcaldes en casos de ausencia, enferme- 
dad ó muerte, un Alguacil mayor á cuyo cargo 
estaban la ejecución de las órdenes de los alcal- 
des, la procuración de los negocios de la ciudad 
y la vijiláncia de los presos y las cárceles ; un 
Alcalde provincial y otro de la Santa Hermandad 
para la vijiláncia de los campos : un Rejidor fiel 
ejecutor y un Rejidor depositario general para 
llenar las funciones que indicaban sus títulos. 

Es cierto que esta aglomeración de cargos en 
una sola corporación, por añadidura indocta, era 



La Constitución Vruguaya 65 

susceptible de sufrir modificaciones y aun las re- 
quería. Suprimida la Real Audiencia y sus fisca- 
lías por efecto de nuestra segregación de España, 
correspondia crear tribunales letrados y juzgados 
de I.' instancia que encarrilasen el procedimiento 
judicial dentro de formas regulares. ^Pero estaba 
en el mismo caso la justicia menor, el cobro de 
los tributos locales, el apresto de la milicia, la 
gestión policial, y todas las demás incumbencias 
estrictamente municipales que se derivaban de 
esas prerogativas? No lo estaban, y la Asamblea 
de la Florida nos causó un gravísimo daño al 
olvidarlo. 

Para desgracia nuestra, los Constituyentes lo 
olvidaron también, y en vez de restituirnos los 
cabildos con las modificaciones de que el tiempo 
los hacia susceptibles, crearon las Juntas Econó- 
mico-Administrativas, que son una remora al 
progreso nacional. Porque { es posible creer que 
tales Juntas tengan en si, nada semejante á mu- 
nicipalidad? A no ser muy señalada nuestra ofus- 
cación, pensamos que se entiende por Municipa- 
lidad, el gobierno administrativo interno, esclu- 
sivamente propio, de cada ciudad, cada pueblo, 
cada aldea, efectuado por sus vecinos, con inde- 
pendencia del poder general. Así como todo 
ciudadano paga las contribuciones de sangre y 
oro que le corresponden para el sosten de la Na- 
ción, y en seguida arregla su modo de vivir ínti- 
mo según le place, gastando lo que puede en el 
sustento de su familia y educando sus hijos tan 
cumplidamente como sus recursos se lo permi- 
ten, así también cada pueblo grande ó pequeño 

5 



66 Estudios Constitucionales 

de una Nación, después de satisfacer las contri- 
buciones de sangre y oro que el poder general le 
impone, tiene derecho de usar de sus recursos 
propios para arreglar como le plazca su modo de 
vivir íntimo, atendiendo según esos recursos á 
todas las necesidades de espansion material é in- 
telectual que las circunstancias le susciten. 

Todo lo contrario de esto, sucede con las Juntas 
Económico-Administrativas, que por precepto 
constitucional actúan en cada Departamento, ejer- 
ciendo superintendencia sobre las juntas subal- 
ternas de los demás pueblos del mismo Departa-^ 
mentó, y desheredando á esos pueblos de la 
prerogativa de tutelar sus intereses primordiales. 
¿ Quién puede creer que nosotros los vecinos de 
Montevideo, estemos en aptitud de apreciar lo 
que necesitan los vecinos del Cerro, cuyas calles 
no transitamos, cuyas escuelas no vemos, cuyo 
estado de salubridad no nos atañe directamente ? 
¿Por qué razón ellos que pagan los impuestos ge- 
nerales á la par nuestra, no han de empedrar sus 
caminos cuando lo necesiten, edificar escuelas, 
templos, teatros ó palacios de recreo si se les an- 
toja, en vez de depender de nuestra Junta Econó- 
mico-Administrativa, que maneja sus fondos é 
incumbe en la iniciativa de cualquier mejora que 
aquellos vecinos juzguen acertada? Y la misma 
escepcion monstruosa que hay entre el Cerro y 
Montevideo, existe entre Guadalupe y Santa Lu* 
cía, entre Colonia y Rosario, en todos los Departa- 
mentos en fin, donde poblaciones llenas de savia 
no tienen facultad para disponer de sus recursos 
propios. 



La Constitución Uruguaya 67 

Nuestra Constitución en seguida de instituir 
las Juntas E. Administrativas, las caracteriza de 
esta suerte : « Su principal obgeto será promover 
la agricultura, la prosperidad y ventajas del De- 
partamento en todos ramos : velar asi sobre la 
educación primaria, como sobre la conservación 
de los derechos individuales; y proponer á la Le- 
jislatura y al Gobierno todas las mejoras que juz- 
garen necesarias ó útiles (Art. 126). Para atender 
á los obgetos á que se contraen las Juntas Econó- 
mico-Administrativas, dispondrán de los fondos 
y arbitrios que señale la ley, en la forma que ella 
establecerá (Art. 127). Todo establecimiento pú- 
blico, que pueda y quiera costear un Departa- 
mento, sin gravamen de la hacienda nacional, lo 
hará por medio de su Junta E. Administrativa, 
con solo aviso instruido al Presidente de la Repú- 
blica (Art. 128). El Poder ejecutivo formará el re- 
glamento que sirva para el réjimen interior de las 
Juntas Económico-Administrativas, quienes pro- 
pondrán las alteraciones ó reformas que crean 
convenientes (Art, 129). Los cargos de los miem- 
bros de las Juntas serán puramente concejiles y 
sin sueldo alguno; durarán tres años en el ejerci- 
cio de sus funciones; se reunirán dos veces al año 
por el tiempo que cada una acuerde, y elejirán 
Presidente de entre sus miembros (Art. 125).» 

Esta organización está demostrando en sí mis- 
ma, que todo pueden ser las Juntas Económico- 
Administrativas, menos municipalidades. En pri- 
mer lugar, el nombre exótico que llevan no defi- 
ne el cometido que tienen. En segundo lugar, la 
centralización de su autoridad en las capitales de 



68 Estudios Constitucionales 

los Departamentos, desnaturaliza el réjimen mu- 
nicipal. En tercer lugar, la misión política que se 
les dá para velar por los derechos individuales, 
las inmiscuye en negocios ajenos á su incumben- 
cia, esponiéndolas al mismo tiempo al ludibrio 
del poder ; porque toda facultad coercitiva supo- 
ne fuerza para practicarla, y las Juntas no la haa 
tenido ni la tendrán jamás para oponerse á que 
los derechos individuales sean violados. En cuar- 
to lugar, se deja al arbitrio del Ejecutivo seña- 
larlas la forma de su réjimen interno, lo que equi- 
vale á someterlas á un tu tela je anticipado que las 
nulifica. En quinto lugar, no se remunera á sus 
miembros, lo que quiere decir que solo los opu- 
lentos pueden aspirar á serlo; y como si con esto 
no bastara, se favorece su inacción prescribién- 
doles que solo se reúnan dos veces al año. 

Con lo dicho basta para demostrar, que ni los 
diputados de la Florida suprimiendo los Cabil- 
dos, ni los Constituyentes creando las Juntas, tu- 
vieron una idea clara de la importancia del mu- 
nicipio. El poder municipal requiere actividad é 
independencia, y nuestras Juntas Económico-Ad- 
ministrativas podrán tener todo menos actividad. 
Ellas no son otra cosa que corporaciones fatal- 
mente estacionarias, abocadas á trasgredir la 
Constitución cada vez que pretendan salir de su 
inercia legal. Crean en hora buena las personas 
que se pagan de nombres, que tenemos munici- 
palidades, pero en realidad carecemos de ellas 
totalmente. Y en peor condición aun que nos- 
otros los hijos de las capitales, están los vecinos 
de los pueblos secundarios, cuyas Comisiones au- 



La Constiíucion Vruguaya 69 



siliares son una delegación de las Juntas que no 
tienen nada que delegar. De aquí la ineptitud 
para el gobierno administrativo que se nota en 
las poblaciones de los campos; porque la gran es- 
cuela de esa clase de gobierno es la municipali- 
dad, donde el ciudadano ejercita sus facultades 
en beneficio del bienestar común. 

Para hacerse cargo de la importancia de la Mu- 
nicipalidad, hay que tener presente que esta ins- 
titución complementa el rodaje del gobierno re- 
publicano representativo. El poder social divi- 
dido en las tres fracciones en que la soberanía 
delega su ejercicio, no alcanza á tutelar debida- 
mente todos los intereses de la sociedad. Hay 
negocios de escasa importancia para el resto de 
la nación — un camino vecinal, un puente, una 
calzada — que no alteran el orden social, ni llaman 
la atención del gobierno, pero que sinembargo 
constituyen un asunto de vida ó muerte para una 
aldea perdida á cien leguas de las capitales. El 
poder político de la nación es ineficaz para llegar 
hasta esa aldea, salvar el inconveniente que de- 
tiene su progreso y empujarla á la vida en la 
que tal vez el porvenir la reserva un gran destino. 
Aquí es donde entra la acción de la Municipa- 
lidad, para suplir todos los inconvenientes por 
medio del esfuerzo colectivo local. 

Es por lo tanto la Municipalidad, un residuo 
de poder que escapa al plan en que se combina el 
ejercicio de los poderes públicos. Los intereses 
locales se apoderan de ese residuo, le dan formas 
apropiadas para hacerlo servir en su provecho, y 
adquirir la ventaja de que les represente sin des- 



70 Estudios Constitucionales 

concierto en la organización múltiple de las di- 
versas potestades que no le dan cabida en su 
seno. Se sigue de aqui , que la Municipalidad 
cuando constituye lo que su nombre indica, es el 
mas hermoso complemento del gobierno libre. 
Hay razón de sobra pues, para lamentar que los 
diputados de la Florida la matasen suprimiendo 
los Cabildos, y que los Constituyentes no acerta- 
sen á hacer revivir ese cuerpo popular que tan 
asiduamente habia velado por los intereses loca- 
les, y cuya existencia habría preparado mucho 
mas á nuestro pueblo de lo que hoy está, al go- 
bierno de sí mismo. 

Involucrada por tan estraño modo la organiza- 
ción del departamento judiciario con la ruina de 
las municipalidades, los diputados de la Florida 
ya no atinaron á hacer cosa mayor en esta rama 
del poder social, y solo formularon algunas ga- 
rantías tendentes á regularizar el procedimiento 
de las justicias, garantías que recojió á la letra 
nuestra Constitución nacional mas tarde. Los 
jueces de i." instancia y de paz que hablan sido 
creados por la ley de 6 de Octubre de 1826, fue- 
ron confirmados con sus mismas atribuciones 
en los artículos 105 y 107 de la Constitución; y 
las garantías para el procedimiento y el juicio 
que los decretos reglamentarios de 10 de Enero 
y 5 de Febrero de 1827 ponían en vigor, se en- 
cuentran trasladadas á los artículos 113 á 116 de 
ia misma. 

Tal fué en resumen, la organización ideada por 
la Asamblea de la Florida para dar estabilidad al 
Poder judicial. Balanceadas las ganancias y las 



La Conslüucton Vruguaya 71 

pérdidas que esa organización nos trajo, es evi- 
dente que ella fué perjudicial en alto grado. Por- 
que si bien se fijaron por su intermedio en la le- 
jislacion positiva ciertos principios saludables con 
relación á las personas y sus intereses, no es me- 
nos sabido que algunos de esos principios se apli- 
caban de antiguo en la práctica consuetudinaria 
de la vida común, y otros, pudieron haber sido 
incorporados á la lejislacion sin perjudicar liber- 
tades necesarísimas al desarrollo de la acción po- 
pular, como eran las libertades municipales, sa- 
crificadas sin criterio á la fiebre reformista de la 
Asamblea. 



Las debilidades y flaquezas, la vacilación y las 
incertidumbres que marcan el proceder de la 
Asamblea de la Florida mientras lejisla organi- 
zando los poderes públicos , desaparecen por 
completo cada vez que entra á lejislar sobre los 
derechos individuales del ciudadano. En ese te- 
rreno, su marcha es firme y segura, su actitud 
digna, levantado y noble el patriotismo que res- 
piran sus mandatos. No quiere distinciones de 
raza entre los hombres, ni vejámenes en la pena- 
lidad, ni estorsiones para el ciudadano inerme, ni 
favoritismo para ninguno. Quiere al hombre libre 
desde la cuna hasta la tumba, y lo entrega am- 
pliamente á su destino, para que ejercite su inte- 
lijéncia y sus fuerzas en el trabajo y en la indús^ 



72 Estudios Constitucionales 

tria, é identifique su felicidad honestamente la- 
brada, á la felicidad de la patria que le propor*- 
ciona tan dulce ventura. 

En 7 de Setiembre de 1825, dictaba la Asamblea 
esta ley : « Para evitar la monstruosa inconse- 
cuencia que resultaría, de que en los mismos 
pueblos en que se proclaman y sostienen los de- 
rechos del hombre, continuasen sujetos á la bár- 
bara condición de siervos los hijos de éstos ; se 
declara: i.*» Serán libres sin escepcion de oríjen, 
todos los que nacieren en la Provincia desde esta 
fecha en adelante, quedando prohibido el tráfico 
de esclavos de país estrangero. 2.° Se reserva la 
Sala formar un Reglamento sobre los obgetos de 
esta ley, luego que las circunstancias lo per- 
mitan.» 

Para conocer el alcance de esta disposición li- 
beratoria, corresponde hacerse cargo, no solo del 
bien que ella reportaba á los hijos de los siervos, 
sino del sacrificio pecuniario que atraia sobre los 
lejisladores. Casi todos los diputados de la Flori- 
da eran grandes propietarios, cuyos estableci- 
mientos rurales estaban trabajados por esclavos. 
El costo de cada esclavo era fuertísimo, y lo único 
que podia poner remedio á la exajeracion de los 
precios, era la concurrencia orijinada por la tra- 
ta. De manera que la Asamblea, prohibiendo la 
trata de esclavos y declarando la libertad de vien- 
tres, mataba de un golpe la esclavatura, es decir, 
la fuente de los recursos de la mayoría de sus 
miembros. Y esta resolución, adoptada doce dias 
después de firmarse el Acta de Independencia, 
estaba demostrando que las convicciones profun- 



La Constitución Vruguaya 73 

das de los que la dictaron no admitían espera. 
Para honor de todos, esta ley fué una de las que 
entraron á formar parte de los preceptos de nues- 
tra Constitución, cuyo articulo 131 declara: «En 
el territorio del Estado, nadie nacerá ya esclavo : 
queda prohibido para siempre su tráfico é intro- 
ducción en la República.» 

No menos decidida que para con la emancipa- 
ción de la esclavatura, estuvo la Asamblea para 
con la seguridad, propiedades, industria y liber- 
tad de los ciudadanos. En 8 de Julio de 1826 dic- 
taba una ley, cuyo laconismo la hace mas preciosa 
todavía, y en la que formulaba todo un código de 
libertad civil. Hela aquí : «i.** Ningún individuo 
podrá ser arrestado ni detenido, sino para ser 
juzgado por la autoridad respectiva en el mas 
breve tiempo posible. 2,° Las propiedades consa- 
gradas por las leyes, están al abrigo de toda vio- 
lación y toda estorsion arbitraria. 3.° La industria 
será enteramente libre de todas las trabas que 
contradigan su engrandecimiento. 4.*' La injuria, 
la calumnia y la sedición, serán perseguidas como 
delitos ó crímenes. 5.'» Cualquiera otra opinión 
manifestada de viva voz, por escrito ó por la pren- 
sa, será libre de toda censura previa ó subsecuen- 
te y de toda dirección administrativa.» 

De modo que la ley trascrita, sancionaba la 
inmunidad de los ciudadanos con respecto á toda 
autoridad que no fuera la desús jueces naturales, 
levantaba el derecho de propiedad sobre todas 
las violaciones y estorsiones, garantía el libre 
ejercicio de la industria, consagraba la libertad 
de opiniones habladas y escritas ó sea el voto 



Estudios Constitucionales 



pasivo de los ciudadanos, y solo penaba la inju- 
ria, la calumnia y la sedición. Habia en esta ma- 
nera de entender el ejercicio de los derechos indi- 
Tiduales y la acción política personal, una noción 
correcta de la doctrina republicana. 

Nuestra Constitución nacional, incorporó á su 
texto los preceptos de esta ley, vacian dolos así : 
«Los habitantes del Estado, tienen derecho á ser 
protejidos en el goce de su vida, honor, libertad, 
seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado 
de estos derechos sino conforme á las leyes (Ar- 
tículo 130). Es enteramente libre la comunica- 
ción de los pensamientos por palabras, escritos 
privados ó publicados por la prensa en toda ma- 
teria, sin necesidad de previa censura: quedando 
responsable el autor, y en su caso el impresor, 
por los abusos que cometieren con arreglo á la 
ley (141). Todo habitante del Estado puede de- 
dicarse al trabajo, cultivo, industria ó comercio 
que le acomode, como no se oponga al bien pu- 
blico, ó al de los ciudadanos (146).» 

Así, con el trascurso de tres años y al través 
de grandes vicisitudes, vinieron á encontrarse 
coincidiendo en idéntica opinión y la Asamblea 
que proyectó la fórmula protectora de nuestras 
garantías individuales, y la que dio á esa fór- 
mula una sanción constitucional. El tiempo ha 
demostrado, que ni una ni otra se equivocaron al 
traducir por vía de precepto las aspiraciones po- 
pulares, puesto que el pueblo uruguayo, aun en 
sus mayores descarríos, no ha olvidado nunca el 
culto de la libertad individual que caracteriza su 
pasión dominante. 



La Constitución Vruguaya 75 



Hemos llegado al límite de los tiempos en que 
la Asamblea de la Florida, operó por si é inde- 
pendientemente. De ahí para adelante, su volun- 
tad y sus actos dependen de otra autoridad polí- 
tica. El apoyo del gobierno argentino que tan 
ansiosamente se habia buscado desde los comien- 
zos de la guerra, fué conseguido al fin. Un ejérci- 
to á las órdenes del general Alvear franqueó la 
frontera uruguaya, y en unión del ejército de La- 
valleja, ganó en 1827 la batalla de Ituzaingó á los 
brasileros ; mientras una escuadra mandada por 
el almirante Brown, secundó con éxito á las tro- 
pas de tierra, batiendo la flota enemiga en el Jun- 
cal, y afrontándola en otros combates. El servicio 
era considerable para que no trajese aparejada 
una remuneración equivalente, y la Asamblea la 
dio tan cumplida como podia desearla el servidor. 

En 31 de Marzo de 1827, sancionó la siguiente 
ley: «La Junta de RR. de la Provincia Oriental: 
Usando de la facultad que se reservó al mandar 
los Diputados al Congreso Constituyente de las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata, á cuya aso- 
ciación siempre ha pertenecido, declara : Que ha 
examinado la Constitución que el mismo Con- 
greso Constituyente reunido en la Capital de la 
República, ha sancionado el 24 de Diciembre de 
1826, y que ha presentado á la libre aceptación de 
las Provincias: — Que ha encontrado la dicha 
Constitución, capaz de hacer la felicidad del Pue- 
blo Argentino, y encaminarlo hacia el elevado 



76 Estudios Constitucionales 

destino á que se ha hecho acreedor por sus es- 
fuerzos y sacriñcios. Y en consecuencia, satisfa- 
ciendo el voto de los habitantes de la Provincia 
que representa, en su nombre acepta solemne- 
mente la dicha Constitución, declarando al mis- 
mo tiempo ser su libre voluntad que en lo sucesi- 
vo los destinos del Pueblo Oriental sean rejidos 
por ella. Y en fé de ello, nosotros los Represen- 
tantes de la Provincia, firmamos dos actas de ua 
tenor, para que una se agregue al pié de la Cons- 
titución aceptada, y para que sea la otra elevada 
al Congreso Constituyente.» Esta ley, era el com- 
plemento del Acta de Incorporación formulada 
en 1825. 

Pero en el momento en que se creia despejada 
la situación y establecido para siempre el impe- 
rio de la autoridad argentina en este país, un 
factor hasta entonces olvidado — el pueblo — co- 
menzó á hacer sentir su fuerza. Las masas cam-^ 
pesinas que no se hablan ido alzando con el de- 
signio de cambiar de dominadores, sino con el 
fin de sacudir todo yugo estraño, recibieron con 
disgusto la noticia de que volvíamos á ser pro- 
vincia argentina. Hasta entonces, y sin haberse 
dado cuenta cabal del espíritu de muchas de las 
leyes que votaba la Asamblea de la Florida, vi- 
vían confiadas en el éxito final de la lucha, porque 
teniendo las armas en la mano y dominadas por 
el sentimiento de la libertad, esperaban realizar 
sus ideales luego que el país se viera libre de los 
brasileros. Mas la ley de 31 de Marzo, tan precisa 
en sus determinaciones, conmovió la tranquili- 
dad de las esperanzas concebidas, y así los princi- 



La Constitución Vruguaya 77 

pales caudillos como sus soldados, manifestaron 
la estrañeza y el disgusto que les causaba aquella 
novedad, para ellos insólita á la altura á que ha- 
blan llegado los sucesos, de reemplazar el domi- 
nio brasilero por el argentino, sin tomar en cuen- 
ta el voto de los que mantenían la lucha á costa 
de su sangre. 

No escapó á los diputados, esta actitud del 
espíritu público. Tampoco escapó á Lavalleja, 
quien se dio prisa á calmar los ánimos con toda 
manera de tentativas, ya tratando de traer á 
partido á los caudillos principales, ya persiguién- 
dolos como sucedía con Rivera, ó ya insinuando 
ante el gobierno argentino, por intermedio de 
emisarios, la necesidad de concluir pronto con las 
fuerzas brasileras, para poder dominar así hol- 
gadamente las turbulencias populares que veia 
en perspectiva. Pero el tiempo deshizo estas com- 
binaciones, precipitando los sucesos. Una oposi- 
ción implacable, encabezada en Buenos Aires por 
Dorrego, dio en tierra con Rivadavia, pudiendo 
apenas su sucesor el Dr. López, mantenerse en el 
poder para nombrar gefe del ejército argentino- 
uruguayo á Lavalleja en sustitución de Alvear 
que habla renunciado el cargo. Agradecido mas 
allá de lo que debia el general Lavalleja á esta 
prueba de confianza, se puso totalmente del lado 
del gobierno argentino, y si habla intentado ser- 
vir con decisión las miras del Dr. López, acató 
como órdenes inapelables los deseos del coronel 
Dorrego heredero del poder que acababa de aban- 
donar aquel ciudadano. 

Bajo la inspiración de esa política, fué perse- 



78 Estudios Constitucionales 

guido á muerte Rivera que iba á la conquista de 
Misiones, fueron estrañados del pais algunos 
empleados civiles, fué disuelta la Asamblea de la 
Florida con fuerza armada, y fué derrocado el 
gobierno legal. Los gefes del ejército adictos al 
movimiento y los comandantes militares de los 
diversos distritos, reunidos en el Durazno á 4 de 
Octubre de 1827, labraron un Acta por la cual 
conferian el poder supremo á Lavalleja, quien lo 
aceptó y comenzó á ejercerlo desde luego. Todo 
esto era lójico. La anarquía, que es una epidemia 
política, tiene la acción contajiosa y disolvente 
de todas las epidemias. Buenos Aires acababa de 
dar el ejemplo del derrocamiento de las institu- 
ciones legales, y no era estraño que sus partida- 
rios en el Uruguay imitasen el procedimiento. 

Sinembargo , aquella situación monstruosa 
abrió la puerta á nuestra salvación. Rivera, conci- 
biendo con patriótico anhelo el mas hermoso plan 
de toda su vida, invadió por Santa Fé el territorio 
uruguayo. Esa actitud importábala muerte de la 
dominación argentina y heria de rechazo las pre- 
tensiones de los brasileros. Asi lo comprendió 
inmediatamente Dorrego, quien al saber la noti- 
cia escribió á un amigo común de ambos : « No 
tengo duda que Rivera vá á tomar las Misiones, y 
eso es lo que yo más siento, porque nos va á cau- 
sar mucho mal. Necesitamos la paz ! la paz ! la 
paz! No podemos continuar la guerra. Rivada- 
via ha dejado el país en esqueleto; exhausto to- 
talmente el tesoro. En el parque no hay una bala 
que tirar á la escuadra enemiga. No hay un fusil 
ni un grano de pólvora, ni con qué comprarla. 



La Constítucion Vruguaya 79 

Yo sé que el Brasil desea también la paz, pero la 
toma de Misiones va á causarnos embarazos. Los 
brasileros no las han de querer ceder ; Don Fru* 
tos no las va á entregar, porque las toma por su 
cuenta. El gobierno tratará de entenderse con él, 
pero eso no basta. Es preciso que todos los ami- 
gos de ese hombre vayan, le rodeen é influyan 
para que no embarace las negociaciones que el 
gobierno se propone entablar.» 

Esta carta confidencial y angustiosa del gober* 
nador de Buenos Aires, demuestra junto con la 
situación de su ánimo, el estado de las cosas alU. 
No habia medios de captarse la opinión, y llega- 
ba el momento en que la impotencia era igual 
para hacer la paz como para proseguir la guerra. 
Entre tanto, y apesar de todos los manejos pues- 
tos en juego para evitarlo, Rivera habia pisado el 
territorio de las Misiones y en veinte dias de mar- 
chas vertijinosas las habia conquistado, batiendo 
las tropas imperiales é improvisando un ejército 
á cuyo frente enarboló la bandera de la indepen- 
dencia nacional. El pueblo campesino corrió á 
incorporársele de todas partes, y entonces se vio 
cuales eran los designios que animaban á las ma- 
sas uruguayas en la empresa de secundar á los 
Treinta y Tres. 

No estaba por esa fecha el gobierno brasilero 
en autos de lo que habia pasado, pero el Empe- 
rador, que tenia conocimiento cabal de la situa- 
ción, por haberla visto de cerca cuando estuvo á 
la cabeza de sus ejércitos en Rio-grande, presen- 
tía graves acontecimientos, y no ocultaba ese te- 
mor á sus consejeros íntimos. Lejos de partid- 



8o Estudios Constitucionales 

par ellos de su opinión, le incitaban á desecharla 
cuando acertó á llegar correo del Uruguay con 
noticias circunstanciadas sobre las disidencias 
que dividían á los gefes orientales. Reunióse el 
Consejo imperial para leer aquellos pliegos, y se 
alborozaron los circunstantes con el detalle de 
sus noticias que narraban al pormenor las recien- 
tes discordias. El Emperador escuchó cabizbajo 
la lectura y los comentarios, y cuando algunas 
horas después, entró otro correo con la noticia de 
la conquista de Misiones por Rivera, dijo á los 
suyos en tono de reproche: «Con otra nueva dis- 
cordia, los gefes orientales se vienen hasta Porto- 
Alegre: — es necesario hacer la paz.» 

Y se hizo la paz, no ya como una concesión 
graciosa al Uruguay, sino como una necesidad 
impuesta por los sucesos. Ni el Brasil ni la Re- 
pública Argentina podian sostener la guerra, y 
era factible que Rivera, cuyos triunfos acababan 
de conquistarle hasta la deferencia de Lavalleja 
su mortal enemigo, emprendiese acciones mili- 
tares susceptibles de trastornarlo todo por com- 
pleto. He aquí el motivo por qué se firmó la Con- 
vención Preliminar de Paz, y por qué pudo elejirse 
de un modo libérrimo la Asamblea Constituyente 
que votó y sancionó cuando quiso y cómo quiso, 
la Constitución nacional que nos rije. 



Asi nació la Constitución uruguaya, después 
de una elaboración lenta y con el concurso de 



La Constitución Vruguaya 8i 

un aprendizaje adquirido en rudísimas pruebas. 
Los esperimentos llevados á cabo por los lejisla- 
dores de la Florida, al ser aceptados por los 
Constituyentes, sufrieron ciertas modificaciones, 
las mas de ellas favorables á la libertad. Con 
todo, se confirmó en la Constitución el menos- 
precio á las aspiraciones locales y á la fuerza or- 
ganizada, ó sea el municipio y el ejército, cuyos 
representantes se escluyeron sistemáticamente 
de toda función legal deliberativa. Desde enton- 
ces reposan las instituciones sobre una trama 
artificiosa, quedando al arbitrio de los partidos 
abatirlas ó sostenerlas según sea su voluntad. 
Algunos de los estadistas que componían la 
Constituyente, previeron los peligros á que nos 
esponiamos con tan vanidosos intentos, pero su 
voz fué ahogada por el número. La Constitución, 
recien nacida, tuvo por adversarios al pueblo 
campesino y á los representantes de la fuerza 
que ella desheredaba sin causa, y los tiene aun, 
y los tendrá por mas resignados que aparezcan, 
mientras no modifique esa esclusion. 

Una de las causas que demuestra la libertad 
con que actuaban los Constituyentes, es esta es- 
clusion que sancionaron frente á los ejércitos de 
la Independencia, victoriosos y armados todavía, 
y á las barbas del pueblo campesino en cuyos 
distritos empezaron á tener sus primeras juntas. 
Ya hemos visto que ninguna presión esterior 
perturbaba las operaciones de los diputados, 
pues ni el Brasil ni la República Argentina esta- 
ban en actitud de ejercerla, por manera que ac- 
tuaron de propia voluntad al legalizar sus miras 



82 Estudios Constiiucionales 

esclusivistas. Se nos antoja que el doble motín 
militar que disolvió la Asamblea de la Florida é 
invistió con facultades discrecionales á Lavalleja, 
era un recuerdo harto sombrío para que no in- 
fluyese sobre los Constituyentes predisponiendo- 
Íes contra los soldados ; pero justificada ó nó esa 
repulsión ¿podia alegarse algo semejante en con- 
tra del municipio? ^No hablan dejado los Cabil- 
dos, suficientes recuerdos honrosos en sus luchas 
por la defensa de la libertad común, para que se 
olvidasen tan pronto sus beneficios? Se dirá, y se 
ha dicho, que la despoblación del país no com- 
portaba instituciones municipales, pero ¿había 
sido acaso mas densa esa población dos siglos 
antes, cuando estaba entregada con éxito á la 
plenitud de la vida municipal ? 

No nos hagamos ilusiones. Los Constituyentes 
son responsables del grave mal que nos causaron 
con la doble esclusion que ha embotado nuestros 
progresos políticos : y nosotros somos responsa- 
bles á nuestra vez, de haber desdeñado el estu- 
dio del problema para resolverlo de acuerdo con 
las exijéncias de la época. Si pareciere dura la 
afirmación, no hemos de mitigar su rigor por 
motivo alguno. Demasiadas concesiones se han 
hecho á la opinión corriente y al estravio decla- 
mador, para que incidamos en semejante falta. 
La verdad, por amarga que sea, debe decirse una 
vez ; una vez sola si queréis, pero debe decirse. 
Y así lo hemos hecho en este estudio. 




DEMOCRACIA Y REPÜBLICA 



■a»» ONDENADA la Dacion uruguaya á la miste- 
rfi^nS riosa prueba de las revoluciones, se ase- 
kww9 ™^)^ desde hacen sesenta años á un aai- 
bSbSB meso arquitecto, que después de haber 
reunido entre grandes fatigas los materiales para 
su ediñcio, tuviera que encontrarse con que ha- 
bia construido los cimientos sobre arena. A nin- 
guno de los partidos políticos que hasta hoy han 
gobernado, les ha sido dable fijar su suerte. Los 
hombres de pensamiento han sucumbido por la 
ñilta de opinión para imponerse en determinadas 
situaciones : los hombres de acción perecen por 
idéntica impotencia. ¿Habrá en todo esto alguna 
fuerza desconocida y desquiciadora, que escapa 
al estudio de los gobiernos y á la mirada pene- 
trante de los partidos? Ensayemos á buscarla. 



84 Estudios Constitucionales 

Los elementos que constituyen la sociedad uru- 
guaya, son aptos por su esencia para formar una 
democracia pura. Condición igualitaria y avasa- 
lladora, unanimidad de preocupaciones contra 
todo lo que tienda á salir del nivel común ; tal es 
la tendénda orijinária de las democracias en ge- 
neral ; tal es la tendencia de la nuestra. De don- 
de se sigue, que politicamente considerada^ la 
democracia es una palanca y no un escudo. In- 
vasora por instinto, si se la abandona á sí misma, 
destruye todas las gerarquias, y como el poder 
social, cualquiera que sea su naturaleza, es emi- 
nentemente gerárquico, contra el Poder van sus 
últimos y mas certeros tiros. 

No ha prestado escasa ayuda á la falsa concep- 
ción del réjimen republicano de gobierno, la con- 
fusión lamentable que se hace entre el significa- 
do de lo que es democracia, y de lo que quiere de- 
cir república. La democracia es la abolición de 
las restricciones sociales, la posibilidad de llegar 
á todos los puestos : tal existió en Francia bajo 
Napoleón I y tal existe hoy en Rusia bajo el czar. 
La república es la amovilidad del personal polí- 
tico de una nación, Igi sucesión legal y regular de 
los poderes públicos, la división triple del poder 
social : tal existe en el Perú donde hay condes y 
marqueses, lo mismo que en Francia donde no 
deja de haberlos. Para decirlo todo : la democra- 
cia es la igualdad social : la república es la liber- 
tad política. 

Pero la igualdad, trasladada de los derechos 
políticos á las manifestaciones sociales, no pro- 
ducirá otra cosa que anarquía. La sociedad vive 



T>emocrácia y República 8$ 

de desigualdades, porque de otra manera seria 
un conjunto monstruoso, con la miseria por pre- 
cedente obligado y el estacionamiento por fin de 
su destino. La pobreza general, la uniformidad 
intelectual, la identidad facultativa de todos sus 
miembros, produciría un estado de laxitud pre- 
cursor de la disolución inmediata. Sustituido el 
estimulo que es el aguijón de la actividad, por la 
indiferencia que es la muerte de los deseos, la ci- 
vilización retrogradaría rápidamente á su estado 
primitivo, y bien pronto los pueblos actuales se 
convertirían en tribus errantes. Entonces se dis- 
putaría el alimento diario con las armas en la 
mano, la guerra seria una necesidad imperiosa, 
el gobierno tendría que pasar al poder del mas 
fuerte, y la degradación de la especie humana 
habría llegado á su colmo. 

Este es el resultado de la igualdad social, ó sea 
la democracia librada á sus esfuerzos de espan- 
sion plena. Los que pretenden fundar gobiernos 
con semejantes principios, en vez de progresar 
retrogradan. ¿Pues que otra cosa es, por ventura, 
esa igualdad social tan preconizada, sino el retro- 
ceso á los tiempos primitivos de la vida humana, 
ante cuyo estado el feudalismo es un adelanto y 
la monarquía absoluta una conquista plausible ? 
Si los hombres han de ser iguales en todo, no 
ante la ley política sino ante la ley social, desde 
luego la fortuna es una desigualdad, el talento 
es una desigualdad, los antecedentes de familia 
son una desigualdad, la educación distinguida 
es una desigualdad, la sabiduría y las virtudes 
son una desigualdad ; porque todas estas dotes 



86 Estudios Constitucionales 

están siempre repartidas entre un numero de 
gentes relativamente menor al conjunto que 
constituye la sociedad humana. 

Cuando tales ideas fermentan en un pueblo, 
sus individuos viven la vida enfermiza del odio. 
Porque entonces el pobre odia al rico, el igno- 
rante al sabio, el hombre oscuro al que lleva un 
nombre esclarecido, el que está abajo al que está 
arriba. Y como el corazón humano es débil, los 
odiados en fuerza de tanta injusticia pagan en 
igual moneda el disfavor público por via de re- 
torsión y de venganza ; y entonces el rico opulen- 
to odia á la vez al pobre envidioso, el sabio es- 
carnecido al necio ignorante, el hombre de ante- 
cedentes al que no los tiene, y por fin el que está 
arriba al que está abajo. La vida se transforma 
en una conjuración destinada á amargar todos 
los goces lejitimos, porque el odio no deja vivir 
en paz á las victimas, ni proporciona un instante 
de tranquilidad á los verdugos. La anarquía apa- 
rece desde luego en todo su furor. ^Quién gober- 
nará mañana? Nadie lo sabe, pero es evidente 
que será tan odiado como el que gobierna hoy. 

Como que no hay efecto sin causa, es necesario 
convenir que este odio á la autoridad, y á toda 
autoridad, que es hijo de la democracia pura y 
que parece ingénito en los uruguayos, debe reco- 
nocer un precedente que lo determine entre nos- 
otros, y eso es lo que vamos á averiguar. 

La formación de nuestra raza se debe á una 
serie de fusiones sucesivas, en que diversos ele- 
mentos de procedencias distintas han venido in- 
corporándose al elemento primitivo que señorea- 



T>emocrácia y República 87 

ba el país. De ahí que la aparente unidad típica 
del pueblo uruguayo, sea mas bien una unidad 
de forma y no un hecho fundamental. La pobla- 
ción de los campos que ha conservado su orijina- 
lidad y ha nacido bajo el yugo de un gobierno 
estrangero, tiene por instinto sentimientos de re- 
pulsión hacia los sucesores de ese gobierno, que 
somos nosotros los hijos de las ciudades. En el 
orden de la filiación histórica, el gaucho repre- 
senta al antiguo charrúa luchando contra una 
civilización que se le forzaba á aceptar ; mientras 
que nosotros representamos la dominación colo- 
nial, ya portuguesa, ya española, con todo su sé- 
quito de imperiosas exijéncias y de molestos ve- 
jámenes. Montevideo sobre todo, apesar de sus 
grandes servicios prestados á la libertad y al pro- 
greso, no solo del Uruguay sino de la América 
del Sur, es el blanco donde hieren las odiosidades 
instintivas de los campos ; porque Montevideo es 
la residencia del gobierno, el baluarte de las ins- 
tituciones nuevas, la muralla contra la cual se es- 
trelló Cabarí en su última tentativa de reivindi- 
cación de la independencia charrúa. 

Un pueblo de imajinacion fuerte como el nues- 
tro, conserva tradicionalmente estos recuerdos, 
y si no se los esplica con toda la claridad que 
ellos han menester, cuando menos los alcanza 
por instinto y los hace el móvil de su actividad 
política. Para el gaucho es todavía el hombre de 
Montevideo, aquel hidalgo de linaje y solar conoci- 
do que traia en su bagaje un surtido completo de 
procedimientos de gobierno, desde el reparti- 
miento hasta la dominación de los calpixques. En 



88 Estudios Constitucionales 



sus recuerdos está grabado, no el heroísmo cí- 
vico del Cabildo que defendía palmo á palmo su 
jurisdicción echando las bases de la libertad na- 
cional, sino el cañón reyuno que estaba frente al 
edificio de ese mismo Cabildo, y sobre el cual le 
colocaban á él para azotarle de orden de los go- 
bernadores militares. En la conciencia de su in- 
ferioridad intelectual, no entra la admiración por 
los hombres de saber que han ilustrado el nom- 
bre de la patria en las asambleas, en el foro, en la 
prensa ; sino el temor de que el talento de esos 
hombres se dedique á robarle los últimos vestí- 
jios de su libertad primitiva. En su repulsión ala 
autoridad no quiere decir que la autoridad le sea 
renuente, pues ha hecho la guerra bajo el mando 
de un gefe y se ha sometido á las resoluciones de 
una asamblea nacional cuando era charrúa, sino 
que piensa que el rodaje de la actual máquina 
política no reposa sobre bases conocidas, no está 
en el terreno en que él acostumbraba á verlo, en 
medio de los campos, sino que está en Montevi- 
deo, la ciudad de donde han salido las que él cree 
sus desgracias. 

Agregúese á esta condición genial de los habi- 
tadores de los campos, la perturbación de ideas 
en que vive una gran parte de la gente instruida 
de las ciudades. Para no hablar mas que de Mon- 
tevideo, cuyas evoluciones siguen las otras, por 
ser esta la mas populosa, instruida y rica de sus 
hermanas, hay entre nosotros divergencias poli- 
ticas, repulsiones individuales y luchas sordas, 
que no obedecen á otro impulso que á la anar- 
quía de las ideas. El diarista con su pluma, el 



T>emocrácia y '"República 89 

militar con su espada, el abogado con su titulo, 
creen haber encontrado el medio de fabricarse 
cada uno para si un mundo aparte donde po- 
drán vivir sin el ausílio de nadie; y esperan con 
la mayor tranquilidad el dia en que los demás se 
inclinen ante semejante quimera. Hé aquí tres 
elementos sociales, la pluma, la espada y la toga, 
que reunidos harían un escelente medio de go- 
bierno, y que separados no han de fundar nunca 
nada. Pero si es cierto que nada han de fundar, 
también es evidente que si no se aunan no deja- 
rán que nada se funde, porque ellos representan 
los tres elementos esenciales en que reposa todo 
orden regular de cosas, á saber: las ideas, la fuer- 
za y el derecho. 

Tenemos pues, la clave de las perturbaciones 
que nos dividen. En los campos, el sentimiento 
de repulsión á la autoridad, que es hijo de los 
malos recuerdos de antaño; y en las ciudades, la 
impotencia de la autoridad, que depende de la 
división de los elementos de influencia. De aquí 
la anarquia que pide el mando para todos : de 
aquí también los intereses egoístas que piden el 
mando para uno solo. ¿Qué puede resultar de 
todo esto? Es preferible que lo diga otro: «La 
igualdad llevada absolutamente á efecto — dice 
Lieber — conduce al comunismo; la idea de la so- 
beranía indivisa, conduce al plan de Mr. de Gi- 
rardin de no tener lejislatura ni división del po- 
der : nada sino una sucesión de sultanes popula- 
res. La idea de buscar toda libertad en el 
sufrájio universal solamente, conduce con gran 
contento de un Napoleón á trasferir todo á un. 



90 Estudios Constitucionales 

hombre, y todas las futuras generaciones á sus 
descendientes, realizando asi ahora la espantosa 
teoría de Hobbes: y la falta de amor á las institu- 
ciones conduce á una notable tendencia á adorar 
á un hombre, á la centralización, ó en algunos 
casos á lo opuesto — al deseo de abolir todo go- 
bierno y establecer la soberania del individuo. En 
política, los estremos se tocan.» 

No es por lo tanto la igualdad social, que en- 
gendra el odio y la envidia, despertando todas las 
malas pasiones del espíritu humano, la que pue- 
de conducir á un pueblo al establecimiento del 
gobierno libre. Dificultosa en estremo esta for- 
ma de gobierno, por exijir conocimientos mas 
complicados y virtudes mas sólidas que ninguna 
otra, requiere á la vez en los hombres que han de 
plantearla condiciones y aptitudes que les saque 
del nivel común. En hora buena se proclame el 
derecho que todos tienen á gobernar, pero limí- 
tese ese derecho con el talento y las virtudes ane- 
xas á los candidatos. No hay una sola constitu- 
ción republicana, que no haya establecido sin ro- 
deos esta limitación. El articulo 132 de la nues- 
tra dice lo siguiente : « los hombres son iguales 
ante la ley, sea preceptiva, penal ó tuitiva: no re- 
conociéndose otra distinción entre ellos sino la 
de los talentos ó las virtudes.» 

Por lo que va espuesto puede concluirse, que la 
libertad política no es la igualdad social, y que 
la democracia no es la república. Esta idea, tan 
comprensible á poco que se la examine, ha sido 
sinembargo un problema insoluble para los pue- 
blos actuales. No se conoce en la históría mo- 



T>emocrdcta y República 91 

dema otra escepcion al respeto, que la de un pue- 
blo que se atrevió en la infancia á plantearlo y re- 
solverlo, conquistando en un dia su emancipa- 
ción política y su libertad : ese pueblo es los Es- 
tados Unidos de la América del Norte. Frente á 
frente de los generales coronados por la victoria, 
de los ejércitos invencibles, y de los hombres po- 
líticos estupefactos de su grandeza; el pueblo 
yankee y su gobierno discutieron las bases de su 
contrato social, hiciéronse las concesiones recí- 
procas que la necesidad permitía, y el debate se 
cerró para siempre, ascendiendo Jorge Washing- 
ton á la Presidencia de la República. La Europa 
escandalizada de aquel procedimiento tan senci- 
llo, y de aquella virtud elemental que inaugura- 
ba el gobierno sin guerras civiles ni golpes de 
estado, predijo que la nación norte-americana 
perecería por su propia simpleza. Sinembargo de 
la opinión de tan graves doctores, los Estados 
Unidos en cien años de existencia independiente 
han elevado su población de 3 millones á 50, no 
han tenido un solo tirano, y son en la actualidad 
el pueblo mas sabio, mas libre y mas rico del 
mundo. 

La Europa no podía preveer esto, y en la ac- 
tualidad tampoco se lo esplica. No nos admire- 
mos de tamaña ceguedad, porque hay una razón 
fundamental que la sanciona. Colocar frente á 
frente la Monarquía hereditaria y la República, 
es colocar el materialismo y el espirítualismo en 
pugna. La Monarquía hereditaria, que supone 
en las dinastías reinantes, junto con la ciencia in- 
fusa del gobierno, la herencia de. las condiciones 



92 Estudios Constitucionales 

intelectuales trasmitidas de padres á hijos, esta- 
blece en toda su plenitud la doctrina materialista. 
De ahí, el desden por el criterio de los pueblos, á 
quienes nunca se les cree aptos para tutelar sus 
propios negocios. ¿Qué es el pueblo, sino un con- 
junto de hombres esencialmente iguales entre sí? 
Pues si tal conjunto de hombres, no camina diri- 
jido por una familia de entidades superiores, cla- 
ro está que nunca podrá gobernarse dignamente. 
Por supuesto, que cada vez que se ha pedido á 
tales familias el título primario en virtud del 
cual pretenden ejercer semejante superioridad 
directiva, no ha habido dinastía capaz de presen- 
tarlo. 

Pero entre tanto, materializada la Europa por 
una falsa concepción del desempeño del poder 
político, carece de aptitud para juzgar á aquellos 
pueblos, que apartándose del réjimen depresivo 
de la herencia, elijen periódicamente sus manda- 
tarios, sin atribuir ninguna virtud potencial á las 
vinculaciones de familia ni á los antecedentes de 
linaje, cuya eficiencia para el mando es nula por 
ley divina y humana. Lo que hay de cierto es, 
que los reyes han sido dados al mundo por casti- 
go. Quien quiera cerciorarse del caso, abra las 
pajinas de la Escritura y quedará edificado. Y 
quien quiera saber lo que vale á la larga la tras- 
misión dinástica del mando, estudie en la historia 
la vida de los reyes, y verá qué clase de gentes 
son los sucesores de los mas grandes. Por eso es 
que la Iglesia, jamás aceptó para su gobierno la 
herencia, porque de hacerlo, habría atacado el 
dogma de la igualdad esencial de las almas. Las 



democracia y República 93 

naciones europeas no han querido seguir este 
ejemplo de la Iglesia, prefiriendo esperarlo todo 
del augusto nieto que todavia está en pañales. Con 
semejante criterio, ya se supone cual será el con- 
cepto en que allí ande la autoridad, y cuales se- 
rán los quilates de previsión política de sus esta- 
distas para juzgar los negocios de esta América 
tan calumniada, apesar de que lleva en sus en- 
trañas el porvenir del mundo, y sobre su frente la 
bendición del cielo. 

Mas, volviendo á nuestro punto de partida ¿en 
qué consiste que la República del Uruguay, des- 
pués de tantos sacrificios, no puede aproximarse 
siquiera al bienestar de su hermana del Norte ? 
Consiste en que nuestro país tiene el valor mili- 
tar que expone la vida, pero no el valor cívico 
que funda las instituciones y conserva los impe- 
rios. Consiste en que tiene el amor propio que se 
adormece en la gloria, pero no el amor á la cosa 
pública que pospone la gloria mal adquirida á la 
paz próspera y digna. Consiste en que ama la 
igualdad que mata todas las gerarquias, pero no 
la verdadera libertad que proteje las desigualda- 
des lejítimas de la virtud, del talento y de la fortu- 
na, abriendo campo á todos los que deseen llegar 
á ellas. Consiste en que la exajeracion de las doc- 
trinas exalta la fantasía de los partidos, y en vez 
de hacer sentir estos su peso por la discusión lo 
hacen sentir por la abstención, y en vez de pro- 
vocar resistencias legales solo provocan rebelio- 
nes armadas. Consiste en que la mayor parte de 
las cuestiones políticas versan sobre personas y 
nó sobre principios, de modo que el gobierno 



94 Estudios Constitucionales 



viene á ser las más de las veces la espresion in- 
dividual de unos cuantos, á los cuales se arrima 
él con desesperado ahinco para no caer. 

Que los partidos políticos existan, no es cosa 
rara ni es cosa mala: donde quiera que haya 
hombres reunidos habrá diversidad de opinio- 
nes, y donde las opiniones diversas existan las 
divisiones políticas son lójicas. Por otra parte, la 
sociedad no puede vivir sin fuerzas que la ajiten 
en todo sentido para precipitar sus progresos, y 
ninguna fuerza iguala al poderoso embate de 
una agrupación de hombres, hablando, escri- 
biendo y trabajando bajo la disciplina de un pen- 
samiento común, y en la defensa de un interés 
propio. Pero el interés político que da vida y for- 
mas á los partidos, necesita modificarse con el 
tiempo, si es que aspira á representar verdaderas 
conveniencias y servir propósitos cuyo fin sea 
tangible para el pueblo. De otra manera, corre el 
riesgo inminente de agotar la eficacia de sus 
fuerzas, sin utilidad para nadie. Si se quisiera un 
ejemplo para confirmar esta verdad, bastaría 
examinar nuestra condición presente. La época 
actual pide ideales que servir, y no encuentra 
mas que preocupaciones contra las cuales choca 
sin poderlas derribar. Por esta razón es que el 
criterio público se ha viciado, hánse desunido 
los hombres y están muertas las creencias. 

Todas las tentativas que se hacen para volver 
su antiguo tono á la opinión pública, sucumben 
en el vacio, y la razón es obvia. Se pretende 
prescindir de las fuerzas disciplinadas de la so- 
ciedad, que son los partidos políticos, á los cua- 



T>emocrácia y República 95 

les en vez de pedirles la modificación de sus 
ideas, se les pide que se disuelvan. Pero esos 
partidos que no se han formado ni por el capri- 
cho de un hombre, ni por el azar de una circuns- 
tancia imprevista, vuelven la espalda á los que 
les piden el suicidio ¿á cambio de qué? á cambio 
de nada ! Al heroísmo lírico de los atenienses 
pudo agradar el plan de Temístocles que propo- 
nía á su rival arrojarse junto con él al báratro, 
para evitar disensiones civiles á la república ; 
pero en nuestros tiempos de positivismo político, 
razonable y razonado, no puede hablarse de esto 
sin inspirar desden á la comunidad. Por otra 
parte, la muerte de los partidos ¿traería acaso la 
muerte de los hombres influyentes que los com- 
ponen.^ ¿traería siquiera su desaparición de la es- 
cena pública? No es ni razonable pensarlo. 

Vengan hombres nuevos — se dice — hombres 
que no estén afiliados á ningún partido, que no 
tengan antecedentes políticos. Hombres nuevosl 
como si los hombres se improvisasen, y como si 
su misma novedad que es señal de inesperiéncia 
política, tuviese la virtud de curar todos los ma- 
les. No piensan los que tal piden, que cada gene- 
ración trae sus hombres destinados á gobernar; 
que esos hombres ascienden fatalmente á los 
puestos que deben rejir, y que en suma hay que 
ocurrir siempre á ellos por la sencilla razón de 
que no existen otros. A menos de sacar los niños 
de las* escuelas para entregarles el mando del 
país, nadie conoce hombres nuevos á quien con- 
fiarse, y el hecho de ser conocidos los hábiles, 
está diciendo á gritos que ya no son nuevos. Pero 



96 Estudios Constitucionales 

fuera de la parte de escentricidad que en sí mis- 
mo tiene ese pedido, él entraña á la vez un gran 
peligro si de la teoría pasase á la práctica. Nadie 
ignora que la causa de los funestos desvarios y 
trastornos que llevaron á la revolución francesa 
hasta los bordes de un precipicio donde hubo de 
caer para siempre la Francia, fué el error de la 
Asamblea Constituyente en ceder á la presión de 
los que pedian hombres nuevos, decretando que 
ninguno de los antiguos diputados volviera á ser 
electo. De aquí que fuese necesario improvisar 
una nueva generación política, arrancar á la vida 
privada los candidatos desconocidos para la Con- 
vención entonces naciente ¡y qué candidatos! 
Robespiere, Danton, Chaumette, Marat, Hebert 
y demás compañeros. 

El gobierno de los pueblos es una cosa mas 
seria de lo que á primera vista parece. Fácil es 
trazar planes, mas fácil todavía esplicarlos, pero 
su realización pide mas talento, mas firmeza, 
mas constancia de lo que vulgarmente se cree. 
Luchar de frente contra todos los obstáculos para 
imponer una idea, no hacer la oposición sino en- 
contrarla en su camino, no criticar sino esponer- 
se á la critica, es lo que forma la sustancia de ese 
arte que á la larga quiebra el brazo, el instrumen- 
to y los bríos del artista. Coloqúese pues un ins- 
trumento de tan complicados resortes, en manos 
de aprendices bozales, y allá veremos donde van 
los aprendices y el instrumento. Pero el espíritu 
crítico ó sea el espíritu de teoría pura, que es el 
menos adecuado para manejar los negocios po- 
líticos, propone y resuelve las cuestiones sin con- 



T>emocricia y República (yj 

tar con la realidad, es decir, pasando por encima 
de los hombres y de los obstáculos para cernirse 
á sus anchas en las nubes. Si estos amables re- 
formadores que arreglan á su gusto el orden so- 
cial siempre que se les dé papel y tinta, descen- 
dieran hasta nuestro pobre antro terrestre, po- 
drían convencerse de la diferencia que hay de 
hablar á hacer. Hasta el último alférez de los ejér- 
citos que batió Napoleón, sabia de memoria que 
la táctica de éste se reasumía en dos palabras : 
aglomerar sobre el punto mas débil del enemigo 
el mayor número de hombres posible ; y sinem- 
bargo, ni los alféreces ni los generales daban con 
el punto mas débil de Napoleón, ni atinaban á 
aglomerar otra cosa que sus bagajes cuando pe- 
leaban contra él. 

Pero no debe estrañarnos que esta idea de en- 
tregar el poder público á hombres desconocidos, 
haya germinado entre nosotros, porque ella es 
de suyo la última razón de la anarquía. Coloca- 
dos en la pendiente de la igualdad á todo trance, 
debíamos llegar á ese término fatalmente lójico 
que lleva una idea hasta lo absurdo. «En donde 
quiera que la democracia existe en su forma es- 
trema — dice Grimke — el control de la sociedad es 
muy pequeño, en vez de ser muy grande; y por 
esto es por lo que semejante gobierno jamás tie- 
ne sino una existencia temporal: pronto dejenera 
en un gobierno absoluto.» La observación del 
ilustre publicista yankee es profunda y exacta ; 
nada puede comprobarla mejor que la idea que 
es obgeto de este examen. Porque en rigor de 
Terdad ¿qué quiere decir hombres conocidos en 



98 Esiúdios Constitucionales 



política, sino hombres que hayan hecho sus prue- 
bas en público, garantiendo con ellas la línea de 
conducta que han de seguir siempre que estén 
en el poder? Arrojar de la escena á tales hombres 
sustituyéndoles por otros á quienes nadie cono- 
ce, importa entregar la sociedad á lo aleatorio, 
entronizar el reinado del despotismo que es el 
reinado de lo desconocido, dar carta de natura- 
lización política á los sistemas sin precedente, co- 
locar la seguridad común en los vaivenes del 
acaso. Después de haber predicado el desprecio 
á las instituciones, primera jornada contra el es- 
tablecimiento del gobierno libre, era justo que se 
predicase el desprecio de los hombres conocidos, 
segunda y decisiva jornada de la anarquía. La 
cuestión no es fundar algo provechoso, sino en- 
sayar algo nuevo. Cualquier cosa. 

Considerando el asunto bajo el aspecto román- 
tico, puede presentar un escelen te tema de digre- 
sión para los poetas llorones y vocingleros. Bello 
es cantar sobre las ruinas, con la melena tendida 
al viento y la lira enlutada; pero seria injusto ha- 
cernos saborear esas delicias á los que buena- 
mente no las reputamos tales. El romanticismo 
político es una majadería como cualquiera otra, 
ya se considere en sus caprichos teóricos, ya se 
analice en sus aplicaciones prácticas. Todos esos 
aspavientos fingidos que desfiguran el rostro de 
muchos hombres formales, sin hacerles ganar 
gran cosa en el concepto de las gentes sensatas, 
se asemejan á las contorsiones de los cómicos 
chirles que intentan remedar el entusiasmo y el 
dolor con manotadas y genuflexiones impropias. 



democracia y Tiepública 99 

Los hombres de gobierno no tienen el derecho 
de entregarse á novedades y á caprichos para ver 
lo que sale, porque semejante proceder á mas de 
lo inicuo que es en sí mismo por lo que lleva de 
atentatorio á la seguridad común, no produce 
otro resultado que la anarquía en todas las esfe* 
ras de la sociedad. Y como la primera necesidad 
de las sociedades es la seguridad, como la base 
de toda libertad civil ó política es la seguridad, 
como el ejercicio tranquilo de todo derecho lejí- 
timo requiere la seguridad, está por demás decir 
que las veleidades aventureras del romanticismo 
no dan resultado en el gobierno. Concluyamos de 
aquí contra la opinión en boga, que los hombres 
nuevos ó desconocidos pueden quedarse en su 
casa sin inconveniente, mientras no den público 
y previo afianzamiento de lo que harán cuando 
suban al poder. 

Si hemos insistido en el examen de esta idea de 
traer á los negocios públicos hombres descono- 
cidos, es por los resultados funestos que ella ten- 
dría una vez llevada á la práctica, y sobre todo, 
porque siendo el obgeto de este trabajo combatir 
la anarquía política, no podíamos dispensarnos 
de tratar un tópico tan importante como es el que 
entraña esta proposición formulada por la anar^- 
quia misma, en la batalla mas animosa y decisiva 
que hasta hoy se habia atrevido á presentan 
Creemos también que este examen ha sido pro- 
vechoso, porque dá mérito al conocimiento de 
las tres faces que ha asumido nuestra democrá* 
cia en su progresión creciente de desorden, á sa- 
ber; la nivelación igualitaria de la sociedad, como 



100 Estudios Constitucionales 

base del sistema : la guerra abierta á las institu- 
ciones, como plan de ataque: y la muerte civil de 
toda entidad conocida, como garantía para el 
triunfo de la empresa. Así pues, la campaña con- 
tra las instituciones, los partidos y los hombres, 
no es una tentativa sin obgeto, ni un accidente 
vulgar de la política, sino que obedece á un plan 
combinado y responde al obgeto visible de su- 
mirnos en el caos. 

Nuestro trabajo debe ser por lo tanto, un trabajo 
de concentración, en cuanto. lo permitan las cir- 
cunstancias y el carácter de las fuerzas dispersas 
que andan en las ciudades. ¿Qué es lo que podría 
unir estas fuerzas en los centros civilizados, para 
imponerlas al resto del país, radicando la estabili- 
dad de los gobiernos como hecho y como princi- 
pio ? La respuesta salta de suyo : no hay otra so- 
lución que fundar el gobierno republicano, es 
decir, el gobierno que representa el ejercicio de la 
soberanía popular delegada en tres poderes inde- 
pendientes que se respetan entre sí, y que obligan 
al pueblo á que les respete. Porque es inútil bus- 
car otras combinaciones, dado nuestro modo de 
ser habitual, para presentarlas como medio de 
gobierno permanente, pues ninguna alcanzará el 
resultado apetecido. El gobierno de los diaristas, 
traeria el desborde de la prensa, en seguida la 
anarquía y por último el despotismo. El gobierno 
de la espada, como término lójico la oligarquía. 
El gobierno de la toga, como única razón el ca- 
suismo oficial. Por todos estos caminos, como se 
vé, puede llegarse al despotismo, menos por el 
camino de la república, por el que marca nuestra 



T>emocrácia y República loi 

Constitución política, único que permite la co- 
existencia de las ideas con la fuerza y el derecho. 
Nunca seria mas necesaria la acción de la pren- 
sa que en estos momentos, para coadyuvar á la 
organización de las fuerzas disciplinadas de la 
sociedad, en el sentido de fundar un gobierno es- 
table. Matar las odiosidades de hombre á hom- 
bre, significaría modificar los dos grandes parti- 
dos históricos, trasportándolos del terreno de las 
personalidades al de los verdaderos principios 
republicanos. Esta tarea seria fácil, si se tirase 
una estocada á fondo á las preocupaciones pueri- 
les de cada uno, increpándolas asi : ¿ Porqué 
odias tú, á tu hermano de patria y de creencias, 
y te colocas firente á él en vez de estar á su lado? 
¿Le odias porque eres pobre y él es rico? Trabaja, 
ahorra, emprende y serás tan rico como él. ¿Le 
odias porque él es sabio y tü ignorante? Estudia, 
medita, investiga y llegarás á la sabiduría. ¿ Le 
odias porque tiene un nombre ilustre y el tuyo 
es oscuro ? Lucha y persevera por el bien, y lle- 
garás á hacerte tanto mas ilustre cuánto mas 
ignorada sea la procedencia de tu nombre. ¿ Le 
odias porque se ha hecho digno del aprecio pú- 
blico y está en vísperas de subir al poder? Hazte 
tan digno como él, y subirás tan alto como él, 
porque las leyes de tu país te dan el derecho de 
ser desde Teniente Alcalde hasta Presidente de 
la República! Una propaganda de este género 
resolvería el gran problema de organizar los par- 
tidos para la paz, que es lo que hasta hoy no se 
ha buscado, porque ellos están organizados para 
la guerra. Y puesto que disolverlos seria imposi- 



102 Estudios Constitucionales 

ble, y fusionarlos seria monstruoso, no hay otra 
solución que modificarlos, con lo cual ganaría- 
mos todos : el gobierno, por el gran contingente 
de opinión pacífica y de ayuda leal que tendría á 
su servicio : la sociedad, por la grata perspectiva 
de una era tranquila y fecunda : nosotros, por la 
gloría de haber sido los fundadores del gobierno 
republicano. 

Es necesario convencerse que el último resul- 
tado de la civilización es la paz. La guerra no 
puede ser el ideal de una sociedad crístiana, por- 
que ni los hombres han venido á este mundo 
para matarse los unos á los otros, ni su sangre es 
cosa tan insignificante que haya de derramarse 
sin miramiento. Una guerra se justifica, cuando 
tiene por obgeto la defensa de la independen- 
cia nacional, ó el sostenimiento de algún gran 
principio social en que estén comprometidos el 
honor, la libertad y el bienestar de los ciudada- 
nos; pero fuera de estos casos poco Ifrecuentes en 
la vida normal de los pueblos, la guerra como 
medio de influencia personal de quien la provoca, 
solo puede ser pensamiento digno de los insen- 
satos ó de los malvados. Por otra parte, en ese 
trastorno general que la guerra incita, todas las 
ideas de justicia y de derecho son sustituidas por 
la idea de la fuerza: y es bien sabido que á golpes 
de fuerza no se funda la seguridad, como á gol- 
pes de palo no se convence á nadie. Podrá una si- 
tuación de fuerza intimidar los ánimos, pero nun- 
ca llevará la paz á los espíritus, que es lo que se 
requiere para que nazca el convencimiento de ser 
necesario el orden. La fuerza como ausiliar de la 



T>emocrdcia y República 103 

libertad, como apoyo de las instituciones, coíno 
garantía de la seguridad es una cosa buena ; pero 
como medio esclusivo de gobierno no resuelve 
otro problema que el de comprimir los ánimos. Y 
siendo cosa averiguada, que al lado de la conve- 
niencia transitoria y dudosamente eficaz de la 
compresión, está el peligro inminente del estalli- 
do, puede concluirse de aquí, que el gobierno de 
la fuerza es el gobierno de la inseguridad para el 
que manda y para el que obedece, y por lo tanto, 
mas tarde ó mas temprano el gobierno de la 
guerra. 

Nuestra tarea de republicanos y cristianos, es 
fundar el gobierno de la paz. Pero un gobierno 
de este género, requiere no solo la voluntad sino 
ios elementos que hayan de hacer práctico su 
programa. De aquí, que la organización pacífica 
de los partidos, el debate de sus ideas por la 
prensa, y la purificación de sus elementos ante el 
crisol de la opinión, sean una necesidad y un acto 
de justicia. Los hombres á quienes se confie la 
suerte de un pueblo, deben tener antecedentes 
propios que afiancen su conducta. Es bien sabido 
que desde que el Redentor del mundo nació en 
un pesebre, nadie puede ser menospreciado por- 
que no haya visto la luz bajo el techo de un pala- 
cio : el nacimiento del hombre es un hecho even- 
tual, hijo de circunstancias ajenas á su voluntad : 
nadie tiene la prerogativa de elejir padres. He na- 
cido con el rostro blanco sin que ello dependa de 
mí, pero ¿ quién podría afirmarme que si una as- 
cendencia de otra laya me hubiera ennegrecido 
la tez, no tuviera yo en mi corazón el mismo 



104 Estudios Constitucionales 

amor que hoy siento por este trozo de tierra don- 
de están el hogar de mis padres, la tumba de mis 
abuelos, la escuela donde me he educado, la igle- 
sia donde escuché por primera vez la enseñanza 
del Evangelio, la fortaleza militar cuyo cañón ha 
retumbado en mi oido para saludar el sol de los 
aniversarios patrios? No ! no son las distinciones 
de abolengo, lo que exijimos nosotros, republica- 
nos, á aquellos de nuestros hombres que hayan 
de rejirnos. La aristrocrácia de la cuna que no 
hace ni mejor ni peor el espíritu de nadie, ha 
muerto ya ; lo que impera en las repúblicas es la 
aristocracia de las virtudes y del talento, dotes 
que Dios y no el acaso dá á sus criaturas. Buenas 
costumbres privadas, educación civil suficiente 
para saber respetar á los demás y adquirir el de- 
recho de ser respetado, aplicación al estudio de 
los negocios públicos que es lo que dá la espe- 
riéncia del gobierno, cariño leal á las institucio- 
nes patrias : hé aquí lo que pedimos á cada hom- 
bre. Si de en medio á una multitud así prepa- 
rada para entrar á los negocios, sobresalen algu- 
nos por su talento y su esperiéncia, es justo que 
sobre ellos recaiga antes que sobre los mas igno- 
rantes, el honor de mandar en el orden que la 
ley designa. 

La tendencia genuina de las instituciones li- 
bres, es sustituir en la vida política de las socie- 
dades, el capricho de los hombres por el gobier- 
no impersonal de la ley. Mas no se negará que 
para adquirir un respeto saludable á cosa tan fí- 
sicamente débil como es la ley, se necesitan á mas 
de las intenciones puras, una instrucción bastan- 



T>emocrácia y República 105 

te clara que haga evidentes los beneficios que de 
semejante respeto fluyen. Ni la anarquía de las 
opiniones, ni las odiosidades personales, pueden 
engendrar predisposiciones simpáticas á ese ñn ; 
porque aun en medio de las luchas de partido, es 
necesario que ciertos principios prevalezcan y 
sirvan de límite á las pretensiones de los hom- 
bres. No se concibe, por ejemplo, que una socie- 
dad sea republicana si hay en ella partidos que 
llevan su deseo de mando mas allá del reinado 
de las instituciones ; porque entonces salen del 
derecho común, para entrar en la esfera de acción 
que la ley determina como atentatoria á la liber- 
tad del conjunto. Hablando de estas cosas, decia 
Jefferson al recibirse de la Presidencia de los 
Estados Unidos : « Todos tendrán presente este 
principio sagrado : de que aun cuando la volun- 
tad de la mayoría ha de prevalecer en todos los 
casos, esta voluntad para que sea justa ha de ser 
razonable : que la minoría también tiene sus de- 
rechos, los cuales deben ser protejidos por leyes 
iguales y que seria una opresión violarlos. Uná- 
monos pues conciudadanos, cordial y mental- 
mente : restablezcamos en las relaciones sociales 
esa armonía y afección, sin las cuales la libertad 
y aun la vida misma no son sino cosas espanto- 
sas Las diferencias de opinión no lo son de 

príncípio. Nosotros, aunque bajo diferentes nom- 
bres, somos hermanos en cuanto á este. Nosotros 
somos todos republicanos.» 

Estaría por demás añadir que estas doctrinas 
repetidas con insistencia por los hombres públi- 
cos de los Estados Unidos á los partidos políticos, 



io6 Estudios Constitucionales 

es lo que ha hecho que aquellos se organicen 
para la paz y no para la guerra, entrando llenos 
de fé y hombría de bien á trabajar por las institu- 
ciones. Esa conducta es la que ha hecho que allí 
los Presidentes cumplan sus períodos constitu- 
cionales sin provocar ni combatir rebeliones: que 
los cuerpos lejislativos hayan tenido en su seno 
los hombres mas prudentes y sabios de la Na- 
ción, mirando al Presidente de la República no 
como á un enemigo, por el prurito de mostrarse 
independientes ante el vulgo, sino considerándo- 
le como á un amigo y compañero de tareas, con 
quien se hace en común una jornada política del 
mejor modo que se puede. Esa conducta ha sido 
la que ha armonizado los diversos elementos de 
gobierno, matando las odiosidades entre el ejér- 
cito y el pueblo, entre las clases letradas y el co- 
mercio, y abriendo campo á todas las aspiracio- 
nes lejítimas, sin pretender que se desaire á na- 
die porque vista toga ó casaca. No de otro modo 
es que se concilla la fuerza invasora de la demo- 
cracia, con el principio conservador de la con- 
veniencia pública. Las dificultades del gobierno 
piden medios de acción para ser vencidas, y no 
gritos destemplados y anárquicos que exasperan 
el ánimo del que manda sin provecho ninguno 
para el que obedece. Quédense en hora buena 
con sus preocupaciones aquellos que creen que 
los gobernantes son hechos de otra masa que el 
común de las gentes, y tienen obligación de so- 
portar los insultos como concesión gratuita á las 
ambiciones inquietas de la envidia. Tal proceder 
que no puede ser sino hijo de la insensatez, ofrece 



J)emocrácia y República 107 

los mayores inconvenientes, porque al despresti- 
jiar al que gobierna, no se desprestíjia al hombre 
sino al principio de autoridad que él representa. 
Y es una observación que puede ratificarse en 
la práctica, que todos esos energúmenos que 
gritan desde abajo, son los verdaderos tiranos 
cuando están arriba, porque ellos no se quejan 
mientras están lejos del mando por amor á la 
cosa pública, sino porque no disponen de ella y 
creen que les corresponde esclusivamente. Una 
vez ascendidos al poder, que reputan suyo, no 
permiten ni que se les observe lo mínimo. 

Si tenemos presente la misión que nos ha ca- 
bido en lote, nuestros esfuerzos no pueden dirijir- 
se en otro sentido, que en el de llevar á sus últi- 
mas conclusiones prácticas la revolución de 181 1: 
fundar un gobierno. Desde luego ese gobierno 
debe ser hijo de los elementos que han formado 
nuestra nacionalidad : en seguida ese gobierno 
debe ser fuerte. Por mas que en los tiempos que 
alcanzamos, tiempos de naufrájio para las creen- 
cias, sea sospechosa toda opinión que tienda á 
robustecer la autoridad ; no hesitamos en decla- 
rar que el gobierno fuerte es una garantía de la 
vida libre. Hay error en suponer que bajo el sis- 
tema republicano, gane nada la libertad debili- 
tando la autoridad ; porque siendo amovible el 
personal que constituye los poderes públicos, la 
garantía de la fuerza moral y material de estos, 
está no en los hombres que los componen sino en 
las instituciones que personifican. Comprende- 
mos que bajo el sistema monárquico, en el cual el 
gefe del Estado pretende representar la soberanía 



lo8 Estudios Constitucionales 

encarnada en su persona y en su familia, y donde 
las instituciones son una regalia del monarca 
mas que un derecho del pueblo, tienda la oposi- 
ción á debilitar la autoridad que es individual, 
para sustituirla por cualquiera otra combinación 
en que ganen los oprimidos. Pero en el sistema 
republicano, donde el gefe del Estado que es hoy, 
bajará á confundirse mañana entre las filas del 
pueblo, para ser sustituido tal vez por el perio- 
dista que ha predicado la limitación de la autori- 
dad hasta lo precario, nada mas funesto que tal 
conducta, porque ella ataca el principio y no al 
hombre. En efecto, después de haber despresti- 
jiado la autoridad del que cae ¿qué hará el que le 
sucede para prestijiarla en provecho propio? Ne- 
cesariamente tiene que contradecirse á sí mismo, 
tiene que retemplar los resortes que ha gastado, 
tiene que poner una valla al torrente que ha des- 
encadenado contra su antecesor : y como no en- 
cuentra fuerza suficiente en las instituciones, re- 
curre al despotismo que es la fuerza en qué se 
apoyan siempre los demagogos erijidos en auto- 
ridad. Para no incidir en semejante abismo, es 
para lo que necesitamos fundar un gobierno fuer- 
te, prestijiado por la fuerza moral de las institu- 
ciones, por las fuerzas políticas de los partidos, y 
por la fuerza material que la Nación ha organiza- 
do para mantener el orden. 

Concluyamos. El estado de guerra á que la or- 
ganización transitoria de nuestras fuerzas políti- 
cas predisponen la sociedad, no puede prolon- 
garse por mas tiempo sin peligro. Es menester 
que los partidos desciendan al terreno pacífico 



democracia y República 109 

de las contiendas legales, si aspiran á que el 
principio del acatamiento á la voluntad de las ma- 
yorías sea una verdad en la práctica, para garan- 
tir la estabilidad de los gobiernos y el deseado 
bien de la seguridad común. Si hemos de seguir 
en el camino de las abstenciones injustificadas y 
de las propagandas incendiarías, puede llegar el 
caso de que el pueblo se aperciba que hace algu- 
nos años que oye hablar de virtudes, de patrio- 
tismo y de libertad, como pasatiempo agradable 
de los que conquistan posiciones á costo de él, 
sin que después de ocupar el mando le aseguren 
tal libertad, ni den muestras de semejante patrio- 
tismo, ni hagan demostración práctica de poseer 
tales virtudes. Ha llegado pues el momento de 
encerrar la democracia en los limites de la ley, 
de sustituir á la igualdad social la libertad poli- 
tica, de fundar el gobierno republicano. 








EL SYLLABUS Y LA SOBERANÍA 



La autoridad no es otra cosa que 
la suma del número y de las fuerzas 
malcríales. 

(Proposición condenada por el 



IOR cuanto en los países republicanos, la 
introducción de doctrinas hindamentales 
sospechadas de grietar los cimientos en 
que r^iosan las instituciones, constitu- 
ye un peligro de trascendencia para todos los 
tiempos; conviene asesorarse del valor positivo 
de esas doctrinas. Y siendo el Syllabus del Papa 
Pjo IX, una manera de código en que se for- 
mulan definiciones y reglas de conducta para 
los hombres y las sociedades, dicho se está que 



112 Estudios Constitucionales 

el examen de sus proposiciones de orden político 
á la luz de los principios republicanos, se impo- 
ne como una necesidad, desde que las creencias 
y procederes de millones de personas deben re- 
glarse por los preceptos y consejos de ese es- 
tatuto. 

Controvierten entre sí los tratadistas católicos, 
la cuestión de que el Syllabus sea ó no de impo- 
sición dogmática. Los que afirman el hecho, se 
fundan para hacerlo en que algunas de sus pro- 
posiciones han sido definidas ex-cathedra^ con lo 
cual el resto viene á quedar como amparado de 
esa prerogativa. Por su parte los que dudan, se 
fundan en que habiendo sido lanzado á la publi- 
cidad sin forma de imposición concreta, mas 
bien por via de consejo que de precepto, sus pres- 
cripciones merecen todo el respeto á que es acree- 
dora la palabra Pontificia, pero no asumen el 
carácter de lo indiscutible en aquello que perma- 
nece librado á las opiniones de los hombres. Con 
todo, dada la condición actual del catolicismo, es 
decir, la unión existente entre el pueblo católico 
y el clero, entre el clero y el episcopado, y entre 
el episcopado y el Papa, se sigue que los católi- 
cos aceptarán el Syllabus como el guia predilecto 
de sus pasos en la tierra. 

La controversia de los autores ortodoxos, em- 
pero, facilita la investigación del punto, porque 
permite aplicar á su esclarecimiento, el mismo 
método de raciocinio aceptado por la Iglesia en lo 
que dice relación con ella. La Iglesia prohibe el 
empleo del sistema inductivo en lo que se refiere 
á los dogmas, porque juzga que toda investiga- 



El Syllabus y la Soberanía 113 

cion que empiece por poner en duda las verdades 
reveladas, aun cuando sea con la piira de com- 
probarlas y robustecerlas, es una investigación 
sacrilega. De manera que en este particular, la 
regla teolójica señala como punto de partida el 
dogma en sí mismo, del cual pueden deducirse 
todas las consecuencias imajinables, ó sean las 
verdades auxiliares, que sirven como su título lo 
indica, para llevar á la intelijéncia humana el be- 
neficio de una fé razonada. 

No procede del mismo modo en las cuestiones 
opinables. Todo lo que no entra en la Revelación 
— ciencias, letras, artes, — es propiedad del crite- 
rio humano. Dios ha hecho patrimonio común de 
los hombres la adquisición de la fé; pero sólo ha 
hecho patrimonio del desvelo y el trabajo la ad- 
quisición de la ciencia y el dominio del arte. Así 
pues, siendo la política, en cuanto teoría, un con- 
junto de principios científicos basados en la jus- 
ticia y la utilidad; y en cuanto práctica, el arte de 
aplicar esos principios al gobierno de las socie- 
dades, las opiniones son libres para discutirla en 
todo sentido. 

De lo cual se deduce que las proposiciones po- 
líticas del Syllabus^ por su carácter propio, y por 
la controversia de los tratadistas católicos, caen 
bajo el imperio de lo discutible. Podemos exami- 
narlas , empleando cualquier método de racioci- 
nio, para llegar á lo que nos interesa, que es la 
comprobación de su desacuerdo ó de su concor- 
dancia, con el principio de la soberania popular, 
fundamento en que reposan nuestras institucio- 
nes libres. Mas para que la disquisición sea pro- 



114 Estudios Constitucionales 

fícua y la síntesis rigorosa é imparcial, corres- 
ponde ensayar á desentenderse del Syllabus desa- 
rrollando con mano firme la doctrina de la 
soberanía: después de lo cual, apuradas todas las 
consecuencias, debe ponérselas frente á las que el 
Syllabus arroja sobre el mismo tópico, y entonces, 
controlando las unas con las otras formular la 
opinión definitiva. De este modo se conserva 
también el orden cronolójico del debate, porque 
siendo la fecha de existencia de los gobiernos re- 
publicanos anterior á la promulgación del Sylla- 
bus, ha de empezarse por inquirir en qué funda- 
mentos reposan aquellos, para comprender con 
exactitud lo que dice éste. 



El nacimiento del hombre es un testimonio in- 
negable de cierto designio superior á que él no 
ha podido resistirse. Venido al mundo sin asen- 
timiento propio, ha encontrado sobre la tierra un 
orden establecido que él no puede alterar, y fuera 
de la tierra otro orden visible cuyas evoluciones 
se desarrollan sin que él sea parte á modificarlas. 
Incapaz de crear un átomo de materia aquí aba- 
jo, incapaz de detener una gota de agua allá arri- 
ba, todo lo ha encontrado hecho por mano que 
no es la suya, y calculado por una intelijéncia de 
la cual tiene que aprender siempre. Esta condi- 
ción inferior, á la vez que le indica depender de 
estraño dominio, le da una noción consciente de 



El Syllabus y la Soberanía 115 

su personalidad; y puede afirmar sin esfuerzo que 
está en el mundo para vivir, ó sea para ejercer 
las funciones intelectuales y físicas de que ha sido 
dotado. 

La huella de estas disposiciones extra-terres- 
tres, que han precedido á su aparición y han 
marcado su destino ulterior, la lleva el hombre 
como esteriotipada en sí mismo. Por mas es- 
fuerzos que haga para borrarla, no lo puede 
conseguir. Si por una vigorosa tentativa intelec- 
tual, se abstrae de tal modo que resulte aislado, 
su propia razón le muestra hasta dónde es impo- 
tente para concebir un mejor sistema de vida y 
réjimen terrenal, que aquel que ha recibido sin 
idearlo ni pedirlo. Siquiera agote las combina- 
ciones mas sutiles del ingenio ó los mas ardien- 
tes deseos de la imajinacion, siempre tendrá por 
delante la imposibilidad real de eliminar un tute- 
laje, contra el cual podrá renegar sin duda, pero 
del cual no podrá prescindir jamás. Resulta eur 
tónces, que solicitado por necesidades naturales,, 
debe cumplir leyes á que esas mismas necesida- 
des someten su espíritu y su cuerpo. En último 
análisis, convencido de que él no ha creado el 
mundo, tiene que aceptar por fuerza la interven- 
ción de un ájente estraño en esa obra, y de ahí la 
idea relijiosa. Convencido también de que el ais« 
lamiento equivale á una muerte segura, tiene 
que asociarse forzosamente á sus semejantes : y 
de ahí la constitución de la sociedad. 

Sinembargo, en las esferas filosóficas tiene an* 
tigua fecha, y pretende hoy rejuvenecerse cam- 
biando de nombre y método, una doctrina bien 



ii8 Estudios Constitucionales 

océano, y concluye con la personalidad viviente 
que hoy estiende su dominio por el mundo. A este 
enorme salto al través de los elementos todos, á 
esta metamorfosis incomprensible que trasforma 
«1 organismo acuático en hombre sociable, es á lo 
que llaman progreso indefinido de las especies. 

Mas el imperio de la lójica es tan absoluto, que 
las combinaciones ingeniosas no son parte á sa- 
cudir su tutela. Los materialistas apesar de su 
talento, no han podido escapar á la idea de cau- 
saiidad, y después de haber creido allanadas to- 
das las dificultades, se encuentran al principio 
del camino. Porque puesta y admitida la ascen- 
dencia del hombre en un organismo cualquiera, 
viene de suyo la pregunta de que ¿quién hizo ese 
organismo? y es evidente que de pregunta en pre- 
gunta ha de llegarse á una causa primera, de la 
cual todo lo demás es efecto. 

Desentendiéndose, sinembargo, de esta cues- 
tión que por sí misma es considerable, el mate- 
rialismo quiere obtener por comparaciones y 
equivalencias, lo que en buena lójica es imposi- 
ble conseguir. Sentado el hecho de que el hom- 
bre es una de las tantas especies animalies que 
viven en el mundo, lo compara con ellas para ne- 
garle atributos especiales y esencia sobrenatu- 
ral. A la obgecion sobre la constitución de la so- 
ciedad humana, responde que los macacos, las 
hormigas y las abejas, se asocian constituyendo 
verdaderas repúblicas donde el trabajo está di- 
vidido y la previsión se lleva hasta su mas alto 
grado. A las pruebas visibles de la intelijéncia 
humana, opone los prodíjios del perro y el caba- 



El Syllabus y la Soberanía 119 

lio, cuyas fidelidades, memoria y aptitudes ios 
hacen notables bajo todos aspectos. 

Convenido. Nadie puede negar que en la esfera 
de los instintos, el animal alcanza muchas veces 
al hombre, si es que no le supera; pero ¿sucede lo 
mismo en la vida intelectual ? Un escritor racio- 
nalista, autoridad de gran peso en estas materias, 
dice al respecto (i) . «El hombre es el resumen y 
la conclusión de la creación, es el microcosmo 
donde se refleja en pequeño el universo entero ; 
los animales no son en manera alguna mas que 
los rayos esparcidos de esta luz, que, en su uni- 
dad, se manifiesta en el hombre, para esparcirse 
de nuevo por él sobre todas las partes del mundo. 
Pero el mismo principio de armonía distingue 
también al espíritu humano, que posee las facul- 
tades para comprender todos los órdenes de exis- 
tencia, y para dominar todas las cosas bajo sus 
aspectos esenciales. Si el animal en su organiza- 
ción física es en alguna manera solo un fragmen- 
to mas ó menos estenso del organismo humano, 
su intelijencia queda igualmente fragmentaria, 
no se apodera de las cosas mas que bajo su as- 
pecto parcial, aislado, contingente, finito, y no 
puede remontarse nunca á comprender la parte 
general, universal de las cosas, los principios y 
las leyes que constituyen el orden en el universo. 
No se puede rehusar al espíritu animal la facul- 
tad de comprender lo que es sensible, de hacer las 
distinciones, las combinaciones y las abstraccio- 
nes mas simples sobre las cosas sensibles ; pero 

(i) E.Ahrens— Curso de Derecho natural. Parte general» §xvi. 



120 Estudios Constitucionales 

jamás llegará á comprender un principio, una 
ley. Si él puede distinguir una cierta magnitud 
de otra; sentir lo que es pesado, no obstante no 
comprenderá jamás el principio matemático de 
las magnitudes ó la ley de la gravitación.» 

Y concluye, diciendo : « Hay, pues, todo un as« 
pecto de las cosas, todo lo que depende del orden 
general, de los principios de las leyes, de lo infi- 
nito, de lo absoluto, de lo invariable y eterno, 
que está cerrado para el espiritu del animal. El 
hombre, por el contrario, es capaz de retraer 
todos los hechos y fenómenos á leyes, todo lo 
que es finito y relativo á un infinito absoluto. Si 
el materialismo niega esta capacidad del espiritu 
humano, se pone en contradicción con sus pro- 
pias premisas ; porque si él rechaza lo eterno ab- 
soluto, admite la eternidad por la ficción contra- 
dictoria del finito absoluto del átomo. Es que la 
idea de lo infinito y de lo absoluto es tan inhe- 
rente al espiritu humano, que no tiene otra elec- 
ción que la de colocarla en Dios, ó pervertirla 
poniéndola en la materia. » 

He aqui como llegan á conclusiones idénticas 
dos escuelas radicalmente antagónicas. El positi- 
vismo encuentra la existencia del sentimiento re- 
lijioso en el espiritu humano, y lo confiesa parte 
integrante del ser racional, elemento constituti- 
vo y complementario del hombre. El racionalis- 
mo encuentra la misma idea en el infinito absolu- 
to á que las generalizaciones de la intelijéncia 
humana no pueden sustraerse, y lo confiesa ele- 
mento imprescindible de relación entre la vida 
terrenal y la causa primera. 



El Syllabus y la Soberanía 121 

De modo que esta causa primera, se impone á 
todas las escuelas y aparece en el fondo de todas 
las investigaciones. Si se trata del nacimiento del 
hombre, ella es su clave esplicativa ; si de la or- 
ganización de la sociedad, ella su factor esencial. 
¿ Quién podrá escluirla del pensamiento, cuando 
pretenda apurar las consecuencias últimas de 
una idea? Ha habido una escuela, empero, y exis- 
ten sectarios de ella aún, que sin atreverse á 
prescindir de la dificultad, la circunscriben, si 
así puede decirse, á límites estrechos, concedien- 
do á la causa primera efectos puramente esterio- 
res. Afirman que Dios es autor del mundo y crea- 
dor del hombre, pero que la sociedad humana es 
obra de combinaciones y artificios terrestres. El 
propagador mas popular de esa doctrina, fué 
Juan Jacobo Rousseau, cuyos argumentos prin- 
cipales vamos á pasar en revista. 



Ante todo, el culto de la verdad reclama que 
se distinga lo que hay de solidario entre las doc- 
trinas de los maestros y las exajeraciones de los 
discípulos. Seguramente Rousseau no pensarla, 
si hubiera podido saberlo, que su mas aventajado 
sectario habia de ser Robespierre ; como no pen- 
só Darwin, que sus aserciones metódicas, es- 
puestas en forma dubitativa y con reservas aten- 
dibles, hubiesen de ser tomadas por axiomas de 
donde se estrajera la quinta esencia del materia- 



122 Estudios Constitucionales 

lismo mas brutal que se haya conocido jamás. 
A ley de buena psicolojia, Rousseau no era mas 
que un sentimentalista hipocondriaco, colocado 
entre los vicios de su época y las aspiraciones de 
una vida mejor. Creyendo que la humanidad ha- 
bla entrado en un descenso fatal, volvió los ojos 
hacia los tiempos prehistóricos, en que la senci- 
llez de las aspiraciones daban al hombre una en- 
tereza de ánimo superior á todas las refinaciones 
y miserias de una civilización caduca. Y llegó á 
apasionarse tanto de su ideal, que hizo decir á 
Voltaire : « describe tan bien la vida primitiva, 
que dá ganas de andar en cuatro pies, j» 

La moral que se desprende de esta chanzoneta, 
es justa, porque de las descripciones de Rous- 
seau sobre la vida primitiva, lo único que sale en 
limpio es una fuerte aspiración al embruteci- 
miento. Pretendía el filósofo ginebrino romper, 
por creerlos de procedencia artificial, todos los 
vínculos que unian á los hombres de su tiempo; y 
disolviendo la sociedad, dejarla libre de rehacer- 
se al calor de nuevas combinaciones basadas en 
un criterio mas exacto de las cosas. El obgeto y 
fin de estos delirios era estirpar de raíz los vicios 
que la civilización habia naturalizado entre las 
gentes, consiguiendo por medio del renacimien- 
to del ser humano á la barbarie, la vuelta de 
cada hombre á la posesión íntegra de sus fecul- 
tades todas, como paso previo y decisivo á la 
desaparición de las desigualdades sociales, causa 
generadora de las ambiciones, los odios y las 
guerras. 

El primer espécimen de esta concepción deses- 



Et SyHabus y la Soberanía 123 

perada, lo presentó Rousseau en 1753 á la Acade- 
mia de Dijon, con motivo de haber abierto aque- 
lla un concurso sóbrela cuestión siguiente: «Cuál 
es el orijen de la desigualdad entre los hombres, y 
si esta desigualdad se halla autorizada por la ley 
natural.» El filósofo vio su obra premiada por la 
Academia, que abría sin saberlo paso franco á la 
demolición social de la Francia en un futuro in- 
mediato. Si algo habia, empero, en el opúsculo 
de Rousseau, era la conclusión mas contraria á 
las premisas que él mismo sentaba. Queriendo 
preconizar las dulzuras de la vida salvaje, la 
presentaba en una exajerada desnudez, hacién- 
dola repugnante de todo en todo. 

Veamos como pintaba al hombre primitivo : 
« Errante en las selvas, sin lenguaje, sin domici- 
lio, sin guerra, sin enlaces, sin ninguna necesi- 
-dad de sus semejantes, sin ningún deseo de da- 
ñarles, y tal vez sin conocer jamás á ninguno 
individualmente; el hombre salvaje, sujeto á muy 
pocas pasiones y bastándose á sí mismo, no te- 
nia sino los conocimientos y las luces propias á 
tal estado; no esperimentaba mas que sus verda- 
deras necesidades, no miraba sino aquello que 
creia tener interés de ver, y su intelijéncia no ha- 
cia mayores progresos que su vanidad. Si por 
casualidad hacia algún descubrimiento, podia 
conmnicario tanto menos, cuanto no conocía ni 
aun á sus propios hijos ; y asi el arte perecía con 
el inventor. No habia en este estado ni educación 
ni progresos ; las generaciones se multiplicaban 
inútilmente, y partiendo cada uno constante- 
mente del mismo punto, trascurrían los siglos 



124 Estudios Constitucionales 

en toda la rusticidad de las primeras edades, la 
especie era ya bastante vieja, y el hombre perma- 
necía siempre niño.» (i) 

Todo esto es inexacto, como lo prueban las 
investigaciones antropolójicas y protohistóricas 
que han llegado hasta el hombre primitivo, en- 
contrándole doquiera gefe de familia cuando 
menos, y nunca aislado, ni buscando preconce- 
bidamente un aislamiento imposible. Mas como 
sobre este erróneo concepto fundaba Rousseau 
las premisas de su sistema social, era lójico que 
las consecuencias todas debiesen ser igualmente 
falsas. He aquí una de ellas sobre la propiedad : 
« El primero que, habiendo cercado un terreno, 
se atrevió á decir esto es mió y halló gentes bas- 
tante dóciles y simples que le creyeran, fué sin 
disputa el verdadero fundador de la sociedad ci- 
vil. ¡ Cuántos crímenes, guerras, homicidios, mi- 
serias y horrores no hubiera evitado al género 
humano aquel que, arrancando las estacas ó ce- 
gando el foso, hubiese gritado á sus semejantes : 
guardaos bien de escuchar á ese impostor; voso- 
tros pereceréis infaliblemente si olvidáis que los 
frutos son de todos, y que la tierra no pertenece 
a nadie I » 

Doctrina falsa y peligrosa, por cuanto es mitad 
verdad y mitad mentira. Cierto que la tierra es 
de todos, pero sus frutos son de quien los cose- 
cha por el trabajo: y solo á virtud de la acumula- 
ción del trabajo sobre un área dada, es que esa 



(i) Juan Jacobo Rousseau— ©wcttrso sobre el orijen y funda* 
mentas de la desigualdad entre los hombres. 



El Syllabus y la Soberanía 12$ 

área viene á ser propiedad de quien la cultiva, 
como representación de su trabajo capitalizado. 
La idea de propiedad no es un sofisma, ni son 
una impostura los principios sociales qué la vi- 
gorizan en el entendimiento humano. El primer 
salvaje que fabricó un arco y una flecha, fué el 
primer propietario, y la caza recojida con su in- 
dustria, como los animales domesticados con su 
trabajo, fueron de su indiscutible propiedad. Los 
que le siguieron en esa via, no hicieron mas que 
aprestar elementos imprescindibles para dominar 
la materia. A medida que se multiplicó la espe- 
cie humana, las necesidades hiciéronse mas im- 
perativas, y la división del trabajo se impuso 
como medio de satisfacerlas con equidad para 
todos. Cambió el leñador sus productos con el 
cazador, y se fortificaron las relaciones sociales 
sobre la noción natural de lo tuyo y de lo mió. 
Cuando las familias se agrandaron y la sociedad 
doméstica se convirtió en tribu, la acumulación 
de subsistencias fué cada vez mas necesaria, y 
entonces se desmontaron las tierras y se depositó 
en el surco la semilla que debia dar el alimento 
vejetal. Si se hubieran arrancado las estacas ó 
cegado el foso que preservaba la heredad de las 
invasiones del esterior, se hubiese cometido un 
atentado á la libertad y la intelijéncia del hombre, 
puestas al servicio de sus fuerzas físicas. 

Para un espíritu tan investigador como el de 
Rousseau, no podia pasar inapercibida al fin esta 
verdad, susceptible de penetrar las intelijéncias 
mas obtusas ; asi es que á pocos años, con la pu- 
blicación de su Contrato social se retractó de mu- 



126 Estudios Constitucionales 

chas de las máximas estampadas en su discurso 
sobre las desigualdades humanas. Pertenece al 
número de esas retractaciones la siguiente pro- 
posición : « La mas antigua de todas las socieda- 
des y la sola natural es la de la familia : ella es, si 
se quiere, el primer modelo de las sociedades po- 
líticas.» Y después esta otra: «Aunque el hom- 
bre se priva en el estado civil (opuesto al estado 
natural) de muchas ventajas que ha recibido de la 
naturaleza, gana otras tan grandes, sus facultades 
se ejercitan y se desarrollan, sus ideas se estien- 
den, sus sentimientos se ennoblecen, su alma 
entera se eleva hasta tal punto, que si los abusos 
de esta nueva condición no le degradasen á me^ 
nudo mas bajo que aquella de donde ha salido, 
debería bendecir sin cesar el instante feliz que le 
arrancó de ella para siempre, y que de un animal 
estúpido y de corto entendimiento, hizo un ser 
intelijente y un hombre.» 

Aquí tenemos á Rousseau declarando modelo 
déla sociedad política á la familia; y organización 
admirable y digna de ser bendecida, á la sociedad 
civil que rejenera al hombre. Lo único que le de- 
tiene para dar su sanción final á lo existente, son 
los abusos ; pero ¿ es por eso menos correcta la 
estructura social ? 

El espíritu de Rousseau, sometido á una cons- 
tante trepidación, se exhibe p>or entero á medida 
que sale de la esfera especulativa y entra en el 
terreno práctico. En las contradicciones que él 
mismo se suscita, puede observarse cómo lucha 
y se revuelve contra la impotencia de hallar esa 
piedra filosofaly obgeto de sus devaneos y delí- 



El Syílabus y la Soberanía 127 

ríos. Estrechado entre la realidad de las cosas 
y su fantasía reformadora, no sabe como mane- 
jarse para construir la sociedad de su invención, 
y si después de tanto palabreo, encuentra impo- 
sible la prescindéncia de la familia para funda- 
mento de la asociación civil, no menos dificulta- 
do se halla para crear la autoridad que ha de 
gobernar á todos los asociados. 

El fondo de la doctrina en que proyecta esa 
creación tan ardua, es de lo mas exótico que pue- 
da darse. En su concepto, la soberanía se reduce 
á lo siguiente : « Encontrar una fórmula de aso- 
ciación que defienda y proteja con toda la fuerza 
común la persona y los bienes de cada asociado, y 
por la cual cada uno uniéndose á todos, no obe- 
dezca por esto mas que á sí mismo y quede tan 
libre como antes.» Pero esto es sencillamente 
absurdo. En toda asociación hay contrato : en 
todo contrato hay deberes que suponen derechos 
correlativos ; ¿ por medio de qué fórmula, pues, 
podrán encontrarse gentes que contraten sin re- 
ciprocidad, hombres que se impongan deberes 
sin reservarse ningún derecho; personas que 
concílien la obediencia á una obligación pactada 
y al mismo tiempo la facultad de quedar libres 
de toda obligación } 

Y cuenta, que no escapa á esta regla de criterio 
ni la misma sociedad natural, con ser derivada 
de una voluntad superior y extra-terrestre. Por- 
que si el hombre en el estado salvaje gozaba la 
libertad de hacer cuanto la sujestion de sus pa- 
siones y de su fuerza corporal le permitiese, se 
sigue de esto que al abandonar esa condición fe- 



128 Estudios Constitucionales 

voz renunció también á las libertades feroces, 
que eran una consecuencia de ella. El interés de 
la civilización provocó limitaciones voluntarias 
de cada individuo á sus rudos y primitivos dere- 
chos, en cambio de un bienestar positivo» De 
manera que Rousseau, apesar de sus tendencias 
al salvajismo, estaba mas atrasado en la noción 
de las conveniencias sociales que nuestros oscu- 
ros projenitores. Su fórmula de contrato, era al- 
ternativamente terrible ó ridicula. Terrible, si 
los pueblos caian en la sanción del despotismo 
de uno solo, que haciéndose protejer de todos, 
no obedeciese por esto mas que á si mismo, quedando 
tan libre como antes. Ridicula, si los pueblos aper- 
cibiéndose de la treta, concluían por ver que se 
les pedia todo á cambio de nada. 

A bien que el mismo Rousseau reconoce mas 
adelante lo absurdo de su fórmula, c Renunciar 
á su libertad — dice — es renunciar á su cualidad 
de hombre, á los derechos de la humanidad, has- 
ta á sus deberes.» Es decir, pues, que el lado te- 
rrible de la fórmula enunciada está reconocido 
por el mismo formulante. Porque si en el con- 
trato propuesto por él, los que se comprometen 
á servir á uno que permanece desobligado y li- 
bre, comprometen su libertad, dicho se está que 
renuncian con ello á su cualidad de hombres, á 
los derechos que tienen en conjunto con la hu- 
manidad, y á sus propios deberes. Aquí la rendi- 
ción es con armas y bagajes; primeramente de- 
clara Rousseau que la sociedad existente es 
admirable, destarando los abusos: en seguida 



El Syllabus y la Soberanía 129 

~ I II I H I I ^ _ ■ I. ■ ■ I ■ ■ _1 

declara que sobre las combinaciones de los hom- 
bres, sobre el conlralo, hay derechos y deberes 
preexistentes. No necesitamos saber más. 



Cuadra establecer ahora la sana doctrina de la 
soberanía, con el previo fundamento en que ella 
se basa. Quedan fuera de discusión dos hechos 
visibles y comprobados por las mas opuestas es- 
cuelas, á saber : que existe un orden natural y un 
orden sobrenatural, en los que el hombre no ha 
influido absolutamente. Y como consecuencia de 
estos dos hechos, aceptados y reconocidos por el 
espiritu humano en todos los tiempos, resulta 
que el hombre es de suyo relijioso, por el impulso 
que le lleva á admirar la creación y su autor; y de 
suyo sociable, por el impulso que le fuerza á bus- 
car en la unión con sus semejantes la satisfacción 
de sus necesidades diversas. 

Es llano que al hablar del hombre, se habla 
aquí de todos los hombres. No hay escepcion 
que les distinga á este respecto, pues tanto el 
salvaje como el hombre civilizado, supuesta su 
sanidad de juicio, coinciden en la misma tenden- 
cia relijiosa y social, y están sometidos á los mis- 
mos deberes y derechos naturales. Sobre este 
tópico se espresa con mucho acierto el mas com- 
pleto comentador de la Constitución yankee, di- 
ciendo ( I ) : « Sea cual fuere el derecho natural é 

(1) ]oe\ Tifíany -^ Gobierno y Derecho constitucional^ § 20-21. 



130 Estudios Constitucionales 

inalienable de un hombre, es el derecho natural 
é inalienable de todos. Porque cuando se demues- 
tra que un hombre es inmortal, hay que sostener 
que todos los hombres son inmortales, á menos 
que puedan señalarse escepciones. Cuando se 
admite que la vida, la libertad, etc., son los dere- 
chos naturales é inalienables de un hombre, no 
apareciendo escepciones, hay que sostener que 
ellas son, del mismo modo, los derechos natura- 
les é inalienables de todos. Por el contrario, quien 
quiera que sostenga que un hombre tiene dere- 
chos naturales superiores á los otros, ante los 
cuales deben ceder los derechos de éstos, sostie- 
ne una afirmación que no puede admitirse mien- 
tras no sea clara y lójicamente probada. Si aquél 
tiene un derecho especial á los medios naturales 
que Dios ha suministrado para suplir las necesi- 
dades de sus criaturas, no poseídos en común por 
sus semejantes, debe exhibir su priviléjio del 
Todopoderoso, y demostrar con pruebas incues- 
tionables su orijen,obgeto y destino superior.» 

Admitida la comunidad de orijen y destino en 
los hombres, y la igualdad de sus derechos y de- 
beres naturales, queda por el hecho establecida 
una regla de criterio uniforme para juzgar sus 
operaciones individuales y colectivas. Esa regla 
no sufre escepcion sino para disminuir los debe- 
res en ciertos casos, pero nunca los derechos. 
Por ejemplo, las imperfecciones físicas del indivi- 
duo, su deformidad ó debilidad corporal, son 
motivo de una manera de conmiseración que dis- 
minuye el rigor de los deberes. En cuanto á las 
imperfecciones morales — la locura ó el idiotismo, 



El Syllabtis y la Soberania 131 

verbigracia — esas escluyen todo deber, dejando 
intactos los derechos. 

Esta teoría es el reverso de la doctrina pagana, 
que establecía distinciones en el oríjen común de 
los hombres, y derivaba de ahí sus derechos. El 
César no tenia deberes positivos para con la so- 
ciedad, porque era divino. El esclavo no tenia de- 
rechos, porque era cosa. De aquí nació el derecho 
divino de los mandatarios y la sumisión incon- 
dicional de los pueblos. El cristianismo mató esa 
doctrina al proclamar que todos los hombres eran 
hijos de Dios y que todo poder viene de Dios ; y 
desde entonces la autoridad no tuvo oríjen en 
quien la encarnaba sobre la tierra, ni los hombres 
se vieron obligados á obedecer á sus semejantes 
reconociéndoles un destino ü oríjen superior. 
Sobre estos fundamentos reposan las sociedades 
cristianas, que se reconocen instituidas y reji- 
das en primer término por una voluntad extra- 
terrestre. 

Merced á los designios de esa voluntad, que ha 
agrupado las razas, dividido los territorios y crea- 
do las fronteras naturales, se han formado las 
naciones. Y á la aptitud que tiene cada nación 
para gobernarse, defenderse y perpetuarse, es á 
lo que se llama soberania. La soberania pues, re- 
side radicalmente en la nación, que ha recibido 
los medios de constituirse, conservarse y perpe- 
tuarse. No puede ser delegada, porque su dele- 
gación importaría un suicidio, una infracción de 
las leyes naturales, que no les es dado violar á 
los hombres ni á los pueblos, sin menoscabar su 
condición integral. No es un derecho, porque ca- 



1^2 Estudios Constitucionales . 

rece de la cualidad distíntiva de todo derecho, 
que es ser renunciable, y la soberanía ni se re- 
nuncia ni se delega : lo que se delega es el ejerci- 
cio de la soberanía. 

Pero asi como quien dice soberanía, dice nación 
independiente; asi también quien dice nación 
independiente, dice autoridad necesaria. No se 
conoce dato que pruebe haber existido pueblo 
alguno sin autoridad, como no hay precedente 
de que pueda existir familia sin gefe : una y otra 
idea repugnan al sentido común. La autoridad 
ha nacido con la sociedad y es uno de sus ele- 
mentos inherentes. Su primer tipo se encuentra 
en la sociedad doméstica, donde la familia obe- 
dece al padre, no por miedo, pues es el más viejo 
y á veces el más débil; no por convención, porque 
entonces se notaría diversidad en la forma de 
obediencia que en todas partes es igual ; sino por 
impulso natural del espíritu. La misma cosa su- 
cede con la autoridad pública. Los que la encar- 
nan son los menos : los que la obedecen son todos. 
Una simple coalición de voluntades bastaría para 
eliminarla en cualquier instante para siempre, y 
sinembargo el caso no se dá. Las revoluciones 
mas radicales no han hecho jamás otra cosa que 
sustituir el personal autoritario, pero la autori- 
dad siempre ha quedado en pié. 

Son pues dos cosas muy distintas, soberanía 
popular y autoridad. Porque la soberanía con- 
siste — y hay que repetirlo hasta el cansancio — 
en la facultad que tiene el pueblo de darse las 
formas de gobierno que mas le convengan y de- 
signar las personas en quienes ha de residir el 



El Syllabus y la Soberanía 133 

poder ; mientras que el poder ó la autoridad, es 
conferida por Dios á las personas elejidas por el 
pueblo para que la ejerzan. De ahí ha provenido 
la doctrina de referir el orijen de la autoridad, 
hasta por los que se apartan de todo freno dogmá- 
tico, á un designio divino. Un publicista de aque- 
lla procedencia, lo declara formalmente, dicien- 
do : «la teoría de la institución divina del gobier- 
no, aunque traida desde muy lejos, tiene esto de 
muy verosímil : que la ley divina es la mas eleva- 
da medida del derecho de que podemos tener 
idea, y que las comunidades, lo mismo que los 
individuos, tienen el deber de guiarse por ella en 
todos sus planes de acción (i).» Aquí se estable- 
ce, junto con el reconocimiento del hecho, la uti- 
lidad que resulta en suponerlo así. 

Planteada la cuestión en estos términos, se vé 
claramente que la soberanía es una condición ne- 
cesaria de los pueblos autónomos, y que las for- 
mas de gobierno son hijas del ejercicio de la so- 
berania. También se vé que la autoridad, esdecir, 
el principio en virtud del cual se manda, es de 
institución divina, como lo es la familia y lo es 
la sociedad. Por mas que suenen á sutileza es- 
tas distinciones, ellas son tan necesarias, que 
si se eliminan de la investigación que hacemos, 
la esclavitud del ser humano resulta sancionada 
sin mas trámite. Siempre que la autoridad ven- 
ga del derecho de un hombre, queda establecida 
la desigualdad esencial de los que obedecen con 



(1) Gnmkt— Naturaleza y tendencia de las Institucionts libres, 
tom. I, lib. 1, cap. 11. 



134 Estudios Constitucionales 

respecto al que manda, porque siendo el mando 
una superioridad, y la obediencia, en cierta ma- 
nera, una abdicación, se sigue que hay hombres 
predestinados á la libertad, y seres condenados 
á la esclavitud. De modo que la sanción de un 
poder ilimitado para los de arriba, y de una obe- 
diencia ciega para los de abajo, seria en último 
resultado la mas lójica de todas las sanciones. 

La escuela constitucional francesa, que dio 
^da á esa doctrina siguiendo las enseñanzas 
de Rousseau, tuvo bien pronto que repudiarla, 
como lo demuestra este pasaje de uno de sus pu- 
blicistas mas conocidos : « Ningún poder de la 
tierra es ilimitado, ni el del pueblo, ni el de los 
hombres que se dicen sus representantes, ni el de 
los reyes, sea cualquiera el título en cuyo nom- 
bre reinan, ni el de la ley tampoco. Los repre- 
sentantes de una nación, no tienen derecho de 
hacer lo que ella no puede. Ningún monarca, sea 
cual fuere el título que reclame, sea que lo apoye 
en el derecho divino, en el de conquista, ó en ei 
consentimiento popular, posee un poder sin lí- 
mites. Dios, cuando interviene en las cosas hu- 
manas, no sanciona sino la justicia (i).» Asi pues, 
la escuela constitucional francesa, volviendo por 
los fueros de Ja dignidad humana, se vio obliga- 
da á confesar el orijen divino del poder, para li- 
brar á los pueblos de la omnipotencia de los 
déspotas. 

No de otro modo se esplicaria tampoco, la adap- 

(i) Benjamín Constant — Curso de PoUtica Constitucional ^ 
tom. I, cap. I. 



Ei Syllahus y la Soberanía 135 

tacion de todas las formas de gobierno al ejerci- 
cio del mando. Si la autoridad no tuviera una 
eficacia superior á las combinaciones de los hom- 
bres, es llano que sucumbiria al menor cambio 
en las condiciones legales de su ejercicio. ¿Cómo 
podrían mandar de una manera igualmente ade- 
cuada para ser obedecidos, los reyes y los presi- 
dentes, ni tener un valor idéntico las leyes dicta- 
das bajo las monarquías y aquellas que se dictan 
en las repúblicas ? Todo cambio de sistema insti- 
tucional, aparejaría una modificación subsiguien- 
te en la obediencia á las prescripciones recibidas, 
y las leyes orgánicas vendrían á obligar en la 
medida que cada uno las creyera aplicables se- 
gún su criterio. La autoridad entonces, existiría 
ó nó, pues su existencia entrarla en el número de 
las cosas cuya admisión depende del criterio per- 
sonal y voluntario. Entre tanto, no sucede así en 
ninguna parte. 



Esta vitalidad perdurable, que coloca á la au- 
toridad como punto de partida en toda organiza- 
ción social, y la hace salvar ilesa de todo cataclis- 
mo, prueba que ella es un principio^ y como tal, 
se impone por su propia fuerza. La confusión que 
á veces se hace, éntrela autoridad y los que tran- 
sitoriamente la ejercen encarnándola, es hija de 
una mala intelijéncia de las cosas. Pueden las so- 
ciedades en virtud de exijéncias de cualquier ór- 



136 Estudios Constitucionales 

den, determinar la manera en que ha de practi- 
carse la delegación del ejercicio de la soberanía, 
y de ahí nacen las formas de gobierno. Monar- 
quía pura ó mixta, aristocracia, democracia, re- 
pública, no son mas que la estructura del cuerpo 
á quien el ejercicio de la autoridad pública se 
confia. El progreso en las formas de gobierno 
tiende á hacer tanto mas positiva la responsabi- 
lidad individual de los mandatarios, cuanto mas 
correcta^ sea en el pueblo la noción del orijen de 
la autoridad. De manera que, á ley de buena 16- 
jica, el gobierno republicano, que escluye de su 
estructura institucional la sucesión del poder 
por orden de familia ó priviléjio determinado, es 
el que mas ampliamente realiza el principio cris- 
tiano de que todo poder viene de Dios y que to- 
dos los hombres tienen un orijen común. Porque 
bajo este sistema, el camino de los puestos públi- 
cos es libre para todos, y la eficacia de la investi- 
dura autoritaria no nace de los priviléjios de san- 
gre ó casta. De tales fundamentos arrancaba, sin 
duda, su célebre apotegma el cardenal Chiara- 
monti (mas tarde Pió VII) cuando decia : « sed 
buenas cristianos, y seréis buenos republicanos.» 
Y esto no es una paradoja. Basta seguir la pro- 
gresión histórica del hombre de nuestros tiem- 
pos, para ver confirmado lo que se deja dicho. 
Primeramente el gobierno se fundó sobre la 
igualdad de las condiciones sociales de los indi- 
viduos, que lleva ^ la democracia pura, y enton- 
ces nació el gobernante absoluto, gefe ó cacique, 
encarnando la delegación de la soberanía popu- 
lar en su persona. Mas tarde, constituida la su- 



El Syllabus y la Soberanía 137 

cesión gubernamental por herencia, la soberania 
se radicó sobre la posesión de la tierra, y nació 
el señor feudal, que era dueño de la vida y ha- 
cienda del subdito. Sobre el lastre feudal se fun- 
daron, por último, las monarquías existentes, 
quedando, apesar de sus modificaciones, sujetas 
á la naturaleza de su orijen. 

Por esta razón, el concepto de la soberania en 
Europa, es falso en algunos casos, y abocado en 
otros á las mas funestas incidencias. Cuando se 
remite á la igualdad social de los individuos, que 
no es la igualdad de orijen, sino la igualdad de 
condiciones, conduce á la idea de uniformidad 
que engendra el despotismo de un hombre. Y 
cuando se remite al orijen feudal que establece la 
soberania en la propiedad de la tierra, es falso, 
porque siendo la tierra de todos, y no importan- 
do la propiedad de cualquier porción de ella otra 
cosa que trabajo capitalizado en el tiempo, des- 
hereda á la mayoría en favor del despotismo de 
una clase. 

La noción correcta de la soberania es aquella 
cuya eficacia se basa, no en la igualdad personal, 
sino en la igualdad civil de los hombres. Esta doc- 
trina, que se remonta á los tiempos bíblicos, y ha 
brillado alguna vez entre las brumas de la Edad 
Media, dignifica á los pueblos como ninguna. 
Procediendo todos de un mismo orijen y habien- 
do sido creados para un fin común, tenemos to- 
dos el derecho á la vida, á la libertad y á la ad- 
quisición de la propia felicidad, como dones que 
Dios nos ha concedido. Para satisfacer estas ne- 
cesidades naturales é inalienables, de las cuales 



138 Estudios Constitucionales 

nacen los derechos inherentes á la personalidad 
humana, es que los pueblos ejercen su soberanía. 
Tales fueron los principios en cuyo nombre se 
verificó la Revolución americana. Nuestros ante- 
pasados justificaron su separación de la Metró- 
poli con dos razones perentorias : la ley natural 
de la mayoridad, que autoriza la independencia 
del hijo sin agravio de los padres ; y la necesidad 
de gozar por entero los dones que la Providencia 
concede á sus criaturas y que estaban restrin- 
gidos por la presión del sistema colonial. Espa- 
ña, durante tres siglos de gobierno, nos habia 
dado cuanto tenia — relijion, costumbres y len- 
guaje — agotando así la fuente de su dominación 
lejítima. Cuando la Revolución estalló, se habia 
complementado nuestro aprendizaje, y tan cierto 
es ello, que todos los resortes accesorios del me^ 
canismo gubernamental español se hicieron trizas 
para siempre, quedando solamente en pié lo que 
debia quedar: la relijion, las costumbres y el 
idioma que hablamos. 



¿Disiente esto con las doctrinas que proclama 
la Iglesia, y que el Sylíabus ha confirmado de un 
modo perentorio y claro ? Creemos que nó, por- 
que ni la doctrina republicana sostiene que la 
autoridad sea orijinária del número y de las fuer- 
zas materiales ; ni deja sospechar que el tumulto 
y agavillamiento de las multitudes constituyan 



/ 



El Sy Habas y la Soberanía ijc) 

la soberanía. Un escritor republicano y protes- 
tante, lo ha indicado sin reticencias en el siguien- 
te pasaje: «Lo cierto es, que la libertad se halla 
lejos de estar asegurada por el mero hecho de 
que el poder sea dado por el pueblo, ó porque se 
pretenda que haya sido conferido por él. Al con- 
trario, por cuanto esta teoría reposa sobre la teo- 
ría del absolulismo popular, ella es invariablemen- 
te hostil á la libertad, y generalmente forma la 
base del mas opresivo y odioso despotismo (i).» 
En efecto, todas las desgracias ocurridas en las 
repúblicas hispano-americanas, provienen de la 
sanción de este príncipio funesto de la soberanía 
imperatoria de las multitudes. El plebiscito apli- 
cado á la política es el escarnio de la libertad en 
todas partes, lo mismo cuando eleva á Napoleón 
que cuando eleva á Rosas. 

Hombre ó pueblo, toda entidad cuyas pasiones 
no reconozcan freno, es una entidad preparada á 
implantar el despotismo. Por eso es que bajo el 
sistema republicano, el primer acto de la sobera- 
nía es la creación del gobierno institucional , 
como medio de enfrenar las pasiones de la mul- 
titud. 

Así pues, la idea que hace derivar la autoridad, 
en cuanto principio, de un designio divino, no es 
una idea que pueda estar reñida con las aspira- 
ciones y tendencias del gobierno libre. Por lo 
contrario, la dignidad humana requiere que la 
obediencia se preste no en calidad de sumisión 



(i) Francisco Lieber — Lci Libertad civil y el Gobierno pro- 
pio, tomo II, cap. XXXI. 



140 Estudios Constitucionales 

de un hombre á otro, sino en atención á un atri- 
buto superior que se encarna accidentalmente 
en ese hombre. ¿Qué seria de otra manera la so- 
ciedad? Una manada de siervos obedeciendo á su 
señor, el gefe del Estado; — una trabilla de victi- 
mas, soportando asesinos que, con el nombre de 
jueces, condenan á muerte á sus semejantes; — 
una turba vil, acatando leyes que dá otra turba 
mas afortunada con el nombre de lejisladores. El 
principio de autoridad secuestrado á su oríjen 
divino, es vejatorio hasta dar náuseas. 

Obgetan algunos, empero, que la concesión de 
un orijen divino á la autoridad mata el derecho 
de revolución contra los malos gobernantes; pero 
nada es menos cierto que eso. Porque así como 
el orijen divino del hombre y lo inalienable de 
sus derechos naturales, no escluye que la comi- 
sión de crímenes sea punida con la prisión ó la 
muerte del delincuente ; así tampoco el oríjen di- 
vino de la autoridad, quiere decir que los malos 
gobernantes estén libres de castigo. El principio 
que regula las relaciones entre la autoridad y los 
gobernados, es la justicia. Cuando los gobiernos 
violan ese principio, socaban la base de su lejiti- 
midad y traicionan su misión. 

La resistencia á gobiernos de tal laya, no solo 
es un derecho sino un deber. El precepto está 
reconocido por todas las constituciones republi- 
canas, que determinan la forma en que pueden 
ser denunciados, destituidos y castigados los 
malos gobernantes. Esa prerogativa de resisten- 
cia legal deriva del derecho natural á la libertad 
y propia defensa de sus fueros inalienables que 



El Syllabus y la Soberanía 141 

tiene cada hombre como individuo, y que inviste 
la sociedad como cuerpo cuando representa á 
todos los hombres. Si por efecto de una impo- 
tencia incurable de las instituciones, la resisten- 
cia legal á los abusos se hace imposible, enton- 
ces la reivindicación del ejercicio de la soberanía 
por el pueblo, está indicada como último y su- 
premo trámite. 

El oríjen divino atribuido al principio de auto- 
ridad, tiene por otra parte una ventaja que le es 
peculiar y esclusiva, á saber : que los gobiernos 
ejerzan el poder público á manera de préstamo, 
y no como propiedad personal. Desde que no 
puedan hacer todo lo que quieran, les corres- 
ponde medirse en su conducta, tanto más, cuan- 
to la responsabilidad es doble, empezando á ha- 
cerse efectiva aquí abajo y concluyendo allá 
arriba. Por una convención expresa de la volun- 
tad de los subditos, han entrado á ejercer la au- 
toridad; pero una vez investidos de sus faculta- 
des, tienen entidad mas alta á quien responder de 
los desmanes que cometan. Es así que la corrup- 
ción, la adulación, la bajeza, la cobardía, podrán 
librarles del castigo en la tierra, pero no les li- 
brarán del castigo de Aquel que juzga á las jus- 
ticias de la tierra. 

No falta quien observe que el oríjen divino atri- 
buido al principio de autoridad, consagra en los 
gobiernos una manera de perfección que les hace 
inviolables y les coloca en una condición sobrena- 
tural. Pero en este modo de argumentar hay 
tanta malicia como falta de lójica; siendo por otra 
parte la sustancia de la obgecion, una repetición 



142 Estudios Constitucionales 

en forma diversa del argumento anteriormente 
espuesto y rebatido. De que el principio de auto- 
ridad sea divino, no se sigue que el gobierno lo 
sea; como del oríjen divino de cada hombre, no 
se sigue que la perfección sea su atributo fatal é 
imprescindible. Buenos y malos han sido los go- 
biernos apesar del oríjen divino de su proceden- 
cia. Washington y Rosas ejercieron el poder pú- 
blico en América de un modo bien distinto, aun 
cuando su autoridad derivaba de oríjen idéntico; 
asi como Lincoln y Booth su asesino, eran hijos 
de Dios uno y otro. Lo que caracteriza la bondad 
ó maldad de los gobiernos, no es su oríjen sino 
sus actos; como lo que hace á los hombres bue- 
nos ó malos, no es su oríjen sino su voluntad. 
Ya veremos cómo tratando esta cuestión bajo la 
autoridad del mas grande intérprete de las doc- 
trinas políticas del cristianismo, San Pablo, no 
hay disidencia entre el criterio republicano y el 
de la Iglesia para apreciarla. 



Conocéis la historia de la maravillosa con- 
versión de San Pablo, y el momento singular en 
que se efectuó (i). Era el futuro Apóstol de las 
gentes, ciudadano de Roma por fuero de naci- 
miento, eminente en letras y lenguas por educa- 
ción, y sectario del judaismo por convicción pro- 

(i) Actor. IX, 1-8. 



El Syllabus y la Soberanía 143 

funda del espíritu. Su mismo nombre, en hebreo 
SáulOj que quiere decir pedido á Dios, le confir- 
maba en la creencia de que babia nacido con de- 
beres providenciales, y le incitaba á la persecu- 
ción de los cristianos como acto de adhesión á 
esos deberes misteriosos. Doquiera le llevaron 
los sucesos, dejó profunda y sangrienta huella de 
su fanatismo judaico. A los asesinos de Esteban, 
protomártir del cristianismo, les guardó las ro- 
pas para que pudieran matar su víctima mas có- 
madamente. A la naciente Iglesia de Jerusalem 
la persiguió sin cuartel, arrancando del hogar á 
sus miembros, hombres y mujeres, para botarles 
en prisiones ó someterles á durísimos castigos. 
No satisfecho con esto, se presentó al príncipe de 
los sacerdotes pidiéndole cartas para las sinago- 
gas de Damasco, de donde pensaba traerse pre- 
sos para Jerusalem á cuantos cristianos encon- 
trase; lo que le fué concedido. 

El momento era critico. Acababan de ser azo- 
tados en Jerusalem los Apóstoles de orden de la 
justicia, en castigo de su predicación y como 
medio de afrenta pública; muerto Esteban, perse- 
guidos y dispersos los cristianos por las provin- 
cias de Judea y Samarla, todo iba á perderse, si 
entrado Pablo en Damasco asestaba allí el último 
golpe á los elementos unidos que todavía podían 
constituir un núcleo. Y en camino para esa ciu- 
dad iba el implacable fariseo, rodeado de nume- 
roso cortejo, respirando amenazas y muerte contra 
los discípulos del Señor, dice la Escritura ; sin dar 
tregua á la fiebre de venganza que duplicaba su 
actividad. Por fin, una mañana, entre los capri- 



144 Estudios Constitucionales 

chosos tintes del lejano horizonte, distingue las 
torres y minaretes de Damasco, y su pecho se en- 
sancha con un suspiro de satisfacción. Allí, allí 
está el último núcleo de las turbas del Nazareno, 
allí lo único que resta en pié de esa odiada plebe 
del Galileo, cuya existencia se cuenta por horas ; 
y el doctor de la Sinagoga estiende la diestra 
para señalar con el ademan y el gesto á sus acom- 
pañantes, la ciudad que era obgeto de su ame- 
naza y de su contento. Mas en el acto mismo en 
que se erguía altanero ante los suyos, un rayo 
hiende la atmósfera, Pablo cae desplomado, y, al 
dar el rostro en el suelo, oyen con espanto sus 
compañeros que grita : « ¿ Quién eres. Señor, y 
qué quieres que yo haga ? » 

Así entró al gremio del cristianismo este varón 
insigne, cuya conversión es una de las mas tier- 
nas y conmovedoras que se leen en los libros sa- 
grados. Porque es dulce y aflictiva á la vez esa 
iluminación súbita de un gran carácter, que apu- 
ra de golpe todas las angustias de la duda, y cae 
postrado de cuerpo y alma ante el brazo que le 
hiere, reconociendo una omnipotencia á quien 
pregunta su nombre y ofrece ilimitado vasallaje. 

La doctrina del Apóstol Pablo, no porque ten- 
ga mayor autoridad que las de sus otros compa- 
ñeros, igualmente inspirados como él por desig- 
nio providencial, sino porque trata con mayor 
estension que ellos las materias referentes al po- 
der político, es muy valiosa en este punto, y la 
Iglesia la prefiere para reforzar sus enseñanzas al 
respecto. Conviene, por lo tanto, dar un resumen 
de ella en la parte sustancial, á fin de sacar las 



El Syllabus y la Soberanía 14; 

consocuéncias que deben llevarnos á poner pun- 
to á este estudio. 

Jesús habia dicho á Pilatos : « No tendrías 
ninguna potestad contra mi, si no se te hubiese 
dado de lo alto. » Esta consagración del orijen 
divino de la autoridad en boca del Salvador, con- 
firmaba lo que el Antiguo Testamento legó á los 
hombres sobre el mismo tópico. Partiendo de 
tales precedentes, San Pablo escribió á los Roma- 
nos : « Toda alma esté sometida á las potestades 
superiores. Porque no hay potestad sino de Dios ; 
y las que lo son, de Dios son ordenadas. Por lo 
cual, el que resiste á la potestad, resiste á la or- 
denación de Dios; y los que le resisten, ellos mis- 
mos atraen á sí la condenación. Porque los prín- 
cipes no son para temor de los que obran lo bue- 
no, sino lo malo. ¿Quieres tú no temer la potestad? 
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.» 

Hasta aquí, la consagración del orijen divino 
de la autoridad, por ser ordenación de Dios ; pero 
también la declaración de que los príncipes solo 
han de ser temidos por los malos, lo que supone 
su bondad y su lejitimidad. El Apóstol comple- 
menta su pensamiento mas adelante diciendo : 
«Es necesario que les estéis sometidos, no sola- 
mente por la ira, mas también por la conciencia.» 
Asi pues, los gobernantes no deben ser obed^ 
cidos contra la conciencia, es decir, contra los de- 
rechos naturales y divinos, que ellos no pueden 
amenguar en el hombre. Si hubiera duda, ahí 
está la réplica de San Pedro y los Apóstoles al 
príncipe de los sacerdotes en Jerusalem, que les 
quería prohibir la propaganda de sus ideas, y al 



10 



146 Estudios Consiiiucionales 

cual respondieron ellos : « Es menester obedecer 
á Dios antes que á los hombres.» Respuesta alta 
y noble, que señaló los limites de la autoridad del 
hombre sobre sus semejantes. 



La Iglesia se ha conservado fiel á estos precep- 
tos, y su enseñanza no ha variado en circunstan- 
cia alguna. Proclamando el orijen divino de la 
autoridad, ha reconocido y aceptado la libertad 
de los pueblos para darse el gobierno que mas 
convenga con su índole, tradiciones y necesida- 
des. Proclamando el respeto necesario á la auto- 
ridad, jamás ha puesto en duda la licitud de la 
resistencia á los malos gobiernos, cuya potestad 
considera nula por el hecho de ir contra la jus- 
ticia. 

León XIII se ha espresado asi sobre las formas 
de gobierno ( I ) : «Importa, sinembargo, notar 
que aquellos que se pongan al frente de la cosa 
pública, pueden en algunas circunstancias ser 
elejidos por voluntad y deliberación de la multi- 
tud, sin que esto contraríe ó repugne á la doctri- 
na católica. Con tal elección se puede designar el 
príncipe, mas no se confieren los derechos del 
principado : no se da el imperio, sino se establece 
por quien ha de ser administrado. No se trata 
aquí de los varios modos del público rejimiento, 

(i) Encíclica *Diuturnun (29 de Junio 1881). 



El Syllabus y la Soberanía 147 

porque no hay razón ninguna para que la Iglesia 
no apruebe el principado de uno ó de muchos, 
con tal que él sea justo y encaminado á la pro 
común. Por lo cual, salva la justicia, no se impide 
á los pueblos procurarse aquel género de gobierno 
que mejor convenga á su índole, ó á las instituciones 
y costumbres de sus mayores,» 

Y después de sentar esta doctrina clarísima 
sobre la libertad de los pueblos en procurarse la 
forma de gobierno que más les convenga, deter- 
mina asi la licitud de su resistencia á los malos 
gobiernos : « Una sola razón — dice el Pontífice — 
podrán tener los hombres para no obedecer, y es 
cuando de ellos se pretenda algo que repugne al 
derecho natural y divino abiertamente ; porque 
en todas las cosas en que la ley natural y la vo- 
luntad de Dios se violan, son una iniquidad igual- 
mente el mandato y el obedecimiento. Si, pues, 
á alguno ocurre el verse constreñido á elejir en- 
tre estas dos cosas, es decir, á despreciar el man- 
damiento de Dios ó el de los príncipes, debe obe- 
decer á Jesucristo, que mandó dar al César lo que 
es del César, y á Dios lo que es de Dios, y á imita- 
don de los Apóstoles, débese valerosamente res- 
ponder : Es necesario obedecer mas bien d T>ios que 
á los hombres. Ni los que de tal modo obran 
pueden ser acusados por faltar á la obediencia, 
porque si la voluntad de los príncipes se opone á 
la voluntad y las leyes de Dios, ellos mismos se 
exceden en el modo de ejercer su potestad y per- 
vierteo la justicia ; ni puede valer en tal caso su 
autoridad, que no siendo justa es nula.» 

Abora bien : ¿ en qué se diferencia esta doctrina 



148 Estudios Constitucionales 

de la doctrina republicana? La forma institucio- 
nal del gobierno libre, estatuida para procurar á 
los gobernados el goce de los derechos naturales, 
inalienables y divinos que son congénitos á la 
criatura humana, exije la obediencia á los pode- 
res constituidos en cuanto esos poderes no ultra- 
pasen los limites de lo que ellos no pueden dar, y 
de lo que tampoco los asociados pueden delegar 
en ellos. La obediencia cesa cuando existe una 
violación de ese género; porque habiéndose exce- 
dido los gobernantes en el modo de ejercer.su po- 
testad, pervirtiendo la justicia, su autoridad re- 
sulta nula, y la inobediencia de los gobernados 
entonces no es rebelión, sino derecho irreplica- 
ble. Tal es la doctrina republicana, y tal es la doc- 
trina de la Iglesia. 



No hay pues disidencia alguna entre lo que el 
Syllabus preceptúa con relación á la autoridad po- 
lítica, y lo que las constituciones republicanas 
determinan sobre el mismo punto. De haberla, 
se seguirla inmediatamente la nulidad del SyUa- 
busy que habría traicionado á la Iglesia, cuyo go- 
bierno propio reasume todas las formas imajina- 
bles y lleva en sí como incrustados los orí j enes 
de todas ellas. 

Mucho antes de que el Syllabus apareciese,, un 
eminente pensador católico habia emitido este 
juicio sobre la Iglesia : « Considerada aislada- 



El Syllabus y la Soberanía 149 

mente la dignidad pontifical, la Iglesia parece una 
monarquia absoluta. Considerada en sí su cons- 
titución apostólica, parece una oligarquia poten- 
tísima. Considerada por una parte la dignidad 
común á prelados y sacerdotes, y por otra el hon- 
do abismo entre el sacerdocio y el pueblo, parece 
una inmensa aristocracia. Cuando se ponen los 
ojos en la inmensa muchedumbre de los fíeles 
derramados por el mundo, y se ve que el sacer- 
docio y el apostolado y el pontificado están á su 
servicio; que nada se ordena en esta sociedad pro- 
digiosa para los crecimientos de los que mandan, 
sino para la salvación délos que obedecen; cuan- 
do se considera el dogma consolador de la igual- 
dad esencial de las almas ; cuando se recuerda 
que el Salvador del género humano padeció las 
afrentas de la cruz por todos y por cada uno de 
los hombres, cuando se proclama el principio de 
que el buen pastor debe morir por sus ovejas ; 
cuando se reflexiona que el término de la acción 
de todos los diferentes ministerios está en la con- 
gregación de los fieles, la Iglesia parece una de- 
mocracia inmensa, en la gloriosa acepción de esta 
palabra; ó por lo menos, una sociedad instituida 
para un fin esencialmente popular y democrático. 
Y lo mas singular del caso, es que la Iglesia es 
todo lo que parece, (i)» 

No de otro modo podia aceptarse en la Iglesia 
una autoridad indiscutible, si la adaptación de 
sus enseñanzas á todo lo que hay de lejitimo en 



(i) Juan Donoso Cortés— Ensa^* o sobre el Catolicismo, el Li- 
beralismo y el Socialismo, cap. iii. 



150 Estudios Constitucionales 

el mundo, no confírmase á ojos vistos su divini- 
dad. Las composiciones de lugar no caben en el 
espíritu humano, cuando el hombre es llamado á 
dirimir entre lo que se le exije contra sus dere- 
chos inalienables, y la defensa que está obligado 
á hacer de ellos. Tan fuertemente adherido al ser 
racional vive el sentimiento de su libertad, tan 
alta es la idea que el hombre tiene de su albedrio 
libérrimo, tan propenso es á la rebelión por causa 
de eso mismo, que la Iglesia por boca de uno de 
sus mas grandes doctores lo ha dicho : « Dios 
te ha sacado de la nada contra tu voluntad y no 
puede salvarte sin tu voluntad.» Ceguedad hu- 
biera sido entonces, y por lo tanto, testimonio 
contrario á la divinidad de su institución, toda 
propensión de la Iglesia á contrariar en los hom- 
bres el derecho natural de darse aquel género 
de gobierno que mejor convenga con sus lejí- 
timas aspiraciones. 

La ignorancia y la malicia, empero, tratan de 
oscurecer estas verdades, atribuyendo á la Igle- 
sia pretensiones que nunca tuvo ni tiene ; que no 
ha querido, ni quiere, ni puede tener. ¿Cuál seria, 
por otra parte, la ventaja que sacara alimentán- 
dolas? Creada para velar por la salud de los hom- 
bres, que su fundador rescató de la servidumbre, 
¿quién sino ella está mas interesada que nadie 
en que los hombres vivan libres de servidumbre? 
¿Cómo esplicar bajo otro criterio, la adhesión de 
tantos pueblos á una autoridad puramente moral 
como la de la Iglesia, si la facilidad de sacudir su 
yugo es perentoria, y esa facilidad allanaría el 
cumplimiento de un deber sagrado, caso de que 



El Syllabus y la Soberanía 151 

importara la revindicacion de un derecho inalie- 
nable ? 

Afortunadamente, asistimos á una verdadera 
reacción contra todos estos devaneos. El siglo xix 
tan trabajado por la incredulidad y las exajera- 
ciones, entra en quicio á la vejez, y parece pre- 
pararse á dejar á su sucesor una herencia bien 
distinta á la que recibió por antecedente. Cuan- 
do menos, la propensión analítica de nuestros 
tiempos, tiende á llevar los ánimos con más fi"e- 
cuencia que antes al examen reposado de las 
instituciones y de los principios, é inclina las 
opiniones á la imparcialidad. Quien gana en esto 
es el catolicismo, porque la Iglesia, que nunca ha 
huido las obgeciones, encuentra la ocasión de re- 
solverlas así que se formulan de un modo con- 
creto. La demostración que acabamos de hacer 
sobre la fraternidad existente entre la doctrina 
política del Syllabus y la doctrina de la soberanía 
popular, es una prueba de ello. 








LA ciudadanía URUGUAYA 



I L derecho de ciudadanía, considerado 
I históricamente, es la piedra de toque de 
I tas repúblicas de la antigüedad pagana. 
I Mientras el gefe del Estado, elejido por 
sus iguales y compartiendo con ellos el mando, 
puede sostener la situación, vienen á ser tér- 
minos sinónimos ciudadanía y nobleza, porque 
solo gozan derechos domésticos y públicos, los 
dignatarios que componen su consejo y deñen- 
den su poder con la espada. Mas abajo de estos 
dignatarios está el pueblo, y mas abajo del pue- 
blo los esclavos. 

A medida que el progreso ensancha los limites 
de acción de aquellas sociedades nacientes, en- 
saacba también las ñlas de su personal nobiliario, 
y asi en Grecia como en Roma, el pueblo vá as- 
cendiendo desde la condición mas infíma hasta 



1 54 Estudios Constitucionaks 

los primeros puestos, para dictar leyes que saa- 
cionen la igualdad civil de todos los hombres li- 
bres. Pero con ser tan estraordinária esta muta- 
ción y tan costosos los esfuerzos requeridos por 
ella, no pierde la ciudadanía su tinte aristocrático; 
porque el goce de sus derechos queda siendo 
siempre priviléjio de una clase esclusiva, que no 
por haberse agrandado, deja de tener las mismas 
pretensiones que sirvieron de norma á su primi- 
tiva existencia. El vulgo griego y la plebe romana, 
no conquistaron la libertad nacional propiamente 
dicha, sino que se ennoblecieron, incorporándose 
á las clases privilejiadas. 

Bajo las esterioridades brillantes de aquellas 
repúblicas clásicas, vivían millones de esclavos. 
Las palabras «meteka», «ilota», «cliente», «siervo», 
no son mas que gradaciones de una dependencia 
tan depresiva como incomprensible en nuestros 
tiempos. La mujer, cualquiera que fuese su con- 
dición y gerarquia, era considerada como instru- 
mento, y al estrangero, cualquiera que fuesen sus 
aptitudes se le reputaba bárbaro. Era pues el 
fondo de aquellas repúblicas, una aristocracia 
del peor género, porque establecía antagonismos 
esenciales, dividiendo la familia humana en seres 
y en cosas. El cristianismo fué quien dio el golpe 
de muerte á semejante monstruosidad, y debido 
á él, nació lo que llamamos derecho común, ó 
sea el goce de aquellas libertades elementales sin 
las que no hay para el hombre posibilidad de vi- 
vir dignamente. Nacional ó estrangero, pobre ó 
rico, el ser humano tiene conquistado en la ac- 
tualidad de las sociedades republicanas, el dere- 



La Ciudadania Vruguaya i;; 



cho á la vida, á la propiedad, á la conservación 
de su decoro y á la aplicación honesta de sus es- 
fuerzos intelectuales y físicos. 

Este ascenso de la última clase social — el es- 
trangero y el esclavo — á las condiciones natura- 
les y necesarias del hombre, es lo que constituye 
la diferencia entre las repúblicas antiguas y las 
modernas. Subsistiendo como subsiste hoy el 
priviléjio de la ciudadania, que es un priviléjio ab- 
solutamente político, ha nacido y se perpetúa á 
su lado el priviléjio del derecho común, que es un 
priviléjio absolutamente social. De manera que 
no consintiéndose esclavos en las repúblicas, la 
gnran familia que las puebla está dividida en dos 
secciones, á saber : los ciudadanos y los habitan- 
tes. A aquellos corresponde la gestión política de 
los negocios, y á todos el derecho de vivir en paz 
y libertad. 

La ciudadania uruguaya, se ha organizado so- 
bre estas bases de criterio justísimo. Siendo ella 
una condición que hace apto al individuo para 
tener voto activo y pasivo en los negocios públi- 
cos y ser llamado á los empleos oficiales, solo 
hasta ahi mantiene el priviléjio. En todo lo demás, 
iguales son el ciudadano y el estrangero, porque 
reconocida y respetada en ambos la calidad de 
hombres, sus derechos civiles son idénticos ante 
las costumbres y la ley. 

Asi pues, la ciudadania uruguaya viene á ser 
en cierto modo, y si la espresion nos es per- 
mitida, una aristocracia cívica, porque reserva 
á un número determinado de individuos la in- 
cumbencia de la cosa pública. Mas no se crea 



156 Estudios Constüvcionales 

que esta aristocracia tenga esclusiones chocan- 
tes, desde que, no solamente es ciudadano uru- 
guayo todo individuo nacido en la República 
del Uruguay, sino que han podido y pueden 
serlo también : « los estrangeros, padres de ciu- 
dadanos naturales, avecindados en el pais antes 
del establecimiento de la Constitución ; los hijos 
de padre ó madre natural del pais, nacidos fue- 
ra del Estado, desde el acto de avecindarse en 
él ; los estrangeros que en calidad de oficiales, 
han combatido ó combatieren en los ejércitos de 
mar ó tierra de la Nación ; los estrangeros, aun- 
que sin hijos, ó con hijos estrangeros, pero casa- 
dos con hijas del país, que profesando alguna 
ciencia, arte ó industria, ó poseyendo algún ca- 
pital en giro, ó propiedad raíz, se hallen residien- 
do en el Estado al tiempo de jurarse la Constitu- 
ción; los estrangeros, casados con estrangeras, 
que tengan algunas de las calidades que se aca- 
ban de mencionar y tres años de residencia en 
el Estado; los estrangeros no casados, que tam- 
bién tengan alguna de dichas calidades y cuatro 
años de residencia ; los que obtengan gracia es- 
pecial de la Asamblea, por servicios notables ó 
méritos relevantes. (Art. 8 de la Const.) » 

De donde se sigue que el estrangero puede ob- 
tener la ciudadanía uruguaya de dos modos : ó á 
pedimento suyo, que acredite estar en cualquiera 
de los casos generales enumerados yá; ó por gra- 
cia de la Asamblea que premie en él méritos es- 
cepcionales. Para el primer caso, las leyes vigen- 
tes (10 de Junio de 1853 y 20 de Julio de 1874) 
establecen una tramitación sumaria y gratuita; y 



La Ciudadanía Vruguaya 157 

para el segundo, es privativo de la Asamblea Na- 
cional la apreciación de los servicios y la oportu- 
nidad del premio. Por lo tanto, las restricciones 
opuestas á los estrangeros para el goce de la ciu- 
dadania, no son de tal entidad que les aleje de 
obtar fácilmente á sus beneficios. Lo único que 
se les pide, es que entren á ellos por convenci- 
miento y no por obligación. 

Llámanse ciudadanos naturales^ los nacidos en 
cualquier punto del territorio nacional, y ciuda- 
danos legales los que adoptan la ciudadanía ó son 
favorecidos por ella. La distinción entre los be- 
neficios inherentes á unos y otros, consiste en 
que ningún ciudadano legal puede ser Presiden- 
te de la República (Art. 74). Por lo demás, todos 
los honores, distinciones y prerogativas, pueden 
compartirlas con los naturales, sea en la gerar- 
quia militar, sea en la civil, política ó judiciária, 
sin mas escepcion que la que fijan las leyes para 
la universalidad de los candidatos. 

Siendo estas las condiciones en que se puede 
obtener la ciudadania uruguaya, corresponde de- 
cir cuales son las indispensables para su ejercicio. 
Desde luego, la ciudadania se suspende : « i .* Por 
ineptitud física ó moral, que impida obrar libre y 
reflexivamente. 2.® Por la condición de sirviente 
á sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, 
notoriamente vago, ó legalmente procesado en 
causa criminal, de que pueda resultar pena cor- 
poral ó infamante. 3.* Por el hábito de ebriedad. 
4." Por no haber cumplido veinte años de edad, 
menos siendo casado desde los diez y ocho. 
^.•'Por no saber leer ni escribir, los que entran 



158 Estudios Constitucionales 

al ejercicio de la ciudadania desde el año 1840 en 
adelante, b."" Por el estado de deudor fallido, de- 
clarado tal por juez competente. 7.* Por deudor 
al fisco, declarado moroso (Art. 11).» Estas dispo- 
siciones importan preceptuar que el ciudadano 
uruguayo debe ser un hombre sano, honrado, 
independiente é instruido, para gozar del voto 
activo y pasivo que la Constitución le concede. 
En caso de que carezca de cualquiera de estas 
condiciones, el ejercicio de su ciudadania queda 
en suspenso, hasta que sus defectos físicos ó 
morales sufran enmienda, ó su posición social 
prometa dejarle la independencia suficiente para 
gobernarse. Realizado el hecho, vuelve sin mas 
trámite al pleno goce de sus prerogativas. 

La ciudadania se pierde : « i .* Por sentencia 
que imponga pena infamante. 2.** Por quiebra 
fraudulenta declarada tal. 3."* Por naturalizarse 
en otro país. 4.*» Por admitir empleos, distincio- 
nes ó títulos de otro gobierno, sin especial per- 
miso de la Asamblea ; pudiendo en cualquiera de 
estos cuatro casos, solicitarse y obtenerse reha- 
bilitación (Art. 12).» Aquí el rigor de la pena es 
mayor, y la tramitación reivindicatoría mas larga, 
pero también se trata de imputaciones mas gra- 
ves. Sinembargo, la muerte civil del individuo 
no se sanciona, desde que se le abre camino para 
rehabilitarse, con la exhibición de un arrepenti- 
miento sincero ó el testimonio de una falta pur- 
gada. 

Del conjunto de estas disposiciones se despren- 
de, que el ejercicio de la ciudadania importa un 
compromiso por el cual se obliga cada uno á ser 



La Ciudadania Vruguaya 159 

ejemplo de abnegación, laboriosidad, moralidad 
y patriotismo ante sus conciudadanos. Nada mas 
apropiado á garantir la estension de los derechos 
concedidos, que ese compromiso cívico por el 
cual se contraen tan serios deberes. El ciudada- 
no uruguayo es elector y elejible, puede ser llama- 
do á los empleos oficiales, es juez (jurado, tenien- 
te alcalde, juez de paz) y ejerce la censura política 
por medio de la palabra hablada y escrita, en la 
prensa y en las reuniones populares. Semejante 
autoridad no puede confiarse ni á los incapaces, 
ni á los viciosos, ni á los estraños ; siendo justo 
que la importancia que ella supone, vaya acom- 
pañada de una responsabilidad correlativa. Y si 
esa responsabilidad es tangible, como acabamos 
de verlo por las penas de suspensión y pérdida 
de la ciudadania en los casos de culpabilidad im- 
putable, no es menos tangible la abnegación que 
se exije á cada individuo. El ciudadano urugua- 
yo, es mayor contribuyente, puesto que ha naci- 
do soldado y paga la doble contribución de la 
sangre y de los impuestos comunes, desempe- 
ñando gratuitamente las mas pesadas cargas 
(guardia-nacional, jurado, munícipe). 

La aclaración de estos puntos, nos lleva como 
de la mano á establecer la verdadera doctrina 
constitucional respecto á los derechos que gozan 
los ciudadanos, y aquellos que pueden disfrutar 
los estrangeros. Esa doctrina, basada en la mas 
alta concepción moral, se enuncia y define rigo- 
rosamente en diversos preceptos clarísimos, se- 
gún va á verse. Dice la Constitución : « El Elstado 
Oriental del Uruguay, es la asociación política de 



1 6o Estudios Constüucionales 

todos los ciudadanos comprendidos en su terri- 
torio (Art. I.*) La soberanía en toda su plenitud 
existe radicalmente en la Nación, á la que com- 
pete el derecho esclusivo de establecer sus leyes, 
del modo que mas adelante se espresará (Art. 4.*) 
Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la 
Nación ; y como tal, tiene voto activo y pasivo en 
los casos y forma que mas adelante se espre- 
sará (Art. 9.*") Todo ciudadano puede ser llamado 
á los empleos públicos (Art. 10). » De lo cual se 
sigue, que la soberanía nacional no tiene otra re- 
presentación lejitima que el cuerpo electoral, y 
como el cuerpo electoral se compone esclusiva- 
mente de ciudadanos, son los ciudadanos, natu- 
rales ó legales, quienes únicamente pueden ejer- 
cer derechos políticos en el país. 

Ya hemos visto que estos derechos se compren- 
den bajo una doble acepción : el voto activo y el 
pasivo. Hemos visto también, que voto activo es 
la intervención directa que toma todo ciudadano 
en la elección de los funcionarios populares; y 
voto pasivo la intervención que toma en los ne- 
gocios públicos, por medio déla palabra hablada 
ó escrita, manifestando su opinión en la prensa ó 
en las reuniones populares sobre la marcha polí- 
tica ó administrativa del gobierno. Luego pues, 
las elecciones, las reuniones políticas y la prensa 
política, son elementos creados esclusivamente 
para los ciudadanos, y ningún estrangero puede 
hacer uso de ellos, sin violar la Constitución y 
usurpar prerogativas que no le competen. 

Esta doctrina, aceptada sin réplica por la ge- 
neralidad, sufre sinembargo escepcion en lo que 



J 



La Ciudadanía Vruguaya i6i 



se refiere á la prensa. La costumbre de que los 
cstrangeros hayan hecho uso de ella, para opinar 
sobre cuestiones políticas, hace creer á muchos 
que el derecho sanciona su intromisión en nues- 
tros asuntos. Otros se apoyan en el articulo 141 
de la Constitución que dice : « Es enteramente 
libre la comunicación de los pensamientos por 
palabras, escritos privados, ó publicados por la 
prensa en toda materia, sin necesidad de previa 
censura ; quedando responsable el autor, y en su 
caso el impresor, por los abusos que cometieren 
con arreglo á la ley.» Pero á los primeros contes- 
tamos, que la costumbre no es precepto constitu- 
cional ; y á los segundos, que siendo correlativos 
y complementarios entre sí todos los artículos de 
la Constitución, no se puede tomar aisladamente 
uno para violentarlo en contra de los demás. 

No hay prescripción mas ampliamente esta- 
blecida por los Constituyentes, que la que niega 
á los estrangeros el derecho de debatir la política 
por la prensa. Así lo esplican sus leyes especia- 
les, y también los debates internos que prepara- 
ron la viabilidad de esas leyes. Al dictar en 3 de 
Junio de 1829 la primera ley de Imprenta, esta- 
blecieron en su artículo i .• lo siguiente : « Todo 
ciudadano puede por medio de la prensa publicar 
libremente sus ideas sobre cualquier materia sin 
previa censura,» y luego preceptuaron la forma 
de juicio y la gradación de la penalidad, sin alu- 
dir absolutamente para nada á los estrangeros. 
Mas adelante, en 17 de Julio del siguiente año, 
ratificaron la Ley anterior, confirmando en abso- 
luto sus preceptos esenciales, y reforzándolos to- 



1 1 



102 Estudios Constitucionales 

davia con la designación de las condiciones de los 
jurados, « quienes debían ser ciudadanos en ejerci- 
cio y tener veinticinco años cumplidos de edad.» 
Así pues, por la primera Ley se declara patrimo- 
nio esclusivo de los ciudadanos el uso de la pren- 
sa política, y por la segunda se declara que sien- 
do privativa de ellos esta facultad, también lo ha 
de ser el juicio de los abusos en que incurran los 
usufructuantes. 

Y no se diga que la principal de estas dos le- 
yes era anterior á la Constitución, y que la vijén- 
cia del Código fundamental la derogó. Es cierto 
que en 3 de Junio de 1829 se dictó la primera Ley 
de Imprenta y en 10 de Setiembre del mismo 
año fué sancionada la Constitución; pero en 17 de 
Julio de 1830 revisaron los Constituyentes la Ley 
de 1829 y la confirmaron en todos sus preceptos 
esenciales. Y tan de buena gana la confirmaron, 
que antes de esa confirmación taxativa la habían 
reconocido plena vijéncia como va á verse. En 12 
de Agosto de 1829 actuando la Asamblea Consti- 
tuyente en sesión, púsose al debate el articulo 161 
(hoy 141 de la Constitución) en el cual se decia : 
«Es enteramente libre la comunicación de los 
pensamientos por palabras, escritos privados ó 
publicados por la prensa en toda materia, sin 
necesidad de previa censura ; quedando respon- 
sable el autor, y en su caso el impresor por los 
abusos que cometieren, con arreglo á la ley que 
se sancionará. » El señor EUauri propuso, que 
se suprimiese la última frase del artículo, me- 
diante á que ya estaba sancionada la ley á que se 
refiere. Conformados los demás señores, se su 



La Ciudadanía Vruguaya 163 

primió (1).» ¿A qué Ley podía referirse el señor 
EUauri, si no era á la de 3 de Junio de 1829, que 
la Constituyente confirmaba en toda su fuerza, 
al modificar el articulo constitucional aludido? 

Queda por lo tanto averiguado, que antes y 
después de promulgada la Constitución, era para 
los Constituyentes el derecho de usar de la pren- 
sa política, un derecho peculiar y esclusivo de los 
ciudadanos. De otra manera, no habrían mani- 
festado con tanta claridad en la ley, lá condición 
cívica exijida á los ejercitantes de ese derecho y 
á los jueces de esos ejercitantes. Por mas que 
hubiera sido ilójico investir con la representación 
de la soberanía nacional al cuerpo electoral, y 
bastardearlo luego introduciendo un elemento 
estraño en su mecanismo, no por ello es menos 
evidente que si hubiese habido esa intención 
se habría demostrado de un modo comprensi- 
ble á la generalidad. Pero la ley ha distinguido 
claramente, y toda controversia al respecto es 
inútil. 

Por otra parte, los Constituyentes habrían co- 
metido la mas chocante de las injusticias con sus 
compatriotas, sí hubiesen decretado la libertad 
de la prensa política para los estrangeros, man- 
teniendo la escepcion del inciso 3.° del artículo 12. 
¡ Como ! un ciudadano uruguayo pierde su ciuda- 
danía por naturalizarse en otro país, y un estran- 
gero conserva la suya en el Uruguay apesar de 
inmiscuirse en los asuntos políticos y naturalizar- 



(1) ^Discusión de la Constitución del Estado Oriental del Uru-^ 
guay, (Sesión del 13 Agosto 1829). 



164 Estudios Constitucionales 

se de hecho por una usurpación tanto mas re- 
probable cuanto mas hipócrita? ¿Qué clase de re- 
ciprocidad seria esa, en que el hijo del país resul- 
tase siempre castigado, mientras el estrangero 
recibiese premio por lo que en aquel aparejaba 
penalidad? De seguro, que esta consideración 
sola, habría bastado para poner en guardia á los 
Constituyentes contra la comisión de semejante 
injusticia. Y además ¿cómo podia escaparse al 
criterio de hombres tan espertos, las desventajas 
de crear entidades mixtas, que teniendo el voto 
pasivo sin ser ciudadanos, tuvieran la escension 
de todas las cargas y la protección de una ban- 
dera estraña para librarse de los conflictos que 
ellos hubiesen ayudado á crear con su propa- 
ganda ? 

Esto, por lo que se refiere á las leyes. En cuan- 
to á lo que se deduce de las discusiones, no es 
menos evidente la prohibición hecha á los estran- 
geros de inmiscuirse en la polémica politica. El 
constituyente Ellauri, miembro informante déla 
Comisión encargada de presentar el Proyecto de 
Constitución, al hacerlo en la sesión de 6 de 
Mayo de 1829, dijo lo siguiente en uno de los 
pasajes de su hermoso y conocido discurso : 
« En cuanto á los derechos reservados á los ciur 
dadanos, ellos se ven diseminados en todo el 
proyecto. Entre otros muy apreciables, me fijaré 
solamente, para no ser tan difuso en el de la li- 
belad de Imprenta, esa salvaguardia, centinela y 
protectora de todas las otras libertades : esa ga- 
rantía, la mas firme contra los abusos del Poder, 
que pueden ser denunciados inmediatamente an- 



La Ciudadania Vruguaya 165 

te el tribunal imparcial de la opinión pública ; y 
en cuyo elójio dice un célebre publicista de núes* 
tros dias, que mientras un pueblo conserva in- 
tacta la libertad de la prensa no es posible redu- 
cirlo á la esclavitud : este insigne derecho, lo 
vemos con otros, consignado en nuestra Carta 
constitucional.» Aquí se vé claramente, que la 
prensa política fué creada para los ciudadanos, y 
el ejercicio esclusivo de ella, reservado por los 
Constituyentes á los ciudadanos mismos para 
actuar como censores de los actos de sus gober- 
nantes. 

Pero hay más aun. Discutiéndose el articulo 1 1 
de la Constitución que trata del modo de sus- 
pender la ciudadania, el señor Barreiro (D. Miguel) 
mocionó «para que la suspensión de la ciudada- 
nia por no saber leer y escribir el año de 1840, no 
comprendiese á los que actualmente son ciuda- 
danos.» Puesta en discusión, hizo su autor pre- 
sente « que cuando menos una cuarta parte de la 
población de campaña no sabia leer ni escribir, y 
que sinembargo, se habia sacrificado por su li- 
bertad, y por consecuencia, no podia después de 
esto, dejarse á estas gentes en la clase de esirange- 
rosj sin una notable injusticia (i).» Es decir, pues, 
que el constituyente Barreiro entendía que los es- 
trangeros no tienen derecho político alguno, y 
equiparaba la condición de ellos en el país, á la 
de los ciudadanos suspensos del ejercicio de la 
ciudadania. ¿Cómo recibió la Constituyente esta 



(i) I^sc, de la ConsL (Sesión 33 de Mayo.) 



1 66 Estudios Constitucionales 

declaración de uno de sus miembros mas cons- 
picuos? Pues ya se verá como la recibió. 

Agotado el debate, y dado el punto por suficien- 
temente discutido, se puso á votación y fué apro- 
bado, quedando libres de la suspensión de sus 
derechos políticos, los que no sabiendo leer y es- 
cribir eran ciudadanos yá, y hablan ayudado á 
conquistar la independencia con las armas. Que- 
dó asi mismo sancionado el argumento que el 
señor Barreiro habia hecho por analojia, compa- 
rando al ciudadano suspenso de sus derechos po- 
líticos con el estrangero que no tiene ningunos, 
sin que se levantara una sola voz para contrade- 
cir al orador. De lo cual se sigue una vez más é 
irreplicablemente, que los autores de la Constitu- 
ción no quisieron ni pensaron nunca en conceder 
á los estrangeros derechos políticos, y como entre 
esos derechos priva en primera línea el de la cen- 
sura hablada y escrita ó sea el voto pasivo, claro 
está, que nunca les pasó por las mientes conce- 
derlo á los estraños. 

Se ha querido contestar á estas razones, con la 
sanción de hechos pasados. Al efecto se han cita- 
do nombres propios, y se ha preguntado en se- 
guida á los sostenedores de la doctrina que aquí 
se desarrolla: «si en vida de los Constituyentes, y 
hasta nuestros dias redactaron diarios y escritos 
políticos algunos personajes estrangeros ¿ qué 
argumento mas sólido queréis de la falsedad de 
vuestra tesis?» Desde luego, respondemos ne- 
gando la veracidad del dato. Porque si hemos 
de reputar estrangeros al general Don Antonio 
Diaz que vivió un cuarto de siglo con la espada 



La Ciudadanía Vruguaya 167 

en la mano para ayudarnos á conquistar la inde- 
pendencia, y al general Don Melchor Pacheco que 
siguió nuestra suerte nacional desde la infancia, 
y al Dr. Don Florencio Várela asesinado en las 
calles de Montevideo por defender nuestra liber- 
tad, y al general Don León de Palleja, muerto 
gloriosamente en las trincheras del Boquerón ; 
entonces demos por derogado el articulo 8.° de la 
Constitución que hace ciudadanos legales á esos 
hombres ilustres. Ahora, si á la sombra de aque- 
llos proceres, se han introducido como distraí- 
dos en las filas de nuestro cuerpo electoral pelo- 
tones de aficionados de pluma, que encuentran 
apetitosa y productiva la tarea de criticarlo todo 
sin responsabilidad; esos tales usurpan un dere- 
cho, porque ejercen el voto pasivo careciendo de 
titulo para hacerlo. La condición de estrangero 
no escluye la adquisición de la ciudadanía y el 
goce de sus beneficios ; lo que escluye todos esos 
goces, es el no tener carta de ciudadano. 

Pueden los estrangeros publicar diarios y pe- 
riódicos, folletos y hojas sueltas sobre cuestiones 
de interés social, pero no tienen la libertad de 
ejercer la censura pública de los actos políticos 
del gobierno. Para alcanzar ese derecho, necesi- 
tan hacerse ciudadanos, es decir, ponerse en 
condición de soportar todas las cargas á cuyo 
precio se obtiene el doble voto activo y pasivo: 
pues ni se dá el uno sin el otro, ni hay quien esté 
autorizado para esquivar el contingente mayor á 
cambio de solazarse con el mas cómodo que es el 
de la crítica á mansalva. El espíritu critico, que 
como decia Guizot, es fatal al espíritu político. 



1 68 Estudios Constitucionales 



necesita estar limitado por responsabilidades 
muy serias para que se ejerza con la mayor suma 
de imparcialidad. 

En resumen, nuestra Constitución no se ha ce- 
rrado en el esclusivismo antiguo que dividía la 
sociedad en nacionales y estrangeros, sino que la 
ha dividido en ciudadanos y habitantes. La pala- 
bra estrangero en su acepción desvalida, no tiene 
para los uruguayos significación alguna. Son ciu- 
dadanos todos los que nacen en el país, y todos 
los que nacidos fuera de él quieran incorporársele 
en el carácter de tales. Los demás, aquellos que 
prefieran conservar su primitiva nacionalidad y 
sus fueros, esos son habitantes y no tienen prero- 
gativa política alguna. 

Restablecida así la intelijéncia de las prescrip- 
ciones constitucionales respecto á la ciudadanía 
y sus goces, corresponde señalar un vacio que al- 
gunos atribuyen á omisión y otros á negativa es- 
presa. Nos referimos al derecho de reunión, no 
consignado taxativamente en ninguna parte del 
Código fundamental, aunque derivado por nece- 
sidad de la naturaleza misma de las libertades 
que él sanciona. En efecto, no se concibe que los 
ciudadanos puedan ejercer el doble voto activo y 
pasivo, sin que previamente se reúnan á deliberar. 
Es elemental que toda confección de candidatu- 
ras para los cargos populares, requiere un acuer- 
do anterior y supone una uniformidad de vistas 
subsiguiente. Del mismo modo, la disciplina de 
la censura hablada y escrita, pide el acuerdo pre- 
vio de las agrupaciones que han de estimularla, 
según sean los propósitos con que persigan ese 



La Ciudadanía Vruguaya 169 

fin. Si los ciudadanos no pudieran reunirse li- 
bremente para organizar clubs políticos y hacer 
manifestaciones cívicas, resultaría derrumbado 
todo el mecanismo á que está sujeto el ejercicio 
de la soberanía : porque eliminado el derecho de 
reunión, queda eliminado el ejercicio tranquilo 
de todo derecho. 

Los tratadistas yankees, cuyos trabajos analíti- 
cos son proporcionados á la sobriedad, aveces os- 
cura, de las leyes fundamentales de su país, fue- 
ron siempre maestros en el arte de combinar por 
derivación, las deficiencias de la ley escrita con 
las implicancias de su espíritu, á fin de garantir 
por ese medio el desarrollo de la libertad. De ahí 
que ellos dividan los derechos de sus conacio- 
nales en «enumerados» é «implícitos»; aquellos, 
por estar consignados claramente en la ley, y 
estos por derivarse de las necesidades de su apli- 
cación. Arrimándonos á esa doctrina tan justa, 
podemos decir nosotros sin temor de caer en 
£alta, que el derecho de reunión es un derecho 
implícito de los ciudadanos uruguayos, porque 
se deriva forzosamente de las prerogativas de la 
ciudadanía y se impone para el cumplimiento de 
su ejercicio. Asi pues, cuando los directorios de 
los clubs políticos en este país, piden permiso á 
la policía para reunirse, no saben lo que hacen. 
En hora buena y en precaución de desórdenes 
posibles, den cuenta de haber resuelto reunirse, 
pero pedir el permiso para hacerlo, es abdicar de 
un derecho fundamental que nadie puede arre- 
batarles. 

Detengámonos aquí, para recapitular cuanto 



1 70 Estudios Consiiiucionaks 

llevamos dicho hasta ahora sobre la ciudadanía y 
su significación política, pues como quiera que 
debemos pasar á un orden mas general de consi- 
deraciones, conviene dejar bien sentadas las pre- 
misas en que ha de basarse nuestra argumenta- 
ción posterior. Creemos haber dejado fuera de 
discusión, que los derechos políticos, propiamen- 
te tales, son de atribución esclusiva del ciuda- 
dano en este país. Creemos haber puesto en claro 
también, que la división de la sociedad política 
en ciudadanos y habitantes, no es una suposi- 
ción caprichosa, sino un precepto constitucional. 
Sobre estas dos premisas puede concluirse, que 
el ciudadano uruguayo goza de una doble per- 
sonería, como entidad política y como hombre, 
correspondiendole el voto activo y pasivo para el 
trato de los negocios públicos, y las prerogativas 
del derecho común para el orden regular de la vi- 
da civil. La diferencia entre el ciudadano y el ha- 
bitante consiste pues, en que solo aquel disfruta 
de los derechos políticos, mientras que ambos 
participan de los beneficios del derecho común. 
Eliminada toda confusión en esta materia, co- 
rresponde abordar ahora el estudio délas relacio- 
nes entre el ciudadano y el Estado, pues ellas com- 
plementan la idea que pueda formarse de nuestro 
mecanismo institucional. Hasta el presente, he- 
mos disertado sobre el ciudadano en su condición 
aislada, levantando su derecho dentro de la esfera 
personal que le comprende como individuo polí- 
tico; pero esclarecido este detalle importante, 
vamos á entrar en un estudio de conjunto sobre 
todos esos derechos personales reunidos, que nos 



La Ciudadanía Vruguaya 171 

UcTará á formar el concepto verdadero de la so- 
ciedad política. Porque no pudiéndose concebir 
idea cabal del alcance de ningún derecho positivo 
sin conocer los deberes que lo limitan, es eviden- 
te que para saber si los derechos sancionados por 
la Constitución son ejercitables ó ilusorios, nece- 
sitamos averiguar qué clase de deberes impone 
ella á los que inviste con la facultad de salvaguar- 
darlos, y que clase de penalidad estatuye para 
reprimir con eficacia los abusos. Esta faz de 
la cuestión, comprende por entero las bases de la 
organización política, porque descubre el enca- 
rrilamiento que se ha dado á las dos grandes 
fuerzas, espansiva y represiva que mantienen la 
vida de la sociedad. 

De manera pues, que habiendo examinado el 
derecho personal que asiste á cada uno de los 
ciudadanos para actuar en el orden político, estu- 
diaremos ahora cual es el resultado práctico del 
ejercicio de todos esos derechos en conjunto. 
Hemos de ver si la combinación de la libertad con 
la autoridad, está prevista de tal modo en nues- 
tras instituciones, que aquella tenga la plenitud 
debida y ésta goce de la fuerza necesaria. O en 
otras palabras, averiguaremos por el análisis de 
los preceptos constitucionales, si los derechos 
consagrados por la Constitución fueron acompa- 
ñados de una equivalencia de medios positivos 
para establecer el imperio de la libertad dentro 
del orden, haciendo libre al ciudadano y respe- 
table al gobierno. 

Los Constituyentes rodearon de garantías al 
ciudadano, en el caso de suponerle culpabilidad 



172 Estudios Constitucionales 



de haber violado la ley, cometiendo bajo serias 
responsabilidades al Poder judicial el encargo 
de defenderle hasta que esa culpabilidad estu- 
viera evidenciada. El procedimiento acusatorio, 
la intervención del jurado, la independencia del 
defensor, la precisión de los trámites, todo esto 
no significa mas que apretar la venda en los ojos 
de la Justicia, preparando cosas tangibles para 
que ella falle por el tacto, es decir, por las prue- 
bas : y no por los ojos, es decir, por la sospecha, 
la pasión ó el interés estraviado. El carácter dis- 
tintivo de toda justicia verdadera, es la imparcia- 
lidad. El juez, representante de la ley ; la ley, re- 
medo de la Omnipotencia divina: he aquí los dos 
elementos, el uno físico y el otro moral, que de- 
terminan el carácter de la justicia. De otra mane- 
ra, en vez de un juez y un acusado, no hay mas 
que un verdugo y una víctima. 

Asegurada en esta parte la libertad individual, 
pasaron á hacerla efectiva en las demás relaciones 
del individuo con el Poder publico. Dijeron ellos: 
«La casa del ciudadano es un sagrado inviolable. 
De noche, nadie podrá entrar en ella sin su con- 
sentimiento ; y de dia, solo de orden espresa de 
juez competente, por escrito, y en los casos de- 
terminados por ley (135). Los papeles particula- 
res de los ciudadanos, lo mismo que sus corres- 
pondencias epistolares, son inviolables, y nunca 
podrá hacerse su rejistro, examen ó intercep- 
tación, fuera de aquellos casos en que la ley es- 
presamente lo prescriba (140). Ningún ciudadano 
puede ser preso sino infraganti delito ó habiendo 
semi-plena prueba de el, y por orden escrita de 



i 



La Ciudadania Vruguaya 173 

juez competente (113). Todos los jueces son res- 
ponsables ante la ley de la mas pequeña agresión 
contra los derechos de los ciudadanos, asi como 
por separarse del orden de proceder que ellas es- 
tablezcan (116). Todo ciudadano tiene el derecho 
de petición para ante todas, y cualesquiera auto- 
ridades del Estado (142). La seguridad individual 
no podrá suspenderse, sino con anuencia de la 
Asamblea general, ó de la Comisión permanente, 
estando aquella en receso y en el caso estraordi- 
nárío de traición ó conspiración contra la Patria ; 
y entonces, solo será para la aprehensión de los 
delincuentes (143).» 

A primera vista podría creerse que algunas de 
estas prescripciones no tienen carácter político, y 
que por lo tanto es aventurado sacarlas del fuero 
común para darles una aplicación especial ; pero 
está lejos de ser así. Cuando la Constitución ha- 
bla de la inviolabilidad de la casa del ciudadano, 
sus papeles particulares y su correspondencia 
epistolar, asi como de la aprehensión y enjuicia- 
miento de su persona, no se refiere al allanamien- 
to ordinario de domicilio por orden de juez com- 
petente, que está previsto y mandado con esclu- 
sion de todo otro, en la ley ; ni concede la apre- 
hensión arbitraria de los que no son ciudadanos, 
ni tampoco permite el secuestro y apertura de 
cartas que está prohibido efectuar. Asi mismo, 
cuando habla del derecho de petición ante las au- 
toridades, no se refiere á los pedimentos por am- 
paro de justicia y otros cualesquiera que á todo 
habitante del país pueda ocurrírsele hacer. Lo 
que la Constitución establece en las disposiciones 



i 



174 Estudios Constitucionales 

citadas, es la sanción de la personalidad política 
del ciudadano hasta en sus menores detalles. 
De tener otro sentido, serian una demasía ó una 
redundancia semejantes preceptos. 

Bien que las repeticiones sean enojosas, suelen 
ser en ciertos casos necesarias. Permítasenos 
entonces que repitamos aquí, diciendo : dos per- 
sonalidades hay en el ciudadano uruguayo; la 
personalidad política que le dá derecho á actuar 
en los negocios públicos, y la personalidad civil 
que le somete al derecho común. Como que cada 
una de ellas tiene representación especial, justo 
es que cada una tenga también especiales fueros. 
Los derechos y deberes anexos á la personalidad 
política, constituyen un conjunto aparte en las 
incumbencias de la vida social, y hasta tienen una 
jurisdicción propia. No se juzga ni se prueba del 
mismo modo, un delito político que un delito co- 
mún; tampoco se imputa ni se castiga de igual 
manera la culpabilidad resultante de uno y de 
otro. Y pues son tan distintos en el orden de la fi- 
liación y en el aparejamiento de la pena, es im- 
prescindible que caigan bajo una regla de criterio 
legal diferente á los demás. La sanción de esta 
doctrina la encontraremos muy luego al tratar 
del derecho común, tal cual nuestra Constitución 
lo establece. Por el momento no nos corresponde 
más que hacer notar la insistencia con que los 
Constituyentes acentuaron en todo lugar donde 
fué necesario, la doble representación política y 
civil del ciudadano. 

Hablemos ahora del artículo 143, cuya inteli- 
jéncia resulta demasiado lata para que no sea un 



La Ciudadania Vruguaya 175 

inconveniente á la marcha de cualquier gobierno 
regular. Es entendido que toda lejislacion debe 
partir del concepto, que entre los hombres hay 
quienes son buenos y quienes son de índole per- 
versa. Lejislar para un pueblo, no es lejislar para 
una cohorte de ángeles, sino para una multitud 
llena de pasiones, de intereses encontrados y de 
aspiraciones diversas. Las leyes pues, necesitan 
dar al gobierno una provisión arreglada de po- 
der, que le habilite para hacer frente á todas las 
emergencias asi en la buena como en la mala for- 
tuna. De otra manera, las instituciones que no 
atiendan á subsanar este vacio, se inhabilitan de 
antemano para cualquier momento estraordiná- 
rio en que los sucesos las pongan á prueba. 

Hubo error, en nuestro sentir, por parte de los 
Constituyentes, al preceptuar que la seguridad 
individual solo podria suspenderse en el caso es- 
traordinário de traición ó conspiración contra la Pa- 
tria^ y esto, previa anuencia de la Asamblea gene- 
ral ó de la Comisión permanente. La traición á la 
Patria es uno de aquellos casos muy escepciona- 
les en la vida de los partidos, y son contados los 
que tienden á ese obgeto. En cambio, es frecuen- 
te que se conspire contra los gobiernos, sin mas 
deseos que el de sustituirlos en el mando, y sin 
que nadie piense por ello entregar el país al es- 
trangero. Se sigue de aquí pues, que en el caso 
de presenciar un gobierno constitucional la cons- 
piración abierta contra su autoridad, no tiene por 
la Constitución medios adecuados para repri- 
mirla. Esta posición desvalida de la autoridad 
legal contra las facciones, la coloca en dos casos 



176 Estudios Constitucionales 

igualmente funestos : 6 violar la ley para defen- 
derse, ó cumplir la ley dejándose derrocar. Am- 
bos estremos de suyo perniciosos llevan el go- 
bierno legal al descrédito, porque ó lo hacen 
trasgresor de la ley en que debe apoyarse, ó abren 
con la ley el abismo á sus plantas. En cualquiera 
délos dos casos, la ley queda herida de impo- 
tencia. 

Parece que los Constituyentes debieron haber 
previsto la emergencia, no solo de conspiración 
contra la Patria, sino también la de conspiración 
contra los gobiernos legales. La esperiéncia ha 
demostrado en los pueblos bien rejidos por el 
sistema republicano, que debe ponerse á dispo- 
sición del Poder cierta cantidad de facultades es- 
traordin arias para los momentos de prueba. La 
Constitución de los Estados-Unidos prescribe, 
que « el priviléjio del auto de hateas corpus no se- 
rá suspendido, á menos que la seguridad pública 
lo requiera en casos de rebelión ó invasión.» En 
aquel pais esencialmente libre, el gobierno pide 
y obtiene del Congreso el estado de sitio cuando la 
amenaza de una rebelión ó la posibilidad de una 
invasión son evidentes; y á mas del precepto 
constitucional, existe en pleno vigor una ley que 
declara conspiración punible , toda propaganda 
verbal ó escrita contra la existencia legal de los 
poderes públicos. Nuestra Constitución debió 
muñir á la autoridad de iguales medios represi- 
vos, para salvar incólume el gobierno de la ley 
en cualquiera de esas emergencias que son co- 
munes en la vida de los pueblos. No lo hizo asi, 
tal vez por un escesivo respeto á la libertad indi- 



La Ciudadania Vruguaya Z77 

vidual, ó por una confianza escesiva en la virtud 
de las instituciones abandonadas al acaso : hemos 
pagado cara esa confianza. 

Todo gobierno, sea de la clase que fuere, nece- 
sita poder para ejercitar su acción y sostenerse 
en el mando. El gobierno republicano no se di- 
ferencia de los otros en esto, porque también es 
tm gobierno, y está sujeto alas mismas condicio- 
nes de los demás en cuanto á sostenimiento y es- 
pansion. Negarle los medios de conservarse, es 
herirle de muerte sin resultado benéfico para la 
sociedad. No debe creerse que las instituciones 
tengan xm poder virtual, que subsane las fallas 
<le que ellas mismas adolecen : todo lo contrario 
de esto, cuando las instituciones son defectuosas, 
sobre ellas cae el peso de sus vicios. 

Nuestros Constituyentes aseguraron con mu^ 
cha precisión — ^y este es uno de sus timbres mas 
gloriosos — la libertad individual de cada hombre; 
pero llevados de su celo patriótico y humanitario, 
olvidaron colocarse en el caso en que ensorde- 
ciendo los partidos á la voz del deber, hicieran 
un ejercicio abusivo de los derechas individuales, 
para poner en peligro la seguridad común. Apli- 
cando sus ideas propias á la generalidad, pensa- 
ron que nadie atentaría jamás contra el reinado 
de las instituciones, porque daban por entendido 
que las parcialidades políticas reconocerían como 
limite de sus esfuerzos el campo neutral de la le- 
galidad, acatada y conservada por todos. Fué este 
un error, que el tiempo ha demostrado con seve- 
ra elocuencia. En política no se debe pensar que 
los hombres no harán una cosa que pueden hacer, 



la 



lyS Estudios Constitucionaks 

ni que los partidos se pondrán á si mismos y sin 
necesidad un freno que coarte su acción, suici- 
dándose voluntariamente. Es á las instituciones 
á quienes incumbe trazar de antemano la marcha 
de los hombres y de los partidos, haciendo fuerte 
ó débil el gobierno. 

Entendemos por gobierno fuerte, aquel que 
apoyado en la ley, puede conceder todas las ga- 
rantías que el ejercicio tranquilo del derecho re- 
quiere para cada ciudadano, rechazar las influen- 
cias subversivas, aplastar las rebeliones, y entre- 
gar á su sucesor el mando en condiciones legales. 
Desde luego, el gobierno que no puede proceder 
así, ni es fuerte, ni es gobierno siquiera. Es indis- 
pensable por lo tanto, que el gobierno pueda 
mandar; y esto de mandar implica cumplir la ley 
á despecho de las facciones, á despecho de la 
grita y el clamoreo de los intereses bastardos 
que suelen afectar las formas del patriotismo. 
Claro es que bajo un gobierno de este género, 
los partidos echan con anticipación sus cálculos, 
y miden las probabilidades de triunfo que una 
asonada les daría. La prudencia toma cartas en el 
asunto, y evidenciada la fuerza de las institucio- 
nes, cada uno se convence de la necesidad de aca- 
tar el gobierno legal. Este convencimiento en- 
gendra la costumbre , después la costumbre 
forma tradición, y por último lo que se aceptó 
como un mal necesario, viene á trasformarse en fé 
política. 

Nuestros Constituyentes debieron calcular que 
en el desarrollo natural de los acontecimientos, 
podían nacer partidos, que como ya se ha dicho, 



La Ciudadanía Vruguaya 179 

no hiciesen igual gala que ellos del respeto á las 
instituciones. Para estos casos era necesario ha- 
bilitar al gobierno con una fuerte provisión de 
poder organizado, á fin de hacer frente á las cir- 
cunstancias. La ventaja del ejercicio de ese poder 
estraordinário dentro de los límites legales, es 
precisamente lo que constituye su eficacia. Así, el 
artículo 143 de la Constitución que solo atiende á 
castigar el crimen de traición á la Patria, debió 
haber atendido igualmente á castigar el de cons- 
piración contra el gobierno legal, dándole medios 
represivos para defenderse. Es llano que todo 
medio de este género, tira á atacar la seguridad 
individual, pero ¿quién no sabe que las facciones 
cuya seguridad se garante, ponen en peligro la de 
todos? Entre dos males necesarios, siempre de- 
be elejirse el menor de ellos. 

Para el ciudadano que vive bajo el imperio de 
las instituciones libres, dos son los casos en que 
puede encontrarse : cumpliendo la ley ó violán- 
dola. En el primer caso, tiene derecho á toda la 
protección legal : la sociedad está de su parte, el 
poder le defiende. En el segundo caso, se enajena 
la protecion de una ley que ha violado y que por 
lo mismo desdeña: se subleva contra la sociedad, 
lucha contra el poder. Si este hombre pues, tie- 
ne todas las inmunidades deseables cuando se 
somete al réjimen que la mayoría acepta ¿porqué 
no ha de llevar el castigo adecuado, cuando per- 
turba la paz y el bienestar de esa mayoría ? Apli- 
qúese este razonamiento á los partidos políticos, 
y severa cómo están ellos en la misma condición 
de los individuos particulares. Por otra parte, es 



i8o Estudios Constitucionales 

hasta pueril consigoar que la seguridad iofdi'vi- 
dual no puede suspenderse en los casos de rebe* 
lion contra el gobierno, puesto que antes que el 
gobierno la suspenda, está ella suspendida por la 
rebelión misma. 

De lo dicho puede concluirse^ que ios Constitur 
yentes establecieron sobre bases amplísimas el 
derecho político de los ciudadanos^ pero no fue- 
ron bastante previsores para obligarles al cum- 
piimiento del deber. Si el ciudadano ha de ser 
respetado en el ejercicio de sus libertades, la au- 
toridad ha de serlo también en el cumplimieato 
de sus deberes. ¡Oh, que triste espectáculo dan 
esos gobiernos de autoridad negativa, que solo 
tienen elementos para el mal, pues jamás pueden 
proceder con energía contra los abusos, necesi- 
tando apelar á la corrupción pau-a precaverse de 
conspiraciones ! En nuestro pais, el ciudadano 
tiene todas las libertades : libertad de imprenta, 
libertad de reunión, libertad de comicios, y el día 
que abusa de la prensa promoviendo la rebelión 
armada, ó corrompe la urna falsificando el voto 
de la mayoría para imponer una autoridad frau- 
dulenta, el gobierno carece de los medios repre- 
sÍTOs para castigar eficazmente tamaños aten- 
tados. 

Conocidos los fundamentos en que reposa cl 
derecho político uruguayo, veamos en que for- 
ma impera el derecho común. Aunque sea re- 
dundante decirlo, las prescripciones de este últi- 
mo, son una conquista social, porque benefician 
á todos los habitantes del Estado, nacionales ó 
estrangeros, pobres ó ricos, buenos ó malos. 



La Crudadania Vruguaya i8i 

Nuestro derecho comun^ es decir, el derecho 
que proteje á todos, reposa en las siguientes pres^ 
cripciones constitucionales : « Los habitantes del 
Estado, tienen derecho á ser protejidos en el 
goce de su vida, honor, libertad, seguridad y 
propiedad. Nadk puede ser privado de estos de- 
rechos sino conforme á las leyes (Art. 130). Las 
acciones privadas de los hombres que de ningún 
modo atacan el orden público ni perjudican á un 
tercero, están solo reservadas á Dios, y escentas 
de la autoridad de los majistrados. Ningún habir 
temie del Estado será obligado á hacer lo que no 
nxanida la ley, ni privado de lo que ella no prohi- 
be (135). Ninguno puede ser penado ni confinado 
sio forma de proceso ni sentencia legal (136). 
El Presidente de la República no podrá privar 
á individuo alguno de su libertad personal, y, en 
caso de exijirlo asi urgentlsimamente el interés 
público, se limitará al simple arresto de la per- 
sona, con obligación de ponerla en el perentorio 
término de veinticuatro horas á disposición de 
su juez competente (83). El derecho de propie- 
dad es sagrado é inviolable ; á nadie podrá pri- 
varse de ella sino conforme á la ley. En el caso de 
necesitar la Nación la propiedad particular de a/- 
gun individuo para destinarla á usos públicos ; 
recibirá éste del tesoro nacional una justa com- 
pensación (144). Nadie será obligado á prestar 
ausilios, sean de la clase que fueren, para los ejér* 
dtos, ni á franquear su casa para alojamiento de 
militares, sino de orden del majistrado civil se- 
gún la ley, y recibirá de la República la indemni- 
zadon del perjuicio que en tales casos se le in-^ 



1 82 Estudios Constitucionales 

fiera (14S). Todo habitante del Estado puede de- 
dicarse al trabajo, cultivo, industria ó comercio 
que le acomode, como no se oponga al bien pu- 
blico, ó al de los ciudadanos (146). Es libre la en- 
trada de todo individuo en el territorio de la Re- 
pública, su permanencia en él y su salida con sus 
propiedades, observando las leyes de policía, y 
salvo perjuicio de tercero (147).» 

Hemos subrayado espresamente la calificación 
nominativa con que la Constitución señala en 
cada caso á los usufructuantes de los derechos 
arriba sancionados, para demostrar á la eviden- 
cia cómo distingue ella entre el ciudadano y el ha- 
bitante, doquiera se ocupe de uno ó de otro. En 
toda la articulación que acabamos de trascribir, 
la referencia se hace invariablemente al habitante^ 
al individuo ó al hombre, es decir, á todos; y cuan- 
do generaliza, confirma de un modo perentorio 
esa intención usando las palabras nadie ó ninguno. 
Del mismo modo, cuando anteriormente se ha 
referido á los derechos, prerogativas é inmunida- 
des políticas, usa siempre la palabra ciudadano. 

En dos ocasiones solamente, refiriéndose al 
ciudadano, ha dejado de nombrarlo : en el caso 
de la suspensión de la seguridad individual, pre- 
vista en el articulo 143, y en el caso de la declara- 
ción de la libertad de imprenta establecida en el 
artículo 141. Pero en la primera escepcion, no ha- 
bla para qué calificar personas,desde que se deter- 
mina el delito y se ordena la aprehensión de los 
delincuentes cualesquiera que ellos sean ; y en la 
segunda, tampoco habia tal necesidad, supuesta 
la sanción penal contra los abusos cuyo castigo 



La Ciudadanía Vruguaya 183 

se remite á la ley. Ciudadano ó habitante, el indi- 
ciado de traición ó conspiración contra la Patria, 
está suspenso de su seguridad individual. Habi- 
tante ó ciudadano, el culpable por abusos de im- 
prenta, cae también bajo el rigor de castigos que 
tienen una gradación proporcionada á la grave- 
dad de la falta : desde aquella que empieza por la 
usurpación del voto pasivo, escribiendo los es- 
trangeros sobre política militante, hasta aquella 
que el ciudadano comete con relación á los pode- 
res públicos ó á cualquiera de sus compatriotas. 

Pero volviendo á nuestro punto de partida so- 
bre el alcance del derecho común uruguayo, ¿es 
cierto ó nó que sus prescripciones son bastante 
latas para garantir la vida, el honor, la propiedad, 
la seguridad, y en suma, la libertad civil de todos? 
Nosotros creemos que lo son. Y sobre esta creen- 
cia, confirmada por el análisis de las disposicio- 
nes trascritas, ratificamos nuestro anterior pos- 
tulado de que los preceptos contenidos en los ar- 
tículos 113, 116, 13$, 140 y 142, con referirse es- 
clusivamente á los ciudadanos, no merman ni 
dañan los derechos del fuero común, concedidos 
á todos los hombres en el territorio nacional. 
Prosigamos. 

Siendo nuestras instituciones creadas para fun- 
dar una República democrática representativa, 
era urgente que la igualdad ante la ley y la au- 
sencia de gerarquias aristocráticas, se hiciesen 
efectivas. Por eso es que la Constitución lo pre- 
ceptúa bien claramente en los artículos que van 
á leerse : « En el territorio del Estado, nadie 



184 Estudios Constitucionales 



nacerá ya esclavo; queda prohibido para siempre 
su tráfico é introducción en la República (131). 
Los hombres son iguales ante la ley, sea pre* 
ceptiva, penal ó tuitiva ; no reconociéndose otra 
distinción entre ellos sino la de los talentos, 6 
las virtudes (132). Se prohibe la fundación de 
mayorazgos, y toda clase de vinculaciones; y 
ninguna autoridad de la República podrá con- 
ceder título alguno de nobleza, honores ó distin- 
ciones hereditarias (133).» Desde luego, impor- 
tan estas prescripciones la sanción de la igual* 
dad en cuanto es ella practicable. Apesar de las 
desigualdades que el nacimiento, la educación 
y las riquezas puedan introducir é introduzcan 
en la sociedad, todos los hombres son iguales 
ante la ley, es decir, todos los habitantes del Es^ 
tado son hombres ante el derecho. 

No cuadraba empero, á la majestad de estas 
disposiciones que fijaban sobre tan anchas basea 
el derecho común, la negativa de alguna pro- 
tección á aquellos que incursos en las penas 
señaladas por la ley, debieran soportarlas en cas- 
tigo de sus faltas. Los Constituyentes no los ol- 
vidaron, escribiendo para ellos estos preceptos; 
« En ningún caso se permitirá que las cárceles 
sirvan para mortificar, y si solo para asegurar á 
los acusados (Art. 138). En cualquier estado de 
una causa criminal de que no haya de resultar 
pena corporal, se pondrá al acusado en libertad, 
dando fianza según ley (Art. 139).» Aquí se de- 
muestra lo que debe ser la justicia en el mecanis^ 
mo del gobierno libre. La ley castiga las culpas» 



La Ciudadania Vrugttaya 185 



pero evita el vejamen del culpable siempre cgat 
puede, para no caer en el achaque de inflijirle 
dos penas para un delito solo. Y sobre todas las 
cosas, ella quiere huir del tenebroso sistema de 
las mortificaciones inútiles, que no son mas que 
un ensañamiento cobarde contra el acusado, al 
cual se le trasforma de culpable en victima 
inerme. 

Séanos permitido dar punto en este lugar á 
nuestro trabajo, desde que hemos completado la 
esposicion y comentario de todos los preceptos 
constitucionales que se refieren á la ciudadania. 
Nos parece haber dejado en claro lo mas impor- 
tante sobre el tópico, á saber : la distinción entre 
ciudadano y habitante, y el deslinde de los dere- 
chos que á cada uno corresponden según esa 
distinción misma. Una vez planteada la cuestión 
en tales términos, es imposible encontrar base 
para una mala interpretación constitucional. 

La doctrina, sinembargo, ha de tenerse por 
nueva entre muchos, sea porque dañe sus intere- 
ses personales, sea porque choque contra preocu- 
paciones recibidas ; pero nosotros no escribimos 
para contentar á todo el mundo, ni llevamos una 
mira preconcebida al entrar en esta serie de es- 
tudios. Buscando la verdad de buena fé, la mani- 
festamos según penetra en nuestra intelijéncia y 
se desliza de los puntos de la pluma. El incon- 
veniente de desagradar no puede arredrarnos, 
cuando ya sabemos por esperiéncia que las ver- 
dades dichas con claridad ofenden á la mayoría, 
y en seguida se resuelven en un semillero de 



i86 



Estudios Constitucionales 



malquerencias contra el imprudente que se ha 
atrevido á enunciarlas. El justo-médio de Larra, 
seria la delicia de este mundo, si pudiese conci- 
llarse con la conciencia . 




EL PATRONATO 



naan ntes de dar por concluido su trabajo de 
HnffiSlejislacioD fundamental, quisieron los 
g íSa q Constituyentes dirijirse al pueblo espli- 
hSRh cando las causas que motivaban la san- 
ción de nuestro Código político. Cometieron por 
lo tanto á la docta pluma del señor Zudañez, el 
encargo de trazar un proyecto de maniñesto á la 
Nación, que pusiese en claro los inconyeoieDtes 
vencidos, y las esperanzas que se abrigaban en el 
vigor que el nuevo sistema de gobierno debía 
comunicar á todas las fuerzas sociales y políticas 
del país. Presentado el proyecto á la considera- 
ción de la Asamblea, fué discutido y aceptado 
coa escasas modifícaciones ; después de lo cual 



1 88 Estudios ConstittÁcionales 

fírmárofile todos los diputados, y se distiibisfó 
al público ea et doble concepto de co^eQtáño 
constitucional, y de afectuosa despedida de lois 
representantes á los pueblos que les elijíeran. 

Ese documento» notable por la eleracion de 
sus conceptos, la nobleza de su estilo y el pro- 
fundo conocimiento de las ventajas y dificulta- 
des del gobierno institucional, merece una men- 
ción señalada, para ser obgeto de estudio perma- 
nente por parte de aquellos que deseen nutrirse 
en las doctrinas del gobierno libre, y aprender á 
salvar los escollos que la mala fortuna suele depa- 
rarle. Además, el tono paternal en que está re- 
dactado, la exactitud maravillosa con que pene- 
tra en los arcanos del porvenir, y la precisión con 
que indica los peligros que el tiempo habia de 
oponernos, hacen de él, más que una profesión 
de fé política, una enseñanza amistosa de los pa- 
dres á los hijos, una indicación meditada á la 
inesperiencia juvenil, siempre dispuesta á dejar- 
se engañar por su propio ardor. 

Comienza el Manifiesto haciendo rápida men- 
ción de los sucesos que prepararon nuestra inde- 
pendencia, en la lucha armada de veinte años 
apenas interrumpidos por periodos de incerti- 
dumbre ó por desastres que en vez de abatir el 
ánimo de la Nación, lo levantaron templándolo 
en el heroísmo. Recuerda la guerra contra Es- 
paña, las complicaciones surgidas de la misma 
victoria, nuestra caida, el alzamiento posterior 
contra Portugal, y el triunfo definitivo. Evoca la 
rememoración de los sacrificios comunes , el 
abandono de los bienes y de las familias en ho* 



El T^atrormto 189 



jocausto de la patria, la constancia en el infor-* 
tünio, el amor sincero á la independencia nacio- 
nal, y todas las dotes que una larga contienda 
dio ocasión de poner en relieve al pueblo uru- 
guayo. Y después de enorgullecerse á ju$to títu- 
lo de tan preciadas virtudes, entra eací el^ terreno 
de ios consejos, para hacer evidente la necesidad 
de no malograr los sacrificios llevados á cabo por 
tí patriotismo y coronados por Ja victoria. 

«Nuestro país— dice—^^areciendo por su despo- 
blación de los elementos que tienen en si las na- 
riones del viejo mundo, llenará tal vez con difi- 
cultad las necesidades que demandan los diver- 
sos ramos de la administración interior ; pero, 
presoQitando también menos obstáculos al réji- 
mea constitucional, llegará á la prosperidad y 
grandeza en que hoy se encuentran otras, que 
poco há eran iguales á nosotros, si como ellas so- 
mos ríjidos observadores de los principios que 
proclamamos^ La igualdad ante la ley, la libertad 
que no se opone á esta, y la seguridad de las per- 
sonas y propiedades, son las bases de donde 
arranca la felicidad de los ciudadanos, y el en- 
grandecimiento de las naciones. Vuestros repre- 
sentantes, condiiando estos principios con el res- 
peto debido á la Santa Relijion de nuestros padres^ 
los han consignado en el Código fundamental, y 
las Lejislaturas siguientes los desenvolverán por 
i^es análogas y bastantes i conservarlos. La forma 
de Gobierno Republicano Representativo que ha 
sido sancionada, no solo es conforme al espíritu 
público del país, á los principios proclamados 
<lesde la revolución de América, y á los deseos de 



IQO Estudios Constitucionales 

casi todos sus habitantes, sino también el más 
propio para alcanzar esa libertad que tanta san- 
gre y tantos sacrificios cuesta á los orientales.» 

Ahora bien : ¿ en qué forma habia conciliado la 
Constitución los principios del gobierno libre, 
con el respeto debido «ala Santa Relijion de nues- 
tros padres ; » y con qué medios habia provisto á 
las Lejislaturas siguientes, no solamente para 
hacer efectiva esa combinación, sino para «desen- 
volver por leyes análogas y bastantes » el progre- 
so de esos principios ? Ocurramos á la Constitu- 
ción misma, que es quien puede darnos la clave 
del asunto. 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, re- 
posan sobre los siguientes preceptos constitucio- 
nales : « La Relijion del Estado es la Católica Apos- 
tólica Romana (Art. j.*») . No pueden ser electos 
Representantes ni Senadores, los individuos del 
clero regular y los del secular que gozasen renta 
con dependencia del gobierno ( Arts. 25 y 31 ). El 
Presidente de la República, antes de entrar á des- 
empeñar el cargo, prestará en manos del Pre- 
sidente del Senado y á presencia de las dos Cá- 
maras reunidas, el siguiente juramento: Yo (N) 
juro por Dios N. S. y estos Santos Evangelios, 
que desempeñaré debidamente el cargo de Presi- 
dente, que se me confia : que profiere la Relijion 
del Estado, conservaré la integridad é indepen- 
dencia de la República, observaré y haré observar 
fielmente la Constitución (Art. 76). Al Presidente 
de la República compete también, iniciar con co- 
nocimiento del Senado y concluir concordatos con 
la Silla Apostólica, necesitando para ratificarlos 



J 



El Patronato 191 



la aprobación de la Asamblea general ; ejercer el 
patronato, y retener ó conceder pase á las Bulas 
Pontificias conforme á las leyes ( Art. 81). A la Alta 
Corte de Justicia corresponde, decidir los recur- 
sos de fuerza y abrir dictamen al Poder ejecutivo 
sobre la admisión, ó retención de bulas, y breves 
pontificios (Art. 97 y 98.)» 

Asi pues, por el artículo «j.^ de la Constitución 
se declara la Relijion Católica, relijion del Esta- 
do; por los artículos 25 y 31 se sanciona la exis- 
tencia del clero secular y las órdenes relijiosas, 
negando condicionalmente á los individuos del 
primero y en absoluto á los de las últimas, repre- 
sentación en el Cuerpo Lejislativo ; por el artícu- 
lo 76 se obliga al Presidente de la República, con 
juramento, á protejer la Relijion Católica, y hacer 
observar igual precepto á las autoridades de su 
dependencia, observando y haciendo observar fiel- 
mente la Constitución ; y por los artículos 81, 97 
y 98, se reconoce la autoridad Pontificia y se de- 
ternndnan los medios que han de servir de norma 
oficial para el trato de las incumbencias que caen 
bajo su jurisdicción indisputable. De manera 
pues, que el Patronato, constitucionalmente en- 
tendido y aplicado, es el ejercicio de una autori- 
dad protectora y no invasora de los derechos de 
la Iglesia nacioual, desde que, subviniendo á las 
necesidades del culto, acata y respeta la indepen- 
dencia entre la potestad relijiosa y la civil. 

Que el espíritu dominante en las disposiciones 
citadas, filé ese y no otro, lo demuestran los de- 
bates de los Constituyentes, y sus leyes posterio- 
res al respecto. Para dejar fiíera de discusión toda 



192 Estudios Constitucionales 

duda en lo que afirmamos, bastará trascribir lo 
que se dijo en aquella Asamblea memorable,^ tra- 
tando del actual articulo 81 de la Constitución, 
que en el proyecto respectivo llevaba el nüm. 85 
y decia así: «Corresponde al Presidente de la Re- 
pública: proveer ios empleos civiles, militares y 
eclesiásticos, conforme á la Constitución y á las 
leyes &a.» Puesto en discusión, comenzó d deba- 
te del siguiente modo : 

«£/ señor Barreiro (D. ManuelJ^Si proveer se- 
gún el Diccionario es conferir, parece que debía 
reformarse el artículo diciendo: — proveer Jos enp- 
pleados civiles y milHares^ y presentar para los ecie- 
másticos; pues jamás fué propio de los gobiernas 
entre los católicos, conferir los beneficios de la 
Iglesia; y si de los Prelados de ella el dar la cola- 
ción, canónica institución que importa lo mismo 
que proveer. Esta corrección es necesaria, cuan- 
to que en el artículo siguiente, se dice poder el 
Presidente de la República destituir los emplea- 
dos etc«; y esta fué sin duda, siempre atribución 
esclusiva de la autoridad espiritual, respecto á 
los empleados eclesiásticos. (Apoyado.) 

El señor Ellauri-^El articulo está concebido con 
la propiedad de decir proveer porque el gobiemo 
provee también empleos eclesiásticos, ya en el 
ejercicio del Patronato, ya por las altas facultades 
^ue le competen. Las leyes se espresan de este 
modo, y aunque no s^á posible citarlas en el 
acto literalmente por no haber venido para ello 
prevenido, el que lo dude puede ocurrir á los c¿h 
digos vijentes. 

El señor Costa — Me parece que la cuestión no 



j 



El T^atronato 193 



se ha fijado en su verdadero punto de vista, qui- 
zá porque no se han esplicado en los discursos 
anteriores los trámites con que se proveen los 
beneficios eclesiásticos en nuestro obispado. To- 
dos estos empleos se adquieren por oposición 
hecha ante el Ordinario, de los eclesiásticos so- 
licitantes. El Ordinario propone al Patrono tres 
para cada empleo, y éste designa la persona á 
quien aquel ha de dar la investidura ó jurisdic- 
ción espiritual. La designación que hace el Pa- 
trono se llama comunmente presentación para 
los beneficios, y de aquí resulta no deberse con- 
fundir con la voz proveer los empleos civiles y 
militares , porque no es lo mismo respecto á 
aquellos. Lo que se ha dicho respecto á que hay 
empleos eclesiásticos que solo el Patrono puede 
proveer, como su Capellán ; es preciso advertir 
que el Capellán no entra ni tiene que entrar por 
este nombramiento á ejercer jurisdicción espiri- 
tual, pues le basta poder decir misa y confesar, y 
estas son facultades generalmente anexas al sa- 
cerdote. Por todo esto, soy de opinión que debe 
correjirse el artículo como se ha propuesto. 

El señor Chucarro — Me parece que se podría 
cortar la cuestión presente, suprimiendo del ar- 
tículo que se discute la palabra eclesiástico, por- 
que yo observo, que cuando se dice que el Ejecu- 
tivo proveerá los empleos civiles y militares, debe 
hacerse distinción de los que pido se supriman, 
pudiendo incluirse estos del modo que se crea 
conveniente en el artículo 89 del Proyecto, que 
habla sobre el Patrono. (El autor de la corrección^ 



«3 



194 Estudios Constitucionales 

asi como los señores que la apoyaron, se conforma-- 
ron con esta supresión.) 

El señor Ellauri—'PdLTdi cerrar la discusión del 
artículo, presento otra nueva redacción en los 
términos siguientes: nombrar los empleados civiles^ 
militares y eclesiásticos — ^pues no obstante que la 
voz provisión es arreglada, como se ha dicho, á 
nuestras leyes, conviniendo los señores que se 
oponen al artículo, en que presentación y nom- 
bramiento competen al Ejecutivo, concluyamos 
una cuestión que parece haberse venido ya á re- 
ducir á puras voces. 

El señor Barreiro (D. Miguel) — El asunto es ar- 
duo ; se ha dicho que hay leyes preexistentes : si 
las hay demuéstrense para en vista de ellas re- 
solver con mejor acierto 

El señor Vázquez — Con relación á los empleos 
eclesiásticos debe advertirse que hay: — i.**el ejer- 
cicio del Patronato por la presentación; después, 
la institución ó facultades espirituales que corres- 
ponden á este poder, y luego la posesión, el honor 
y el provecho ó dignidad temporal que provee 
esclusivamente el Poder Ejecutivo. 

El señor Ellauri—La cuestión propuesta por un 
señor Diputado, rodó sobre la palabra proveer los 
empleos eclesiásticos; para cortarla habia yo pro- 
puesto que se pusiese nombrar; pero habiéndose 
pedido las citas de las leyes á que me referí en la 
sesión anterior, y no teniéndolas presentes en 
aquel momento, las traigo ahora (citó varias le- 
yes en favor de su opinión). He aquí pues, como la 
cuestión fué puramente de voces, y que se ha 



El Patronato 195 



puesto con propiedad en el articulo la palabra 
proveer. 

El señor Gadea — El verbo proveer tiene distin- 
tas acepciones, y en las leyes citadas se toma en 
un sentido muy lato ; pero la Comisión debe po- 
ner el articulo de un modo claro y terminante. 
El P. E. no puede tener otra intervención en loa 
empleos eclesiásticos que la que le dá el Patrona- 
to: por consiguiente debe suprimirse lo relativo 
á estos, poniéndose en el articulo 89, que es don- 
de corresponde, para no confundirse con los em- 
pleos civiles y militares. 

El señor Ztidañez — Siendo exactos los datos que 
ha manifestado el señor miembro informante de 
la Comisión, nada hay ya que decir; sinembargo, 
citaré un auto acordado, por el cual se desvane- 
cerá cualquiera duda que aun pueda quedar so- 
bre la propiedad con que se ha puesto en el artí- 
culo la palabra «proveer» (leyó el auto, y citó tam- 
bién otros ejemplos). La palabra proveer está pues- 
ta con toda exactitud, y no hay motivo alguno 
para variarla. 

El señor Gadea — Insisto en que las citas que se 
han hecho, no me han convencido de la exactitud 
de la palabra, porque en todas ellas se ha tomado 
el proveer por presentar. 

El señor Vázquez — Señores, la cuestión está 
terminada definitivamente, so pena de que si no 
lo estuviese, seria interminable. Se han deslin- 
dado estrictamente las atribuciones de los pode- 
res espiritual y temporal, y todos han convenido 
en ellas : se ha demostrado que el segundo pro^ 
vee, rigurosamente hablando, y que de este mis- 



196 Estudios Constitucionales 

mo lenguaje se ha usado en las leyes: no hay 
pues una razón para la supresión propuesta, y lo 
único que queda que aducir es que en todo caso 
se divida el artículo, poniendo en orden separa- 
do la provisión de empleos eclesiásticos, porque 
en efecto, ella no es absolutamente igual para 
estos, como para los civiles y militares. Por lo 
demás, nada de cuanto se ha dicho, destruye la 
propiedad de la voz proveer: no hay duda que los 
obispos y dignidades eclesiásticas necesitan la 
institución canónica, pero no les basta ésta, si no 
tienen la protección y licencia de la potestad pú- 
blica, que aunque no puede destituirlos, puede 
suspenderlos del ejercicio de sus funciones, (i) » 

Prosiguió todavía un corto debate sobre el 
asunto, hasta que declarado por suficientemente 
discutido, vino el caso de la votación de las en- 
miendas propuestas. Quedaron definidas las fa- 
cultades del Poder ejecutivo con respecto á la 
provisión de empleos, y al ejercicio del Patronato, 
en la siguiente forma : « Corresponde al Ejecuti- 
vo. . . . proveer los empleos, civiles y militares, con- 
forme á la Constitución y á las leyes : celebrar ( con 
ratificación de la Asamblea general) concordatos 
con la Silla Apostólica : ejercer el Patronato^ y rete-- 
ner ó conceder pase á las bulas Pontificias conforme 
á las leyes.T» (Artículo 81 de la Constitución.) 

En esta controversia de opiniones, habia triun- 
fado la buena doctrina, por mas que el señor Váz- 
quez, llevado del calor de la improvisación, hu- 

(i) 'Discusión de la Constitución del Estado Oriental del UrU" 
guay, (Sesiones de 33733 de Julio de 1839). 



El 'Patronato 197 



biese dicho que los obispos, no obstante la insti- 
tución canónica, necesitan protección y licencia 
de la potestad pública, que aunque no puede 
destituirlos, puede suspenderlos del ejercicio de 
sus funciones. En estricto derecho, y mucho 
más en países católicos, los obispos no necesitan 
licencia de ninguna potestad civil para llenar 
las funciones de su excelso ministerio. Ellos deri- 
Tan su poder de una jurisdicción mas alta que la 
de los hombres, y emplean sus armas espiritua- 
les en la consecución de un bien ordenado afines 
mas grandes que las intrigas humanas. Doctores 
y maestros de un conjunto de verdades que tie- 
nen la autoridad de lo evidente, la licencia civil 
de enseñarlas y propagarlas en forma de doctri- 
na relijiosa seria siempre un escarnio, porque su- 
pondría en quien se arrogase la facultad de darla, 
derechos superiores á los de Dios, fuente de toda 
verdad y revelador de aquellas que la Iglesia di- 
funde por misión privativa entre las gentes. 

La propagación del cristianismo en el mundo, 
empezó sin permiso de los hombres, y se hizo 
carne contra la voluntad de la mayoría de los 
hombres. Si hubiera sido imprescindible reque- 
rir licencia de la potestad pública, de seguro que 
no la obtiene San Pedro de Nerón, ni los demás 
apóstoles de los procónsules romanos. Una ver- 
dad que daba en tierra con el poder de los cesa- 
res, no tenia otro medio de imponerse que por 
la reivindicación de sus derechos. Así nació el 
cristianismo, y así ha vivido hasta el dia. La Igle- 
sia, que entonces como ahora enseñaba y enseña 
la misma doctrina, tiene facultad propia, ahora 



i 



198 Estudios Constitucionales 

como entonces de seguir idéntico procedimiento.* 
Pudierase negar esa ocultad, ó cuando menos 
poner en duda su orijen, si se tratara de una 
doctrina nueva, pero siendo idéntica la actual á 
la antigua, tenemos todavía hoy la sanción del 
tíempo para reforzar los fundamentos del dere- 
cho. Diez y nueve siglos hace que la humanidad 
ha recibido como código de salvación el Decála- 
go, como regla de conducta las Obras de Miseri- 
cordia, como vocabulario con lo eterno el Padre 
Nuestro, como grito de fé el Credo, y ni el Papa 
ni los obispos, necesitan permiso para propagar 
esta enseñanza, que por otra parte no pueden 
ellos variar, como que la han recibido en depósi- 
to, para trasmitirla íntegra á sus sucesores. 

Y si no necesitan licencia para enseñar la doc- 
trina, mucho menos debe suponerse que por 
ejercer ese priviléjio, caigan bajo la jurisdicción 
común que suspende los efectos de cualquier 
derecho ejercitable. No son los obispos emplea- 
dos del gobierno, ni es la Iglesia una oficina pú- 
blica. Como ciudadanos, al igual de todos, deben 
obediencia á la potestad civil en cuanto se rela- 
ciona con los actos civiles ; pero como católicos, 
al igual de todos también, no tienen en lo espiri- 
tual otro gefe que el Romano Pontífice, cuya 
autoridad representan en sus diócesis, por minis- 
terio de la gerarquia. Así pues, la suspensión de 
un obispo, como tal obispo, por la potestad civil, 
importa un atropello injustificable. Tratándose 
de un Oppas en España ó de un D. Bemardino de 
Cárdenas en el Paraguay, entonces sí que la in- 
gerencia de la potestad civil tendría razón de ser. 



j 



El Patronato 199 



porque se ejercería en el primer caso contra un 
traidor á la patria y en el segundo contra un fac- 
cioso; pero la Iglesia que condena las traiciones 
y abomina las facciones, no defiende por cierto 
en sus dignatarios esas iniquidades que anate- 
matiza en los demás. Anduvo, por lo tanto, erra- 
do el señor Vázquez, si dio mayor latitud de la 
que lójicamente tiene, á la palabra suspensión 
aplicada á los obispos; y ese error fué craso, 
cuando habJó de la Ucencia que necesitan éstos 
para ejercer sus funciones inalienables. 

Pero la Asamblea Constituyente, con un buen 
cutido digno de su misión, puso en quicio las 
cosas, sancionando como punto de partida de 
toda lejislacion relacionada con la Iglesia, el 
acuerdo previo entre el Romano Pontífice y el 
^bierno nacional por medio de concordatos. La 
Iglesia reconoce y acepta esa forma de aveni- 
miento con el poder civil, y su significación y al- 
cance los define asi un sabio escritor : « Los Con- 
cordatos per se se refieren á aquellas materias que 
se llaman mixtas, las cuales teniendo un aspecto 
civil y otro aspecto relijioso, y cayendo por el 
primero bajo la autoridad política y por el segun- 
do bajo la autoridad eclesiástica, pueden alguna 
vez dar lugar á controversias de jurisdicción y de 
conflictos. Tales son, por ejemplo, la enseñanza 
pública, los bienes del clero, el matrimonio y de- 
más cosas análogas, acerca de las cuales convie- 
ne á veces definir positivamente los derechos de 
las dos potestades para evitar la invasión de la 
una en el campo de la otra, y por una y otra par- 
te venir á hacer alguna concesión para conser- 



200 Estudios Constitucionales 

var la mutua armonía ó restablecerla donde por 
acaso hubiera sido turbada. Ahora per accidens 
pueden también los Concordatos referirse á una 
materia puramente espiritual, como seria la ju- 
risdicción eclesiástica ó la elección de los sagra- 
dos ministros, sobre lo cual se concediese al 
Principe alguna ingerencia: ó á una materia pu- 
ramente temporal, como seria un feudo, una 
asignación, ó el nombramiento para un cargo 
civil de que se hiciese gracia á la Iglesia (i).» 

Establecido y preceptuado el concordato como 
forma inicial de toda lejislacion relativa á los de- 
rechos de la Iglesia, todavía dieron muesti;a los 
Constituyentes del espíritu respetuoso que les 
animaba hacia la sanción de esos derechos. Dis- 
cutiéndose el artículo 141 de la Constitución que 
declara la libertad de imprenta, D. Manuel Ba- 
rreiro dijo : « que habiendo sancionado la H. A. 
que la Relijion del Estado era la Católica, Apos- 
tólica Romana, debia prohibirse escribir en ma- 
terias sagradas, con arreglo á lo dispuesto en el 
Concilio Tridentino, como sucedía en todas las 
Constituciones Católicas.» El señor García repli- 
có : « que este mismo argumento se había hecho 
en la discusión de la Ley de Imprenta, y que ha- 
biéndose contestado entonces con razones supe- 
rabundantes, la Asamblea no había hecho lugar 
á esta indicación, y que por consiguiente, era es- 
cusado que se repitiese.» Tomó nuevamente "el 



(i) El P. Mateo Liberatore (S. J.)— La Iglesia y el Estado, 
cap. xiij. prgf. II. 



El Patronato 201 



señor Barreiro la palabra para decir: « que aque- 
lla ley era provisoria, y que como tal no debia 
servir de regla en la Constitución; que si se deja- 
se aquella ley en una libertad tan absoluta sin 
esceptuar las materias sagradas, se atacarían los 
mandatos de la Iglesia, y se establecería el liber- 
tinaje. Concluyó insistiendo en que se admitiese 
la escepcion propuesta.» El señor Garcia cerró el 
debate observando á sus colegas: «que haciendo 
poco tiempo que se habia sancionado la Ley de 
Imprenta, la H. A. debia tener presente las pode- 
rosas razones que se adujeron para no admitir 
esa escepcion: que estando declarada la libertad 
del pensamiento, no podia ya privarse á nadie de 
esta libertad; y que en caso en que alguno atacase 
los dogmas de la Relijion, seria atacar á la socie- 
dad, y para esto la ley prevenía lo conveniente.» 

Vale decir pues, que la Iglesia no solo resulta- 
ba reconocida como una sociedad independiente, 
bajo el gobierno de su Gefe natural y dentro de 
los límites imprescindibles á su libertad de ac- 
ción necesaria, sino que su doctrina dogmática 
fué puesta á cubierto de profanaciones, penán- 
dose como delito social, todo ataque al dogma 
por medio de la imprenta. Este reconocimiento 
pleno, que empieza con la sanción de los precep- 
tos constitucionales aludidos, se acentúa en los 
debates de los diputados, y encuentra su última 
forma en las leyes corrientes, no deja lugar á va- 
cilaciones sobre sus propósitos y alcance. Y ya 
que hemos copiado los artículos de la Constitu- 
ción y los debates parlamentarios, á que nos ve- 
nimos refiriendo, copiemios también los artículos 



202 Estudios Constitucionales 

pertinentes de la Ley invocada por el señor 
Garcia . 

i Qué decia esa Ley, materia de tantas contro- 
versias ? Decia y dice lo siguiente : « Se abusa de 
la libertad de escribir, ó contra la sociedad ó 
contra los particulares. En el primer caso la acu- 
sación corresponde al fiscal general, y en el se- 
gundo á las partes ofendidas. Se abusa por la 
imprenta contra la sociedad, atacando ios dog-' 
mas de nuestra Santa Relifion, la moral pública ó 
buenas costumbres, incitando á la rebelión ó 
provocando á la anarquía. El que abuse de la li- 
bertad de imprenta contra la sociedad, á mas de 
pagar las costas, podrá ser privado de escribir 
seis meses hasta dos años, y condenado á sufrir 
una prisión ó destierro desde dos meses hasta 
un año, en proporción á la gravedad del abuso, á 
juicio del tribunal competente (Ley de 4 de Junio 
de 1829).» Tenia pues razón el señor Garcia al 
asegurar, que la irrelijion y el libertinaje estaban 
penados en la ley, mas no la tenia afirmando, que 
declarada la libertad de escribir, no podia ya 
privarse á nadie de ella. Las leyes ordinarias 
emanan de la Constitución, y en el caso actual, se 
oponia contra la Constitución en proyecto una 
ley ordinaria, invirtiendo los términos. 

Los Constituyentes, empero, sancionaron la 
doctrina del Sr. Garcia, con lo cual ha venido á 
adquirir la Ley de 1829 una fuerza de irrecusable 
vijéncia. Por eso hemos establecido que la Ley 
de 1829 decia y dice en sus preceptos, pues paia 
nosotros, ella forma parte integrante de la Cons- 
titución, ha sido incorporada á sus disposiciones 



El Patronato 203 



é interpreta sin réplica el articulo 141. Del mis- 
mo modo, las correcciones á esa Ley, sanciona- 
das en 17 de Julio de 1830 por los mismos Cons- 
tituyentes y por mandato de la Ley anterior, son 
parte integrante de ella, y no sufren escepcion en 
cuanto á la vijéncia. 

Como quiera que sea, resulta comprobado por 
el espíritu y la letra de la Constitución, que el 
Patronato ha sido instituido con el fin de prote- 
jer ios derechos de la Iglesia nacional. Siendo 
Católica la relijion declarada, imperante la auto- 
ridad espiritual del Romano Pontífice, y compro- 
metido por juramento el Presidente de la Repú- 
blica á protejer los derechos de la Relijion, no 
hay duda que el ejercicio del Patronato, limitán- 
dose á la presentación de las candidaturas, sea 
por parte del Ordinario al Patrono, sea por parte 
del Patrono al Romano Pontífice, es un ejercicio 
correcto, al cual no se opone la Santa Sede, ó 
para mejor decir no se ha opuesto nunca. 



204 Estudios Consiitucionaks 



II 



El Patronato es nulo, dicen ciertos escritores 
católicos, porque siendo un priviléjio otorgado á 
los reyes de España, los Presidentes americanos 
no han podido heredarlo. El Patronato es con- 
veniente, responden á coro los escritores libera- 
les, porque siendo el gobierno la mas alta repre- 
sentación de la soberanía en el Estado, tiene el 
deber de someter la Iglesia á su inspección nece- 
saria. 

Ambos argumentos, sobre ser falsos, son im- 
pertinentes. Si el Patronato derivase de una con- 
cesión legal á los reyes de España, podría reivin- 
dicarlo sin vacilar el Presidente del Uruguay, á 
virtud del artículo 148 de la Constitución que 
declara en su fuerza y vigor todas las leyes anti- 
guas que no se opongan al Código fundamental. 
Y si derivase de un derecho de inspección sobre 
la Iglesia, no habría para qué considerar á ésta 
como una sociedad independiente según lo es, ni 
al Presidente de la República como á un funcio- 
nario civil, pues se reasumirían en su persona 
las dos potestades civil y relijiosa, trasformando- 
le en un César como el emperador de Rusia, 6 
en una papisa como la reina de Inglaterra. 

El Patronato es una institución canónica, in- 
corporada á las prácticas de la Iglesia desde los 



El Patronato 205 



tiempos primitívos, y sujerida por las necesida- 
des de la misma condición universal que la Igle- 
sia tiene. Cuando el cristianismo empezó á flore- 
cer por distintos lugares del viejo mundo, edifi- 
cando templos y asilos piadosos, la necesidad de 
proveer el gobierno de ellos en personas idóneas 
del gremio sacerdotal, sancionó la costumbre de 
la presentación de los candidatos. No podian sa- 
ber los Diocesanos de entonces, desde su resi- 
déncia habitual y dentro de la enorme jurisdic- 
ción que tenian, cual fuese el relijioso ó clérigo 
mas apto para gobernar instituciones ó templos 
erijidos á centenares de leguas de la sede episco- 
pal y por la magnanimidad de algún procer em- 
peñado en ello, y de ahí que consultando la ra- 
zón y las conveniencias, admitiesen que el funda- 
dor les propusiera en terna la persona sobre quien 
habia de recaer el beneficio. Convertidas á la fé 
de Cristo las naciones, el Romano Pontífice vino 
á quedar con respecto á los obispos en la misma 
relación de lejanía que éstos estaban antes con 
los curas ó beneficiados para conocerlos, y de ahí 
que estendiese á los reyes convertidos, la facul- 
tad de presentarle candidatos para elejir de entre 
ellos el individuo á quien concediese la investi- 
dura episcopal. Este es el verdadero orí jen del 
Patronato, y este y no otro el alcance de sus pre- 
rogativas. Una razón de mejor acierto lo sancio- 
nó, y una práctica secular lo tiene confirmado. 
Que el Patronato ha de derivarse de una con- 
cesión de la Santa Sede, y ha de ser instituido 
para protejer los intereses de la Iglesia, no cabe 
ponerlo en duda. A menos de no atribuir al Pa- 



20& Estudios Constitíidonales 

pado el absurdo propósito de combatir la Iglesia, 
no podría nunca suponerse que confíase la pre- 
sentación de candidaturas episcopales á enenii^ 
gos de la Relijion^ 6 cuando menos, á sus oposi- 
tores de las sectas disidentes. Y como quiera que 
Patrono, según lo definen las Partidas, quiere 
decir potdre de carga, y Patronato derecho ó poder 
que ganan en la Eglésia, por bienes que fazen, los 
que son Patronos della (i), dicho se está que el 
Patronato con ser institución católica, solo pue- 
de conferirse á efecto de promover el progreso de 
los intereses católicos. Esto es tan rudimentario, 
que dá grima discutirlo. 

Pero vivimos en unos tiempos de vocingleria, 
en que las palabras han cambiado de significa- 
ción á fuerza de estrujarlas sin piedad. Si cual* 
quiera de los Padres de la Iglesia resucitase 
hoy á nuestra vida mundanal, quedarla estupe- 
facto de encontrarse herético por efecto de la 
terminolojia moderna. Porque supuesto que es- 
cuela laica significa hoy escuela sin Dios, y Pairo- 
nato reunión de las potestades civil y relijiosa en 
una sola persona, y socialismo reparto de bienes 
con incendio por añadidura, y soberania popular 
negación del orijen divino de la autoridad; todos 
ellos, desde S. Agustín hasta Santo Tomás, que 
han declarado obra excelsa el apostolado de la 
enseñanza por los laicos, como que contribuye á 
realizar una de las disposiciones de la Misericor- 
dia divina, y que han mirado en el Patronato una 
institución respetable, y que han alentado la 

(i) Ley I, tit. XVI. Part. i. 



El Patronato 207 



asociación de los esfuerzos comunes entre los 
cristianos para mejor garantía del progreso so- 
cial, y que han reconocido en los pueblos el dere- 
cho de darse las formas de gobierno que mejor 
convinieran á su bienestar lejitimo ; todos ellos 
repetimos, quedarían estupefactos de ver, que si 
en sus respectivos tiempos las palabras de enton- 
ces determinaban conceptos bien claros, en nues- 
tros tiempos de progreso los conceptos aquellos 
están reñidos con las palabras de ahora. 

No de otro modo se esplica el alcance erróneo 
atribuido al ejercicio del Patronato, y sobre todo, 
la negación de su orljen. Desde que es una ins- 
titución católica ¿quién otro puede sancionarla 
sino el Papa? Francamente pensamos, que ape- 
sar de todas las argucias del mundo, nunca po- 
drá demostrarse que el ejercicio del Patronato no 
provenga de una concesión del Romano Pontífice, 
y á virtud de pedimento especial de los gobiernos 
civiles favorecidos por ella. En el Patronato es- 
pañol, frecuentemente aducido como prueba en 
contrario de lo que afirmamos, se demuestra me- 
jor que en ninguno la verdad de nuestro aserto. 
Digalo sino la Bula del Papa Julio II, que lo insti- 
tuye así : « Gobernando aunque sin méritos, la 
Iglesia universal por disposición divina; conce- 
demos de nuestra voluntad á los reyes católicos 
aquellas cosas por las cuales se aumente su de- 
cencia y honor, y se mire por su seguridad y es- 
tado de las tierras del reino.» Luego de enume- 
rar los servicios de dichos reyes, debelando el 
mahometanismo en España y plantando el estan- 
darte de la Cruz en América, dice refiriéndose á 



2o8 Estudios Constitucionales 

esta última porción del mundo : « Nos, para que 
en ella, estirpados los falsos y perniciosos ritos, 
se plante la verdadera relijion : hemos erijido, á 
muchas y repetidas súplicas de los mismos reyes, 
con la mayor gloria del nombre cristiano, una 
iglesia metropolitana etc.» Y concluye diciendo : 
«Y también les concedemos el derecho de Patro- 
nato (i).» 

Las proposiciones de esta Bula, no pueden ser 
mas claras, y la forma imperativa de la concesión 
mas evidente. El Romano Pontífice concede de 
propia voluntad y á muchas y repetidas súplicas de 
los reyes católicos, la erección de catedrales en 
América y el derecho de Patronato para la pre- 
sentación de los titulares. En ese orden de su- 
bordinación aceptan los soberanos españoles el 
donativo, confirmando así el pleno reconocimien- 
to de la autoridad Pontificia, que ya hablan aca- 
tado al pedir la facultad de patronos, y que aho- 
ra sancionaban sin réplica al recibirla en las con- 
diciones que se les daba. Seria ocioso decir, que 
quien pide licencia para ejercer una facultad, re- 
conoce superioridad en quien ha de otorgársela, 
y el que defiere por sí á la instancia del peticio- 
nario, afirma su autoridad de un modo bien po- 
sitivo. Los soberanos españoles pidiendo, y el 
Romano Pontífice otorgándoles el ejercicio del 
Patronato, establecieron la forma en que ese de- 
recho se sanciona, junto con la naturaleza^ de su 
estension y la lejitimidad potestativa de su pro- 
cedencia. 

(i) Bula Universalis Eclesia (28 de Julio 1508.) 



El 'Patronato 213 



En todos los casos ocurrentes, asi prácticos 
como de doctrina, triunfó en España este con- 
cepto del Patronato, recibiendo en unos y otros 
la sanción debida. Citaremos para ejemplo de 
ello, el caso de Santo Toríbio, promovido á arzo- 
bispo de Lima bajo el reinado de Felipe II, y 
cuando el endiosamiento cesáreo de los sobera- 
nos españoles habia sido llevado á su apojeo por 
los regalistas. Era el caso de Santo Toríbio, que 
habiendo notado por sí mismo los abusos de la 
autoridad española, escribió al Papa un Memo- 
rial, en el que denunciaba lo siguiente ; i.* que el 
fruto de las canongias vacantes y la mitad del de 
ios demás beneficios se retenían por la autoridad 
civil, dejándose en la pobreza al Seminario de 
Lima, y para evitarlo, pedia el arzobispo que S.S. 
asignase esas rentas al dicho establecimiento. 
2.** que á los obispos se les impedia la visita de 
los hospitales, prohibición en la cual era urgente 
poner remedio. 3.** (y esto era lo mas grave) que 
en América, los obispos se hacían cargo del go- 
bierno de sus diócesis, antes de recibir sus bulas. 

El cardenal Matei, Secretario de Estado de 
S. S., redamó de estos abusos al duque de Sesa, 
embajador español en Roma, y éste, escribió á 
Felipe II en 29 de Enero de 1593 dándole cuenta 
de la reclamación. Inmediatamente pasó el asun- 
to á dictamen del Consejo de Indias, el cual en su 
ampuloso y lejendário dogmatismo declaró que el 
arzobispo « ó habia desconocido gravemente los 
derechos del Patronato, ó calumniado á su go- 
bierno.» Al capítulo sobre la distracción de las 
rentas del Seminario, replicaba el Consejo «que 



214 Estudios Constitucionales 



no era cierto que tuviera el Seminario necesidad 
de mas recursos, pues por el Concilio de Lima de 
1583, le estaba asignado el 3 Vo de todas las ren- 
tas eclesiásticas.» A la queja sobre prohibición 
de la visita episcopal á los hospitales, respondía 
declarando falsa la denuncia, «pues todo lo con- 
trario está mandado por diversas reales cédulas.» 
Y á la inculpación de ejercer los obispos el go- 
bierno de sus diócesis antes de recibir la investi- 
dura del Pontífice, contestaba acusando al de 
Lima de « falsario y calumniador.» Munido de 
estos antecedentes, volvió el embajador español 
sobre el asunto, no teniendo inconveniente en 
declarar al Papa que eran falsas las denuncias del 
Prelado americano ; y á mayor abundamiento, el 
Rey escribió al virey de Lima y á Santo Toríbio, 
observándoles « que no era cierto que los obispos 
de Indias tomasen posesión de sus Iglesias, sin 
bulas (i).» 

Pero como todo este tejido de falsedades se ha- 
bla tramado sobre el mas rencoroso despecho, el 
Consejo de Indias, descubierto en sus trapison- 
das de regalía y obligado á mentir para salir ai- 
roso del trance, cargó la mano sobre el santo ar- 
zobispo que lo habia puesto en tamaño aprieto, 
dictaminando á 20 de Mayo de 1593, V^^ «pues no 
era posible, atendida la inmensa distancia y el 
bien del pueblo, llamar á la Corte al culpable 
Prelado, se enviara orden al virey para que en los 
estrados de la Audiencia diera una pública y se- 

(i) Crescente Errázuriz — Los orijenes de la Iglesia Chilena 
(i 540-1603), cap. xLi. 



El Patronato 215 



vera reprensión al arzobispo.» Así lo ordenó el 
Rey? y aunque por cuerda separada mandó que 
la reprensión se hiciera en secreto, para que el 
pueblo no se apercibiese de las disidencia entre 
dos postestades que debian marchar unidas á fin 
de labrar la felicidad de los subditos, la Audien- 
cia se dio tanta prisa en cumplir la primitiva or- 
den, que cuando llegó la segunda ya era tarde. 
Santo Toribio soportó con evangélica manse- 
dumbre, los cargos que se le hacian por haber 
dicho la verdad, pero debió sentir en el fondo de 
su conciencia una profunda satisfacción de haber 
quebrado en las manos de un rey despótico, de 
un Consejo hipócrita y de una Audiencia servil, 
el arma opresora de las libertades de la Iglesia. 

El caso que acabamos de citar, es perfecta- 
mente clásico, y determina los límites que tenia 
el Patronato español en América, y las facultades 
á que estaba circunscrito. El Rey, asesorado por 
su Consejo de Indias, había declarado bajo su 
firma en documentos solemnes, ante el Papa, la 
Audiencia de Lima y el virey, del Perú, i,*» : que 
no podia distraer las rentas eclesiásticas de su 
aplicación expresa; 2.® que no podia prohibirá 
los obispos la visita de los hospitales; y 3.** que no 
podia investir obispos, pues solo le era permitida 
la presentación de los candidatos para ese fin. 
Dadas estas declaraciones ¿á qué espresion queda 
reducido ese célebre derecho de Patronato, con 
que los regalistas españoles y sus congéneres los 
regalistas uruguayos nos aturden los oidos? Pues 
si Felipe II se hubiese creído autorizado para ha- 
cer con respecto á la Iglesia lo que afirmaban 



2i6 Estudios Constitucionaks 

ser licito sus aduladores de entonces y sus parti- 
darios de ahora ¿se habria.detenido en realizarlo, 
él, que vivió en continua lucha contra la Europa 
toda por no ceder la mas pequeña de sus réjias 
prerogativas, y que no vaciló en franquear por 
medio de sus generales las fronteras pontificias, 
cuando creyó que tenia razón contra eí Papa? 
Nos parece que la cuestión está planteada y re- 
suelta de suyo, ante esa sola consideración que 
no escapa á los entendimientos mas vulgares. 

Y si esta fué siempre la sanción de la doctrina 
en los hechos, no menos esplicita resulta su con- 
firmación en los autores. Solórzano cuyo rega- 
lismo está fuera de controversia, establece el de- 
recho de los soberanos españoles al gobierno de 
América, en los siguientes términos : « Conside- 
rando, que todos cuantos Indios hasta ahora se 
han descubierto en este Nuevo Orbe, eran infieles 
é idólatras, como se ha dicho, sin tener conoci- 
miento alguno de nuestro verdadero Dios y Cria- 
dor, y mucho menos de su precioso Hijo, salva- 
dor y redentor nuestro Jesu-Cristo, ni de la ley 
Evangélica y de gracia que vino á predicar al 
mundo, esto bastaba, para que solo por esta cau- 
sa, cuando faltaran otras, se les pudiera hacer 
guerra, y ser lejítimamente privados y despoja- 
dos de las tierras y bienes que poseían, tomándo- 
las en si y para sí en dominio y gobernación su- 
perior los principes católicos que las conquista- 
sen; principalmente teniendo para ello licencia del 
Romano Pontifice, cuya universal jurisdicción so- 
bre los mortales se estiende también á los reinos 
délos infieles.» Y desarrollando esta doctritia, 



El Patronato 217 



para la mayor justificación del ejercicio del Patro- 
nato por los soberanos españoles, concluye del 
siguiente modo : «Y cuando aun las bulas apostó- 
licas hubieran dicho, que solo les daban la pro- 
tección, esa en los reyes significa é incluye juris- 
dicción: y nopudiendo ejercerla por si mismos los 
Romanos Pontífices entre estos infieles, y para 
los sanios efectos que se han referido, á ninguno 
de los principes cristianos de aquellos tiempos se 
pudo conceder y cometer con mas justas causas 
de razón y conveniencia cristiana y política que á 
los reyes católicos de España, que entonces eran, 
y á sus sucesores, asi por ser ellos los que prime- 
ro las descubrieron, como por haberse de hacer 
la navegación por sus puertos, y por tener tanto 
poder, valor, riquezas etc. y en especial por estar 
ellos y sus vasallos por la misericordia divina, 
mas firmes, puros y limpios en la fé Coiólica y 
obediencia de la Santa Iglesia Romana, y sin mez- 
cla de herejía, con la cual se hallaban tan man- 
chadas otras naciones, que no se les pudiera co- 
meter segura ni prudentemente conquista tan 
espiritual y sagrada, sin peligro de que sembra- 
ran errores y abrojos donde se requería tan santa 
y saludable doctrina, (i)» 

De propósito hemos copiado los párrafos en 
que el jurisconsulto español se exhibe mas abier- 
tamente regalista, para demostrar, que aun atri- 
buyendo jurisdicción á los reyes de España en las 
cosas de la Iglesia americana, se esfuerza en pro- 



(i) Joan de Solórzano y Pereyra — Política Indiana, tomo 1, 
lib. I, capítulos X y xi. 



2i8 Estudios Constitucionales 

bar que esa jurisdicción les venia por delegación 
Pontificia, sentando como precedente inicial del 
caso, la imposibilidad en que estaban los Roma- 
nos Pontífices de ejercerla por si mismos entre los 
infieles. Dicho se está, que todo el castillo de nai- 
pes sobre que reposa ese pretendido ejercicio de 
jurisdicción delegado por los Pontífices en los so- 
beranos españoles, cae de un soplido ante la in- 
terpretación violenta de la palabra protección que 
Solórzano hace para bonificar su doctrina ; pero 
ello no escluye que al remitirse á la fuente oriji- 
nária de donde el derecho de Patronato emana, 
establezca claramente, que asi la conquista del 
Nuevo Mundo como su gobierno ulterior, se hi- 
cieron bajo los auspicios de la Santa Sede, con 
su licencia especial, y persiguiendo fines esencial- 
mente católicos. De donde se sigue que, aun ha- 
biendo tenido el Patronato español en América 
un alcance que nunca tuvo, los reyes y los escri- 
tores lo consideraron siempre como emanado del 
Romano Pontífice, único que puede concederlo. 
No es Solórzano solamente quien ha pensado 
así. Rivadeneyra cuyo delirio regalista, equi- 
parándole al loco de la Carcajada que veia los 
10,000 pesos en todas partes, le hace ver á él las 
huellas de un Patronato laico de ordenación divi- 
na en el Arca de Noé, en los decretos de Cyro y 
hasta en las estatuas del templo del Escorial, no 
puede menos de recobrar el juicio tratando del 
Patronato Americano, que define del modo si- 
guiente : « La naturaleza de este Patronato es su 
misma definición ; y esta, según la común de los 
canonistas, es una potestad de nombrar ó presentar 



El T^atronaio 219 



en el Beneficio vacante al clérigo, que se quiere pro- 
mover ó instituir, Y aunque hay otros canonistas 
que dan otra definición, esta cuadra, no solo como 
espresiva de la razón común de Patronato, sino 
como mas adecuada al nuestro Réjio Indiano (i).» 
De manera que Solórzano, estableciendo como 
punto de partida indiscutiblemente lejítimo para 
la conquista y evangelizacion de América, la li- 
cencia del Romano Pontífice, y Rivadeneyra defi- 
niendo el Patronato como la potestad de nom- 
brar ó presentar en el beneficio vacante al clérigo 
que se quiere promover ó instituir, sancionan de 
todo en todo la doctrina católica, minando por 
su base el fundamento de la regalía. 

Por otra parte, no son los jurisconsultos espa- 
ñoles ni los soberanos de aquel país, quienes 
constituyen la única autoridad consultable en 
materia de Patronato, pues antes que á ellos 
lo concedió la Santa Sede á los portugueses en 
sus conquistas del Asia, y antes que á los portu- 
gueses á los normandos en sus establecimientos 
de la Groenlandia y á los venecianos en sus na- 
vegaciones de Oriente ; siendo los españoles los 
últimos que obtuvieron la prerogativa, y con 
arreglo á lo concedido á sus predecesores en las 
empresas de conquista y navegación, según lo 
demuestran, entre otros, los bulados de Eujé- 
nio IV, Martin V, y Alejandro VI, tan citados 
por los historiadores. El hecho mencionado de- 
muestra por sí solo, que no se hizo escepcion con 



(i) Antonio Joaquín de Ribadeneyra y Barríentos — Manua/ 
Compendio del Réjio Patronato Indiano ^ cap. vi. 



220 Estudios Constitucionales 

los reyes de España al concederles el Patronato, 
pues así como antes lo tuvieron otros reyes, des- 
pués lo han tenido y aun lo tienen multitud de 
soberanos, ó por mejor decir, todos los gober- 
nantes católicos, reyes ó presidentes, que lo 
piden. 

Dígase lo que se quiera, el Patronato es una 
institución canónica y su ejercicio está al alcance 
de todos los que católicamente deseen usufruc* 
tuarla. Un escritor regalista, que no escribió cier- 
tamente para defender los derechos de España, 
lo define así : « Los prelados coladores de los be- 
neficios están obligados á conferirlos muchas ve- 
ces á los clérigos que otro tiene derecho de nom- 
brar (sic) para aquella Iglesia, en cuyo caso al 
que presenta, se le llama patrono, al beneficio, de 
derecho de patronato, y á la colación en sentido 
estricto institución. El derecho de patronato es 
pues una facultad concedida por los cánones, por 
la que el patrono, estando vacante una Iglesia 
ó beneficio, presenta un ministro idóneo, para 
que sea instituido por el obispo ü otro colador, y 
al mismo tiempo goza de otros derechos, unos 
útiles, otros onerosos y algunos honoríficos. Las 
voces de «patrono» y «derecho de patronato,» no 
se usaron desde el principio: los antiguos los lla- 
maban fundadores y edificadores, y al nombra- 
miento cencedido á ellos se daba el nombre, mas 
bien de gracia que de derecho (i).» Esta doctrina 
és correcta, si se elimina de ella la aserción de que 

(i) Domingo Cavalárío "Instituciones dell^erecho Canónico, 
tom. II, cap. XLV. 



El T^atronaio 221 



los prelados están obligados á conferir muchas 
veces beneficios á los clérigos que otro tiene liere- 
cho de nombrar. El Patrono no tiene mas derecho 
que el de presentación, y el nombramiento, cola- 
ción ó investidura corresponde á la autoridad 
eclesiástica. 

Concluiremos esta serie de citas y ejemplos, 
con uno de nuestro propio país, que podrá ser de 
mucha utilidad para los regalistas uruguayos. 
Cuando D. Manuel Oribe sitiaba á Montevideo, 
convocó en la Union á todos los curas de campa- 
ña á efecto de proponerles el nombramiento de 
un Pro-Vicário para el gobierno de la Iglesia na- 
cional. Los curas citados, entre los cuales se ha- 
llaba Monseñor Vera, que pocas trazas tenia en- 
tonces de lo que fué mas tarde, respondieron 
negativamente á la propuesta, declarando que el 
general Oribe ni ningún gobernante civil, cual- 
quiera que fuese el concepto en que se apreciara 
su autoridad, tenia facultades para conceder ju- 
risdicción eclesiástica por sí. Ante negativa tan 
rotunda, desistió el sitiador, y las cosas queda- 
ron como estaban. 

He aquí, en resumen, todo lo que hay en pro y 
en contra del derecho de Patronato, levantado 
por algunos á la condición de facultad ingénita á 
los gobernantes civiles, y condenado por otros 
como un vejamen á la Iglesia y sus libertades. 
Creemos haber dicho lo bastante para poner en 
claro, que no es lo uno ni lo otro. Nuestros Cons- 
tituyentes al sancionarlo tal cual luce en la Cons- 
titución, hicieron obra de católicos. El Patronato, 



322 



Estudios Constitucionales 



sobre la base del Concordato, es beneficioso para 
los intereses del gobierno y para los de la Iglesia 
misma. 




LA EDUCACÍON COMÚN 



PHpg o podía quedar ajeno á los esfuerzos de 
I flu I tos Constituyentes el tópico de la instruc- 
InSIJI cion pública, y la razón es obvia. Cuan- 
wB^Sm do una sociedad ha sido ajilada por 
grandes sacudimientos, y se han correjido las 
fórmulas que daban vida al cuerpo de autoridad, 
lo primero que ocurre es el deseo de hacer com- 
prensibles las ventajas de la nueva situación, 
para solidificarla por el convencimiento racional. 
Ningún medio de preparación mas activo para 
este fin, que la ilustración del pueblo ; asi es que 
todo lejislador constituyente, por egoísmo pro- 
pio, por apego inevitable á la obra de sus manos, 
propende á que el pueblo se ilustre en los bene- 
Qcios que él entiende haberle conseguido. De ahí 
nace el afán de mejorar y complementar los sis- 
temas educativos, que apoderándose de las gene- 
raciones jóvenes, tas funden en el cuño de las 



224 Estudios Constitucionales 

ideas corrientes. Por este medio, á la vez que se 
dá espansion á las solicitudes de momento, se 
asegura el porvenir, reclutando para la causa 
triunfante, futuros adeptos que llevarán á la obra, 
junto con el ardor del proselitismo, el respeto 
por los factores del movimiento inicial. 

Los Constituyentes se encontraban con un 
pueblo, que si bien habia demostrado aptitudes 
para conquistar su independencia, no se sabia 
que las tuviera para el ejercicio pacífico de la li- 
bertad. Era pues necesario preparar su inicia- 
ción en ese terreno difícil, el mas difícil de todos: 
porque cuanto mayores son las predisposiciones 
marciales de raza, mas costoso es someter sus 
inpulsos á la disciplina de las resistencias cívicas, 
que exijen largas esperas, inconciliables con el 
entusiasmo nativo de las masas populares. No es- 
taba educada la nueva nacionalidad para desa- 
rrollar sin contratiempos los elementos de go- 
bierno libre que la Constitución vigorizaba en 
sus disposiciones, y al decir que no estaba edu- 
cada, tomamos la palabra en su mayor latitud de 
sentido, significando que no tenia el pueblo la 
ilustración comprensiva de sus derechos y debe- 
res cívicos con relación al gobierno propio, ni 
tenia tampoco aquella otra clase de ilustración 
que se adquiere por las lecturas provechosas. 
Salvo el amor á la independencia nacional y el 
apego á la libertad privada, todo lo demás era 
instintivo en el pueblo uruguayo. Amaba los 
caudillos militares, porque se sentía personifica- 
do en ellos, y estaba dispuesto á seguirles por 
esa sola razón. 



La Educación Común 22$ 

Fruto de la educación recibida, el hecho era 
lójico en sí. Hasta entonces, la autoridad pública 
nacional, se habia ejercido actuando sobre las 
simpatías de los subordinados. No se obedecía 
por deber, sino por cariño. Al caudillo se le llama- 
ba taita, diminutivo del nombre de padre, y habia 
para él una lealtad filial. El mas grande título ala 
consideración era el valor guerrero, como que 
por medio de las armas se habia conquistado 
todo, y mientras el hombre se sintiera apto para 
montar á caballo y blandir una lanza, se sentia 
libre porque se sentia dueño de si mismo. El 
conjunto de estas libertades personales, venia á 
constituir una libertad pública que tenia todas 
las rudezas de su tosca levadura, y que siendo 
escelente para conservar la independencia de la 
Nación, era demasiado grosera para caber den- 
tro de los moldes de un gobierno regular. Segu- 
ramente que este estado social no forma una es- 
cepcion en la Historia, pues los demás pueblos 
del mundo han pasado por iguales trámites antes 
de entrar á la plenitud de su civilización, mas no 
por eso deja de indicar una condición muy pri- 
mitiva. 

Juntábase á tanto vigor, una ignorancia pro- 
porcional que lo hacia mas ingobernable. Eran 
completamente desconocidas en los campos, las 
artes que hacen cómoda la vida. La guerra habia 
concluido con la escasa agricultura que fomenta- 
ron los españoles, y una ración de carne asada, á 
que el mate servia de preparación y de postre, era 
el único sustento habitual de los campesinos. Ni 
bajo la dominación española, ni bajo la portu- 



226 Estudios Constitucionales 

guesa, fué promovida la ilustración popular de 
un modo serio. Esceptuadas las escuelas que tu- 
vieron los Jesuítas en las Reducciones, y alguna 
que otra fundada por particulares en Montevi- 
deo, todo lo demás corría de cuenta de algún pá- 
rroco benéfico que enseñase á leer y escribir á 
ciertos niños de su feligresía, ó de alguna comu- 
nidad relijiosa que por razón de su instituto se 
dedicase á la enseñanza. De manera que cuando 
la Nación recuperó su independencia, eran con- 
tados los hombres del pueblo llano que supieran 
leer y escribir, y podia afirmarse sin temor, que 
los de las clases superiores que ostentaban un 
titulo académico, no lo hablan obtenido de segu- 
ro en el país. 

Ya se comprende la consternación con que los 
Constituyentes mirarían este hecho, ellos que te- 
nían tan alta idea de su mandato lejislativo, y ha- 
blaban con tanta arrogancia de las condiciones 
de la nueva nacionalidad. Se nos figura que de- 
bieron sentir una especie de angustia, parecida á 
la que sienten los padres, cuando á raiz de haber 
elojiado á sus hijos delante de. una visita impru- 
dente, toma dicha visita por su cuenta el compro- 
bar la opinión emitida, y examina á los niños de- 
jándolos cortados y sin consuelo. Sobre todo, los 
constituyentes que volvían de Buenos Aires, y es- 
pecialmente aquel Don Santiago Vázquez, cuya 
voz de trueno dicen que se ola hasta la mitad de 
la plaza «Constitución» cuando estaban abiertos 
los balcones del Cabildo, y cuyo estremado pun- 
donor cívico no permitía que se pusiera en duda 
la superioridad de su pais en cualquier concepto, 



La Educación Común 227 

debieron contrariarse mucho, cuando en las con- 
versaciones de antesala les demostraron sus cole- 
gas, mejor impuestos de la sociabilidad campes- 
tre porque eran mas recientes sus últimas co- 
nexiones con ella, la ignorancia que predominaba 
en las masas populares. 

De estos datos partieron los autores de nuestra 
Constitución, para establecer que el ejercicio de 
la ciudadanía, desde el año 1840 en adelante, se- 
ria negado á todo el que entrase á él sin saber 
leer y escribir. Mientras el Poder Ejecutivo hacia 
grandes esfuerzos para fundar escuelas públicas, 
habiendo sido esa una de las primeras necesida- 
des á que proveyó mucho antes de estar sancio- 
nado el Código político, los constituyentes pen- 
saron que en diez años podia adelantarse de tal 
modo la difusión de la enseñanza, que hiciera 
apta á la nueva generación para adquirir sus ru- 
dimentos imprescindibles. Por otra parte, com- 
peliendo á los ciudadanos á instruirse so pena 
de perder sus derechos políticos, y dando á las 
Juntas Económico Administrativas la superinten- 
dencia de las escuelas públicas en sus localida- 
des, se creia conseguir un resultado tan seguro 
como proficuo. 

Pero el tiempo burló esas patrióticas esperan- 
zas. Ardió el país en una guerra que hubo de con- 
cluir con su existencia, y subvertido todo progre- 
so, quedaron desiertas las escuelas y enrolados en 
los ejércitos los maestros y discípulos. Gracias si 
en Montevideo y en alguna que otra ciudad del 
litoral, subsistieron los establecimientos escola- 
res, para mantener el entusiasmo respecto á la 



226 Estudios Constitucionales 



Bajo tales auspicios fué, que en el año de 1876 
abrió su campaña el señor don José Pedro Vare- 
la, mas tarde Inspector de Instrucción pública, 
proyectando un cuerpo de disposiciones que reji- 
mentasen la educación común, y acompañándo- 
las de largos comentarios, todo ello englobado 
en un libro de mas de 2«;o pajinas de lectura. Di- 
gamos para comenzar debidamente, lo que tenian 
de bueno el proyecto y el libro, ya que hemos 
de juzgarles con severidad en lo que dejaron de 
malo. Una de las grandes ventajas de la crítica es 
encontrar un cuerpo de ideas bien definidas sobre 
las cuales ejercitar su influencia, puesto que de 
otra manera debe reducirse á hablar de generali- 
dades. El proyecto de reglamentación de la ense- 
ñanza presentado por el señor Várela, proporcio- 
naba bajo ese aspecto un escelente tópico de estu- 
dio concretando todas las vastas materias que la 
educación abraza, y esponiéndolas de la manera 
mas sencilla que puede hacerse. Semejante tra- 
bajo, á mas de la iniciativa benéfica que entraña- 
ba, suponía un estudio laborioso vigorizado por 
consultas y comparaciones, suficientes para abru- 
mar los espíritus reñidos con toda empresa que 
escape á la generalización de teorías, mas ó me- 
nos aptas de aplicarse por cualquiera que no sea 
su propagador. El solo hecho pues, de metodi- 
zar en un reglamento especial las diversas dispo- 
siciones que rezan con la educación del pueblo, 
era un progreso laudable. 



La Educación Común 227 

Esto, en cuanto al reglamento de instrucción 
pública. Ahora, por lo que se relaciona con el li- 
bro á que dio orljen ese reglamento, también co- 
rresponde decir algo de él. Para una literatura 
como la nuestra, que apesar de lo que se diga en 
contrario, es bastante pobre aun, la entrada de 
un libro nuevo destinado á aumentarla, será du- 
rante muchos años todavia un acontecimiento. 
El libro del señor Várela, aunque no desprovisto 
de lunares, en cuanto al plan general, estaba es- 
crito en buen estilo, contenia apreciaciones serias 
y datos luminosos. Puede hacérsele un reproche 
por haberse lanzado á investigaciones que no son 
de su incumbencia, aglomerando escesivos ma- 
teriales, espigando en todos los terrenos, citando 
largos trozos de autores célebres muy bien tradu- 
cidos, aunque impertinentes al caso ; pero esta 
muestra de erudición ha de tomarse mejor como 
un deseo de robustecer su tesis que no como un 
acto de pedanteria. En cambio tiene algunas pa- 
jinas en que desenvuelve con vigor sus doctrinas, 
y cuando baja al fondo de la cuestión, sean cua- 
les fuesen los reparos que se le opongan por los 
que no estén conformes con ellas, demuestra 
buen capital de ideas propias acumulado por 
observaciones asiduas de la materia que trata. 
Tal es el lado bueno, que presentaban el regla- 
mento escolar y el libro que son obgeto de esta 
crítica. 

Hablemos ahora de sus puntos vulnerables. Sin 
que nadie se esplicára la razón de un procedi- 
miento tan inusitado, el autor hizo entrar como 
base de su plan de estudio un ataque violento á 



228 Estudios Constitucionales 

todos los abogados de la República ; levantando 
por consecuencia susceptibilidades y disputas tan 
agrias, que todavía no están cicatrizadas las heri- 
das que ellas dejaron. No tenemos empeño en de- 
fender á los abogados, ni pretendemos probar que 
ellos sean mejores ó peores que los demás hom- 
bres: lo que únicamente cabe decir á este respecto 
es, que seria pueril desconocer que entre ellos 
como entre todas las profesiones hay talentos dis- 
tinguidos, mediocridades y personas venales ; y 
en cuanto al conocimiento de las leyes, que ellos 
lo poseen mejor que ningunos otros, á causa de 
hacerlo materia de un estudio especial y profun- 
do. Mas no es ese el lado vulnerable de la opinión 
emitida por el autor de quien se vá hablando, 
que al fin las opiniones son libres ; sino que co- 
rresponde apreciarla por las enemistades inútiles 
que ella sublevó contra la causa de la educación 
pública, hasta entonces ajena á las controversias 
de círculo. Agredidos los abogados, se tornaron 
á su vez en agresores; tomó alguno de ellos per- 
sonería por el resto, y se debatió el caso de quien 
podia hacer cargos mas fundados : si aquellos 
que los soportaban, ó el mismo que se anticipara 
á formularlos. Todo esto pudo haberse evitado, 
con solo prescindir el señor Várela de hacer arma 
de discusión en su libro, de un asunto tan ajeno 
á la enseñanza pública. 

El segundo cargo que puede hacerse al mismo 
señor, es el de haber dado á su proyecto el título 
de Ley de Educación común, pidiendo la confirma- 
ción de ese título á un gobierno discrecional, que 
provisoriamente rejia los destinos del país, y que 



La Educación Común 229 

nunca hubiera podido dictar disposiciones con 
carácter obligatorio de ley. Este cargo se agrava 
en presencia de*las siguientes observaciones he- 
chas en su nota de remisión, por el autor del 
proyecto al gobierno: «No es pues — decia el se- 
ñor Várela — un espíritu pesimista, sino una ob- 
servación imparcial de los hechos y un sincero 
acatamiento prestado á las severas lecciones de 
la esperiencia, los que me han inducido á decir 
que no debe abrigarse, juiciosamente, la esperan- 
za de que las futuras asambleas resuelvan, en un 
porvenir inmediato, la importante cuestión de 
la organización de la enseñanza publica en nues- 
tro país Si esto es exacto, y me atrevo á es- 
perar que estas observaciones tengan una evi- 
dencia que se imponga por sí sola, es el Gobierno 
Provisorio el único que puede resolver la cuestión 
de la organización de la enseñanza publica en 
nuestro país, haciendo para una Ley general de 
Educación común, lo que se hizo en épocas an- 
teriores para la promulgación de los códigos 
Civil y Comercial.» En todo este lujo de menos- 
precio á las instituciones, después de destratar 
acerbamente á las asambleas pasadas y futuras, 
el presunto Director de Instrucción pública se 
pronunciaba por el raro sistema de conferir al 
Ejecutivo la facultad de dictar leyes. Y enseñe 
Vd. la Constitución de la República á sus hijos ! 
El tercer cargo que puede hacerse al señor Vá- 
rela, y que justifica el anterior, es haber querido 
establecer como principio, la autoridad de las 
minorías violentas sobre el voto unánime de las 
mayorías. Decia el artículo 59 del proyecto enun- 



230 Estudios Constitucionales 

ciado: «Es facultativo en la Comisión de Distrito 
establecer en la escuela ó escuelas de Distrito la 
enseñanza de la Relijion Católica Apostólica Ro- 
mana ó del Catecismo católico, con arreglo á las 
disposiciones siguientes: i."" que la enseñanza re- 
lijiosa no minore ni haga minorar la de las mate- 
rias establecidas en el articulo 57 — 2.* que solo 
puede darse fuera de las horas de clase, antes de 
empezar ó concluir la escuela, en el caso que 
cualquiera de los padres de los niños sujetos á la 
obligación escolar, residentes en el Distrito, soli- 
cite por escrito de la Comisión de Distrito que la 
enseñanza de la Relijion Católica ó del Catecismo 
sea escluida de la escuela j e/c.» Fijémonos en los 
resultados á que lleva esta doctrina. Do quiera 
que el sentido práctico del gobierno libre no ha 
emigrado totalmente, se sabe que la mayoría es 
la que decide en todos los casos. Pues bien, por 
el artículo citado, la minoria absoluta de un voto 
sobre todos los demás, decide nada menos que 
contra las cuestiones de conciencia. Es así que en 
las escuelas donde hubieran noventa y nueve ni- 
ños católicos y un disidente, el padre de éste 
impondría su voluntad al resto en materia reli- 
jiosa. Y como las horas de escuela son ya por 
sí mismas un buen lapso de tiempo, y ninguna 
familia está en aptitud de mandar sus hijos á la 
escuela antes ó después de las horas de clase para 
aprender cosas ajenas á la enseñanza diaria ; te- 
nemos que, por la autoridad dictatorial de un 
solo voto, la enseñanza relijiosa quedaria suspen- 
dida. Parece que la idea del absolutismo discre- 
cional y atrabiliario, ha ido ganando terreno en 



La Educación Común 231 

— ■ I I I ■ - ■ ni _ 

este país hasta en las manifestaciones mas ajenas 
á la politica militante. 

El cuarto cargo que puede hacerse al señor Vá- 
rela, es el de haber propuesto y hecho aceptar 
una violación flagrante de la Constitución del 
Estado, al instituir las corporaciones destinadas 
á vi j i lar la enseñanza. Por el artículo 126 de la 
Constitución, las Juntas Económico- Administra- 
tivas tienen entre sus cometidos especiales el de 
velar sobre la educación primaria. El proyecto del 
señor Várela daba en tierra con esta prerogati- 
va, dejando á las Juntas sin mas voz ni voto que 
el de uno de sus miembros en las cuestiones 
de enseñanza, sustituyendo la facultad constitu- 
cional de aquellas, por la de los Inspectores de- 
partamentales que él nombra. Son estos peque- 
ños sátrapas y no las Juntas, los que según el 
indicado proyecto y las disposiciones escolares 
posteriores : « propenderán por todos los medios 
á su alcance, á estimular en el Departamento el 
celo del pueblo por el mejoramiento y difusión 
de la educación pública.» De manera que las po- 
bres Juntas E. Administrativas, cuyos atributos 
municipales estaban ya algo cercenados por mi- 
nisterio de los tiempos, venian á ser despojadas 
por un reglamento simple, de una atribución es- 
pecial que solo podría arrancarlas una doble 
Asamblea ampliamente apoderada por otras 
asambleas y el pueblo, para reformar la Consti- 
tución nacional. Quedamos enterados pues, de 
que en circunstancias dadas, un Inspector de edu- 
cación tiene igual poder á una doble asamblea 
investida con facultades especiales; de lo cual 



232 Estudios Constitucionales 

puede deducirse, que una sucesión regular de 
Inspectores de este género reformaria nuestra 
Constitución sin grandes erogaciones. Apunten 
la idea, los que gritan contra la elección de pode- 
res constitucionales por materia de economía. 

El quinto cargo que al señor Várela puede ha- 
cerse, es el haber llevado tan lejos su deseo de 
lejislar, que arremetió contra todas las leyes ha- 
bidas y por haber en materia de educación, em- 
peñándose en que solo su reglamento fuese una 
Ley, mientras que las verdaderas leyes dictadas 
por las Asambleas constitucionales, representan- 
tes de la soberanía del pueblo, no quedaban á sus 
ojos en otro rango que en el de simples disposi- 
ciones derogables á capricho. Hé aquí como se 
espresaba el proyectante hablando de su proyec- 
to: «Esta ley se conocerá y se llamará con el nom- 
bre de Ley de Educación común, y toda referen- 
cia que se haga con este nombre se entenderá 
que se refiere á esta y no á ninguna otra ley de la 
República (art. 109). — Deróganse todas las leyes y 
disposiciones anteriores que se opongan á la pre- 
sente ley (i 10).» — Con permiso del señor Várela y 
ciñéndonos á lo que dispone nuestra Constitu- 
ción, un poco pasada de moda mas no derogada 
totalmente todavía; diremos que ningún Inspec- 
tor nacional tiene personería para proponer la 
derogación de ley ni disposición lejislativa al- 
guna, puesto que él no es lejislador. Tampoco la 
tiene para facultar á nadie á que derogue, porque 
él no es pueblo. Menos la tiene todavía, para in- 
vestir al Poder Ejecutivo con las prerogativas de 
otro Poder, porque él no es constituyente. 



La Educación Común 233 

El sexto cargo, y tal vez el mas considerable de 
todos los que pudieran hacérsele al señor Várela, 
es haber propuesto la instrucción obligatoria, 
contrariando preceptos ilejislables de derecho 
natural. Porque siendo la tutela de los hijos me- 
nores privativa de los padres de familia, y siendo 
la familia fundamento de la sociedad y por con- 
secuencia anterior á ella, resulta que el Estado al 
inmiscuirse en el hogar doméstico, ataca una 
autoridad anterior y superior á la suya en la es- 
fera de su acción incontestable. Ahora bien : la 
familia uruguaya, como asociación doméstica, es 
anterior á la Asociación política uruguaya, que al 
fin y al cabo no se ha constituido sino por el con- 
junto de las familias que le han dado vida. Y ese 
conjunto de familias, que politicamente se llama 
pueblo uruguayo, no ha delegado todos sus dere- 
chos en la autoridad civil, sino que se ha reservado 
espresamente aquellos que son de orden natural y 
que le garanten su libertad privada. ¿En nombre 
de qué priviléjios, podrá entonces penetrar la au- 
toridad pública en el hogar del ciudadano para 
obligarle á que instruya sus hijos ? Se esplica la 
instrucción obligatoria en los cuarteles, hospi- 
cios, asilos y toda clase de establecimientos donde 
la autoridad paterna no llega, pero en el hogar 
doméstico es atentatoria al derecho natural. 

Con estos defectos y otros muchos, subió la se- 
dicente Ley de Educación común á las re j iones ofi- 
ciales, y el gobierno nombró una Comisión en- 
cargada de examinarla. Empezó la Comisión 
susodicha por reducir á proporciones mas hu- 



234 Estudios Constitucionales 

mildes el título del reglamento sometido á su crí- 
tica, y en vez de Ley le llamó Decreto. En seguida, 
volvió la oración por pasiva en la cuestión relijio- 
sa, y dijo: «La enseñanza déla relijion Católica es 
obligatoria en las escuelas del Estado, esceptuan- 
dose á los alumnos que profesan otras relijiones, 
y cuyos padres, tutores ó encargados se opongan 
á que la reciban (art. i8).» Después, prescribió la 
enseñanza de las labores manuales para las ni- 
ñas, á quienes el proyecto Várela quitaba esta 
prerogativa, sin que se sepa porqué. Mas adelan- 
te, hizo caso omiso de los impuestos, contribu- 
ciones, gabelas, lanzas y medias anatas, portaz- 
gos y demás imposiciones que el señor Várela se 
habia dado el placer de crear, en un rapto de en- 
tusiasmo dictatorial. Y por último, retazeando 
aquí, cortando allá y zurciendo en otras partes, 
arribó la Comisión á dar vida á un reglamento 
mas humano que el que la hablan sometido; cuyo 
reglamento puesto en vijéncia por un Decreto, 
vino á constituir el cuerpo de disposiciones esco- 
lares que hoy nos rijen. Examinemos este pro- 
ducto oficial, en su parte mas interesante. 

Comienza el Decreto por constituir la Direc- 
ción general de Instrucción publica, con un per- 
sonal escesivo si se calcula que él es subvenido 
por las rentas adscriptas al sostenimiento de las 
escuelas, y que esas rentas no alcanzan á cubrir 
el presupuesto escolar. Veamos como se espresa 
el Decreto en este asunto : « La Dirección general 
de Instrucción pública se compondrá de los si- 
guientes miembros : El Ministro de Gobierno co- 



La Educación Común 23$ 

mo Presidente (i), el Inspector nacional de Ins- 
trucción pública como Vice, el Director de la 
Escuela normal (cuando la haya, por supuesto) co- 
mo segundo Vice, y cuatro vocales nombrados 
por el Gobierno. Habrá un Secretario general 
nombrado por el Gobierno, á propuesta de la Di- 
rección general de Instrucción pública (art. 2.®) 
Los miembros déla Dirección general de Instruc- 
ción pública asi como el Secretario general, du- 
rarán en sus funciones mientras su comportacion 
no dé motivos para ser removidos de sus pues- 
tos (art. 4.^) (y si la comportacion es buena, y el ta- 
lento escaso ¿qué se hará de ellos?) Los vocales de 
la Dirección general de Instrucción pública goza- 
rán del sueldo de 1,200 pesos anuales cada uno 
(art. 5.°) (¿no hubiera sido mejor emplear estos 4,800 
pesos anuales en el sostenimiento de la Escuela 
normal?) 

Después de la organización del Estado mayor 
de la Instrucción pública, llama la atención el 
programa de las asignaturas. Oigamos : « Las 
materias que constituyen la enseñanza primaria 
en todos sus grados, son las siguientes : Leccio- 
nes sobre obgetos — Lectura, escritura y dibujo — 
Aritmética, composición — Gramática y retórica — 
Geografía con nociones de historia — Teneduría de 
libros y cálculo mercantil — Derechos y deberes 
del ciudadano — Historia de la República — Moral 
y relijion — Nociones de álgebra y geometría, de fi- 
siolojia é hijiene, de física é historia natural, y de 



(i) En la actualidad f y después de la creación del Ministerio de 
Instrucción pública, es el titular del ramo quien ocupa ese cargo. 



236 Estudios Constitucionales 

agricultura — Gimnasia y música vocal — En las es- 
cuelas de niñas se enseñará además, labores de 
uso común, manejo de la máquina de coser y cor- 
te (art. 16).» Desde luego, este no es un programa 
de enseñanza elemental, pues las asignaturas 
científicas propinadas en él, superan lo que cons- 
tituye una instrucción rudimentaria. Ni la retóri- 
ca, Efi la geografía universal, ni las ciencias exac- 
tas, ni la fisiolojia, ni la hijiene, son materias 
adaptables á un curso de primera enseñanza. 

La precipitación con que se hacen todas las 
cosas entre nosotros, es quien únicamente puede 
haber aconsejado esta trasgresion del buen sen- 
tido en una materia tan importante. Muchos 
creen que se puede formar un sabio en tres años, 
lo cual es absurdo. Otros creen que el Estado 
debe costear una educación tal, que ella sea su- 
ficiente para dar carrera á todos los habitantes de 
la Nación ; y esto es tan absurdo como lo prime- 
ro, porque ni todos los individuos de un país si- 
guen carrera, ni el Estado puede trasformarse en 
padre de todos los que le soliciten. El sistema de 
educación debe repartirse por gradaciones pro- 
porcionales, que tiendan á satisfacer las necesida- 
des públicas. Una clase de escuelas, la mayor de 
todas, que abarque la suma de los conocimientos 
necesarios á la instrucción elemental; una segun- 
da clase, mucho menor, que constituya el depósi- 
to de la instrucción secundaria , y luego algunas 
escuelas superiores para formar los aspirantes á 
las carreras profesionales; hé aquí lo que se nece- 
sita. Pero como en toda obra humana cumple 
comenzar por los cimientos, la instrucción ele- 



La Educación Común 237 

mental es en este supuesto la que requiere ma- 
yores atenciones, porque su difusión ha de ser 
causa de todos los progresos que se deseen ver 
realizados. 

Las escuelas de primer grado ü elementales, 
no deben enseñar, ni tantas materias que confun- 
dan al estudiante, ni tan pocas que esterilicen el 
tiempo empleado en aprenderlas. En el primer 
caso, cuando se le quiere enseñar demasiado, 
solo se consigue repletarle de conocimientos inú- 
tiles que ofuscan su imajinacion ; y en el segun- 
do, cuando se le enseña muy poco, se le hace 
perder un tiempo que no tendrá ocasión de recu- 
perar nunca más. El hecho de llamarse elemen- 
tal la instrucción primaria, está diciendo lo que 
ella debe ser. Lectura y escritura aprendidas con 
perfección, gramática, aritmética, geografía del 
país, Constitución de la República, elementos de 
historia nacional, elementos de dibujo lineal, gim- 
nástica y canto, son una buena base de instruc- 
ción para ensanchar la intelijéncia y robustecer el 
cuerpo ; preparando aquella á conocimientos de 
mayor alcance y desarrollando á este con vigor. 
La eficacia de esta educación primaria, consiste 
en que ella sea dada en el mas corto plazo, á fin 
de aprovechar el tiempo y no fatigar al estudian- 
te ; porque la intelijéncia tiene también su tiem- 
po marcado para poder amoldarse á ciertas en- 
señanzas. 

No lo entiende así el plan de estudios que anali- 
zamos, y todavia empeora su condición, recomen- 
dando que la mayor parte de las materias estable- 
cidas en el programa, se trasmitan por la enseñan- 



238 Estudios Constitucionales 

za oral. Es cuestión averiguada prácticamente, 
que en la instrucción prioiária puede aprovechar- 
se con fruto el ejercicio de la memoria del estu- 
diante, y que no hay nada que suplante á esa 
gimnástica de aquella facultad intelectual. Las 
reglas gramaticales, las fórmulas aritméticas y las 
fechas históricas, no entran en la intelijéncia sino 
por la memoria. Todo sistema de educación pri- 
maria que tienda á prescindir de la memoria de 
los educandos para gravar en ella los rudimentos 
mas necesarios de la enseñanza, dará siempre 
fiasco. El raciocinio necesita desarrollarse sobre 
ciertas bases preexistentes, y cuando no las hay, 
es muy difícil fijar la atención del discípulo sobre 
consecuencias que solo pueden sacarse de premi- 
sas dadas. Esto se comprueba claramente, obser- 
vando el sistema que se adopta en familia para 
enseñar á hablar á los niños. Antes de que apren- 
dan el sentido de las palabras, se les enseñan las 
palabras mismas. 

La instrucción oral no reemplaza con éxito en 
las escuelas de primer grado, á la instrucción 
por el ejercicio de la memoria. En la enseñanza 
elemental, como en las ciencias y las artes, hay 
principios fijos que constituyen dogma. Toda 
suma de conocimientos humanos empieza por un 
acto de fé : hasta en las matemáticas, se comien- 
za por creer ó renuncieu* á la ciencia. El educan- 
do de primer grado pues, debe comenzar con 
actos de fé que se graben en su memoria : debe 
aprender los principios y las reglas que estén 
fuera de discusión, porque ni él ni nadie han de 
inventar otras. Por otra parte, el temperamento 



La Educación Común 239 

inquieto de un niño de siete ü ocho años, no le 
permite prestar atención á disertaciones orales 
que no entiende. La intelijéncia del niño es como 
un terreno inculto, que jamás ha recibido simien- 
te: si se empeña el labrador en sembrar sobre se- 
mejante tierra, la cosecha se irá en vicio ; pero 
arad y abonad vosotros ese campo, y os dará cien- 
to por uno. 

¿A qué conduce entonces, el fárrago de mate- 
rias designadas obligatoriamente para la ense- 
ñanza primaria, sino al embrutecimiento del edu- 
cando? ¿Hay acaso cabeza de niño, que pueda 
responder de su juicio cabal, después de haber 
sido victima de una mezcolanza tan híbrida como 
la que propende á llevar á cabo este malhadado 
programa? A nadie se hará comprender, que un 
sastre necesite imprescindiblemente estudiar 
agricultura, un albañil fisiolojia, un carpintero 
historia natural, un maestro de armas música. 
¿Y cuantos niños que en el porvenir serán maes- 
tros de armas, carpinteros, albañiles y sastres, 
se verán obligados á perder su intelijéncia y su 
tiempo en las escuelas de hoy, aprendiendo cosas 
que no han de servirles absolutamente para nada? 
En hora buena se funden escuelas de agricultu- 
ra, de medicina, de música, de ingeniatura y de 
comercio, para aquellos niños que, hijos de in- 
dustriales ó hijos de príncipes si los hubiere, de- 
muestren tendencias especiales para adoptar 
cualquiera de estas profesiones; pero no por esto 
se imponga á todos en las escuelas primarias, el 
martirio de estudiar lo que no se sientan inclina* 
dos á aprender. 



242 Estudios Constitucionales 

2.<» Un geógrafo, para la geografía del Universo — 
3.** Un matemático, para el cálculo mercantil y la 
aritmética superior, el álgebra y la geometría — 
4.** Un médico, para la fisiolojia y la hijiene — 5.° Un 
naturalista para la física é historia natural — 6.** Un 
jurisconsulto, para los derechos y deberes del ciu- 
dadano, ó sea el resumen de la ciencia social — 
7.*» Un profesor de filosofía, para la moral — 8.° Un 
doctor en teolojia y cánones, para la relijion — 
9.** Un agrónomo, para la agricultura — io.° Un 
profesor de i." clase en su género, para la músi- 
ca — ii.° Otro profesor de i.* clase, para la gim- 
nástica y demás ejercicios corporales. Calcúlese 
por término medio 100 pesos mensuales á cada 
uno de estos profesores, y nos dará un total re- 
dondo de 1,100 pesos cada mes para el solo per- 
sonal superior. Se destaran de esta suma, los 
ayudantes, monitores y demás estipendiados, asi 
como los gastos de mobiliario, etc. 

Después de tratar la cuestión de la Escuela 
normal, cuyo reglamento se deja al arbitrio de la 
Dirección general ; habla el Decreto de la forma- 
ción de las bibliotecas populares. Por el artícu- 
lo 45 «se afecta el i Vo de las rentas escolares de 
cada Departamento, para contribuir á la forma- 
ción y sostenimiento de las bibliotecas escola- 
res y populares que serán públicas». Por el ar- 
tículo 46 se preceptúa que « la Dirección general 
de Instrucción pública preparará una lista de 
libros adecuados para las bibliotecas escolares 
y populares, y dictará reglas generales para su 
gobierno y administración » . ¿Cómo cuanto dará 
el 1 7o de las rentas escolares, que todavía no He- 



La Educación Común 243 

gan á cubrir los presupuestos ordinarios de la 
educación? Se recomienda la solución del pro- 
blema, á los matemáticos de la Escuela normal. 
¿Qué clase de libros serán los que la Dirección 
general encuentre adecuados, para servir en to- 
dos los tiempos á las bibliotecas populares ; y 
cuáles las reglas que dictará para su gobierno y 
administración ? Se supone que los libros no se- 
rán del numero de los que tan rudamente maltra- 
tó el señor Fontela en el Ateneo ; y que el gobier- 
no interior de las bibliotecas no será un incentivo 
para favorecer algunas docenas de empleados, 
por el gusto de crear un pequeño partido. 

Abandonemos, que ya es tiempo, el Decreto y 
sus prescripciones teóricas, para dar una vuelta 
por el campo de sus triunfos, que es el terreno 
donde ha de conocerse el fruto que haya dado 
el árbol. Puesto en vijéncia el nuevo mecanis- 
mo educacionista, se nombró Inspector nacional 
de Instrucción pública al señor Várela, y como 
fuese suyo el proyecto inicial de la reforma esco- 
lar, y se cometiese á sus cuidados personales el 
hacerlo viable, recibió dicha reforma el nombre de 
sistema vareliano. Desde entonces (1877) acá, ese 
sistema impera en todo su esplendor, habién- 
dolo sostenido el gobierno contraías quejas de la 
opinión y el manifiesto instinto repulsivo con que 
lo mira el país. No estará demás, entonces, que 
en presencia de una tenacidad proporcionada á 
la hostilidad que ella provoca, examinemos los 
beneficios positivos del sistema vareliano, pene- 
trando en el interior de las escuelas, que es don- 
de puede conocérsele mejor. 



244 Estudios Constitucionales 



Bajo pretesto de abrir horizontes prácticos á la 
intelijéncia infantil, entregándola de lleno al estu- 
dio de la historia natural que es hoy la preocu- 
pación dominante en ciertos círculos, se ha col- 
gado á las paredes de nuestros establecimientos 
escolares, un conjunto de cuadros destinados á 
hacer la apolojia de la animalidad. Desde el pa- 
ciente burro hasta el travieso macaco, desde el 
elefante hasta el puerco-espin, todos los produc- 
tos netos de las especies irracionales campean en 
la colección mencionada; y para hacerlos mas 
simpáticos sin duda, se les ha pintado en el mo- 
mento de entregarse á sus hazañas favoritas. El 
pobre niño que no vé á su alrededor otra cosa 
que ese horroroso espécimen de una sociabilidad 
pretérita, concluirá por creer que hay cierto pa- 
rentesco espiritual y consanguíneo entre los alu- 
didos y él. Por lo que respecta á las niñas, este 
sistema es opuesto al que los griegos usaban con 
las mujeres. Creian ellos, que á la mujer debían 
imbuirla desde la infancia en el culto de lo bello, 
y á ese fin colocaban en las escuelas frecuen- 
tadas por el sexo débil, las esculturas y los cua- 
dros que mejor representasen á los dioses y á los 
héroes, propendiendo por este medio á que la 
costumbre de tan agradable visión fuese fijando 
en la mente de las futuras madres, una noción tí- 
pica de belleza personal que ellas trasmitiesen á 
sus hijoé. Nuestra Dirección de Instrucción pú- 
blica mas entendida en esto que los griegos, pro- 



La Educación Común 245 

fesa el culto de la fealdad ; y de ahí que no pre- 
sente á la imajinacion de las futuras madres 
uruguayas, otro ideal que el recuerdo de los cua- 
drumanos y los bípedos pintados en los cuadros 
consabidos. Así pues, niños y niñas, ignorarán 
qué aspecto físico tenían los fundadores de nues- 
tra nacionalidad, cuyos retratos no han visto y 
cuyos nombres solo han leído precedidos de un 
fárrago de calumnias; ignorarán también cual 
era el aspecto de los hombres primitivos y cuan 
grande ha sido el desarrollo en la belleza humana 
desde aquellos tiempos acá; pero conocerán en 
cambio todas las especies irracionales encerradas 
en el arca tradicional. Darwin no hubiera ideado 
una iniciación mas adecuada, para la enseñanza 
de su teoría sobre nuestro parentesco hipotético 
con el gorila. 

Pueden empero lisongearse los animales de 
haber sido mejor tratados que los hombres espec- 
tables del país ; pues á los primeros se les ha pin- 
tado como son, mientras que á los últimos ha 
tratado de pintárseles bajo el mas deforme as- 
pecto moral concebible, en los elementos de his- 
toria nacional que se propinan á los niños. Un 
caballero de grande importancia, dispensador dé 
títulos de sabiduría, pedagogo, erudito, doctor 
in uiroquce, etc., ha escrito un Bosquejo histórico 
de la República, que es el que corre con mas 
aplauso en las escuelas. En ese precioso librito 
resulta probado que Artigas, el fundador de nues- 
tra nacionalidad, era un bandido; que Lavalleja, 
el reivindicador de nuestra independencia, era 
un mísero gaucho sin carácter ni moralidad pro- 



246 Estudios Constitucionales 



pia; que Rivera, el gefe de la democracia urugua- 
ya, vencedor del Rincón y de Cagancha, era un 
salteador de caminos. La maquiavélica intención 
que el escrito revela, el inusitado éxito que ha te- 
nido desde años atrás, su difusión persistente en- 
tre la infancia, el puesto que su autor ocupa, y la 
consideración de que gozan autor y libro entre 
las gentes que pueden dispensar oficialmente sus 
favores pedagójicos, ya dejan ver qué clase de 
instrucción historial se dá en nuestras escue- 
las (i). El pundonor nacional, base de toda ense- 
ñanza seria para la juventud, brilla por su ausen- 
cia en el programa de educación que ellas dis- 
ciernen. Como punto de partida en las ciencias 
naturales, tenemos un conato práctico de esta- 
blecer el sistema de Darw^in, la animalidad eleva- 
da á potencia creadora, los paquidermos, los ru- 
miantes, los gorilas, trasformados en causa efi- 
ciente de nuestro oríjen . Como instrucción 
historial, tenemos la creencia generalizada por 
los textos escolares, de que nuestra ascendencia 
nacional entronca con una caravana de bandi- 
dos. El embrutecimiento general decretado por 
la anarquía política, completa su última evolución 
en la anarquía escolar. La cosa marcha. 

Lo que sucede en la enseñanza de la historia, 
se repite con mas ó menos estension en lo relati- 
vo á la aritmética. Es corriente en el país, que 
ningún niño que sale de la escuela sepa contar. 



(i) En Setiembre de 188 y se prohibió por el gobierno el uso 
de ese texto en las escuelas públicas; pero el sedimento que él 
ha dejado produce aun sus frutos. 



La Educación Común 247 

Hasta se ha discutido muy formalmente, *si hay 
en nuestra raza algún vicio intelectual que la haga 
inhábil para la contabilidad. En las oficinas pu- 
blicas y en las casas de comercio, brillan nues- 
tros compatriotas jóvenes por su repugnancia á 
hacer números, y los que se ven obligados á en- 
tregarse á esa tarea, necesitan aprender la arit- 
mética porque se convencen de que antes no la 
conocían. JLa estension del mal gana terreno con 
rapidez, y cumple atribuir á esa causa gran parte 
de los inconvenientes que se tocan en nuestra 
vida social y política. Se sabe hoy, merced á las 
investigaciones científicas, que el conocimiento 
de los números es gran base para todo saber, y 
guia importante para toda conducta personal 
sensata. Conocer el número en su mas elevada 
espresion filisófica, es darse cuenta el hombre 
de todo el mundo exterior. Así pues, la turbu- 
lencia de nuestra generación se debe en gran 
parte á los cálculos alegres de que ella se ha 
mostrado siempre apasionada; y esos cálculos 
alegres son los projenitores de la impaciencia 
volcánica que nos devora. ¿Qué medios ha puesto 
en juego el nuevo sistema de enseñanza, para 
arribar al resultado de instruir á los niños en la 
noción del número? Creemos que se sirve de los 
mismos procedimientos anteriores, á juzgar por 
los resultados visibles. 

No hablemos de la gramática, porque ese es un 
muerto ilustre sepultado hace mucho tiempo en 
nuestro país. Las concordancias vascuences y 
demás primores de que están plagados hasta los 
documentos mas insignificantes que vén la luz 



248 Estudios Constitucionales 

entre nosotros, prueban que ya ni luto llevamos 
por el finado. Es de suponerse que el mal hace 
miras de permanecer crónico, puesto que la ma- 
yoría de los encargados de doctrinar sobre la 
materia en las escuelas, son mas aptos para dis- 
cípulos que para maestros aun en el ejercicio vul- 
gar de la palabra ; de lo cual puede inferirse, que 
si no saben hablar el idioma corriente, menos 
sabrán aplicar las reglas científicas. Y como que 
la cuestión gramatical entraña en sí misma, no 
solo el modo de hablar bien el idioma sino el de 
escribirlo, es decir, la forma de espresarse por la 
palabra ó por la pluma en un sentido correcto é 
intelijible á todos, ahorrando tiempo al actor y 
gasto de paciencia á los lectores ü oyentes, re- 
sulta que la omisión de una enseñanza gramati- 
cal adecuada, dificulta la difusión de las ideas, 
propendiendo grandemente al reinado de la ig- 
norancia. 

En geografia, andamos por el mismo estilo. 
Nuestros niños saben á qué país pertenece el 
Ganges, qué tierras limita el Duero y por donde 
corre el xMississippi, mas no se* dan cuenta que 
les importe mas urgentemente saber donde nace 
y muere el Yí, entre qué grados de longitud y la- 
titud están situadas las ciudades de Montevideo, 
Colonia y Maldonado, y cuál es la superficie geo- 
gráfica del territorio uruguayo; á la que todos 
los autores de textos en boga, le quitan 2000 le- 
guas cuadradas, como puede comprobarlo quien 
desee multiplicar la longitud geográfica del país 
por su latitud correspondiente, sin despreciar 
minutos y segundos. En cambio se les trata de 



La Educación Común 249 

enseñar los despropósitos mayores en geografía, 
imbuyendo en ellos ideas que pueden ser hasta 
motivo de complicaciones futuras. Poco tiempo 
há que un diario de Montevideo (La Tribuna), da- 
ba cuenta de varias preguntas hechas á un niño 
por un examinador en cierta escuela pública. 
Después de haberle preguntado por los límites 
de Portugal, el examinador interrogó: «¿Y á qué 
país debe pertenecer lójicamente Portugal ? » El 
niño no tuvo respuesta que dar en su estupefac- 
ción, y entonces el examinador dijo : « A España 
niño, repita usted, á España!» ¿Por qué razón se 
han de enseñar á nuestros niños estas cosas? 
¿Qué daño nos ha hecho Portugal á nosotros para 
que emprendamos semejante cruzada contra su 
independencia? ¿Cuál seria nuestra contestación 
á los portugueses, si nos llamaran á cuentas por 
conspirar de esta manera contra la mas preciosa 
de sus prerogativas, fundada en un derecho que 
todo el mundo les reconoce oficialmente, inclusa 
la República del Uruguay? 

Conocidos estos abusos, cuya veracidad está 
comprobada, tomó sobre si la 13/ Lejislatura el 
compromiso de removerlos, dictando una ley 
que se ajustase á las necesidades sentidas. Pero 
mientras esa ley se elaboraba, y su discusión te- 
nia lugar con una imparcialidad y copia de datos 
que hicieron memorable el debate, fué necesario 
dar carácter estable, incorporándolas á la lejisla- 
cion vijente, para poderlas reformar después, á 
todas las disposiciones lejislativas que la Dictadu- 
ra Latorre habia espedido, lo que sea dicho de 
paso, fué tachado por las oposiciones como un 



250 Estudios Constitucionales 

acto de adulación, cuando era la mas esplicita 
condenación del sistema dictatorial. De esta ma- 
nera vino á trasformarse en Ley de la Nación, el 
Reglamento proyectado por el señor Várela y en- 
mendado por la Comisión colaboradora, adqui- 
riendo dicha disposición una fuerza mayor de la 
que tenia. Entonces se vio hasta donde era capaz 
de ajitarse el personal rentado de la Instrucción 
pública. Tanto en la prensa como en la barra de 
la Cámara de Diputados, los inspectores, sub- 
inspectores, secretarios y adláteres de la Direc- 
ción general, renovando aquel juramento atribui- 
do á los empleados de Luis Felipe « de no dejar 
sus empleos sino con la vida,» extremaron el vo- 
cerío y las protestas á fin de simular una oposi- 
ción pública. Sin darse punto de reposo, acom- 
pañaron la discusión de la nueva ley en proyecto, 
con las mas destempladas muestras de intempe- 
rancia hablada y escrita, y una vez que la vieron 
triunfante en la Cámara, ocurrieron con todas 
sus influencias al Senado, que la encarpetó hasta 
el dia de hoy. 

Esta victoria de bandería, dio al sistema vare- 
liano un predominio indiscutible. Inútil fué que 
se quejasen las poblaciones de campaña, inútil 
que protestasen las madres de familia, inútil 
que señalase, aun la prensa mas afecta al siste- 
ma, muchos de sus lunares capitales; todo quedó 
menospreciado. Y el sistema, invadiendo hasta 
supeditarlas, todas las corporaciones educacio- 
nistas que funcionan por cuenta del Estado, se 
ha hecho programa oficial, y ya no solo tiene la 
educación primaria, sino que es dueño de la ins- 



La Educación Común 251 



truccion superior. La Universidad y las escuelas 
públicas son sus dependencias, y las hace mar- 
char á capricho por la via de un rigorismo cada 
vez mas desdoroso. Veamos si esto se encuadra 
con los preceptos de la Constitución, á cuya luz 
vamos á resolver el asunto, habiéndonos preci- 
sado á la digresión antecedente, la necesidad de 
presentarlo con toda claridad. 



La situación legal de la instrucción pública en 
el país, es la de un monopolio encaminado á des- 
truir metódicamente todas las iniciativas parti- 
culares. El Estado se reserva para sí, la instruc- 
ción secundaria y superior, no reconociendo otros 
títulos académicos en estas dos ramas que los 
que él discierne por medio de la Universidad ; de 
manera que el educando es suyo, desde que em- 
pieza hasta que acaba el orden de estudios en 
que ha de graduarse. Y como quiera que la Uni- 
versidad, por su nueva organización, es una me- 
ra dependencia del Poder Ejecutivo que nombra 
y destituye sus empleados de todas las gerar- 
quias, se sigue que al monopolio de la enseñan- 
za puede juntarse la imposición de las ideas, sin 
mas control que la voluntad del gobierno. Exac- 
tamente lo mismo que sucede en Rusia. 

Y si esto es así en la instrucción secundaria y 
superior, algo parecido acontece en la instruc- 
ción primaria. Una ley especial la hace obligató- 



252 Estudios Constitucionales 



ría á los ciudadanos, y si bien permite la coexis- 
tencia de las escuelas particulares con las del Es- 
tado, absorbe por efecto de la gratuidad de estas 
últimas, el número mayor de elementos infantiles, 
imposibilitando toda concurrencia eficaz. Desde 
que el pueblo, sin escepcion de personas, paga un 
impuesto considerable para sostener las escuelas 
del Estado, no hay corporación educacionista 
particular capaz de competir con ellas, que tienen 
la superioridad numérica y rentística, á mas de 
las facultades coactivas de la ley que ampara sus 
progresos. Agregúese á lo dicho, que el progra- 
ma de las escuelas públicas, señala una parte mí- 
nima al aprendizaje de los deberes relijiosos de 
los educandos, quienes al igual de; los contribu- 
yentes, son en su gran mayoría católicos ; y se 
tendrá por resultado, que la ley restringe la li- 
bertad de enseñanza primaria de dos modos : si- 
muladamente por el monopolio rentístico, y abier- 
tamente por la vulneración de las creencias de 
una mayoría de educandos que no pueden con- 
currir á las escuelas particulares á causa del im- 
puesto que merma las rentas de sus familias. 

Los fundamentos que han servido de base á la 
promulgación de esta ley, no pueden ser mas 
erróneos. Por lo que respecta al carácter obliga- 
torio de la instrucción, se ha invocado el aforis- 
mo de que nadie tiene derecho á la ignorancia; y por 
lo que respecta á la utilidad política de difundir 
esa instrucción entre el pueblo, se ha invocado 
el artículo 11 (inciso 15.°) de la Constitución, que 
declara suspensos de la ciudadanía desde el año 
1840 en adelante, á los que no sepan leer y escri- 



La Educación Común 253 

bir. Ambas premisas, suponiéndolas aplicables 
al caso, llevan empero á consecuencias muy con- 
trarias á la ley. 

Desde luego, es falso que en absoluto nadie 
tenga derecho á la ignorancia: puesto que siendo 
toda sabiduría un grado mayor ó menor de igno- 
rancia relativa, se sigue que á lo que nadie tiene 
derecho es á la sabiduría absoluta. El mas gran- 
de de los jurisconsultos puede ser ignorante con 
respecto aun artesano, y el industrial menos so- 
bresaliente puede dar lecciones provechosas á 
cualquier sabio. Todo descubrimiento, atestigua 
lo poco que se sabia antes de efectuarlo, y de- 
muestra la necesidad de ir mas allá en la investi- 
gación. De modo que lo que predomina en el 
mundo es la ignorancia; y una lejislacion que se 
infatúe hasta el punto de querer castigarla, corre 
el riesgo de caer en el ridículo á que se vio redu- 
cido el déspota, castigando al mar porque no en- 
tendía sus órdenes. 

Pero si con respecto al fundamento filosófico 
de la ley, laobgecíon opuesta es perentoria, no lo 
es menos la que nace contra su fundamento dis- 
positivo. Cierto es que la Constitución suspende 
la ciudadanía á los que no sepan leer y escribir 
desde el año 1840 en adelante; pero por lo mismo 
que lo hace, ya determina la naturaleza de un 
derecho trasformado en obligación cívica, y la 
pena en que incurren los que ñola cumplen. ¿Co- 
mo puede admitirse entonces, que el ciudadano 
castigado con la suspensión de sus derechos po- 
líticos, vuelva á serlo de nuevo por una ley espe- 
cial, que no solamente le obliga á instruirse, sino 



254 Estudios Constitucionales 

también á pagar la instrucción de otros durante 
toda su vida ? 

Para encontrar la filiación histórica de estos 
desvarios, es necesario remontarse hasta el paga- 
nismo griego y romano, cuyas concepciones ci- 
viles y políticas nulificaban al individuo, arreba- 
tándole su personería, y depositándola por entero 
en manos del Estado, juez y pontífice, gobernan- 
te y maestro de la generalidad. Solo en esos tiem- 
pos y por ministerio de esas concepciones, se en- 
cuentra como en Atenas, el derecho de votar 
trasformado en obligación sujeta á penalidad 
gradual, vejatoria y persistente ; ó como en Es- 
parta, la educación común impuesta á los niños 
con la circunstancia de que habían de presentarse 
desnudos en la escuela. Solo en esos tiempos, 
y por via de sacrificio propiciatorio al Estado cu- 
ya existencia requería la eliminación de las difi- 
cultades imprevistas, debían los padres romanos 
y esparciatas matar los hijos deformes que les na- 
cieran para evitar quebrantos al Fisco, y vender 
hasta tres veces los otros para cooperar á las car- 
gas públicas. El culto del Estado, que es el culto 
de la fuerza, extingue bien pronto la idea del de- 
recho, como la extinguió en aquellas sociedades. 
Dueño el gobierno de las ideas, quiso serlo tam- 
bién de los individuos: ciudadanos ó libertos, 
nobles ó esclavos, las distinciones desaparecie- 
ron ante la omnipotencia de la ley, que prohibió 
á las mujeres beber vino puro en Roma, á los 
hombres afeitarse en Bisáncio, y en Lacedemónia 
trabajar al pueblo. 

Fruto de semejante absolutismo, fué el envile- 



La Educación Común 255 

cimiento de aquellas sociedades, cuya historia se 
reduce por parte de los gobiernos, al ejercicio de 
un poder sin restricciones, y por parte de los pue- 
blos á una obediencia servil. Elevado el despotis- 
mo ádoctrinayla sumisión á procedimiento obli- 
gatorio, los gobernantes fueron creciendo en so- 
berbia, á medida que el nivel moral de los pueblos 
se rebajaba. Nadie supo acordarse, que el hom- 
bre ha entrado á la sociedad con derechos pro- 
pios, y que esos derechos, anteriores á toda lejis- 
lacion humana, le facultan para intervenir como 
ájente libre, en la elección de las formas de go- 
bierno á cuya sombra busca el amparo de la jus- 
ticia. Todos olvidaron, que entre esos derechos 
inalienables, estaban los del padre de familia, 
que constituyen el código déla sociedad privada, 
y los de todo hombre en estado de razón, que 
constituyen la garantía de la libertad personal ; 
viniéndose á sancionar con ese olvido una dele- 
gación insensata de la voluntad común, en el ca- 
pricho de uno solo. Y entonces llegó á su apojeo 
el despotismo, haciéndose los déspotas, dueños 
de la conciencia por la imposición del culto reli- 
jioso, dueños del pensamiento por la educación 
obligatoria, dueños de la fuerza industrial por el 
monopolio del trabajo, dueños del poder militar 
por el mando de los ejércitos, y dueños de la vida 
material de los hombres por la aplicación discre- 
cional de las penas. 

A esa conclusión monstruosa, conduce la in- 
tervención de la autoridad en las ingerencias do- 
mésticas. Por lo tanto, el espíritu que informa 
nuestra ley de enseñanza, es completamente pa- 



256 Estudios Constitucionales 



gano, y la profundizacion de sus consecuencias 
lleva el debate hasta el limite mismo en que la 
autoridad pública cede ante la libertad individual. 
Si se considera que el carácter de todo derecho 
es ser renunciable ¿ en nombre de qué autoridad, 
ni de qué forma definida de gobierno, tal como 
nosotros concebimos hoy el poder político en sus 
relaciones formales con los gobernados, puede 
obligársele á un ciudadano á que ejerza contra su 
voluntad el derecho de votar? Si á esta considera- 
ción se agrega, que el fin económico y moral de 
todo impuesto, es el usufructo común de ciertos 
beneficios en cambio de ciertas cargas, ó en otras 
palabras, un contrato á do ut des entre los parti- 
culares y el Estado ¿ hasta que punto es lejitimo, 
que se prolongue indefinidamente sobre un indi- 
viduo la parte onerosa del contrato — el pago del 
impuesto — cuando en cambio no recibe ya, ó no 
ha recibido nunca el beneficio ofrecido, como nos 
sucede á muchos de los que pagamos el impues- 
to de instrucción? Y si por último se tiene en 
cuenta, que, aun admitiendo que la ley con su 
despotismo consiguiese más que la disposición 
constitucional é hiciese aptos para el goce de los 
beneficios de la ciudadanía á todos los indoctos 
de la República, no por eso les trasmitiría el en- 
tusiasmo para votar en los comicios ¿á qué míni- 
ma espresion queda reducido todo ese palabreo, 
sobre las ventajas políticas de la instrucción obli- 
gatoria? 

Muchos alegan, que la instrucción se impone á 
los ciudadanos, por la misma regla de criterio 
que se les impone el servicio militar para la de-» 



La Educación Común 257 

fensa de la patria, ó el desempeño del Jurado 
para la mejor espedicion de la justicia; pero pres- 
cindiendo ahora de la oportunidad del paralelis- 
mo ¿es ó no es cierto, que la infracción á la ley 
de enrolamiento ó á la del Jurado, tienen una 
única sanción penal correspondiente? A un ciu- 
dadano que deserta sus obligaciones de jurado, 
se le multa ; en el bien entendido, que asistente 
asiduo ó no, su obligación de servir ese puesto 
tiene un término que puede ser abreviado toda- 
vía por razón de la edad, del recargo de obliga- 
ciones ó de los achaques físicos. A uno que deser- 
ta el servicio militar, se le obliga á servir por la 
fuerza, y en casos estremos, si resiste la compul- 
sión, se le juzga y aun se le fusila. Y bien ! el ciu- 
dadano que rehusa ponerse en condiciones de 
votar aprendiendo á leer y escribir ¿no está con- 
denado á la pena máxima, á una muerte política, 
por la privación de sus derechos de elector y ele- 
jible? ¿Porque pues, si ya está sentenciado, con- 
denado y ejecutado, han de imponérsele dos 
penas más, obligándole á instruirse contra su 
voluntad, y condenándole á pagar un impuesto 
por toda su vida? Semejante injusticia, reñida 
con los principios mas elementales del derecho 
penal, no es sostenible á la luz de una controvér- 
cia seria. 

Se dice, sinembargo, que dependiendo el ejer- 
cicio de la ciudadanía de la condición de saber 
leer y escribir, la instrucción obligatoria se impo- 
ne como una medida imprescindible para la for- 
mación del gobierno. ¡Valiente argumento! El 
gobierno existe, ha existido y existirá siempre, 



17 



258 Estudios Constitucionales 

sepan ó no leer y escribir los ciudadanos, como 
lo demuestra el hecho de que existiesen imperios 
gobernados y gobernables antes que los fenicios 
inventaran el alfabeto. Es cierto que siendo pri- 
vativo de los hombres, determinar la forma en 
que ha de ejercerse la autoridad, puede influir su 
ilustración, en la mejor ó peor elección de las 
formas de gobierno, pero esto es un hecho secun- 
dario, puesto que depende de las vistas de cada 
uno. Nadie puede obligar á otro á que sea repu- 
blicano ó monárquico, aun viviendo dentro del 
mecanismo de cualquiera de esos sistemas. Todo 
ciudadano pues, que renuncia á instruirse para 
entrar al ejercicio de sus prerogativas políticas, 
sanciona un derecho, porque renuncia una fun- 
ción que podría ejercer. Oportunamente hemos 
de tratar este punto, con la estension que se me- 
rece, (i) 

Pero se alega en último resultado, que siendo 
el capital intelectual, la mas vasta y segura rique- 
za con que pueda contar una nación, toda ten- 
dencia que favorezca su desarrollo, es económi- 
camente fecunda y políticamente buena. Nada 
mas exacto que este argumento, considerándolo 
en absoluto ; pero si se atiende al rigor de su apli- 
cación, ya difieren las opiniones. Todo capital, 
cualquiera que sea su procedencia, es trabajo 
acumulado. Por lo tanto, una ley que obligue á 
acumular trabajo, mas allá de lo que el hombre 
necesite ó quiera, es la consagración de la escla- 



(i) Véase el estudio sobre los «Los Comeniadores de la Cons- 
titución.» 



La Educación Común 259 

vitud. No de otro modo procedió la antigüedad 
pagana, obligando á los pueblos á trabajar en ser- 
vicio del Estado, y fomentando por ese medio la 
formación de las castas sociales, en que los mas 
previsores se enriquecieron para apropiarse el 
sudor y la vida de los pobres. El trabajo, consi- 
derado como ley divina impuesta al hombre, 
obliga sin necesidad de ausílio humano ; porque 
al igual de todas las leyes naturales, tiene su 
sanción penal en cada infracción que la vulnera. 
Bien consideradas las cosas, quien no trabaja no 
come y quien no come muere ; de modo que el 
instinto de propia conservación unido al libre al- 
bedrio, determinan en el mundo las actitudes 
individuales á este respecto. 

Se dirá que esto es sutilizar la cuestión, pero 
no debe arredrarnos el cargo. Todas las grandes 
iniquidades humanas, han empezado por imper- 
ceptibles violaciones de los principios en que re- 
posa el orden social. Ninguna tiranía lo ha sido 
desde el dia primero de su instalación en la esce- 
na, pues sus causas productoras se han elabora- 
do lentamente, en los usos y costumbres, en los 
procedimientos de gobierno y en la ley. Corres- 
ponde, pues, al bienestar de los pueblos, vivir en 
guardia contra las celadas de los novadores, que 
á título de labrar su dicha, tratan de aprisionarles 
con cadenas de oro. Nuestra^ actitud respecto de 
la ley de enseñanza, no responde á otro propósi- 
to que dar el grito de alarma sobre sus conse- 
cuencias inevitables, en un futuro mas ó menos 
remoto, según sea el plazo de su vigor subsisten- 
te. Esta resurrección de las doctrinas paganas, 



200 Estudios Constitucionales 

supeditando el libre albedrio de los hombres y 
empujando la sociedad hacia la esclavitud, nos 
alarma lo bastante para no silenciar el hecho sin 
cargo de conciencia. 

Y no se hable de las usurpaciones de la ley en 
materia constitucional, pues ellas son considera- 
bles. Apesar del precepto esplícito de la Consti- 
tución (art. 151) de que «el que atentare ó pres- 
tare medios para atentar contra ella, será reputa- 
do, juzgado y sentenciado como reo de lesa-na- 
cion,» la ley ha atentado con sus disposiciones y 
ha prestado medios para atentar con sus compla- 
cencias á lo que dispone nuestro Código político. 
La Constitución ha sometido (art. 126) la vijiláncia 
de la educación común á las municipalidades, y 
la ley vijente sustituye las municipalidades por 
ios inspectores departamentales. La Constitu- 
ción declara (art. 5.**) que la Relijion del Estado 
es la Católica, Apostólica, Romana ; y la ley en 
vijéncia cercena la instrucción relijiosa en las es- 
cuelas, hasta hacerla nula por su poquedad. En 
el orden de la obediencia exijible ¿ ha de ser pri- 
mero la Constitución ó la ley secundaria ? El he- 
cho de prevalecer la ley contra la Constitución, 
demuestra que entre nosotros anda en segundo 
término lo que en todas partes ocupa el primero. 

Hay todavía algunas otras consideraciones de 
mucha entidad, que hacen insostenible ante el 
buen criterio esa instrucción obligatoria. Ya he- 
mos hablado del precepto de derecho natural que 
deja la tutela de los hijos menores á los padres 
de familia. También hemos agregado que sien- 
do la familia fundamento de la sociedad y por 



La Educación Común 261 

consecuencia anterior á ella, resulta que el Esta- 
do al inmiscuirse en el hogar doméstico, ataCa 
una autoridad anterior y superior á la suya en la 
esfera de su acción incontestable. De aquí nace 
un nuevo argumento contra la ley. La familia 
uruguaya es católica, sin que se requieran mu- 
chos esfuerzos para demostrarlo. Nuestra histo- 
ria lo atestigua, y la Constitución política revalida 
ese testimonio, declarando Relijion del Estado á 
la Católica, é imponiendo al Presidente de la Re- 
pública el solemne juramento de protejerla. So- 
bre estos antecedentes de hecho y de derecho, 
no puede prevalecer el capricho de una ley se- 
cundaria, que ataca los fueros de la sociedad do- 
méstica y cercena á la infancia el conocimiento 
de la Relijion nacional. Mas aun : los ciudadanos 
todos, incluso los disidentes en materia relijiosa, 
vienen á ser perjudicados por ese cercenamiento, 
puesto que al ser llamados en el futuro á la vida 
pública, ignorarán la norma de las relaciones ne- 
cesarias entre el Poder civil y el eclesiástico. 

En todo caso, pues, la enseñanza de la Relijion 
Católica, se impone de suyo, como una exijéncia 
social y un aprendizaje político. Sabemos que 
este doble postulado horroriza á aquellos que con 
motivo de la disidencia de opiniones relijiosas, 
han suscitado agrias disputas para arrebatar al 
clero católico hasta el derecho de abrir escuelas 
particulares. Entre nosotros ha tenido eco des- 
graciadamente esa polémica lamentable, y se ha 
involucrado á tal punto la difusión de la ense- 
ñanza con los ataques á la relijion, que hoy son 
ambas la bandera de un partido. Se concibe sin 



202 Estudios Constitucionales 

esfuerzo, que el resultado de la disputa no puede 
redundar sino en daño de la causa que la motiva. 
Desnaturalizada la difusión de la enseñanza por 
el interés de bandería, tenemos odiosidades de 
escuela á escuela: y en un país tan hondamente 
trabajado por las luchas de partido como es el 
nuestro, el único campo neutral donde todos 
fraternizábamos — la educación del pueblo — se ha 
trasformado en campo de odiosidades. Los pro- 
motores de esta lucha funesta, es necesario de- 
cirlo, son algunos fanáticos políticos, que adue- 
ñados de una parte de la prensa periódica, hacen 
de ella el receptáculo de sus intemperantes pre- 
ocupaciones anti-relijiosas, y bajo pretesto de 
combatir el fanatismo de un pueblo que no lo ha 
tenido ni lo tendrá jamás, vienen introduciendo 
la perturbación en todos los espíritus. 

Mas esta cuestión no puede quedar insoluble, 
sin grave perjuicio del bienestar común. El clero 
católico, al igual de todas las demás clases socia- 
les, tiene el derecho de difundir la educación 
entre el pueblo, usufructuando la facultad que la 
Constitución y las leyes le acuerdan. Seria una 
contradicción odiosa permitir á los clérigos pro- 
testantes y á todos los otros disidentes que viven 
en el país, abrir escuelas y enseñar en ellas las 
doctrinas que les plazcan, mientras que se nega- 
ra igual derecho al clero católico, único nacional 
que tenemos, y único legalmente reconocido en 
las funciones oficiales. ¿ Que puede temerse de 
ese clero ? ¿ Será que enseñe la relijion católica, 
apostólica romana, que es la relijion del Estado? 
Pero tiene derecho á ello; mucho más cuando los 



La Edtdcacion Común 263 

disidentes enseñan la suya en las escuelas que 
costean, mucho más todavía, cuando los educan- 
dos que concurren á las escuelas católicas, son 
llevados voluntariamente por sus padres. Y en 
cuanto á los antecedentes de corporación que el 
clero católico representa, el país puede confiarse á 
ellos con mas tranquilidad que á ningunos otros. 
El clero uruguayo ha sido siempre republicano y 
eminentemente nacionalista. Nuestra historia re- 
cuerda entre sus hijos mas preclaros, á un núme- 
ro crecido de individuos del clero. Larrobla, pre- 
sidente de la Asamblea que decretó nuestra in- 
dependencia ; Barreiro y Gadea, diputados Cons- 
tituyentes ; Larrañaga, el mas ilustre de nuestros 
sabios; Pérez Castellanos,el fundador de la Biblio- 
teca nacional de Montevideo; Lamas, Fernandez, 
Martínez y otros que formaron parte de nuestros 
hombres notables, eran clérigos uruguayos. ¿Po- 
demos decir igual cosa de los clérigos estrange- 
ros disidentes, que han vivido y viven entre nos- 
otros ? 

Dícese empero, que el catolicismo, por natura- 
leza invasor, trata de llevar su influencia á las es- 
cuelas que dependen del Estado, estableciendo en 
ellas la enseñanza relijiosa como parte del progra- 
ma escolar ; y que para cortar aquella influencia 
debe atacarse al clero, cuyo poder es mayor cada 
dia. Esta opinión, de suyo exajerada, es el resul- 
tado de una disquisición falsa del asunto. En 
primer lugar conste, que el país es católico por 
voluntad propia y por tradición histórica, en su 
absoluta mayoría, así pues, lo que han dado en 
llamar poder del clero, no es mas que el poder de 



264 Estudios Constitucionales 

la opinión pública. En segundo lugar debe decir- 
se también, que la Constitución del Estado de- 
clara culto oficial á la relijion católica, y no es 
por lo tanto estraño que esa relijion tenga ciertas 
preeminencias sobre las otras que coexisten al 
lado de ella. ¿Cómo admirarse entonces de que 
Jos padres de familia y el clero católico pidan 
que en las escuelas públicas costeadas por el go- 
bierno, se enseñe á los niños la doctrina cristiana, 
y se les haga rezar de entrada y de salida una 
sencilla oración, pidiendo al Eterno el perdón de 
todos los hombres y el pan de todos dias? En 
hora buena pretendan los escépticos de la prensa 
actual, formar una generación imbuida en las 
máximas que ellos profesan ; pero dígase lo que 
se quiera, sin creencias relijiosas no hay pueblo 
que pueda vivir, ni nación que llegue á ser 
grande. 



Cuando se arroja sobre los católicos el dictado 
de oscurantistas, olvídase fácilmente que la Reli- 
jion no es en resumen otra cosa que una ense- 
ñanza, esparcida sobre la tierra por su divino 
Fundador que se llamó Maestro, y continuada 
por su Vicario y por los sucesores de sus Apósto- 
les, que con la investidura de una posición altísi- 
ma, han recibido el encargo de instruir á las 
gentes. Olvidase asi mismo, que la escuela pú- 
blica nació á la sombra del Convento católico, y 



La Educación Común 265 

que los sistemas de enseñanza mas preconizados 
en el dia, son plájios apenas de ios que la Iglesia 
desde tiempo inmemorial habia puesto y tiene 
en vijéncia por ministerio de su doctrina. 

No es por cierto un descubrimiento moderno, 
la táctica que desarrolla las facultades naturales 
del niño como elemento auxiliador de su instruc- 
ción. Si se trata de las lecciones sobre obgetos, 
cuya influencia en el raciocinio es decisiva, la 
Iglesia habia dado la norma de ese sistema, al 
sancionar la veneración de las Imájenes, que res- 
pectivamente representan la pureza, la energía, 
los sufrimientos, el valor, la bondad ó la contric- 
cion de sus hijos escojidos ; mientras que los ha- 
bitantes de los monasterios, entre cuyos deberes 
tenia prelacion la enseñanza del pueblo, inventa- 
ban los instrumentos que hacen reductible el 
plan maravilloso de la Creación á la vista y al tac- 
to del hombre, desde el globo esférico hasta el 
armilar, desde los espejos ustórios hasta los teles- 
copios. Si se trata del desarrollo de la memoria, 
como elemento imprescindible de asimilación 
científica, son innumerables los textos, desde la 
Cartilla cristiana hasta el Catecismo de Astete, que 
han preparado generaciones enteras á recibir los 
tesoros del saber. Y si se trata, por último, de la 
trasmisión de los conocimientos en una forma 
caritativa y llana, sustituyendo al terror inspirado 
por los castigos, la caridad que doblega las volun- 
tades infantiles ¿ que doctrina habrá comparable 
á aquella, que coloca la enseñanza del ignorante 
entre las obras de Misericordia que tienen por 
premio el Cielo ? 



206 Estudios Constitucionaks 

Sinembargo, la insistencia en la acusación de 
oscurantismo, subsiste en pleno vigor. Cual sea 
la lejitimidad de su fundamento, es difícil averi- 
guarlo, pero lo cierto es que el cargo entra en la 
corriente de las ideas recibidas, y se emite como 
una de aquellas verdades que no exijen prueba. 
« Conspiráis contra el progreso,» se dice á los ca- 
tólicos; «fsois enemigos de la luz.» Y luego se aña- 
de : «si el país cayera en vuestras manos ,iquién 
puede negar que secaríais las fuentes del saber ; 
que suplantaríais la obediencia ciega al libre al- 
bedrio; que mataríais las instituciones republica- 
nas para entronizar el mas absurdo de los despo- 
tismos; que haríais de cada hombre un cadáver, 
de cada corporación una residencia de autóma- 
tas, de cada decreto oficial una pragmática de- 
presiva de la dignidad humana?» 

Después de oídos estos cargos, no se sabe que 
admirar más, sí la ignorancia ó la lijereza de 
quienes los profieren. ¡Conspirar contra el pro- 
greso y ser enemigos de la luz ! ¿ Pero qué signifi- 
can progreso y luz en este caso ? ¿ Es ó no es un 
progreso, inculcar en el hombre desde niao, el 
amor de Dios y de la Patria, el conocimiento de 
sus derechos de ciudadano, el odio á la adulación 
y al vicio, el respeto á las autoridades lejitímas, y 
todo el conjunto de enseñanzas que constituyen 
la ciencia de la vida? ¿Es ó no es esparcir la luz, 
dar á cada uno las nociones mas necesarias para 
hacerle idóneo en el empleo de sus facultades 
intelectuales y físicas, sacándole de la dependen- 
cia vejatoria que hace esplotable al hombre, sin 
mas razón que el accidente de una posición usur- 



La Educación Común 267 

pada ó de una fortuna mal adquirida? Pues ios 
católicos dan en sus escuelas, esa enseñanza va- 
ronil que han recibido de la Iglesia, la cual les 
advierte desde que tienen uso de razón, que no 
hay progreso social ni bienestar colectivo posible, 
si no se inicia por el hombre mismo, de cuya 
moralidad, relijiosidad y entereza, depende el 
cumplimiento de las leyes civiles, la paz en el 
ejercicio de los derechos políticos, y los goces del 
bienestar privado. ¿Como pueden ser pues, ene- 
migos del progreso y de la luz, profesando y en- 
señando estas doctrinas? 

Ni menos pueden serlo, en lo que se relaciona 
con el libre albedrio de los hombres, y las aspi- 
raciones políticas de los ciudadanos. Si los que 
les acusan, tuvieran tanta voluntad de instruirse 
como deseo de combatirles, hubierales bastado 
leer el Syllabus, para ver como la Iglesia anatema- 
tiza á los condenadores del libre albedrio, y como 
bendice todas las formas de gobierno, sin escep- 
cion, siempre que impere en ellas el temor de 
Dios y el respeto á la justicia. Tal vez parezca 
puerilidad detenerse en estas consideraciones, 
pero ¿acaso no es cierto que son completamente 
nuevas para la mayoría de los impugnadores de 
la Iglesia? El catolicismo tiene contra sí la des- 
ventaja de ser mal conocido, lo que hace enorme 
el número de los que le combaten por pura igno- 
rancia. 

Necesitábamos hacer esta defensa de la Relijion, 
por lo que nos atañe como creencia individual, y 
por lo que ella representa como institución pú- 
blica. Conviene demostrar en todos los casos, 



268 Estudios Constitucionales 

cuando se sostiene una doctrina ó un hecho, que 
ese hecho ú esa doctrina no chocan, ni contra la 
razón de los hombres ni contra la naturaleza de 
las cosas. Y habiendo dejado, en nuestro sentir, 
fuera de controversia la conveniencia de enseñar 
la Relijion católica en las escuelas, asi públicas 
como particulares, reasumiremos nuestros con- 
ceptos en lo que atañe á la enseñanza oficial, for- 
mulando las conclusiones definitivas á que nos 
ha llevado el estudio de la ley de enseñanza vi- 
jente, comparada con las prescripciones constitu- 
cionales que ella pretende haber tomado por es- 
cudo. 

Resulta de ese estudio comparativo : i.** Que la 
Constitución de la República, no ha impuesto la 
instrucción obligatoria á los ciudadanos, sino que 
les ha dado á elejir entre el ejercicio de sus dere- 
chos políticos, ó la renuncia á ellos si no apren- 
den á leer y escribir desde el año de 1840 en ade- 
lante; pudiendo cada cual optar por una ú otra 
cosa, sin que el Estado tenga nada más que ver 
en el asunto. — 2.° Que siendo todos y cada uno 
de los artículos de la Constitución, correlativos y 
complementarios, es una violación flagrante de 
todos el atentar á cualquiera de ellos, y por con- 
secuencia el menosprecio del Art. 5.° que sancio- 
na la vijéncia de la Relijon católica como Relijion 
oficial, importa la violación íntegra de la Consti- 
tución. — 3.° Que igual magnitud tiene el atentado 
al Art. 126, cuya defensa de los fueros municipa- 
les, estatuye un procedimiento insalvable. — 
4.° Que siendo todo derecho, por su naturaleza 
propia renunciable, es absurdo trasformarlo en 



La Educación Común 269 

obligación imperiosa, porque entonces entra en 
la categoría de los deberes . 

Tales son las objeciones que nos creemos en 
la necesidad de oponer á la ley de instrucción vi- 
jente, cuyas esceléncias nos proclaman sus soste- 
nedores, apesar de la reprobación unánime con 
que la mira el país. Y si por acaso quisieran sa- 
ber en concreto la causa de ese sentimiento re- 
pulsivo, se la daremos esplicada por las palabras 
de un gran filósofo, que era á la vez un gran san- 
to : «La ley debe ser honesta, justa, posible, según 
la naturaleza, conforme á la costumbre del país, 
conveniente al lugar y tiempo, necesaria, útil, 
clara y que no se preste á capciosidades por su 
oscuridad, y escrita no por consideración de al- 
gún interés privado, sino para la utilidad común 
de los ciudadanos (San Isidoro), y* 



'M'^^wir^ 



^5t - «í^r/ 




LOS CONSTITUYENTES 



f ffS&S ^neralmente se ha creido que nuestro 
r^S^ Cúdigo fundamental es una obra del acá- 
L^^J ^°' y 1^^ ^°® hombres que tomaron parte 
ii^T»«ra en su confección, no tenian la sabiduría 
suficiente para empeñarse en tan arduo asunto, 
ni la independencia necesaria para tratarlo. Los 
mas indulgentes presumen, que la Constitución 
uruguaya es un mal remedo de la Constitución 
yankee en cuanto á la sabia liberalidad de sus 
preceptos generales: mientras que otros suponen, 
que ella es la espresion de la voluntad del Brasil 
y la República Argentina, á cuya doble aproba- 
ción se sometió por la fuerza de las circunstan- 
cias escepcionales de aquellos tiempos. Ambas 



272 Estudios Constitucionales 

apreciaciones son sinembargo erróneas, porque 
los Constituyentes, apesar de sus muchas faltas 
cuya critica no mezquinaremos, tenian ideas pro- 
pias, amplitud de acción política, vastos conoci- 
mientos en la materia que trataban, verdadera 
independencia de carácter, y una visión mas clara 
que los hombres actuales de las condiciones de 
la libertad y del mecanismo del gobierno. 

La época en que la República conquistó defini- 
tivamente su independencia, era aquella dentro 
de la cual se hablan hecho serios esperimentos 
para arribar á una solución práctica del sistema 
republicano representativo. Los Estados Unidos 
del Norte eran una república de ese género ha- 
cían cincuenta y dos años, y la América dicha 
española, trataba de cimentar las conquistas del 
espíritu humano redimido. La sociedad política, 
rectificando las bases de su nuevo asiento, deja- 
ba fuera de discusión, cuando menos en teoría, 
los derechos de cada individuo como miembro 
del conjunto social, y las atribuciones del poder 
político como representante de ese conjunto. Por 
otra parte, el ensayo práctico de los Estados Uni- 
dos habia sido decisivo, y contribuía á cerrar el 
debate presentando el tipo de una organización 
acabada para los republicanos que desearan co- 
piarla. Con tales precedentes, se concibe que los 
autores de nuestra Constitución no tuvieran 
nada que inventar en cuanto á las condiciones 
esenciales del gobierno libre, es á saber: la garan- 
tía de los derechos individuales y la división del 
poder público en tres fracciones independientes. 
Pero quedaba reservado á su buen criterio, la 



Los Constituyentes 273 

aplicación de estos principios que debian desa- 
rrollar hasta donde las circunstancias lo permi- 
tiesen, puesto que ni nuestra estructura íntima 
requeria que fuésemos una federación como los 
Estados Unidos, ni el carácter nacional se avenia 
á someterse á un unitarismo tan centralizador y 
violento como el de la República francesa. Esta 
fué la obra de conciliación en que brilló el talento 
de los Constituyentes. 

Al presentar el proyecto de Constitución á la 
Asamblea, el señor Ellauri, miembro informante, 
en un discurso claro, enérgico y conciso como 
todos los suyos, reasumió las ideas de sus cole- 
gas en algunos pasajes que merecen ser recorda- 
dos. «La Comisión — dijo — no tiene la vanidad de 
persuadirse que ha hecho una obra orijinal, 
grande ni perfecta. Lo primero seria una estrava- 
gáncia, porque en materia de constituciones, se- 
ñores, poco ó nada hay que discurrir después 
que las naciones mas civilizadas del globo, han 
apurado las grandes verdades de la política, y 
resuelto sus mas intrincados problemas , que 
antes nos eran desconocidos. Toda lo que puede 
ya exijirse es, que se consulte detenidamente la 
prudencia para hacer prácticamente la aplicación 
mas adecuada y conveniente de esos principios, 
consagrados como dogmas en las diferentes car- 
tas que han visto la luz pública Continuando 

las esplicaciones de que he sido encargado, diré, 
que la Comisión al redactar el Proyecto en dis- 
cusión, se propuso espresar en él, todo lo que 
esencialmente debe contener una buena Consti- 
tución, á saber: i.'* la declaración de los derechos 

18 



274 Estudios Constitucionales 

que se reservan los ciudadanos , señalando el 
modo y condiciones de su asociación: 2.** desig- 
nar la especie de Gobierno que elijen los asocia- 
dos: 3.** y último, arreglar la distribución de los 
poderes políticos, señalar sus límites y estension, 
marcar sus órbitas para que no choquen al paso 
que obren con independencia, y decir la forma en 
que se quiere que sean ejercidos.» 

Luego de entregarse á la discusión el proyecto, 
se notó que habian en la Asamblea Constituyente 
dos escuelas políticas, que aunque persiguiendo 
el mismo fin, pretendían alcanzarlo por distintos 
medios. Una de ellas, nutrida en las ideas fran- 
cesas, miraba de reojo al Poder ejecutivo, teme- 
rosa de su ingerencia en las operaciones de los 
otros dos poderes, y deseaba dar á la Lejislatura 
no solo medios amplios para intervenir en los ne- 
gocios públicos, sino medios coercitivos para nu- 
lificar al poder que tenia la acción. Partiendo de 
esta idea falsa, la escuela que la sustentaba, debía 
caer naturalmente en esclusiones perjudiciales, 
como era la separación de los militares del Cuer- 
po lejislativo, ¿I voto indirecto en la elección de 
los representantes del pueblo, la prohibición de 
que el Presidente de la República destituyese sus 
Ministros antes de pasado un año de tenerlos á 
su servicio, y la no división del Poder lejislativo 
en dos ramas, por cuanto creía que el Senado po- 
día ser un cuerpo aristocrático. También desea- 
ba la libertad absoluta de cultos, mas no atrevién- 
dose á pedirla netamente, quería que se estatu- 
yese que la relíjíon del Estado seria la relijion 
pura y santa de Jesucristo. El individuo mas cons- 



Los Constituyenies 275 

picuo de esta escuela, y puede decirse que su 
gefe, era don José Ellauri, quien si es cierto que 
convenia á medias en la indivisibilidad del Poder 
lejislativo, aceptaba las demás conclusiones y las 
defendió con el brio que le era habitual. 

Tenia por otra parte esta escuela, sus vistas 
especiales sobre los destinos futuros déla Nación, 
y no creia que su independencia estuviera sufi- 
cientemente garantida por sí misma, contra las 
eventualidades de un porvenir demasiado incier- 
to. De ahí que se afanase para que la nueva na- 
cionalidad conservara el nombre de Estado de 
Montevideo, con que se la distinguía cuando for- 
maba parte de otra asociación mayor ; y que en 
las facultades acordadas al Ejecutivo en el pro- 
yecto de Constitución, se le concedieran las de 
« iniciar y concluir tratados de paz, alianza, fede- 
ración, comercio y cualesquiera otros ; necesitan- 
do para ratificarlos la aprobación de la Asamblea 
general.» Invitado á definir sus ideas sobre este 
tópico, el señor Ellauri dijo : « que el país podría 
hallarse en circustáncias en que se creyese con- 
veniente la federación á cualquier Estado, por su 
espontánea voluntad, y que por consiguiente nada 
perjudicaba consignar constitucionalmente que 
el gobierno pudiera iniciar un tratado de esta 
clase, obligándosele á que para la ratificación ob- 
tenga la aprobación déla Asamblea». Bien que 
puedan parecemos hoy exaj eradas estas precau- 
ciones, no dejaban entonces de tener algún fun- 
damento racional : la Nación contaba 40,000 ha- 
bitantes por todo, acababa de salir de una guerra 
desastrosa, estaba enclavada entre dos vecinos 



276 Estudios Constitucionales 

emprendedores é inquietos, y hasta se constituía 
bajo su influencia. La idea de una federación po- 
sible, estaba indicando de suyo el lado del cual 
temían el señor Ellaurí y sus afectos un ataque ; 
y el medio con que contaban para salvar las ins- 
tituciones republicanas. 

En contraposición á esta escuela apasionada de 
las ideas francesas, y temerosa de no encontrar 
bastantes precauciones para garantir la indepen- 
dencia del Estado y los goces de la libertad inter- 
na, se alzaba otra radicalmente opuesta á ella en 
cuanto á las ideas y los medios prácticos de con- 
seguir tan deseados fines. Venia esta otra escuela 
nutrida en las ideas yankees, y habia concebido la 
noción exacta de la libertad dentro de los límites 
del orden. Su pensamiento característico era una 
confianza absoluta en la vitalidad de la nueva na- 
ción, y por consecuencia, la mas completa segu- 
ridad de que sus destinos se cumplirían luego 
que la sociedad fuera dueña de tutelarlos por sí 
misma. Precisada á decidirse por una forma de 
gobierno, habia aceptado sin reserva el gobierno 
republicano representativo, con la triple división 
del poder y la constitución del Lejislatívo en 
dos ramas. Enemiga de las esclusiones, pedia el 
voto libre de todos los ciudadanos para constituir 
los poderes públicos, como un acatamiento al 
ejercicio de la soberanía en la única ocasión en 
que el pueblo no delega ese ejercicio ; y conse- 
cuente con esta declaración, rechazaba como per- 
judicial la idea que escluia á los militares de los 
cuerpos deliberantes á título de precaución con- 
tra los manejos del Poder ejecutivo. Dejaba á este 



Los Constituyentes 277 

poder toda su independencia necesaria : la liber- 
tad de nombrar y destituir sus ministros cuando 
lo creyera conveniente, y las demás iniciativas que 
le eran propias como representante de la acción. 
Al definir aus vistas políticas respecto de la or- 
ganización de los poderes públicos bajo la éjida 
de un pacto previo, las espresó en todos los casos 
basándose en las necesidades y deseos visibles 
del país. Partiendo pues de esta base, aceptó la 
relijion católica que era la de la mayoría, como 
culto oficial del Estado, pero pidió la libertad de 
conciencia para aquellos que no profesasen igual 
fé. No quiso reconocer ni por un solo instante la 
pretendida incapacidad de los pueblos nuevos 
para rejirse por sí mismos, y si bien aceptó el ta- 
lento y las virtudes como una distinción necesa- 
ria para la mayor habilidad de ejercer los cargos 
públicos, dejó á la universalidad de los ciudada- 
danos el derecho de apreciar esas calidades en 
los candidatos á cuya elección contribuyeran li- 
bremente. Quería la independencia bien acen- 
tuada de los poderes públicos entre si, como la 
mejor garantía de la libertad popular, y de las 
prerogativas queá cada uno de esos poderes les 
estaban demarcadas. Habia comprendido mejor 
que su rival, que el Poder lejislativo tiene la -vo- 
luntad, el Ejecutivo la acción y el Judicial la apli- 
cación en las operaciones de gobierno, y por eso 
es que deslindaba bien la competencia de cada 
uno, á fin de armonizarlos en el propósito de 
marchar como amigos y no como entidades que 
se hacen un guerra sin fruto. El gefe de esta es- 
cuela era Don Santiago Vázquez. 



378 Estudios Constitucionales 

Naturalmente se presume que de opiniones tan 
encontradas en sus detalles, habia de nacer una 
discusión animosa en que las dos escuelas apura- 
ran las ideas primordiales que alimentaban sus 
respectivas creencias. No obstante la sobriedad 
en el decir, que era ingénita á nuestros padres, y 
que será siempre el resultado de los conocimien- 
tos sólidos y de la elocuencia verdadera, los de- 
bates de la Constituyente brillan en ciertos perio- 
dos por arranques voluntarios y argumentacio- 
nes impetuosas de los oradores, que se imponen 
sin esfuerzo al espíritu. Por otra parte, como 
todos aquellos repúblicos eran afines en cuanto 
á la idea fundamental de que partian para 
constitur el país, no hay en sus discusiones ni 
insultos ni mala fé; y si bien entraron disen- 
tidos á la Asamblea en lo relativo al juego de los 
poderes públicos y sus atribuciones, hubo un te- 
rreno donde todos fusionaron — el de la decla- 
ración de los derechos individuales — lo que prue- 
ba su respeto á la libertad del hombre, y lo que 
forma el timbre mas glorioso de nuestra Consti- 
tución política. Pero antes de seguirlos hasta el 
riecinto de sus deliberaciones, conviene que ten- 
gamos una idea exacta de los dos hombres que 
en -su respectivo bando cada uno, acaudillaban 
las dos escuelas incubadas en el seno de la Cons- 
tituyente. 

Don José Ellauri nació en el año de 1790 de una 
de aquellas familias patricias de Montevideo que 
ilustraron sus nombres en el ejercicio conti- 
nuado de los cargos públicos, y cuyos primeros 
representantes son los precursores de nuestra 



Los Constituyentes 279 

independencia nacional. Dedicado por sus pa- 
dres á la carrera del foro, le enviaron á Chu- 
quisaca en cuya Universidad cursó el derecho. 
Concluidos sus estudios se trasladó á Buenos 
Aires, donde hervia la revolución de la inde- 
pendencia á la cual se plegó él desde luego. 
Ocupó allí algunos empleos públicos, y hubo de 
ser Secretario del general San Martin en la espe- 
dicion á los Andes, pero se interpusieron otras 
influencias que conquistaron ese puesto para 
D. Tomás Guido. Apartado entonces de la polí- 
tica, abrió su bufete, recojiendo fama y abundan- 
tes recursos pecuniarios. Pero su natural activo 
se resentía de la vida sedentaria, asi es que pron- 
to cambió su profesión pacífica por el rudo traba- 
jo de los campos. Se hizo estanciero, lo que en 
aquellos tiempos valia tanto como hacerse solda- 
do; mas la buena suerte no le acompañó en esta 
industria aventurada, y una de las tantas guerras 
civiles de que era víctima por aquella época la 
provincia de Buenos Aires, arrasó su estancia, 
empobreciéndole por completo. Prosiguió empe- 
ro en otro orden de trabajos, la labor destinada 
á proporcionarse los medios de alimentar su exis- 
tencia, hasta que la revolución de Lavalleja triun- 
fante, abrió á los uruguayos las puertas de la 
patria. Con este motivo volvió á su país, y Mon- 
tevideo le votó diputado á la Constituyente, junto 
con D. Silvestre Blanco, D. Cristóbal Echeva- 
rriarza, D. Pedro Francisco de Berro, D. Jaime 
de Zudañez, D. Ramón Masini, D. Lorenzo Jus- 
titiano Pérez y D. Luis Lamas. 
Las predisposiciones individuales de D. José 



28o Estudios Constitucionales 



Ellauri desarrolladas por una vida de quehace- 
res complejos, habian madurado su intelijéncia 
robusteciéndola para la acción. Tenia todas las 
dotes requeridas en un gefe parlamentario: pala- 
bra fácil é insinuante, posesión completa de si 
mismo, temperamento batallador, voz clara y 
apostura firme. Su elocuencia conmovía por lo 
incisiva y su táctica consistió siempre, mas en 
atacar los argumentos del contrario que en de- 
fender los suyos propios. Era con todo, de condi- 
ción áspera, y apesar del roce social y del tráfago 
intelectual en que se habia ejercitado, solia aque- 
lla aspereza dominar en su voz y en su gesto, 
principalmente cuando en el calor del debate 
arremetía contra los obstáculos que sus contra- 
rios levantaban á su frente. Ya se ha dicho de él 
que pertenecía por sus estudios á la escuela fran- 
cesa, esa escuela que nunca ha sabido definir 
bien la libertad confundiéndola con la soberanía, 
y que desconfiando siempre de la fuerza, no 
acierta á encerrarla de tal modo en las institucio- 
nes que sea un recurso en vez de ser un peligro. 
Por eso es que se le veia librarse á arranques lí- 
ricos en alabanza de la libertad, sinembargo de 
rechazar el voto universal de los ciudadanos en la 
constitución de los poderes públicos. Por eso es 
que se le veia también tributar justos elójios á los 
caudillos que nos dieron la independencia, no 
obstante lo cual les cerraba el camino de las 
asambleas representativas, á ellos y á todos los 
de su clase. Tal era D. José Ellauri, á los treinta 
y nueve años de su edad, cuando se impuso 



Los Constituyentes 281 

como gefe de una de las escuelas políticas de la 
Constituyente. 

Su rivari diferia completamente de él en instruc- 
ción, maneras, porte, aspecto físico é ideas. Don 
Santiago Vázquez habia nacido en Montevideo en 
el año 1787. Pobre como un espartano, se instru- 
yó hasta donde pudo en el derecho, y estaba con- 
centrado en este estudio cuando la revolución de 
181 1 estalló en el Uruguay. El momento era ade- 
cuado para elejir carrera, y no vaciló en ponerse 
al servicio de la diplomacia de la revolución, 
mientras que su hermano D. Ventura Vázquez 
empuñaba las armas para servirla en el campo de 
batalla. No era sinembargo aquella diplomacia 
de la revolución, una carrera pacifica, con algu- 
nas incomodidades de poco monto en el bufete, 
y muchas consideraciones en la calle; todo lo 
contrario de eso, ella exijia actos de presencia en 
los campamentos y en el gabinete, y sus persona- 
jes marchaban con la pluma atrás de la oreja y la 
mochila á la espalda. Don Santiago Vázquez di- 
plómata de 24 años, tuvo que estrenarse bajo la 
acción infatigable de Artigas, sirviendo de inter- 
mediario en aquellas negociaciones intrincadas 
con el gobierno de Buenos Aires, que la fortuna 
de las armas rompía ó anudaba á su antojo. Ven- 
cido Artigas, se retiró Vázquez á Buenos Aires 
permaneciendo separado de los negocios hasta el 
año de 1822, en cuya fecha pensando que podría 
utilizarse con fortuna para nosotros la desave- 
nencia acaecida entre las tropas portuguesas que 
ocupaban el Uruguay, tentó sin fruto la reincor- 
poración de nuestro país á la Confederación Ar- 



a82 Estudios Constitucionales 

gentina. Batido en este propósito, la provincia de 
la Rioja le abrió la acción política elijiendolo di- 
putado al Congreso nacional que se reunió en 
Buenos Aires, y aquella fué la ocasión en que dio 
pública muestra de sus vastos talentos de ora- 
dor y hombre de estado. Asociado mas tarde, en 
su esfera, á la revolución de Lavalleja, pudo salu- 
darla victoriosa, y al prepararse la Nación á fun- 
dar sus instituciones, el Departamento de Maldo- 
nado le envió á la Constituyente junto con Don 
Pedro Pablo de la Sierra, D. José Félix Zubillaga, 
y D. Joaquín Antonio Nuñez. 

El talento de D. Santiago Vázquez se habia 
desarrollado en la acción, dando campo á su due- 
ño para suavizar todo lo que tienen de absoluto 
las teorías, con el conocimiento de los hombres y 
la noción práctica de las cosas. Sus negociacio- 
nes diplomáticas le pusieron en contacto con di- 
versos personajes, llevándole á apreciar de cerca 
el mecanismo de los negocios oficiales, de cuya 
enseñanza sacó esa educación á la vez social y po- 
lítica, que brilla por la gracia de las maneras, la 
facilidad de la esposicion en las conversaciones 
y en los discursos, y la propiedad de los términos 
con que deben designarse los hechos para carac- 
terizarlos. Tenia pues un conocimiento profundo 
del lenguaje político, que no es la menor de las 
ventajas del hombre de estado. Su elocuencia 
era sencilla y persuasiva : como hombre de ver- 
dadero talento, jamás se perdía en las nubes para 
hacerse admirar por lo incomprensible de sus ra- 
zonamientos, sino que bajaba hasta el nivel de 
sus oyentes, presentándoles la cuestión en sus 



Los Constituyentes 283 

formas mas simples y en sus resultados mas tan- 
gibles. Poseedor de una ilustración vastísima, 
era poco afecto á las citas y mucho menos á las 
frases de parada, cuya combinación se ve venir 
desde lejos por mas que sus autores no se lo figu- 
ren ; asi es que sus discursos se defienden por si 
solos, y son tanto mas admirables cuanto mas 
leidos. Al revés de D. José EUauri, batallador 
incansable, D. Santiago Vázquez no gastaba sus 
fuerzas en escaramuzas : guardábase para las 
grandes batallas parlamentarias; pero una vez 
empeñado en ellas, no se detenia hasta clavar su 
estandarte en la trinchera enemiga. La naturaleza 
le habia favorecido con una voz amplia y sonora, 
y con un esterior simpático cuyos atractivos au- 
mentaba su educación distinguida. Tenia cua- 
renta y dos años cuando se presentó en la Cons- 
tituyente. 

Estos dos personajes, por distintos conceptos 
célebres, carcterizan la fisonomía de nuestra pri- 
mera Asamblea realmente nacional, y llevan la 
voz en sus debates políticos. Pero habia otro 
grupo que representaba las ideas relijiosas de su 
tiempo, y que colocado entre los instintos libérri- 
mos del señor Ellauri y las ideas conciliadoras de 
D. Santiago Vázquez, instaba á la Asamblea á 
sancionar la relijion católica como principio de 
gobierno, y pedia para ella la protección oficial 
mas excluyente. Los caudillos de ese grupo, aun- 
que no todos igualmente ortodojos, eran D. Lá- 
zaro Gadea (presbitero), diputado por Soriano; 
D. Manuel Barreyro (presbítero) y D. Julián 
Alvarez, diputados por San José, D. Alejandro 



284 Estudios Constitucionales 

Chucarro, diputado por Canelones, y los señores 
Masini y Zudañez. Estrenáronse estos diputados 
desde el primer momento en que se abri6 el de- 
bate constitucional, porque la idea relijiosa era 
la que convidaba ala discusión con mas premura, 
desde que ella entra como hecho perentorio en 
toda cuestión social. 

Por otra parte, la generalidad de los constitu- 
yentes eran hombres muy relijiosos y apegados 
á las prácticas del culto católico bajo el cual ha- 
blan nacido. Como que la opresión de que por 
tantos años fueron víctimas, ellos y el pueblo uru- 
guayo, tendia á nulificarlos en la tierra, hablan 
contraído la costumbre de remitir sus esperan- 
zas al Cielo; y al encontrarse libres de la tiranía y 
dueños de sus acciones, no podían menos de le- 
vantar fervientemente sus votos hasta Dios, po- 
niendo bajo su protección las instituciones que 
debían garantir la libertad pública. Admira y 
conmueve el candor, con que en el curso del de- 
bate hacían á cada instante.su profesión de fé so- 
bre este tópico ; y tanto mas respeto infunden 
con la firmeza de sus creencias, cuando se re- 
cuerda que acababan de correr todas las tormen- 
tas de una revolución, y que muchos de ellos es- 
taban destinados en el porvenir á dar muestras 
de formidable energía, en las pruebas supremas 
á que la suerte les designaba. 

Tales eran las ideas politicas y relijiosas que 
fermentaban en la Asamblea Constituyente, y ta- 
les los hombres que defendían esas ideas. Venían 
los nuevos diputados llenos de ardimiento para 
cumplir su mandato, y la Nación confiaba en sus 



Los Constituyentes 285 



esfuerzos, satisfecha de verse representada por 
hombres de tan diversas condiciones, algunos de 
los cuales eran ya famosos fiíera del país. Aun 
cuando el deseo unánime del pueblo era la pro- 
clamación de las instituciones republicanas como 
sistema de gobierno, y por mas que los Constitu- 
yentes estuvieran penetrados de igual deseo; era 
una novedad la que ofrecía el espectáculo de su 
reunión, para discutir por primera vez el medio 
de hacer práctica una idea que jamás habia pasa- 
do de la aspiración al hecho. Por otra parte, la 
imajinacion popular se engreia en el recuerdo de 
los antecedentes de aquellos proceres, cuyas 
aventuras políticas estaban enlazadas á la historia 
contemporánea. Una gran parte de los diputados 
habia militado en los ejércitos de la independen- 
cia, formando número en las asambleas proviso- 
rias que deliberaban bajo la amenaza del cañón 
enemigo, para formular en leyes los votos del 
país ; otros habia, cuya edad no les permitiera 
hasta entonces tomar parte influyente en los ne- 
gocios públicos : pero tenian todos ya por si mis- 
mos, ya por sus familias, antecedentes particula- 
res y hechos propios que acreditaban su amor á 
la causa pública, y su respeto á la voluntad nacio- 
nal. Las nuevas instituciones por lo tanto, no 
podían nacer bajo auspicios mas halagadores : el 
patriotismo y el talento se daban la mano para 
crearlas, y el entusiasmo público se preparaba á 
recibirlas dignamente. 



286 Estudios Constitucionales 



II 



Acomodándose mejor la índole de este trabajo 
á una esposicion que á un comentario, nos cree- 
mos dispensados de seguir á los Constituyentes 
paso á paso en la discusión laboriosa de nuestro 
Código político. Los acompañaremos solamente 
en el debate de las ideas fundamentales que die- 
ron vida á la estructura de nuestro mecanismo 
gubernamental ; pues habiéndonos ya informado 
por estudios anteriores del espíritu de aplicación 
que predominó en sus vistas mas recónditas, 
ahora nos corresponde saber como organizaron 
la máquina que debia moverse á impulsos de ese 
espíritu. Por tal procedimiento, bien que se va- 
ríe el orden de la discusión y se hagan á un lado 
detalles de poco monto, no se interrumpirá la 
unidad que debe presidir al esclarecimiento de 
cada materia, y en vez de tomar cuenta aislada 
en diversos periodos, de las distintas controver- 
sias á que daba mérito, según el caso, una cues- 
tión abandonada y vuelta á debatir algunos dias 
después, habrá la ventaja de pasar por sobre las 
interrupciones agotando la cuestión en un solo 
capítulo. Sirva este precedente de aclaración al 
plan adoptado. 

Discutidos y sancionados los preceptos que 
determinan lo que es la Nación, su soberanía y 
su culto, lo que importa la ciudadanía con sus 



Los Constituyentes 287 

deberes y derechos, y cual debe ser la forma de 
gobierno permanente, entraron los Constituyen- 
tes á deslindar las atribuciones que nacian para 
cada rama del poder público, con motivo de su 
triple división admitida. Habia dicho el señor 
EUauri al presentar el Proyecto de Constitución á 
la Asamblea : « La delegación del ejercicio de la 
soberanía de la Nación en los tres altos poderes, 
Lejislativo, Ejecutivo y Judicial, se encuentra 
especificada en el artículo 14. El primero tiene la 
voluntad, el segundo la acción y el tercero la apli- 
cación. Aquel se presenta organizado por dos 
cámaras, una de diputados y otra de senadores. 
Aqui está el principal escollo que la Comisión 
se ha esforzado en evitar. Ha procurado tener 
á la vista las constituciones mas liberales, y las 
mas modernas, para tomarlas por modelo en 
todo aquello que fuese mas adaptable á nuestra 
situación. Ha observado que las mas de ellas se 
resienten de un cierto espíritu aristocrático en 
la formación de la Cámara de Senadores, que 
han deseado sirva de cuerpo intermedio como 
para contener las aspiraciones de los otros po- 
deres. La Comisión ha encontrado esos princi- 
pios algo disconformes con los sentimientos mas 
generales de este país, y por lo mismo es que sin 
dejarle de dar respetabilidad y circunspección al 
Senado, exijiendo mas esquisitas cualidades en 
sus miembros, le dá simultáneamente mas popu- 
laridad; circunscribe su duración, y en lo demás 
apenas le deja el nombre de esos cuerpos aristo- 
cráticos que establecen otras constituciones. Tal 
vez esto no sea lo mejor ni lo mas perfecto; pero 



288 Estudios Constitucionales 



la Comisión encuentra ser lo mas adecuado al 
voto general de nuestros conciudadanos, espe- 
rando con docilidad se la hagan observaciones, 
que ha deseado en los papeles públicos, para re- 
formar en este punto, como en otro cualquiera. » 

Las observaciones no tardaron en hacerse. Al- 
gunos diputados creian que la división del Cuer- 
po lejislativo en dos ramas, perjudicaba la ar- 
monía de sus procederes amenguando al mismo 
tiempo la fuerza de sus actos. Otros habia que 
tomando por punto de partida la escasez de la 
renta pública, no querían hacer demasiado cos- 
toso el sostenimiento de los cuerpos deliberan- 
tes. Y no faltaban algunos tampoco, que conser- 
vando aprensiones en cuanto á la condición aris- 
tocrática que suponían en la institución del 
Senado, fuesen desafectos á ella por este motivo. 
De suerte que el señor Ellauri al verse asediado 
por tantos pareceres contrarios á su primitivo 
plan, quiso transar proponiendo la subdivisión 
de la Cámara de Representantes, por el nombra- 
miento de una junta censora de nueve individuos 
salidos del seno de ella, que reemplazasen al 
Senado. Es de observarse, con todo, que apesar 
de haber presentado el proyecto no concurrió á 
defenderlo, lo que prueba que no tenia mucha 
fé en su eficacia. 

Sinembargo, disentidos como estaban losCons- 
tituyentes en los detalles de la organización de la 
Lejislatura, no lo estaban en cuanto á las funcio- 
nes que le eran delegadas como Poder destinado 
á manifestar la voluntad pública. Tan es así, que 
al empezar la discusión del capítulo i de la Sec- 



Los Constituyentes 289 

cion IV. sancionaron que el Poder Lejislativo era 
delegado á la Asamblea General, y que á ésta, 
competía : i.** Formar y mandar publicar los có- 
digos ; 2.° establecer los tribunales y arreglar la 
administración de justicia; 3.** expedir leyes rela- 
tivas á la independencia, seguridad, tranquilidad 
y decoro de la República; protección de todos los 
derechos individuales, y fomento de la ilustra- 
ción, agricultura, industria, comercio exterior é 
interior; 4.° aprobar ó reprobar, aumentar ó dis- 
minuir los presupuestos de gastos que presente 
el Poder Ejecutivo; establecer las contribuciones 
necesarias para cubrirlos ; su distribución ; el or- 
den de su recaudación ó inversión ; y suprimir, 
modificar ó anularlas existentes; 5.° aprobar ó 
reprobar en todo ó en parte, las cuentas que pre- 
senta el P. E.; 6.° contraer la deuda nacional, con- 
solidarla, designar sus garantías, y reglamentar 
el crédito público ; 7^.° decretar la guerra y apro- 
bar ó reprobar los tratados de paz, alianza, co- 
mercio y cualquiera otros que celebre el P. E. 
con potencias estrangeras; 8.** designar todos los 
años la fuerza armada marítima y terrestre, ne- 
cesaria en tiempo de paz y de guerra; 9.° crear 
nuevos Departamentos, arreglar sus limites, ha- 
bilitar puertos, establecer aduanas, y derechos de 
esportacion é importación ; io.° justificar el peso, 
ley, y valor de las monedas ; fijar el tipoy deno- 
minación de las mismas, y arreglar el sistema de 
pesos y medidas; ii.° permitir ó prohibir que 
entren tropas estrangeras en el territorio de la 
República, determinando para el primer caso, el 
tiempo en que deban salir de él; 12.° negar ó con- 

19 



290 Estudios Constitucionales 

ceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la 
República, señalando, para este caso, el tiempo 
de su regreso á ella; 13.° crear y suprimir em- 
pleos públicos ; determinar sus atribuciones ; 
designar, aumentar ó disminuir sus dotaciones 
ó retiros ; dar pensiones ó recompensas pecunia- 
rias, ó de otra clase, y decretar honores públicos 
á los grandes servicios; 14.** conceder indultos, ó 
acordar amnistias en casos estraordinários, y con 
el voto, á lo menos, de las dos terceras partes de 
una y otra Cámara; 15.*» hacer los reglamentos 
de milicias, y determinar el tiempo y número en 
que deben reunirse ; i6.° elejir el lugar en que 
deban residir las primeras autoridades de la Na- 
ción ; 17.° aprobar ó reprobar la creación y regla- 
mentos de cualesquiera bancos, que hubieren de 
establecerse; i8.° nombrar, reunidas ambas Cá- 
maras, la persona que haya de desempeñar el 
P. E. y los miembros de la Alta corte de Justicia. 
(Art. 17).» 

Por lo que acaba de leerse, se ve que el Poder 
lejislativo quedaba realmente investido con la 
representación de la voluntad pública. No solo se 
le hacia el primero de los poderes en el orden de 
la enumeración constitucional, sino el mas vasto 
de todos, en la designación délas facultades. Á él, 
el derecho de decretar la guerra y sancionar la 
paz; á él, la creación de los empleos y las rentas, 
el orden de la distribución, recaudación é inver- 
sión de los dineros públicos; á él, la creación de 
las fuerzas militares y el nombramiento del gefe 
del Estado y los jueces de la Alta corte. 

Los diputados que se oponían á la división del 



Los Constituyentes 291 

Poder lejislativo en dos ramas, estaban, por 
otra parte, en contradicción consigo mismos sin 
notarlo. Con la sanción del Art. 17, las dos cáma- 
ras hablan sido creadas ; pues no otra cosa signi- 
ficaban los incisos 14 y 18, determinando el pri- 
mero que los indultos y amnistías se concediesen 
con el voto de las dos terceras partes de una y 
otra Cámara, y preceptuando el segundo, que el 
Presidente de la República y los miembros de la 
Alta corte se nombrasen por ambas Cámaras 
reunidas. Era pues una discusión inoportuna la 
que se promovía, siendo de estrañar que el mas 
acalorado en sostenerla fuera el señor Gadea, 
menos sospechable que ninguno, de estar im- 
buido en los ideales del jacobinismo, á cuya pro- 
cedencia pertenecía la doctrina de una Cámara 
única. 

El señor Gade.a, para defender su tesis, discu- 
rría asi : « Todo lo que no sea reconcentrar el 
Poder lejislativo en un solo cuerpo, puede pre- 
sentar grandes dificultades. La actual asamblea 
es un solo cuerpo, y todos los dias vemos incon- 
venientes para arribar á una resolución : mayo- 
res serán estando dividida en dos. A mas de eso, 
después que la Nación deposita su soberanía en 
la Cámara de Representantes ¿ que parte de la 
misma vá á depositar en la de Senadores ? » Ar- 
gumento peregrino, y que solo podia ser hijo del 
calor de la improvisación ; porque no siendo la 
soberanía, sino una parte de su ejercicio lo que 
la Nación delega en el Cuerpo lejislativo, bien 
podian gozar esa delegación lo mismo dos cá- 
maras que una sola sin perjudicar el acuerdo 



292 Estudios Constitucionales 

final de las opiniones, supuesta la diversidad de 
personas y pareceres que hay en todo cuerpo re- 
presentativo, sea cual fuere su organización in- 
terna. Desde que se libra la confección de las 
leyes á la mayoría, siempre se formará una ma- 
yoría que concrete el pensamiento dominante en- 
tre los hombres reunidos para deliberar. 

Esto, por lo que respecta al peligro de no ave- 
nirse en las deliberaciones. Ahora, por lo que 
hace al acierto en la sanción final de las leyes, 
hay razones de sobra para justificar la división 
de la Lejislatura en dos ramas. Todo poder, que 
á la amplitud de sus facultades agrega la de su 
reconcentración, tiende naturalmente á la dicta- 
dura. Eliminados los obstáculos que enfrian el 
ánimo, se simplifica con facilidad el espediente 
de los negocios en un cuerpo deliberante. No hay 
corporación de este género en el mundo, donde 
una ó dos personas dejen de imponerse, porque 
el espíritu humano es en sí mismo tan autorita- 
rio, que busca por instinto la autoridad en todas 
partes , obedeciéndola con tanto mayor gusto 
cuanto mas claramente recibe la esplicacion de 
los motivos de obediencia. De ahí proviene la 
fuerza de los oradores parlamentarios, que sin 
quererlo ó sin saberlo muchas veces, subyugan 
el espíritu de sus oyentes, haciéndoles adoptar 
como propias, las ideas emitidas en el calor del 
debate. Puede afirmarse, que una Cámara cual- 
quiera, sin escluir la de los Comunes de Inglate- 
rra, no será nunca otra cosa en los momentos 
decisivos que la espresion de dos ó tres persona- 
lidades. Coloqúese pues en esta Cámara, el po- 



Los Constituyentes 293 

der de representar la voluntad de la Nación, y se 
tendrá la peor de las dictaduras, la dictadura le- 
jislativa, una vez que se avengan los diputados 
cuya opinión es recibida como palabra de orden. 
El remedio á este mal no está en otra parte, que 
en la división del Cuerpo lejislativo en dos ra- 
mas. La voz de los caudillos de una Cámara, no 
tienen para la otra entonces, ni la fuerza de atrac- 
ción ni elprestíjio de compañerismo que la mag- 
nifican en su propio recinto. Además, teniendo 
cada Cámara incumbencias peculiares, se esta- 
blece el celo de las prerogativas, y el espíritu de 
cuerpo, tan fatal para enceguecer las mayorías, 
se atempera por la restricción de la órbita donde 
debe influir. 

Contra estas indicaciones de la esperiéncia y 
del buen sentido, se revolvía el señor Gadea de- 
fendiendo su Cámara única^ con los mismos ar- 
gumentos, exactamente los mismos, que Turgot 
habia empleado en Francia para combatir la 
Constitución yankee. Vamos pues á contestarle á 
nuestro venerable compatriota, con las palabras 
que le contestó á Turgot un publicista compatrio- 
ta suyo : « Si es verdad que todo lo que establece 
diferentes cuerpos es un manantial de divisiones, 
es evidente que una Cámara que se compone de 
gran numero de miembros se encontrará en esa 
condición. Cuatrocientos hombres en una asam- 
blea pueden ocasionar mucho mayor número de 
divisiones que dos cámaras. La conclusión lóji- 
ca es, que todo el gobierno debería estar entre 
las manos de una sola persona. A esto es á lo que 
se camina con aquel principio. Observad que 



294 Estudios Constitucionales 



esta idea de que la representación de un pueblo 
debe ser simple, es un principio que ha sido 
siempre propalado por gentes que quieren ser los 
únicos representantes de la nación. Augusto, el 
fundador del imperio, reunió todos los poderes. 
La teoría de Turgot, conduce pues, al abismo en 
via recta. Turgot hubiera retrocedido ante las 
consecuencias de su principio. ¿Dónde está el so- 
fisma, dónde se encuentra el error? El error con- 
siste en suponer que la representación nacional 
es la nación. Los representantes se valen precisa- 
mente de este sofisma para usurpar el poder. No, 
los representantes no son la nación, sino stJs man- 
datarios, y, como decia Benjamín Constant: la 
nación no es libre, sino en tanto que sus representan- 
tes tengan un freno, (i)» 

Afortunadamente para nosotros, el señor Ga- 
dea y sus compañeros fueron vencidos en la 
pretensión de establecer una cámara única. La 
mayoría sancionó la prescripción constitucional 
que divide el Cuerpo lejislativo en dos ramas, 
creando una cámara de representantes y otra de 
senadores (Art. i6). Asi seestirpó del mecanismo 
gubernamental, ese fermento mórbido del jaco- 
binismo, que ha echado por tierra en todas par- 
tes donde se le ha dejado vida, los gobiernos mas 
sólidos y las instituciones mas firmes. Junto con 
la doctrina de la cámara única, desapareció tam- 
bién su hermana gemela la doctrina de que los 
diputados son depositarios de la soberanía, ver- 



il) Eduardo Laboulaye — -Es/iiiíos sobre la Constitución de 
los Estados Unidos^ tom. ii Conf. xii. 



Los Constituyentes 29$ 

dadero sacriléjio político, que trasforma á los 
mandatarios en semi-dioses y álos mandantes en 
siervos. 

Admitida la organización del Cuerpo lejislati- 
vo en dos cámaras, debia producirse el debate 
sobre las condiciones particulares de su personal 
interno ; es decir, la clase de hombres que le 
compusieran y la gerarquia social á que debian 
pertenecer. El Proyecto de Constitución habia 
comenzado á formular sus miras á este respecto 
en el artículo 24, que después de un largo debate 
quedó sancionado así : « Para ser elejido Repre- 
sentante se necesita : en la primera y segunda 
Lejislatura , ciudadanía natural en ejercicio , 6 
legal con diez años de residencia : en las siguien- 
tes, cinco años de ciudadanía en ejercicio, y en 
unas y otras, veinticinco años cumplidos de edad, 
y un capital de cuatro mil pesos, ó profesión, arte 
ü oficio útil que le produzca una renta equivalen- 
te. (Articulo 24 de la Constitución.) » 

Pero la diversidad de pareceres era mucha en 
lo relativo á la posición independiente que con 
respecto del Poder ejecutivo, debian ocupar 
ciertos candidatos que fuesen empleados suyos. 
Ya se ha dicho algo de las vistas particulares que 
predominaban en el ánimo de la escuela del se- 
ñor Ellauri, en cuanto á la influencia del Ejecuti- 
vo en las deliberaciones de la Asamblea. No es 
estraño pues, que esa escuela concretara su pen- 
samiento en el siguiente artículo del Proyecto, 
que fué traído á discusión : « No pueden ser Re- 
presentantes : I.» los empleados civiles y milita- 
res dependientes del P. E. por servicio á sueldo, 



296 Estudios Constitucionales 

á escepcion de los retirados ó jubilados ; 2,"* los 
individuos del clero regular: 3.° los del secu- 
lar que gozasen renta con dependencia del go- 
bierno. » 

La escepcion era á todas luces injusta, y se 
opusieron á ella los señores Alvarez (D. Julián) y 
Vázquez (D. Santiago) ; sosteniendo ambos, que 
los empleados podian ser representantes, una 
vez que renunciaran sus cargos para entrar en la 
Cámara ; y fundando el primero sus razones en 
la justicia de no arrebatarles el derecho de co- 
rresponder á la confianza de los electores, y el 
segundo, en la necesidad de no privarse de apti- 
tudes indispensables en un país donde por el 
momento no sobraban. Les acompañó en el mis- 
mo designio, el señor Garcia (D. Solano), miem- 
bro de la Comisión de Constitución. 

Opusiéronse de un modo rotundo á los preo- 
pinantes, los señores Costa (D. Antonino Domin- 
go) y Masini (D. Ramón). Sobre todo, el primero 
de estos diputados, lo hizo con una insistencia 
singular. « La redacción del artículo — dijo — nos 
propone, que no pueden ser Representantes los 
empleados civiles ó militares dependientes del 
gobierno por servicio á sueldo. Yo convengo, que 
establecida la independencia del Poder judicial 
como está ya sancionado ; y declarado que el 
nombramiento de la Alta corte de justicia sea de 
la Asamblea general, y de aquella el de los jueces, 
no hay inconveniente para que sean representan- 
tes los individuos nombrados en la administra- 
ción de este ramo. Pero los demás empleados 
que dependen de nombramiento del gobierno, y 



Los Constituyentes 297 

le están sujetos inmediatamente, no es posible, 
señores, sin correr el riesgo de marchar rápida- 
mente á una aristocracia absoluta, tan terrible 
como la absoluta democracia. 

« Se dice — continuó el señor Costa — que el ar- 
ticulo no impide sean nombrados Diputados, los 
empleados civiles y militares, y que pueden ser- 
lo si renuncian estos empleos ; pero señores i que 
importa en una ley decir que no puede hacerse 
tal ó cual cosa ? ¿ que importa digo, este precep- 
to, si se ha de poder eludir dándole una intelijen- 
cia tan violenta ? Que no pueden ser Represen- 
tantes los empleados civiles y militares, y que no 
prohibe sean electos, y después elejir ellos el 
cargo que han de servir : yo encuentro en esto 
enormes inconvenientes. Dejar al arbitrio de los 
empleados ser si quieren Representantes de la 
Nación, podrían querer los cargos, por quererlo 
así el Poder de quien dependiesen, dejando este 
elevado cargo, luego de haber llenado el obgeto 
para que lo admitieron. En una Representación 
de tan corto número como debe ser la de nuestro 
país, por muchos años, no seria difícil estender 
su influencia en ella el Poder, y reducirnos á una 
aristocracia tan perjudicial como el estremo de 
la democracia : estremos de que debemos huir 
por los ejemplos que nos presenta la historia. 
Estoy pues por el artículo, porque concibo tiene 
diferente intelijéncia á la que ha esplicado el se- 
ñor Diputado miembro informante de la Comi- 
sión, pues no puedo persuadirme que el precepto 
negativo espresamente de una ley, haya de admi- 
tir una interpretación que pugna con la razón.» 



298 Estudios Constitucionales 

Contestados estos argumentos con escelentes 
demostraciones por parte de los que combatían 
laescepcion, el señor Costa volvió sobre el punto, 
produciéndose así : « Insisto en que seria perju- 
dicial pudiesen ser Representantes los emplea- 
dos del gobierno, por la influencia que éste ejer- 
cería en todas las deliberaciones de la Cámara, 
mucho mas si se atiende al corto número de Di- 
putados de que esta se compondrá. En el dia, 
que el número total de los Representantes para 
este Honorable cuerpo asciende á cuarenta, muy 
rara vez se ha visto reunido el número de veinte y 
nueve. Cuando el total sea éste, debemos creer 
no pasarán de veinte los que formen la Cámara 
lo mas del tiempo de las sesiones, y no seria muy 
difícil adquirirse una mayoría de este número, y 
viniendo á ser Representantes los empleados, 
vendrían á adquirirla ellos, quedando por esto 
los pueblos sin la garantía que tanto recomien- 
dan los publicistas. Yo sé muy bien que en esta 
parte están divididos en opiniones : unos sostie- 
nen que los empleados pueden ser Representan- 
tes ; otros por el contrario ; y para mi modo de 
ver las cosas, encuentro mejores las razones de 
estos. Insisto también en que la intelijéncia del 
artículo, no es la que se le dá cuando él empieza 
con la palabra negativa, no pueden ser Represen- 
tantes ; pero si hay dudas como se observa por 
las diferentes opiniones que se han vertido, yo 
propongo la corrección siguiente : No pueden 
ser electos Representantes, etc. (Apoyado,)» 

Tomó entonces la palabra el señor Vázquez, 
para espresar estos muy breves, aunque no por 



Los Constituyentes 299 

eso menos sensatos raciocinios: « El gobierno no 
puede conseguir esa influencia que se teme, á no 
juzgar á los empleados enteramente destituidos 
de honor y patriotismo, y si tal llegase á suceder, 
nada habria que esperaren el país. Si esta esclu- 
sion se adopta, privaremos al Cuerpo lejislativo 
de los conocimientos de muchos ciudadanos cu- 
yos empleos deben considerarse como una pro- 
piedad, comprada á fuerza de méritos y servicios, 
de la que el Ejecutivo no puede despojarles á su 
antojo, y que por consiguiente no dependen de 
él. En otros países se admiten los empleados en 
los cuerpos representativos, y en el nuestro debe 
hacerse con mucha mas razón. Estoy, pues, por 
el artículo, en el sentido que he manifestado. » 

No se dio por vencido el señor Costa ante este 
argumento ad hominem, contestándolo con habi- 
lidad en la siguiente réplica : « Esplicaré señores, 
mis conceptos, pues veo se les dá otra intelijéncia 
que la que tienen, á mi juicio. No he tenido ni 
aun la intención de herir el honor de los emplea- 
dos por oponerme á que sean Representantes, 
mientras ocupen sus destinos; mis intenciones no 
tienen otra tendencia que dar al país las mejores 
instituciones, porque las garantías de los ciuda- 
danos se han de cifrar en ellas y no en las perso- 
nas ; en este sentido, todos estamos obligados á 
meditar el modo de establecerlas con mas seguri- 
dad y firmeza para evitar aquellos inconvenien- 
tes : tal ha sido el obgeto que he tenido en vista.» 

Habló en seguida el señor Masini, confirman- 
do lo espuesto por el señor Costa, con quien com- 
partía identidad de miras en el asunto. Dijo que 



300 Estudios Constitucionales 

escusaba entrar en mayores comentarios sobre la 
necesidad de escluir de la Cámara de Represen- 
tantes á los empleados civiles y militares depen- 
dientes del P. E. por servicio á sueldo. Y toman- 
do pié de lo avanzado de la hora, pidió que se 
adoptase el artículo en litijio con la modificación 
propuesta por el señor Costa. 

Después del discurso del señor Masini, suspen- 
dióse el debate para la sesión siguiente, en la que 
varios diputados tomaron la palabra aduciendo 
argumentos en pro y en contra de lo que se ha- 
bla hablado en la sesión anterior. Por esta vez, 
empero, triunfaban los esclusivistas, con perjui- 
cio para la causa pública ; pues si bien es cierto 
que conviene alejar del Cuerpo lejislativo á los 
empleados, esta esclusion no debe estenderse á 
los militares de elevada gerarquia que en realidad 
no son empleados del Ejecutivo, puesto que el Se- 
nado aprueba sus ascensos y el pueblo les conce- 
de distinciones especiales que les independizan 
en las cuestiones políticas de la influencia del Pre- 
sidente de la República; como igualmente sucede 
con los ministros diplomáticos. ¿Qué decir res- 
pecto á los individuos del clero regular, sistemá- 
ticamente escluidos de la Representación nacio- 
nal í^ Separar tales hombres de los cuerpos deli- 
berantes, es quitar á estos su fuerza material, ene- 
mistándolos con los representantes de la fuerza 
armada; y su fuerza moral, enemistándolos con 
la intelijéncía. Poco amor pueden tener á las 
asambleas de su país, los que saben que jamas 
serán recibidos en ellas para emitir sus opiniones. 
Por otra parte ¿no es monstruosa la injusticia que 



Los Constituyentes 301 

se comete al prohibir la gestión de los negocios 
públicos en las corporaciones populares, á quie- 
nes se encarga de hacerla con peligro de su vida 
en los campos de batalla ó de su reputación en el 
estrangero? Nada de esto atendió la mayoría de 
la Constituyente, y fué votada la esclusion asi : No 
pueden ser electos representantes : i .° Los em- 
pleados civiles ó militares, dependientes del Po- 
der ejecutivo, por servicio á sueldo, á escepcion 
délos retirados ó jubilados; 2.° los individuos 
del clero regular ; 3.** los del secular que gozasen 
renta con dependencia del gobierno (Art. 25 de 
la Constitución.) 

Resuelto el punto relativo á las condiciones 
personales de los Representantes, se entró sin 
grande esfuerzo á sancionar las atribuciones de la 
Cámara á que ellos debian pertenecer. Un lijero 
debate entre los señores Masini y Alvarez fué lo 
único que señaló la discusión de ese tópico im- 
portantísimo. Parece que admitido el sistema 
bi-camarista, no habia obgeciones fundamenta- 
les por parte de sus mismos opositores, en cuan- 
to á las atribuciones que cada una de las cámaras 
debia tener; ó si las habia, no las manifestaron, 
sea por considerarse batidos de antemano, sea 
por desconfiar de la fuerza probatoria de sus ar- 
gumentos. 

Quedó pues organizada la rama popular del 
Cuerpo lejislativo en esta forma: «Compete á la 
Cámara de Representantes, i** La iniciativa sobre 
impuestos y contribuciones, tomando en consi- 
deración las modificaciones con que el Senado 
las devuelva; 2.° el derecho esclusivo de acusar 



302 Estudios Constitucionales 

ante el Senado al Gefp superior del Estado, y sus 
ministros, á los miembros de ambas cámaras, y 
de la Alta corte de justicia, por delitos de traición, 
concusión, malversación de fondos públicos, vio- 
lación de la Constitución, ü otros que merezcan 
pena infamante, ó de muerte, después de haber 
conocido sobre ellos, á petición de parte, ó de al- 
guno de sus miembros, y declarado haber lugar 
á la formación de causa (Art. 26).» Dos grandes 
facultades, suficientes por sí solas para enfrenar 
al gobierno, se concedieron en este articulo á la 
Cámara de Representantes : desde luego, la ini- 
ciativa sobre impuestos y contribuciones ó sea la 
creación de la riqueza fiscal ; en seguida, el dere- 
cho esclusivo de acusar ante el Senado á todos 
los violadores de la Constitución, sin escepcion 
de personas, ó sea el control de los actos políti- 
cos y administrativos de los poderes públicos. 

Tales fueron la estructura interna y el meca- 
nismo peculiar dados por los Constituyentes ala 
Cámara de Representantes del Cuerpo lejislati- 
vo. Se depositó en ella toda la fuerza inicial que 
ha menester una corporación popular, en cuyo 
recinto deben manifestarse los deseos mas vivos 
del pueblo. Se le dieron, lo que los ingleses lla- 
man los cordones de la bolsa, concediéndole la 
iniciativa de los impuestos y contribuciones ; y 
se le dio también la fiscalización de los gastos y la 
vijiláncia de las operaciones del gobierno, con la 
facultad de acusar á los infractores del Código 
fundamental. A no mediar la escepcion odiosa é 
inesplicable contra los elevados funcionarios 4^1 
Ejecutivo y del clero regular, nada podría decir-' 



Los Constituyentes 303 

se que amenguase el esplendor de los sabios pre- 
ceptos cuya enumeración acabamos de hacer. 
Hay en ello una suma de esperiéncia, que acusa 
la posesión de los mejores conocimientos en or- 
den al réjimen del gobierno libre. 

Organizada la Cámara de Representantes, se 
acometió la organización de la de Senadores, 
sobre la cual habia también disidencia de opi- 
niones. El Proyecto de Constitución establecia, 
que la Cámara de Senadores debia componerse 
de tantos miembros cuantos fuesen los Departa- 
mentos del Estado, á razón de uno por cada De- 
partamento; y que su elección seria el primer 
domingo del mes de Febrero, «en la forma que 
designará la ley, escepto los de la primera Lejis- 
latura, que serán electos conforme al artículo 22.» 
El inconveniente de la articulación propuesta, 
era que dejaba al arbitrio de una ley futura, la 
forma de elección de los Senadores, mientras 
habia establecido en la Constitución la de los Re- 
presentantes, i Porque vatilaban así los autores 
del Proyecto ? El señor EUauri lo habia dicho. 
Sus ideas no estaban fijas sobre la forma definiti- 
va en que debiera organizarse el Senado, al cual 
no se atrevían á hacer permanente por temor de 
trasformarlo en cuerpo aristocrático, ni tampo- 
co se atrevían á hacerlo de elección indirecta por 
no diferenciarlo demasiado de la Cámara po- 
pular. 

La Asamblea negó su voto á lo propuesto, 
creando la Cámara de Senadores en esta forma : 
« La Cámara de Senadores se compondrá de tan- 
tos miembros cuantos sean los Departamentos 



304 Estudios Constitucionales 

del territorio del Estado, á razón de uno por cada 
Departamento. (Art. 27 de la Const.) Su elección 
será indirecta en la forma y tiempo que designa- 
rá la ley. (Art. 28.) Los Senadores durarán en sus 
funciones por seis años : debiendo renovarse por 
tercias partes en cada bienio, y decidiéndose por 
la suerte, luego que todos se reúnan, quienes de- 
ben salir el primero y segundo bienio ; y sucesi- 
vamente los mas antiguos. (Art. 29.)» Esta -era la 
teoría correcta. Desde que el Senado es un cuer- 
po moderador, la elección de sus miembros debe 
escapar á la turbulencia de los bandos ; y desde 
que el ejercicio de sus facultades se estiende á 
una esfera muy dilatada, precisa que la renova- 
ción de su personal sea efectuada en proporción 
tan lenta como conviene al espíritu conservador 
de aquella rama de la Lejislatura. 

El señor Ellauri y su escuela, llevaron un rudo 
golpe con esta derrota. Ellos que pugnaban por 
nivelarlo todo de acuerdo con las doctrinas fran- 
cesas de que estaban saturados, vieron estable- 
cida, casi sin discusión, la doctrina americana, 
que no desorganiza las instituciones para repu- 
blicanizarlas, sino que combina la amovilidad del 
personal con las exijéncias del buen réjimen. Un 
Cuerpo lejislativo sin Senado, ó un Senado de 
elección directa y duración paralela con la Cáma- 
ra de Representantes, vendrían á ser la misma 
cosa ; porque la entidad de la cuestión no está en 
tener dos cámaras, sino en que la una sea contra- 
peso de la otra. Desde que todas las cuestiones 
lejislativas se resuelven en última instancia por 
la Asamblea general ¿ que otra cosa sino cuestión 



Los Constituyentes 305 

de numero seria que la Cámara de Representan- 
tes triunfara siempre, si el Senado no tuviera 
contra esa posibilidad fatal, facultades propias, 
procedimientos suyos y tradición establecida 
para defenderse ? 

No obstante el buen espíritu que dominaba en 
la Constituyente para organizar la Lejislatura, 
era siempre inflexible su tenacidad en lo que 
respecta á la calificación de los individuos desti- 
nados á componerla. Escluidos de la Cámara de 
Representantes, los empleados á sueldo delP. E. 
y los miembros del clero regular, quiso escluirse- 
les también del Senado, promoviéndose con esto 
una discusión en que terciaron los señores Váz- 
quez, Gadea, Garcia y Ellauri, combatiendo los 
primeros la esclusion, y sosteniéndola el último. 
El debate se abrió con motivo de una moción del 
señor Vázquez, presentada y sostenida en los si- 
guientes términos : « Resultarán graves incon- 
venientes de imponer á los senadores, las cuali- 
dades esclusivas que se impusieron á los repre- 
sentantes . Propongo que se esceptüen de la 
esclusion las clases militares de coronel inclusive 
arriba, y á los civiles cuyos goces lleguen á tres 
mil pesos anuales, toda vez que cesen en el ejer- 
cicio de sus funciones mientras desempeñen la de 
Senadores. (Apoyado), » 

El señor Ellauri — No habiendo oido las razones 
que se adujeron para variar los artículos 18^ 2«;, 
como miembro informante de la Comisión debo 
hacer presente, que es un principio bastantemen- 
te conocido, que los cuerpos lejislativos estén en 
absoluta independencia para meditar sus resolu- 



ao 



3o6 Estudios Constitucionales 

clones, lo que no sucedería si dejasen de esclulr- 
se las clases que se pretenden introducir en el 
Senado. Por otra parte, resultaría una inconse- 
cuencia monstruosa en admitirlas en este cuerpo 
después de escluirlas de la Cámara de Represen- 
tantes. Si el Senado llegase á componerse de 
hombres de esas clases, es bien cierto que no 
podría guardarse el equilibrio en los respectivos 
poderes, pues que por mas virtuosos que ellos 
fuesen, no podrían desprenderse de sus hábitos. 
. Por tanto, aunque otros señores miembros de la 
Comisión se han conformado con la adición pro- 
puesta, no puedo admitirla por mi parte. 

El señor Vazque^ — No encuentro señores, nin- 
gún principio de analojia entre el Senado y la Cá- 
mara de Representantes, para que se pretenda 
igualar sus formas : para convencerse de esto, 
basta fijarse en las diferentes atribuciones de uno 
y otro cuerpo. Colocado el Senado entre la Cáma- 
ra y el Poder ejecutivo, le corresponde juzgar so- 
bre las acusaciones de la Cámara contra los Altos 
Poderes, y contener los abusos del uno y las pre- 
tensiones escesivas del otro. Para consultar la 
independencia del Senado, además de la garan- 
tía moral que ofrece la elección indirecta cometi- 
da á un pequeño número de personas de la con- 
fianza del pueblo, á quienes debe suponerse co- 
nocimientos especiales de los individuos que con- 
sideren dignos de tan alto puesto, importa mu- 
cho admitirse esa clase privilejiada, llena de mé- 
ritos, y por consecuencia, de crédito suficiente 
para que puedan dar lugar á ninguna especie de 
influencia. En mi opinión pues, la Honorable 



Los Constituyentes 307 

Asamblea abrazará una conveniencia reconocida, 
admitiendo en el Senado las clases que he indica- 
do, y por tanto insisto en que se adopte la adición 
que he propuesto. 

El señor Garda — Después de haber sancionado 
la Asamblea que la elección de Diputados ha de 
ser democrática ó directa por el pueblo ; y que la 
de Senadores fuese poligárquica ó de optimácia, 
esto es, por ciudadanos escojidos y mas sabios, 
en virtud de tener el Senado que desempeñar fun- 
ciones de distinta naturaleza, y si se quiere mas 
elevadas que las de la Cámara de Diputados, pues 
era en aquel en quien se depositaba el poder mo- 
derador; es visto que los individuos que hayan 
de componer el Senado, deben reunir cualidades 
mas especiales y otro prestí) io que para Diputa- 
dos, y como estas cualidades se suponen reuni- 
das en los empleados que en todo país bien cons- 
tituido, son siempre los de mayor respetabilidad, 
como los mas meritorios, porque han prestado 
servicios mas distinguidos á la Patria, de aquí es 
el apoyo que di á la indicación de que pudiesen 
ser elejidos para el Senado los empleados de pri- 
mera categoría de la clase civil ó militar, con tal 
que con el tiempo de su representación quedaren 
sin el ejercicio de sus empleos y por consiguiente, 
independientes del Poder Ejecutivo, lo cual creo 
ser también conforme con el espíritu del artícu- 
lo presentado por la Comisión. 

El señor Ellauri — Es necesario no mirar la es- 
clusion que el proyecto propone con el carácter 
de odiosidad que se ha hecho, porque ella no im- 
porta un agravio á esa clase, sino hacer que los 



3o8 Estudios Constitucionales 

diferentes poderes se mantengan en absoluta 
independencia, sin que el uno tenga la menor in- 
fluencia sobre el otro. Nadie duda de la diferen- 
cia que hay entre las funciones del Senado y la 
Cámara de Representantes, pues ellas están ter- 
minantemente consignadas en el Proyecto de 
Constitución : repito que es esencial la indepen- 
dencia del Poder ejecutivo en ambos cuerpos; y 
por tanto, insisto en que se admita el artículo 
presentado por la Comisión, mediante que él no 
prohibe que ocupen un asiento en el Senado, sino 
á los que sean dependientes del P. E.» 

Sobre estos fundamentos se sostuvo un largo 
debate en el cual varios diputados espusieron di- 
ferentes razones en pro y en contra de la moción 
del señor Vázquez, hasta que dado el punto por 
bastante discutido, se votó como estaba el artícu- 
lo de la Constitución, y fué aprobado. El señor 
Gadea propuso otro artículo, con el obgetode acla- 
rar las dudas que pudiera ofrecer el anterior, y lo 
redactó del modo siguiente : « Los empleados de 
que hablan los artículos 25 y 31, como dependien- 
tes del P. E., son civiles cuyo goce no ascienda á 
tres mil pesos, y los militares inferiores al grado 
de Coronel.» Rechazada esta enmienda quedó de- 
finitivamente sancionado que: Las calidades es- 
elusivas que se han impuesto á los Representantes en 
el articulo 2¡, comprenden también á los Senadores. 
(Art. 31 de la Const.) 

La sanción de este artículo, vengaba al señor 
Ellauri y su escuela, de la derrota sufrida en la 
empresa de crear una cámara única. La Consti- 
tuyente habia creado dos cámaras contra la vo- 



Los Constituyentes 309 

luDtad de ellos, pero había escluido de ambas 
á los militares y funcionarios superiores como 
lo querían ellos. De modo que derrotados en la 
estructura política, habían triunfado en la organi- 
zación del personal interno del Cuerpo lejislativo. 
Conviene decir ahora, cuales fueron las facul- 
tades otorgadas al Senado para mantener su in- 
dependencia y sus fueros. « Corresponde al Se- 
nado abrir juicio público á los acusados por la 
Cámara de Representantes, y pronunciar senten- 
cia con la concurrencia, á lo menos de las dos ter- 
ceras partes de votos, al solo efecto de separarlos 
de sus destinos. La parte convencida y juzgada, 
quedará no obstante sujeta á acusación, juicio y 
castigo conforme á la ley. (Arts. 38 y 39 de la 
Const.) En los casos de enfermedad, ó ausencia 
del Presidente de la República; ó mientras se pro- 
ceda á nueva elección por su muerte, renuncia ó 
destitución, ó en el de cesación de hecho por ha- 
berse cumplido el término de la ley, el Presiden- 
te del Senado le suplirá, y ejercerá las funciones 
anexas al P. E., quedando entre tanto suspenso 
de las de Senador (Art. 77). Al Presidente de la 
República compete : proveer los empleos civiles 
y militares, conforme á la Constitución y á las le- 
yes, con obligación de solicitar el acuerdo del Se- 
nado, ó de la Comisión Permanente hallándose 
aquel en receso, para los enviados diplomáticos, 
coroneles y demás oficíales superiores de mar y 
tierra; destituir los empleados por ineptitud, 
omisión ó delito, en los dos primeros casos con 
acuerdo del Senado, ó en su receso con el de la 
Comisión Permanente ; iniciar con conocimiento 



3IO Estudios Constituctonales 

del Senado, y concluir tratados de paz, amistad, 
alianza y comercio, necesitando para ratificarlos 
la aprobación de la Asamblea general ; celebrar 
en la misma forma, concordatos con la silla Apos- 
tólica. (Art. 8i)» 

De manera que el Senado uruguayo es tribunal 
político, y tiene además la dirección de las rela- 
ciones esteriores por el acuerdo que presta ó nie- 
ga para nombrar ajentes diplomáticos fijando el 
alcance de sus instrucciones, y la dirección de los 
ejércitos por la promoción que niega ó concede á 
los gefes superiores y oficiales generales. Le co- 
rresponde también, por cualquier accidente de 
vacancia, investir á su Presidente con la autori- 
dad de gefe del Estado, quedando asi, dentro de 
la órbita de sus atribuciones constitucionales, 
dueño de la dirección política de la Nación. 

Nada tendríamos que oponer á esto, si el Pre- 
sidente de la República no tuviera forzosamente 
á un Senador por sustituto. Creemos que corres- 
ponde á toda organización regular del Cuerpo 
lejislativo, que el Senado goce las prerogativas 
que la Constitución discierne al nuestro, pues 
siendo peligrosa la creación de Consejos de Es- 
tado en los países republicanos, por la absorción 
de las facultades judiciales y lejislativas á que 
ellos tienden, es mas correcto no desmembrar 
á ninguno de los poderes de las suyas, que crear 
una entidad intermedia destinada á servir de 
elemento perturbador en las operaciones del go- 
bierno. Si pues ha de estar el poder social divi- 
dido en tres departamentos — lejislativo, ejecuti- 
vo y judicial — conviene á cada uno de ellos tener 



Los Constituyentes 311 



sus facultades taxativas, que garantiendo la inde- 
pendencia propia, asegure á la vez la armonía del 
conjunto. 

Pero no nos conformaremos nunca, con que el 
senador Presidente del Senado, haya de ocupar 
la Presidencia de la República en los casos de va- 
cancia. Desde luego, hay en ello una infracción 
á las más elementales prerogativas de la mayoría; 
pues siendo el Presidente de la República ele j ido 
por la Asamblea general á pluralidad absoluta de 
votos, y siendo el del Senado elejido á mayoría 
absoluta de los de su cámara, resulta que en 
caso de suceder éste á aquel, estará el Ejecutivo 
representado por la voluntad de una minoría 
de la minoría. Por otra parte, esta combinación, 
que en los casos ordinarios priva constantemente 
á un Departamento del defensor obligado de sus 
intereses, cerrando al senador Presidente todos 
los caminos del debate, y privando en los casos 
estraordinários al Senado de uno de sus miem- 
bros por la necesidad de enviarlo á la Casa del 
Ejecutivo, es una combinación deplorable. La 
verdadera doctrina, y la única salvadora en este 
caso, es la que establece que junto con el Presi- 
dente de la República, se elejirá un Vice, cuyas 
atribuciones ordinarias serán las de presidir el 
Senado con voto para los casos de empate, y cuya 
atribución escepcional será la de sustituir al gefe 
del Ejecutivo, en los casos de ausencia, destitu- 
ción, renuncia 6 muerte. Asi se concilla, no sola- 
mente la integridad del número con la necesidad 
de la representación en el Senado, sino que se 
estirpa esa corruptela de periodos arbitrarios, 



312 Estudios Constitucionales 

en que la renuncia, destitución ó muerte de un 
Presidente, orijina elecciones supletorias, que 
unas veces alteran y otras confirman el periodo 
constitucional admitido, pero que siempre fal- 
sean la Constitución, haciendo que una sola 
Asamblea elija dos ó tres Presidentes. 

Reasumamos. Con la sanción de los artículos 
criticados, se puso el sello á la organización del 
Poder lejislativo. Una cámara de Representantes 
directamente ele j ida por el pueblo : otra de Se- 
nadores por elección indirecta ó de optimácia, 
como la llamó el señor Garcia en su lenguaje téc- 
nico, y la prohibición de que penetraran en estos 
cuerpos los clérigos regulares y los empleados ci- 
viles y militares á sueldo del Ejecutivo, salvo los 
retirados ó jubilados ; tal fué el plan que dio mé- 
rito al nacimiento del Poder encargado de repre- 
sentar la voluntad de la Nación. En el curso del 
debate transcrito se habrá notado, que la escuela 
del señor EUauri obtuvo una victoria notable 
escluyendo á los militares de la Asamblea ; pero 
cumple advertir que fué la mas sonada y la últi- 
ma de las ventajas importantes con que señaló 
su presencia en la Constituyente. Ahora veremos 
como la batieron en la organización del Poder 
ejecutivo. 



Los Constituyentes 313 



III 



La organización del Poder ejecutivo ha sido 
siempre una materia erizada de dificultades para 
toda Asamblea constituyente; porque este poder 
tiene en su favor y contra si una doble significa- 
ción moral y material, que tiende á hacerlo temi- 
ble á los ojos de las masas populares, y mirado 
con reservas por los otros dos poderes que divi- 
den con él la delegación el ejercicio de la sobera- 
nía. Proviene esto, de que él representa la acción, 
y como mas es lo que se le vé hacer que lo que se 
le oye decir, el vulgo le atribuye la suma influen- 
cia del gobierno en general, mientras que á los 
otros poderes no les dá mas que una eficacia muy 
limitada en las operaciones oficiales. Desde luego 
debe convenirse, en que hay motivos disculpables 
que autorizan este juicio vulgar. El Ejecutivo 
deslumhra por su fuerza ostensible : tiene el man- 
do de los ejércitos, administra las rentas, conce- 
de innumerables empleos, indulta de la pena de 
muerte en muchos casos, y lleva la representa- 
ción del Estado en las relaciones interiores y es- 
teriores. De aquí esa doble significación que se 
le dá, y cuya importancia penetra fuertemente en 
el espíritu del pueblo : de aqui también, esa reser- 
va natural con que los otros poderes le miran, 
celosos de que vuelva contra ellos los elementos 



314 Estudios Constitucionales 

" ■ I MM , I _ III.- I 

de acción que ellos mismos se vea obligados á 
poner en sus manos. 

Es llano, por lo tanto, que hayan sido tan en- 
contradas las opiniones respecto del modo de dar 
vida legal á este Poder, y que desde su personifi- 
cación en un solo hombre, hasta su pluralizacion 
en varios individuos investidos de facultades igua- 
les para operar en común, fueran todos estos pa- 
receres materia de ensayos en las constituciones 
republicanas. La esperiéncia ha demostrado por 
fin, que el mejor medio es depositar la acción en 
un individuo solo, acompañado por ministros 
responsables, y removido al espirar un término 
fatal, prescrito de antemano. Pero si la discusión 
ha concluido sobre este tópico, todavía existen 
divergencias en el modo de apreciar la marcha 
que han de seguir los otros poderes para oponer- 
se á los avances del Ejecutivo. Hay quienes creen 
que debe concedérsele todo lo que pida, y esto es 
ir mas allá de lo razonable; mientras que no fal- 
tan quienes aconsejan que se le circunscriba á li- 
mites muy estrechos, lo que es inconveniente. 
Refiriéndose á esta última opinión, dice Lieber 
con su habitual sensatez : « Uno de los mas serios 
errores de los que no están versados en la liber- 
tad, es imajinarse que ésta consiste en retirar al 
gobierno el poder que es necesario que posea. La 
libertad no es de un carácter negativo ; no consis- 
te meramente en negar poder al gobierno. Este 
debe tener poder para desempeñar sus funciones, 
y él se lo arrogará, en casos de necesidad, sí no 
se ha provisto una concesión ordenada y orgáni- 
ca. Una libertad que meramente rodease de va- 



Los Constituyentes 315 

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lias, se parecería á malecones de nuestro Missisi- 
pi, sin dejar en ellos salidas para arroyos. Nadie 
cree que habría tiempo suficiente para reparar la 
grieta que se abriese, (i)» 

Nuestros constituyentes debían traer pues, la 
misma diversidad de opiniones que ha sido el pa- 
trimonio de tantas escuelas igualmente prenda- 
das de la libertad, mas no por eso menos reñidas 
con sus verdaderos procedimientos prácticos. 
Así se desprende del discurso del señor Ellauri, 
en el acto de presentar al debate el proyecto de 
Constitución: «El Poder ejecutivo en una sola 
persona, con los ministros respectivos, — dijo — aca- 
so no presentará mas reparo que el que se ha oído 
privadamente, de estrechársele demasiado la es- 
fera de su acción. La Comisión cree que esto no 
es muy exacto. Al Poder ejecutivo se le franquean 
todos los medios que puede necesitar para cum- 
plir y hacer cumplir las leyes. El nombramiento 
de sus empleados, la recaudación de las rentas, 
el mando de la fuerza armada; todo esto le incum- 
be privativamente, y es mas que suficiente para 
llenar sus deberes. Y podría ni debería concedér- 
sele más, en un sistema de gobierno como el que 
se propone ? La Comisión cree que no, y sinem- 
bargo lo presenta con un carácter de respetabili- 
dad bien marcado. No hablemos délas garantías 
singulares que se exijen en la persona que haya 
de desempeñar la Presidencia. La iniciativa que 



(i) Los publicistas yankees, llaman por antonomasia ^ go^ 
bierno » al P. E.^ y atribuyen perfecta sinonimia á las palabras 
c soberauia it y ^ autoridad ». 



3i6 Estudios Constitucionales 



se le concede en todo Proyecto nuevo de ley, ó de 
reforma de las existentes; la parte que por medio 
de sus Ministros puede tomar en la discusión, y 
la facultad de deducir sus reparos, son sin duda 
prerogativas de un orden sublime, y que hacién- 
dose de ellas un uso prudente y circunspecto, 
traerán, sin duda, bienes inmensos.» 

Armonizando la teoría con los preceptos, los 
autores del Proyecto de Constitución designaban 
al Poder ejecutivo en esta forma: « El P. E. de la 
Nación será desempeñado por una sola persona, bajo 
la denominación de Presidente de la República Orien- 
tal del Uruguay ;if lo que fué aceptado sin observa- 
ción (Art. 72). Mas adelante decia el Proyecto: 
« Las funciones de Presidente durarán por cuatro 
años, y no podrá ser reelejido sin que medie otro 
tanto tiempo entre su cese y la reelección.» 

Propuso el señor Zudañez, que el Presidente 
durase solo tres años, « por ser un empleo del 
cual se ha abusado en muchas partes causando 
trastornos á las repúblicas.» Agregó « que res- 
tringiendo asi la duración del cargo, se daba lu- 
gar á las esperanzas de los aspirantes legales, para 
que se mantuvieran sumisos á la ley.» El señor 
Vázquez le contestó, « que la razón de mantener 
las esperanzas de los aspirantes legales, no debía 
ser obstáculo para señalar el término de cuatro 
años, pues la disminución de un año no les haría 
saltar la barrera. Sancionado el término de tres 
años para la duración de las cámaras, si se seña- 
lase el mismo para el P. E., seria un nuevo moti- 
vo para empeñar su influencia en aquellas, y por 
consiguiente, aceptaba como mas razonable el 



Los Constituyentes 317 

periodo de cuatro.» Dado el punto por suficien- 
temente discutido, se votó el artículo y fué apro- 
bado (Art. 75). 

Establecida la forma en que debia ejercerse el 
P. E., la manera de su elección (Art. 73); las cali- 
dades imprescindibles de la persona (Art. 74); el 
juramento con que se obligaba á desempeñar las 
funciones de su cargo (Art. 76); la designación de 
su remplazante en los casos de enfermedad, au- 
sencia, renuncia, muerte, destitución ó cesación 
de hecho (Art. 77), y el modo de fijarle la renta 
anual para compensar sus servicios (Art. 78); en- 
traron los Constituyentes á deslindar las funcio- 
nes que debian competirle. El Proyecto de Cons- 
titución, enumeraba esas funciones en varios ar- 
tículos, cuyos conceptos no parecieron bien claros 
al señor Vázquez, orijinándose por este motivo 
una controversia entre el señor Barreiro y él. 
Para cortar la dificultad, tomó la palabra el señor 
Ellauri y dijo «que no habia inconveniente en va- 
riar los artículos, pero que le parecia mas propio 
que todos los artículos relativos á las funciones 
del P. E. se ingiriesen en uno solo, como igual- 
mente los de sus atribuciones, deberes y prero- 
gativas, y que la Comisión se encargaría de re- 
dactarlos en esta forma, sin variar la sustancia.» 
Conformados los demás señores, se adoptó por 
aprobación general el temperamento propuesto. 

Cuando llegó su turno á la Comisión para pre- 
sentar refundidos los artículos que hablan dado 
orijen á la controversia, se pudo notar que las fa- 
cultades del P. E. eran propuestas por aquellos, 
bajo un triple concepto, á saber : político-admi- 



3i8 Estudios Constitucionales 

nistrativo, militar y colejislador. La designación 
era justa, y solo podian versar los reparos sobre 
el modo cómo se quisiera hacer efectivo el ejercí» 
cío de prerogativas tan complejas. El P. E., en 
cuanto administrador, debe recaudar las rentas, 
mandar la fuerza pública y garantir el orden y la 
seguridad; pero estas atribuciones resultarían 
viciadas por la rutina, y por lo tanto ineficaces 
para llenar las necesidades del progreso, si anexo 
á ellas no se le proveyera de una facultad de co- 
laboración en las operaciones lejislativas. No solo 
ha de atenerse el Poder administrador á cumplir 
los deberes de mayordomo que le atañen por ese 
cargo, sino que también hade proponer las mejo- 
ras que la Administración requiere, y ha de hacer 
oir su voz contra las iniciativas que en su espe- 
riéncia de las cosas encuentre perjudiciales. Para 
eso se le dan ministros responsables, cuya elec- 
ción hace él de entre los ciudadanos que supone 
mas aptos para las especialidades de su consejo. 
Dominando entre la mayoría de los Constituyen- 
tes la doctrina que acaba de esponerse, no era es- 
traño que el debate versara sobre ella en idéntico 
sentido, asi fué que lo abordaron circunscribién- 
dolo á los antecedentes enunciados. 

Por lo que respecta á las facultades político- 
administrativas y militares con que se investía al 
Presidente de la República, quedaron estableci- 
das en la Constitución de este modo : « El Presi- 
dente es gefe superior de la administración gene- 
ral de la República. La conservación del orden y 
tranquilidad en lo interior y déla seguridad en lo 
esterior, le están especialmente cometidas (Art. 79). 



Los Constituyentes 3iq 

Le corresponde el mando superior de todas las 
fuerzas de mar y tierra, y está esclusivamente en- 
cargado de su dirección; pero no podrá mandar- 
las en persona sin previo consentimiento de la 
Asamblea general, por las dos terceras partes de 
votos (Art. 8o).» En esto, como queda espresado, 
la discusión no se acentuó por divergencias pro- 
fundas, y á la verdad que no hubiera habido mo- 
tivo para ello. Desde que se delegaba la adminis- 
tración general de la Nación en uno de sus altos 
poderes, era necesario proveerlo de facultades 
ordenadas al fin para que se le creaba. La admi- 
nistración supone disponibilidad de medios coer- 
citivos, que estén autorizados por la ley y sean 
imponibles por la fuerza en caso de resistencia 
injusta. 

Pero no sucedió lo mismo con la sanción de los 
medios que habilitaban al P. E. para ejercer sus 
funciones de colejislador. El señor EUauri y su 
escuela, estaban empeñadísimos en hacer de los 
ministros de Estado una creación monstruosa, 
declarándolos irresponsables, inamovibles por un 
año, y no prorogables por mas de cuatro. Esta 
doctrina conduela á trasformar al Presidente en 
una entidad especial, que al prestijio promotor 
de su ascención al cargo, reuniese la omniciéncia 
para mandar sin necesidad de consejeros ; pues 
no otra cosa importaba imponerle ministros por 
tiempo determinado, como si los estadistas se im- 
provisasen para estar á cada rato cambiando de 
ellos; ó si Ja intelijéncia presidencial pudiera su- 
plir de tal modo el vacio de hombres superiores, 
que se bastase por sí sola para dirijirlo todo con 



320 Estudios Constitucionales 

éxito irreprochable. Si por casualidad el Presi- 
dente no acertara en la elección de su Ministerio 
¿porque imponerle que lo conservase un año? Y 
supuesto el hecho contrario i porque hablan de 
quedar inhabilitados los buenos ministros para 
servir las administraciones sucesivas? El caso 
era grave, los contendentes estaban muy aferra- 
dos á su opinión respectiva, y el debate filé de los 
mejores que rejistran nuestros anales parlamen- 
tarios. El señor Ellauri, con su habilidad acos- 
tumbrada, habia previsto á tiempo lo que iba á 
suceder, poniéndose en guardia contra ulteriori- 
dades. A ese fin hizo aquella moción, aceptada 
por la mayoría, en la que propuso refundir en uno 
solo, todos los artículos referentes á las funciones 
del P. E., escondiendo así en un articulado único, 
las vistas mas salientes de su plan. Pero abierta 
la discusión sobre el tópico, y entrados á ella los 
señores Masini, Vázquez y Garda, quedó despeja- 
do el campo en la primera sesión y el señor Ellau- 
ri empezó á batirse á la defensiva. Al dia siguien- 
te, que fué el de la batalla formal, empezó la dis- 
cusión de esta manera : 

El señor Ellauri — Consecuente á lo mismo que 
dije anoche, menos por insistir en sostener el ar- 
tículo tenazmente que por esplanar las razones 
que tuvo la Comisión al redactarlo, añadiré que, ó 
el Ministro á quien trata de deponer el Presiden- 
te, ha llenado sus deberes, ó no. Si lo primero, 
es una injusticia el dejarlo sujeto al capricho del 
gobernante y sin garantías para conservarse en 
un puesto que ha desempeñado bien, es inferirle 
una nota que no ha merecido : y si lo segundo, la 



Los Constituyentes 321 

Constitución señala medios legales para la desti- 
tución de todos los empleados, etc. 

El señor Vázquez — Cuanto mas medito las razo- 
nes en que se pretende apoyar la inamovilidad de 
los Ministros, tanto menos me convenzo de su 
fuerza; y reasumiendo aquellas razones, me fijo 
especialmente en que no hay paralelo entre el em- 
pleo de Ministro y cualquiera otro. El Ministro 
no es de escala, ni consecuencia de méritos y ser- 
vicios particulares, sino elección de confianza y 
apoyada en aptitudes especiales. La ley provee 
para la acusación de los Ministros que la infrin- 
jan, pero no para los ineptos: ó para los que sin 
serlo, no llenan el puesto con toda la habilidad 
que la causa pública exije, y cuyo vacio solo pue- 
de ser calificado por la conciencia del primer Ma- 
jistrado. Finalmente, en este concepto, es princi- 
pio universal reconocido, que los Ministros sean 
amovibles á voluntad del Ejecutivo. 

El señor Ellauri — El segundo caso, se dice, no 
infiere nota al Ministro porque la opinión pública 
lo favorece. ¿Y que importa esta opinión, cuando 
todo el mundo lo vea depuesto de la noche á la 
mañana? ¿Quien no lo atribuirá á su ineptitud ó 
mal desempeño? De cualquier modo que se mire 
la cuestión, vendremos á caer en uno de aquellos 
estravios. Yo creo que cuanto mas elevado es el 
rango de un empleado, tanto mas ofensiva debe 
serle su repentina destitución. Si en los gobier- 
nos monárquicos es admisible este principio de 
arbitrariedad, sin dejar de reconocerlo como uno 
de sus mayores defectos, debe reputarse mas 
bien como prerogativa del trono, inadaptable á 

ai 



322 Estudios Constitucionales 

nuestro sistema representativo republicano. En 
este jamas podrá ser conveniente ni arreglado, el 
establecer constitucionalmente una facultad ab- 
soluta y sin limitación en punto tan delicado. 

El señor Vázquez — En vano, digo, se pretende 
llevar adelante la inamovilidad de los Ministros 
de Estado, inamovilidad desconocida y mal apli- 
cada : no es de ahora que he dedicado mis tareas 
al estudio de las Constituciones, y confieso que 
en ninguna he encontrado establecido semejante 
principio, que pugna con la razón y que seria 
eminentemente perjudicial. Es contraproducente 
el argumento que se quiere deducir, fundando la 
inamovilidad en que la destitución es propia de 
gobiernos monárquico-constitucionales. Porque 
si en estos, en que los Ministros son responsables, 
y que el poder real es solo moderador, benéfico y 
conservador, él puede sinembargo destituirlos á 
voluntad ¿con cuanta mas razón en los gobiernos 
en que esa responsabilidad se divide entre el pri- 
mer Majistrado y sus Ministros ? Insisto en que 
no se citará un solo ejemplo propio de la inamo- 
vilidad de los Ministros ; y si en los gobiernos de 
los diferentes estados de que se compone el de los 
Unidos de América, se señala tiempo determi- 
nado á los secretarios, estos no son ministros de 
Estado, ni sus casos aplicables al presente : por- 
que en todos ellos el P. E. tiene también término 
corto de existencia, y es desempeñado no por el 
Presidente, sino por este y un consejo de Estado. 
(Citó unq por una las Constituciones en que se señala 
tiempo determinado á los secretarios). Las funcio- 
nes del Secretario están estrictamente reducidas 



Los Constituyentes 323 

á llevar y conservar los protocolos y minutas; por 
consecuencia, no teniendo ingerencia ninguna en 
el gobierno, su ejemplo es enteramente inapli- 
cable. 

Añadiré que la destitución no infiere nota ni 
agravio al Ministro, cuyo crédito y premio depen- 
den esclusivamante de la historia, y asi como no 
ha tenido otro derecho para obtener el puesto, 
que el concepto ú opinión del primer majistrado, 
asi tampoco tiene otro para conservarle. La des- 
titución no presenta obstáculo, porque difícilmen- 
te la soportarla un Ministro á quien la opinión 
pública calificase de hábil, porque ella le sosten- 
dría : pero cuando tal caso llegase, si el sucesor 
le fuese superior, la destitución seria acertada sin 
perjuicio del depuesto, y si inferior, cuando esa 
misma opinión no le llevase otra vez al puesto con 
nuevo brillo, él, en el seno de. la vida privada es- 
taría bastante premiado con la justicia pública, 
que marcaría su fallo comparando las aptitudes 
de uno y otro. Entre los inconvenientes que trae- 
ría la inamovilidad, está el caso en que el Presi- 
dente quisiese y no pudiese destituir al Ministro, 
estableciéndose una lucha funesta entre ambos, 
y privando al gobierno de las aptitudes de un su- 
cesor mas apto. 

El señor Ellauri — Para cerrar por mi parte la 
discusión, concluiré haciendo algunas pequeñas 
observaciones. No es contraproducente el argur 
mentó que se ha tomado délos gobiernos monár- 
quicos porque no obstante de que el P. E. reside 
en los ministros, y ellos son los que tienen la res- 
ponsabilidad para ante la nación, aquello debe 



324 Estudios Constitucionales 

entenderse activamente ó en ejercicio, y el mo- 
narca es el que lo dirije y modera: siendo esta 
sin duda la razón de concederle, aunque viciosa- 
mente á mi juicio, la libre facultad de destituir. 
Pero entre nosotros que el Presidente ejerce por 
si ese poder que le acuerda la Constitución, seria 
hasta irritante el que entre los medios legales 
para la destitución de unos empleados de taq alto 
rango como los Ministros, se viese enumerada la 

voluntad arbitraria del gobernante 

El señor Vázquez — Me sorprendo señores, del 
poder de la ilusión en el calor del debate : se re- 
conoce que la destitución á voluntad solo perjudi 
caria en el caso de ser personal é infundada, caso 
apenas posible ; y entre tanto se la sostiene hasta 
el grado de preferir que sin ella no haya Minis- 
tros de Estado ; de solicitar que para amovibles 
sean solo Secretarios, y que el Presidente de la 
República sea el que desempeñe por si solo el P. E. 
sin ausilio, sin apoyo, sin consejo. Yo me abis- 
mo señores, al contemplar este estremo funesto, 
que sin duda alarmará desde luego á los señores 
Representantes, y tanto más, cuanto son menos 
eñcaces las razones que se aducen. Entre ellas, 
luce como la principal una disyuntiva notable: 
el Ministro llena ó no sus deberes ; si lo primero, 
es injusto destituirle; si lo segundo, la ley pro- 
vee á su destitución. He dicho, y repito, que un 
Ministro puede llenarlos dejando un grande va- 
cio en la falta ó en la inferioridad, ó bien sea me- 
diocridad de sus talentos; vacio de bienes que en 
un país nuevo, donde se necesita un Ministerio 
creador seria un émulo de males : él sinembargo, 



Los Constituyentes 325 

no podría ser acusado ante la ley porque ni la 
habría infringido, ni podría alcanzarle, porque 
nadie pone coto al genio, ó nadie puede marcar 
ni exijir la esfera del talento, don precioso que no 
pende del derecho sino del favor, y don tan pere- 
grino, que en el catálogo inmenso de Minsitros de 
Estado en todas las naciones, son muy pocos los 
que la imparcial historia trasmite como elevados 
á un rango superior. 

No es más oportuno el argumento repetido de 
la destitución, ni menos monstruosa la compa- 
ración de esta injusticia apenas presumible, con 
los males de la inamovilidad ó de la lucha entre 
los miembros del poder bastante reconocida ; y la 
disparidad es bien manifiesta para la oposición 
misma, atendida la naturaleza del remedio que 
propone. Sean inamovibles por un año, y no 
puedan durar mas de cuatro : uno y otro seria fa- 
tal. Desde que se hace depender de la ley el ejer- 
cicio del Ministerio, ¿qué garantía, qué incentivo, 
qué ilusión ofrece la seguridad de un año ? Por 
otra parte ¿por qué cerrar la puerta al genio, 
para que pueda conservarse en él por dos, tres ó 
mas periodos del gobierno? Véase pues, como 
para un mal que apenas pasa de imajinário, se 
propone un remedio real y positivamente daño- 
so para la causa pública, ante la cual es nada el 
perjuicio de un individuo si le hubiese : pero él 
no existirá en ningún caso, porque el talento y el 
genio destituidos, serian favorecidos por la opi- 
nión y la historia, y porque entendido que la vo- 
luntad del encargado del poder es la que hace la 
destitución, ella ninguna injuria, ningún agravio. 



326 Estudios Constitucionales 



ninguna nota puede imponer por si sola sin el 
apoyo de la opinión pública. Pero la oposición se 
estiende hasta observar, que esa opinión será 
sentida por el Ministro interesado que pedirá su 
separación: esta observación, señores, es inesac- 
ta ; ninguno está menos en estado de apreciar la 
opinión, que el Ministro interesado, porque res- 
pecto de él, no será poco si se consigue que no 
esté rodeado de viles aduladores que vayan á 
comprar sus gracias al precio de los halagos, y 
que le persuadan que es él, el ídolo del pueblo, 
mientras quizá sea el blanco de su execración. 

El despacho del Ministerio tiene parte adminis- 
trativa, y parte elemental ó científica : la primera 
está al alcance de la ley ; la segunda está fuera de 
ella, pertenece al departamento de la historia; por 
eso se pueden citar tantos Ministros mediocres 
sin ser criminales; por eso los gobiernos monár- 
quico-constitucionales, sinembargo de sujetarlos 
á la ley en los delitos, les hacen depender del po- 
der Real en la apreciación del genio y los talen- 
tos; por eso la opinión pública ejerce una fuerza 
irresistible, un muro inespugnable contra la in- 
fluencia de las afecciones de aquel poder. Esa 
fuerza omnipotente llevó al Ministerio á Fox y 
Pitt, y ella misma colocó de nuevo á Neker, con- 
tra los deseos y pasión del monarca de Francia. 

El señor Masini — Como el prestijio de una pro- 
posición falsa vertida sin contradicción en este 
lugar puede influir en la deliberación, no puedo 
menos que manifestar la falsedad de la aserción 
que acabo de oir : « que la Constitución española 
negaba al Rey el derecho de deponer á los Mi- 



Los Constituyentes 327 



nistros.» Todo lo contrario: ella dá al Rey esta 
facultad ; y aun al gefe de una República, que es 
responsable, creo que también debe dársele por- 
que en ello nada se aventura. ¿ Y quién querrá 
ocupar el elevado y espinoso cargo de Presidente, 
si se le liga á no poder remover libremente los 
Ministros que él elija? Estos son los ojos, los 
brazos con que él debe ver y obrar. Déjesele pues, 
que él los elija y remueva libremente, porque de 
lo contrario ¿cómo se podrá exijir que él sea res- 
ponsable de sus operaciones?» 

Cerróse la discusión con este discurso del señor 
Masini, quedando sancionado que el Presidente 
podia nombrar y destituir los Ministros y oficia- 
les de las secretarias. Pero esto no era mas que la 
mitad de la batalla ganada. Junto con la inamo- 
vilidad por un año y la improrogabilidad por 
mas de cuatro, algunos diputados pedían que los 
ministros no tuvieran responsabilidad propia. 
Antes que consejeros con autoridad y voto, los 
querían empleados reductibles á un trabajo me- 
cánico. De esta manera, no solo el mando en su 
acepción mas cruda era atribuido por completo 
al Presidente, sino también el gobierno en cuanto 
tiene de científico en sus operaciones mas com- 
plejas. Según esta doctrina, el Presidente debia 
ser á la vez que gefe del Estado, personalidad 
omniciente, pues nada menos que hacendista y 
diplómata, militar y jurisconsulto, administra- 
dor y educacionista era necesario que fuese para 
resolver, sin dirección ni apoyo de consejero res- 
ponsable, las múltiples incumbencias delegadas 
al P. E. 



328 Estudios Constitucionales 



Proponían los autores del Proyecto de Consti- 
tución, refiriéndose al Presidente « que no podría 
espedir órdenes sin la firma del Ministro respec- 
tivo, sin cuyo esencial requisito nadie estaría 
obligado á obedecerle.» Se levantó el señor Pérez 
(D. Lorenzo Justiniano) contra el artículo, ale- 
gando «que atacaba la dignidad del Presidente de 
la República, pues habiéndose sancionado que el 
P. E. fuera desempeñado por una sola persona» 
parecia incompatible lo propuesto; y en su opi- 
nión, solopodria aprobarse el artículo con una 
adición que dijese, que en las materias graves y 
de responsabilidad, debería ir la firma del Minis- 
tro.» Le contestó el señor Garcia (D. Solano), «que 
después de haberse sancionado que el Ejecutiva 
pudiera destituir á voluntad los ministros, pare- 
cia contradictorio exijir que no fueran obedeci- 
das sus órdenes sin la firma de estos; y por lo tan- 
to, la Comisión debia conformarse con la adición 
propuesta.» 

Don Santiago Vázquez formuló la verdadera 
conclusión requerida por el caso, cerrando el de- 
bate con estas palabras: « Lejos de atacar la dig- 
nidad del Presidente, el articulo la aumenta, y 
seria perjudicial variarlo. En el sistema represen- 
tativo, la responsabilidad está dividida entre el 
Presidente y sus Ministros, y de consiguiente se- 
ria contra todos sus principios que el gobernante 
firmase solo los decretos. En el caso en que este 
quisiese espedir una medida ilegal y el Ministro 
se resistiese á firmarla, se vería en la necesidad 
de destituirlo ü volver sobre sí : esto aumenta las 
garantías del sistema constitucional. Solo en las 



Los Constituyentes 329 

materias de gravedad es que firma el Presidente, 
}>orque en las demás lo hacen los Ministros, y en 
esta virtud, debe aprobarse el articulo tal cual 
está.» 

Después de una corta controversia, se declaró 
el punto por suficientemente debatido, y votan- 
dose el articulo, fué aprobado. Mas tarde se le 
colocó entre las diversas limitaciones que el ar- 
ticulo 83 de la Constitución pone á la autoridad 
del Presidente en el ejercicio de sus facultades. 
Asi quedó enterrada la doctrina de los Presidentes 
providencia y de los Ministros-máquinas, que nos 
habría retrotraído al despotismo covachuelista 
del coloniaje, donde los empleados de buena letra 
y fácil espediente, ó los leguleyos de malas artes, 
ganaban la confianza de los mandones para im- 
provisarse entidades á su sombra. 

Conjurado este peligro, se presentó otro cuyas 
consecuencias amenazaban ser mas deplorables 
que las del anterior todavía. Trataba la Comisión, 
nada menos, que de sancionar la ingerencia del 
P. E. en las operaciones de la Administración de 
justicia. Muchos golpes hablan recibido ya el 
señor Ellauri y su escuela en el largo debate em- 
peñado por los Constituyentes, pero esta vez, no 
era de los adversarios, sino de su propio seno 
que debia partir la agresión y el castigo. Porque 
si bien podia admitirse, que los mareos del jaco- 
binismo, hubiesen hecho tambalear el criterio 
del señor Ellauri y los suyos en las cuestiones de 
orden relijioso y político, no era dable encontrar 
esplicacion á la veleidad de un jurisconsulto, que 
proponía delegar constitucionalmente en el Presi- 



330 Estudios Constitucionales 



dente de la República, la facultad « de velar por si 
y por sus Ministros sobre la conducta funcionaría 
de los empleados en el ramo de justicia y sobre 
la ejecución de las sentencias de los Tribunales^ sin 
que por esto le fuera permitido conocer por pre- 
testo alguno en materias judiciales.» Esta abe- 
rración jurídica, con el nombre de artículo 97 del 
Proyecto, entró al debate en la sesión del 31 de 
Julio. 

El señor Garcia, miembro de la Comisión, tomó 
la palabra y dijo, « que cuando sus colegas con- 
cluyeron el Proyecto de Constitución, no se ha- 
llaba él presente, y que por tanto, no habia podi- 
do hacer observaciones sobre algunos artículos 
que estaban en contradicción. Que el presente lo 
estaba con el 119, en el que se decia que el Poder 
judicial ejercería la superintendencia directa, co- 
rreccional, consultiva y económica sobre todos 
los tribunales, y que de consiguiente seria una 
monstruosidad dar al P. E. la atribución de velar 
sobre la conducta de los funcionarios de la Admi- 
nistración de justicia, en cuya virtud, pidió se su- 
primiese el artículo.» Conformados los demás 
señores de la Comisión, se propuso si habia de 
suprimirse, y la Asamblea votó afirmativamente. 
Repulsa tan general y silenciosa, debió demos- 
trarle al señor Ellauri que todavía estaban fres- 
cos los recuerdos de aquellos alcaldes de los 
cabildos, aprisionados y engrillados por los go- 
bernadores españoles, á causa de no permitirles 
que velaran sobre su conducta funcionaría y so- 
bre la ejecución de sus sentencias. 

Eliminados todos los inconvenientes cuya dis- 



Los Constituyentes 331 



cusion hemos pasado en revista, quedaron san- 
cionadas las facultades colejisladoras del P. E. 
en esta forma : « Al Presidente de la República 
compete, poner obgeciones, ó hacer observacio- 
nes, sobre los proyectos de ley remitidos por las 
Cámaras, y suspender su promulgación con las 
restricciones y calidades prevenidas en la sección 
sesta : proponer á las Cámaras proyectos de ley, 
ó modificaciones á las anteriormente dictadas, en 
el modo que previene esta Constitución : pedir á 
la Asamblea general la continuación de sus sesio- 
nes, con sujeción á lo que ella misma delibere 
según el artículo cuarenta ; nombrar y destituir 
el ministro ó ministros de su despacho, y los ofi- 
ciales de las secretarias, proveer los empleos ci- 
viles y militares con arreglo á la Constitución y 
las leyes, y destituir los empleados por omisión, 
nulidad ó delito, de acuerdo con el Senado en los 
dos primeros casos, y pasando el espediente á 
los tribunales, en el último ; promover los gefes 
superiores y los oficiales generales con acuerdo 
del Senado ó de la Comisión Permanente y nom- 
brar con igual acuerdo los ministros diplomáti- 
cos; iniciar con conocimiento del Senado, y con- 
cluir, necesitando la aprobación de la Asamblea 
para ratificarlos, concordatos y tratados de paz, 
alianza, amistad y comercio; declarar la guerra, 
previa resolución de la Asamblea; dar retiros, 
conceder licencias y arreglar las pensiones de to- 
dos los empleados civiles y militares, y tomar 
medidas prontas de seguridad en los casos gra- 
ves é imprevistos de ataque esterior ó conmo- 



33^ Estudios Constitucumales 



cion interior, dando inmediatamente cuenta á la 
Asamblea etc. (Art. 8i).» 

En otros lugares hemos comentado ya estas 
prescripciones, asi es que seria redundante un 
nuevo análisis de ellas. Basta á nuestros propósí*- 
tos consignar, lo que proyectaba dársele al P. E. 
y lo que se le dio en realidad. Como poder cole- 
jislador, fué provisto de consejeros responsables, 
para operar dentro de una órbita bien demarcada 
y sin ninguna concesión reticente. Todo lo que 
habia de ambiguo y peligroso en el proyecto de 
la Comisión, asi respecto de los ministros como 
de la ingerencia presidencial y ministerial en el 
departamento judiciário, se eliminó desde luego, 
con una claridad de motivos que abona la cordu- 
ra de los diputados constituyentes. Es lamenta- 
ble, y ya lo hemos dicho, que en las medidas de 
pronta seguridad contra cualquier ataque este- 
rior ó conmoción interior, no se proveyese con la 
amplitud correspondiente, pero peor hubiera sido 
que para no determinar una provisión taxativa, 
se hubiese dejado campo abierto á la arbitrarie- 
dad, sancionando preceptos oscuros. Nuestra opi- 
nión irrevocable sobre este punto es, que mas 
vale un precepto mediocre pero, claro, y no un 
buen precepto sujeto á interpretaciones capri- 
chosas. 

Definidas las facultades colejisladoras del P. E., 
versó la discusión sobre el modo como habian de 
hacerse efectivas. Después de algunos breves de- 
bates que dieron lugar á ciertas modificaciones, 
se reasumieron en un solo artículo los que la Co- 
misión habia propuesto con tal obgeto, incorpo- 



Los Constituyentes 333 



rándose á la Constitución en esta forma : «El Pre- 
sidente debe publicar y circular, sin demora, to* 
das las leyes que conforme á la sección sesta se 
hallen ya en estado de publicarse y circularse; 
ejecutarlas, hacerlas ejecutar, espidiendo los re- 
glamentos especiales que sean necesarios para su 
ejecución : cuidar de la recaudación de las rentas 
y contribuciones generales; y de su inversión 
conforme á las leyes : presentar anualmente á la 
Asamblea general el presupuesto de gastos del 
año entrante, y dar cuenta instruida de la inver- 
sión hecha en el anterior : convocar la Asamblea 
general en la época prefijada por la Constitución, 
sin que le sea dado el impedirlo, ni poner emba- 
razo á sus sesiones : hacer la apertura de estas, 
reunidas ambas Cámaras en la sala del Senado, 
informándoles entonces del estado político y mi- 
litar de la República, y de las mejoras y reformas 
que considere dignas de su atención ; dictar las 
providencias necesarias para que las elecciones se 
realicen en el tiempo que señala esta Constitu- 
ción, y que se observe en ellas lo que disponga 
la ley electoral ; pero sin que. pueda por motivo 
alguno suspender dichas elecciones, ni variar sus 
épocas, sin que previamente lo delibere asi la 
Asamblea general (Art. 82).» Con esta provisión 
de medios, estaban asegurados los fines del ar- 
tículo anterior. 

Se sancionó mas adelante, la siguiente facultad 
potestativa : « El Presidente de la República ten- 
drá la prerogativa de indultar de la pena capital, 
previo informe del tribunal ó juez ante quien pen- 
da la causa, en los delitos no esceptuados por las 



334 Estudios Constitucionales 

leyes, y cuando medien graves y poderosos mo- 
tivos para ello (Art. 84).» Esto era juicioso y bien 
pensado. El poder de perdonar, puede trasfor- 
marse en una violación de los derechos mas sa- 
grados de la sociedad, si se ejercita sin tino. Por- 
que debe tenerse presente, que negándose al gefe 
del Ejecutivo en el mecanismo del gobierno libre, 
la faculdad de vetar, que es tan lata bajo el siste- 
ma monárquico; el único caso en que el veto es 
real y no sedicente, es aquel en que el Presidente 
perdona, apesar de las leyes que establecen la 
forma del juicio y determinan la pena de muerte. 
Si se le dejara ejercer discrecionalmente esta fa- 
cultad, la libertad sucumbiría. 

La intromisión del P. E. en las operaciones del 
Judicial, era un peligro del cual acababa de sal- 
varnos la Constituyente con el rechazo de aquel 
articulo 97 del Proyecto presentado por el señor 
Ellauri y sus colegas. Si ahora hubiera caido en 
la falta de ampliar más la prerogativa de indulto, 
habría incidido por este camino en la monstruosi- 
dad á que quería llevársele por el otro. No somos 
partidarios del veto, en la acepción técnica que 
esta palabra tiene, porque ella supone una auto- 
ridad mas alta que la Lejislatura y los tribunales, 
ó sea un poder moderador que es ingénito al meca- 
nismo de las monarquías. Dentro del sistema mo- 
nárquico, la delegación del ejercicio de la sobera- 
nía se personifica en el Rey, puesto que es él, 
quien en última instancia caza las sentencias de 
los tribunales ó impide la sanción de las leyes. 
La diferencia esencial entre el sistema monárqui- 
co y el republicano, está toda entera en la divi- 



Los Constituyentes 335 

sion triple del poder social, que bajo la monar- 
quia es nominal y aleatoria, desde que hay una 
instancia última é imprevista para todas las san- 
ciones; mientras que en el sistema republicano 
es efectiva, desde que cada poder actúa indepen- 
dientemente, sin mas instancia definitiva que la 
que nazca del cumplimiento de sus funciones. 
Estas advertencias de la sana razón, han sido 
generalmente olvidadas por el sentimentalismo 
femenil que se apodera de algunos círculos polí- 
ticos en este país, cada vez que se vá á ejecutar 
un reo ó se trata de tomar una medida enérgica. 
Es de ver como corren los hombres para abra- 
zarse con los presidarios ó atropellar al Presiden- 
te para que vete las leyes. 

Una palabra aun, sobre el veto. En el sistema 
monárquicoy en el lenguaje común, se entiende 
por veto el poder de oponerse á que una ley se 
cumpla. Nuestra Constitución no acuerda seme- 
jante- facultad al Ejecutivo. Ella dice: «Cuando 
un Proyecto de ley fuese devuelto por el P. E, 
con obgeciones ú observaciones, la Cámara á 
quien se devuelva, invitará á la otra para reunir- 
se á reconsiderarlo, y se estará por lo que delibe- 
ren las dos tercias partes de sufrájios (Art. 64). 
Si las Cámaras reunidas desaprobasen el Pro- 
yecto devuelto por el Ejecutivo, quedará supri- 
mido por entonces, y no podrá ser presentado de 
nuevo hasta la siguiente lejislatura (Art. 65). Si 
el Ejecutivo no devolviese el Proyecto de ley, 
cumplidos los diez dias que establece el art. 63, 
tendrá fuerza de ley, y se publicará como tal, 
reclamándose esto, en caso omiso, por la Cama- 



336 Estudios Constitucionales 

ra remitente (Art. 69). Reconsiderado por las Cá- 
maras reunidas un proyecto de ley, que hubiese 
sido devuelto con obgeciones ü observaciones, si 
aquellas lo aprobaren nuevamente, se tendrá por 
su última sanción, y comunicado al P. E. lo hará 
promulgar en seguida sin mas reparos (Art. 70). » 
Es por lo tanto evidente que, el gefe del Ejecuti- 
vo solo puede demorar el cumplimiento de una 
ley, y la demora ó aplazamiento, no importa de- 
rogación ó veto. El único caso pues, en que el 
veto se hace efectivo, es en el caso del perdón. 
De aquí la necesidad de circunscribir esta facul- 
tad de perdonar, que puede resolverse en la fa- 
cultad de violar las leyes á mansalva. 

Reasumiendo todo lo que vá escrito en la mate- 
ria que forma este capítulo, podemos concluir 
que la Constituyente cimentó el P. E. ^sobre las 
siguientes bases : un Presidente rodeado de Mi- 
nistros responsables, elejidos á su voluntad, den- 
tro de ciertas condiciones personales; cuatro años 
de duración para ese Presidente sin qué en nin- 
gún caso pueda prorogar su periodo, y con la 
prerogativa de no ser acusado en el tiempo de su 
gobierno sino ante la Cámara de Representantes, 
ó un año después, que será el término de su resi- 
dencia ; el mando de la fuerza armada, la inicia- 
tiva de presentar proyectos de Ley ú observar los 
presentados, la conservación del orden y las me- 
didas anexas á esas facultades que le son propias, 
con cargo de someterse en todos los casos graves 
al juicio de la Asamblea: tales son en resumen 
las prerogativas constitucionales del Presidente 
del Uruguay. 



Los Constituyentes 337 



IV 



En el orden de la filiación histórica, el Poder 
judicial es el primero que ha nacido como resul- 
tado forzoso de las circunstancias, para hacer 
sensible la necesidad de una división arreglada 
del poder público. Los reyes de los tiempos re- 
motos, reasumían en su persona todos los atri- 
butos que representan la divinidad en la tierra; 
por lo cual hacian la ley, la circulaban y la apli- 
caban : esta era una prerogativa ingénita al mo- 
narca. La historia nos pinta á muchos de esos 
soberanos patriarcales, administrando justicia á 
la sombra de un árbol: de sus labios pendia la 
vida ó la muerte del acusado ; y la fausta nueva 
de una victoria, la sonrisa de una belleza, ó la 
cólera producida por un contratiempo cualquie- 
ra, podían trasformar á capricho la justicia en 
gracia, ó hacer de la suma injusticia una regla 
de procedimiento ocasional para el miserable que 
esperaba temblando la palabra de su señor. Pero 
esta facultad de juzgar y sentenciar sin réplica, 
fué haciéndose incómoda á medida que las na- 
ciones crecieron, y el soberano absoluto delegó 
en otros el cuidado de representarle en los múl- 
tiples casos que se producían, vista la imposibi- 
lidad de atender por sí mismo, negocios que le 
hubieran absorbido mayor suma de tiempo del 
que le faltaba para satisfacer las demás exijéncias 
del gobierno. 



22 



338 Estíidios Constitucionales 

De esta primera delegación del poder nació la 
majistratura, con todos los inconvenientes de una 
institución rudimentaria, pero con las ventajas 
ya de cierta independencia en sus juicios. Poco á 
poco fueron conservándose los precedentes, en 
pos de estos nacieron las leyes, confirmadas es 
cierto por el poder Real como una regalia, mas 
no por eso menos efectivas para el curso de la 
justicia; luego esas leyes se uniformaron, y por 
último resultó que los hombres pudieron saber 
la clase de penas á que estaban sujetos, en los 
casos de violar lo que constituía entonces el dere- 
cho ajeno. Es llano que esta gran revolución no 
se efectuó en un dia, pero sus lentos progresos 
conquistaron con firmeza el suelo donde se asen- 
taban, y á vueltas de mucho andar, se organizó 
el Poder judicial, con su complicado mecanismo 
y sus procedimientos difíciles. Desde ese dia, el 
absolutismo de la potestad ejecutiva chocó con- 
tra una valla insuperable. El honor y la vida de 
los ciudadanos, sus querellas privadas, su tran- 
quilidad y su fortuna, cayeron bajo una jurisdic- 
ción independiente de los caprichos del dueño de 
la fuerza. Las leyes y los precedentes legales fue« 
ron materia de estudios laboriosos, y se formó de 
su conocimiento una ciencia para defender las 
prerogativas mas caras del hombre. 

El Poder judicial pues, tiene una importancia 
decisiva en el gobierno de los pueblos: con él 
empieza la libertad civil; sin él no se concibe 
aquella. Imajínense todas las combinaciones po- 
sibles para organizar el gobierno sin este poder, 
y todas ellas no darán mas resultado que el caos. 



Lx>s Constituyentes 33Q 



Desde que esta cuestión se puso en claro, los filó- 
sofos y lejisladores yankees, maestros en la cien- 
cia del gobierno libre, han hecho esfuerzos muy 
grandes para dar al Poder judicial todo el vigor 
que necesita, y han arribado en conclusión á se- 
ñalar como bases imprescindibles de su estado 
normal satisfactorio las siguientes : i.° división 
clara del Judicial respecto de los otros poderes : 
2."' procedimiento acusatorio público: 3.° inde- 
pendencia del Juez : 4.° juicio por jurados: 5.° po- 
sición independiente del abogado. Veamos si 
nuestros Constituyentes tenian una noción exac- 
ta de todo esto, al organizar el Poder encargado 
de aplicar la ley. 

La Constitución uruguaya organiza el Poder 
judicial en esta forma : «El Poder judicial se ejer- 
cerá por una Alta corte de Justicia, tribunal ó 
tribunales de apelaciones, y juzgados de primera 
instancia, en la forma que estableciere la ley (Ar- 
tículo 91). El nombramiento de la Alta corte se 
hará por la Asamblea general : los letrados dura- 
rán en sus cargos el tiempo de su buena compor- 
tacion; y recibirán del erario público el sueldo 
que señale la ley (Art. 95). La Alta corte ejercerá 
la superintendencia directiva, correccional, con- 
sultiva y económica, sobre todos los tribunales y 
juzgados de la Nación (Art. 99). La Alta corte 
nombrará con aprobación del Senado, ó en su re- 
ceso, con el de la Comisión Permanente, los in- 
dividuos que han de componer el tribunal ó tri- 
bunales de apelaciones (Art. 100). Para la mas 
pronta y fácil administración de justicia se esta- 
blecerá en el territorio del Estado, uno ó mas tri- 



340 Estudios Constitucionales 

bunales de apelaciones, con el número de minis- 
tros que la ley señalará, debiendo estos ser ciu- 
dadanos naturales ó legales, y con cuatro años 
de ejercicio en la profesión de abogado los letra- 
dos que la misma ley le designe (Art. 102). Su 
nombramiento se hará como lo establece el ar- 
títículo 100, durarán en sus empleos todo el tiem- 
po de su buena comportacion, y recibirán del era- 
rio nacional el sueldo que se les señale (Art. 103). 
En los Departamentos habrá jueces letrados para 
el conocimiento y determinación de la primera 
instancia en lo civil y criminal en la forma que 
establecerá la ley, hasta que se organice el juicio 
por jurados (Art. 105). Se establecerán igualmen- 
te jueces de paz para que procuren conciliar los 
pleitos que se han de iniciar ; sin que pueda en- 
tablarse ninguno en materia civil y de injurias, 
sin constancia de haber comparecido las partes á 
la conciliación (Art. 107).» 

Esta serie de artículos, fué inmediatamente juz- 
gada en globo por una gran parte de los diputa- 
dos constituyentes, quienes se opusieron á su 
adopción, alegando la escasez de letrados con 
que el país contaba para llenar los empleos de la 
majistratura y la exigüidad de recursos que la 
renta pública ofrecía para el sosten de tantos 
majistrados. En presencia de tal dificultad, op- 
tóse por el temperamento de nombrar una Co- 
misión especial que dictaminase sobre el punto, 
y cometido que le fué el encargo, se espidió ella 
de la siguiente manera : 

« Dictamen — Honorable Asamblea General Cons- 
tituyente y Lejislativa del Estado — La Comisión 



í 
Los Constituyentes 341 

Especial que V. H. se ha servido nombrar para 
reconsiderar los capítulos de uno á cinco inclusi- 
ves de la sección novena del Proyecto de Cons- 
titución, con el obgeto de que se propongan me- 
dios de salvar los inconvenientes que ofrece de 
presente, y para algún tiempo después, la ejecu- 
ción y cumplimiento de lo que en dichos capítu- 
los se dispone; ha creido desde luego que todo se 
halla conciliado con añadir un capítulo á dicha 
Sección, con el artículo único que la Comisión 
tiene el honor de incluir. Así no se consignará 
en nuestra Constitución una forma defectuosa y 
fruto de las circunstancias del momento, ni las 
Lejislaturas sucesivas esperimentarán el conflic- 
to, ó de poner en descrédito una institución tan 
importante por la penuria de los medios, que es 
consiguiente á nuestra infancia, ó en dejar sin 
proveer las necesidades mas urgentes, por care- 
cer de facultades para hacer en este punto la me- 
nor alteración de las leyes constitucionales. 

«La Comisión que cree haber tomado este tem- 
peramento en las mismas opiniones que se vir- 
tieron de una y otra parte en la última sesión, se 
aplaudirá sinembargo, de haberse penetrado del 
espíritu que en este particular han manifestado 
los señores Representantes, á quienes se honra 
de saludar con todo su respeto. — Montevideo, 
Agosto i.° de 1829 — Antonino Domingo Costa — Ju- 
lián Álvarez — Santiago Vázquez — Francisco Anto- 
nino Vidal — Alejandro Chucarro — Jaime de Zu- 
dañez9. 

«Proyecto — Capítulo 7.° — Artículo único — La 
organización del Poder judicial sobre las bases 



342 Estudios Constitucionales 



comprendidas desde el artículo ni hasta el 126 
(gi hasta el 106 de la Constitución)^ podrá suspen- 
derse por las Lejislaturas siguientes, ínterin á 
juicio de ellas no haya suficiente número de abo- 
gados y demás medios de realizarse. Las mismas 
proveerán por un Reglamento provisorio, leyes y 
decretos, lo conveniente para ocurrir á las nece- 
sidades mas urgentes, observándose entre tanto, 
el Reglamento que con la misma calidad proviso- 
ria, está sancionando la Asamblea General — Cos- 
ta — Vázquez — Alvarez — Chucarro — Vidal — Zu- 
dañez » . 

Aceptóse este dictamen, con carácter de ley, y 
fué elevado á precepto constitucional. En el dia 
de hoy está aun en vijéncia, sin disculpa que ate- 
núe semejante aberración ; por manera que el 
Poder judicial entre nosotros es un mito. La teo- 
ría sanciona lo que él deberá ser cuando se le or- 
ganice ; pero en la práctica todo lo que tenemos 
es un Tribunal de Apelaciones y unos cuantos 
jueces letrados en la Capital, varios jueces letra- 
dos sin fiscales en campaña, lo que los hace inú- 
tiles, y los jueces de paz que la ley prescribe. El 
Poder judicial pues, no tiene ni la acción benéfica 
que le es privativa, ni la respetabilidad de que se 
ha querido rodearle en otros países. Agobiados 
de trabajo los majistrados, discutidos sus actos 
legales por quienes no tienen generalmente ni la 
ilustración, ni el criterio, ni la personería para ha- 
cerlo; sigue nuestro departamento judiciário to- 
das las evoluciones á que la anarquía y el desor- 
den empujan al pais. Apartémonos empero de lo 
presente, para seguir este estudio desde la rejion 



Los Constituyentes 343 

serena donde no penetraban las miserias y las pa- 
siones descarriadas. 

Se ha visto que la Constituyente sancionó como 
condición suprema, la independencia bien defi- 
nida del Poder judicial. Una alta corte de Justi- 
cia nombrada por el Cuerpo lejislstivo en Asam- 
blea : la superintendencia directiva, correccional, 
consultiva y económica de esa Corte sobre todos 
los tribunales y juzgados de la Nación : la facul- 
tad de nombrar con acuerdo del Senado ó de la 
Comisión Permanente, los tribunales y jueces in- 
feriores; la duración en sus empleos, de los miem- 
bros de la Corte, de los tribunales y de los juzga- 
dos, todo el tiempo de su buena comportacion : 
constituyen garantías singulares para asegurarla 
independencia del Poder judicial, como cuerpo, 
y la independencia de cada uno sus miembros 
como jueces. Digamos en honor de la escuela del 
señor Ellauri, á la cual se ha impugnado varias 
veces en el discurso de este trabajo, que ella pre- 
sentó á la Constituyente las bases de organiza- 
ción para el Poder judicial, tales como se han 
leido. 

En pos de la organización del Poder encargado 
de aplicar la ley, debian fijarse la norma del pro- 
cedimiento acusatorio y las formas del juicio. 
Veamos la clase de garantias con que la Constitu- 
yente quiso rodear al acusado y asegurarle la im- 
parcialidad del Juez : «Las leyes fijarán el orden 
y las formalidades del proceso en lo civil y crimi- 
nal (Art. 108). Ninguna causa, sea de la naturale- 
za que fuere, podrá juzgarse ya, fuera del territo- 
rio de la República. La ley proveerá lo conve- 



344 Estudios Constitucionales 



niente á este obgeto (109). Quedan prohibidos los 
Juicios por comisión (no). Quedan abolidos los 
juramentos de los acusados en sus declaracio- 
nes ó confesiones, sobre hecho propio; y prohibi- 
do el que sean tratados en ellas como reos (ni). 
Queda igualmente vedado el juicio criminal en 
rebeldia. La ley proveerá lo conveniente á este 
respecto (112). Todo juicio criminal empezará 
por acusación de parte, ó del acusador público 
quedando abolidas las pesquizas secretas (115). 
Una de las primeras atenciones de la Asamblea 
general, será el procurar que cuanto antes sea 
posible, se establezca el juicio por jurados en las 
causas criminales y aun en las civiles (137). La 
ley designará las instancias que haya de haber en 
los juicios de la Alta Corte de Justicia : estos se- 
rán públicos y las sentencias definitivas, motiva- 
das por la enunciación espresa de la ley aplica- 
da (loi). » 

Parece que estas prescripciones son en sí mis- 
mas bastante claras, para establecer el procedi- 
miento acusatorio público, el juicio por jurados, 
y la posición independiente del abogado defen- 
sor. Protejido el acusado por garantías tan so- 
lemnes, está seguro siempre de ser juzgado con 
arreglo á las resultancias de un proceso cuya in- 
coación comienza en presencia de su defensor que 
representa al público en este primer trámite ; si- 
gue después ante tribunales asistidos por jurados 
que traen consigo todavía mayor contingente de 
elemento popular : y por último se falla ante una 
Corte cuya imparcialidad no se ha puesto nunca 
en duda, doquiera que ella está debidamente ins- 



Los Constituyentes 345 

tituida. Por mas rápido pues que el juicio sea, 
el procedimiento garante su imparcialidad, por- 
que de tantos hombres como son los que inter- 
vienen en un proceso asi preparado, no es difícil 
asegurar que hay una mayoría indiferente á la 
persona juzgada, que solo busca la aplicación de 
la ley para cumplir su deber. Y en todo caso, 
cuando los juicios son de tal naturaleza que des- 
piertan el interés público, enajenando al encausa- 
do las simpatias populares, todavia le queda á 
este en su favor la lucha entre el criterio legal de 
sus jueces de derecho y el criterio vulgar de los 
jurados, lucha que siempre suaviza el rigor de la 
pena cuando ella puede ser suavizada. 

Talvez parezca raro á las personas que hayan 
estudiado superficialmente la importancia del 
Poder judicial en el mecanismo del gobierno, el 
que se pida como una de sus condiciones mas sa- 
tisfactorias, la posición independiente del aboga- 
do. Pero debe tenerse en cuenta, que el abogado 
es la voz del acusado, su patrono, su defensor y 
su guia, su persona misma, si se quiere, ante el 
Tribunal; y que todas las garantías que al abo- 
gado se dispensan, no importan otra cosa que ga- 
rantir la libertad de acción de aquel sobre quien 
cae la carga de un proceso. De aquí que necesite 
el abogado, no solóla imparcialidad de los jueces 
de derecho, sino la ingerencia personal en los tra- 
bajos que preparan los elementos de una causa, 
la precisión de los trámites que la desenvuelven, 
y la seguridad de que las argumentaciones de su 
defensa harán efecto sobre aquella parte de los 
jueces indoctos que sin dejar de pagarse de la ley, 



34Í> Estudios Constitucionales 

se sienten mas fuertemente conmovidos que los 
jueces de derecho por las palabras que llegan al 
corazón. El abogado defensor, debe tener la mas 
grande independencia posible, porque no es en 
su provecho que él la usa, sino en favor del míse- 
ro á quien una máxima respetable considera cosa 
sagrada (res sacra miser). 

Es una de las condiciones del gobierno libre, 
hacer la justicia imparcial, quitándola todo tinte 
de ensañamiento y todo sabor de gracia que pue- 
dan desnaturalizarla. El ciudadano ha de ser juz- 
gado por la ley, y condenado ó libertado por ella. 
Pero debe considerarse que el Poder á quien se 
confie esta misión insigne, necesita una organi- 
zación seria en todos sus resortes. De esto provie- 
ne la importancia del Departamento judiciário, 
en todo país realmente civilizado, porque precisa 
tenerse en cuenta, que todas las querellas de una 
Nación van en última instancia á ventilarse ante 
la Suprema corte de justicia. Las cuestiones po- 
líticas, económicas y sociales, de cualquier orden 
que ellas sean, una vez puestas en litíjio tienen 
que recibir su fallo definitivo allí. Calcúlese pues, 
la diferencia entre un pueblo que tenga esta insti- 
tución y otro que carezca de ella. En el primero, 
las disidencias que se producen abajo ascienden 
para ventilarse hasta el último tramo de la escala 
judicial, y allí terminan por un fallo justo. En el 
segundo, las mismas disidencias se producen, 
buscan un término en la progresión ascendente 
de la escala, pero como no encuentran el tribunal 
que las resuelva, vuelven á descender sin solu- 
ción completa, cayendo como un azote sobre la 



Los Constituyentes 347 

sociedad para producir nuevos disturbios por 
causa de derechos mal debatidos y pretensiones 
encontradas, que engendran la anarquia y el es- 
cándalo. 

Para hacerse cargo de la importancia que la 
Alta corte de justicia tendría entre nosotros, 
basta recordar las facultades que la Constitución 
la confiere. Dice ella : « A la Alta corte de justi- 
cia corresponde juzgar á todos los infractores de 
la Constitución, sin escepcion alguna : sobre de- 
litos contra el derecho de gentes y causas de Al- 
mirantazgo : en las cuestiones de tratados ó ne- 
gociaciones con potencias estrañas : conocer en 
las causas de embajadores, ministros plenipoten- 
ciarios, y demás ajentes diplomáticos de los go- 
biernos estrangeros. (Art. 96). También decidirá 
los recursos de fuerza, y conocerá en último gra- 
do de los que en los casos, y forma que designe la 
ley, se eleven de los tribunales de apelaciones. 
(Art. 97.) Abrirá dictamen al Poder ejecutivo so- 
bre la admisión, ó retension de bulas, y breves 
pontificios. (Art. 98.) » Al dar nuestra Constitu- 
ción este carácter á la Alta corte de justicia, quiso 
hacerla el guardián de las libertades públicas, y 
el arbitro imparcial de todos los conflictos gran- 
des y pequeños de la sociedad. 

No deja de ser singular con todo, que los mis- 
mos argumentos que se opusieron á la organiza- 
ción plena del Poder judicial en la Constituyente, 
sean los que hoy se oponen para que esa misma 
organización no se lleve á efecto. Dicen unos que 
la carencia de letrados impide hacerse del perso- 
nal indispensable para los juzgados y tribunales ; 



348 Estudios Constitucionales 

mientras que otros agregan que es la escasez de 
recursos la que hace imposible subvenir á los 
sueldos de ese personal. El primer argumento 
cae de suyo, cuando se ve que la Constitución 
admite que haya en los tribunales hasta miem- 
bros no letrados. El segundo cae igualmente, si 
se considera la enorme suma de tiempo y dinero 
que cuesta á cada litigante de campaña cualquier 
pleito que debe seguir en la Capital ; asi como la 
misma suma de gasto que iroga en todo pleito, la 
formación del tribunal de Injusticia Notoria que 
á falta de Corte de justicia piden y pagan los liti- 
gantes. Esto en cuanto á los particulares. Por lo 
que respecta al Estado, sus rentas bastan para 
pagar el departamento judiciário ; mas si al or- 
ganizado en toda su plenitud debiera hacer al- 
gún sacrificio ¿ qué valdría él en comparación de 
las ventajas de estirpar los vicios de una justicia 
necesariamente cara y morosa, y de evitar las 
guerras civiles ? 

La recopilación de las diversas prescripciones 
constitucionales, y el informe de la Comisión Es- 
pecial que la Constituyente nombró de su seno, 
demuestran que aquella Asamblea conocía la im- 
portancia del Poder judicial. Ella lo organizó 
sobre las bases mas firmes que pudieran desear- 
se, y bien que suspendiese algunos de los efectos 
del precepto constitucional sobre esta materia, 
en vista de los verdaderos inconvenientes que 
nuestra infancia oponia á su realización, dejó 
empero los elementos legales para dar vida sólida 
á ese Poder regulador, conservador y benéfico ; 
elementos que nosotros no hemos aprovechado 



Los Constituyentes 349 

hasta hoy. Tal vez la opinión pública se cerciore 
algún dia, del gran vacio de que adolece nuestro 
sistema de gobierno, y quiera repararlo con los 
medios que la suerte ponga en sus manos. No es 
incumbencia de este escrito averiguar la posibili- 
dad de que tal resultado se obtenga; pero cuando 
meno's debe indicarse el mal, por si alguien busca 
el remedio alguna vez. 



Antes de poner punto final á esta larga esposi- 
cion de las ideas y propósitos de nuestros Cons- 
tituyentes, parece justo inquirir por cuales me- 
dios se convinieron ellos en asegurar la indepen- 
dencia de los poderes públicos entre sí; dando al 
Lejislativo como representante de la voluntad 
nacional, suficientes facultades para enfrenar á 
los otros en caso de que atentaran á esa indepen- 
dencia. La aclaración de este punto es de una im- 
portancia muy señalada, porque basándose gran 
parte de la libertad civil en la separación distinta 
de los poderes públicos como la mas eficaz ga- 
rantía de su acción libre, resulta que debe haber 
entre ellos un centinela avanzado, para denunciar 
cualquier tendencia enderezada á herir esa pre- 
rogativa capital. 

Desde luego, en la rama mas popular del poder 
que representa la voluntad, es donde cuadra que 
se deposite la mayor suma de facultades coerciti- 



350 Estudios Constitucionales 

— ■ ■ ■ _ ■ !■ ■ ■ 

vas para enfrenar los desmanes de los otros po- 
deres. Estas facultades empero, pueden reducir- 
se en los casos comunes á dos clases de actos que 
son el fundamento de los conflictos mas frecuen- 
tes, á saber : el uso de los dineros públicos, y la 
garantía de los derechos individuales. Por aquí 
es por donde peca siempre el Poder ejecutivo 
sobre todo, pues la condición de actividad perma- 
nente que le es ingénita, pide fondos para satis- 
facerse, y le lleva con frecuencia á saltar la valla 
que las leyes colocan entre él y los medios de 
adquisición de los dineros públicos. Mas mode- 
rado y menos exijente el Poder judicial, es raro 
que peque por este lado ; y asi es que para to- 
marle en falta debe buscársele en el modo dema- 
siado leño ü escesivamente riguroso con que apli- 
ca la ley. 

Los Constituyentes creyeron con razón que 
podian conjurarse estos peligros, dando á la Cá- 
mara de Representantes la iniciativa sobre im- 
puestos y contribuciones, y el derecho esclusivo 
de acusar ante el Senado al Gefe superior del Es- 
tado y sus ministros, á los miembros de ambas 
Cámaras, y de la Alta corte de Justicia, por deli- 
tos de traición, concusión, malversación de fon- 
dos públicos, violación de la Constitución, ú otros 
que merezcan pena infamante, ó de muerte (ar- 
tículo 26) ; mientras que prohibieron al Presiden- 
te de la República privar á individuo alguno de 
su libertad personal; obligándole, en el caso de 
exijirlo así urgentísimamente el interés público, á 
limitarse al simple arresto de la persona, ponién- 
dola en el perentorio término de veinticuatro 



Los Constituyentes 351 

horas á disposición de su juez competente (ar- 
ticulo 83). Fiscalizado el uso de los dineros públi- 
cos, y garantido el ejercicio de los derechos indi- 
viduales, desaparece la base de todo despotismo. 

La facultad de acusar á los malversadores y 
demás delincuentes, no podría hacerse efectiva, 
con todo, si la interpretación de la ley fundamen- 
tal estuviese fuera del alcance del Cuerpo lejisla- 
tivo. Cada uno de los otros dos poderes podría 
alegar en su favor la intelijéncia de la ley, bajo 
un punto de vista propicio á sus miras, cuando 
menos para justificar el atentado. De aquí que los 
Constituyentes preceptuasen esta prerogativa de 
interpretación en términos claros : « Correspon- 
de esclusivamente al Poder lejislativo interpretar, 
ó esplicar la presente Constitución ; como tam- 
bién reformarla en todo ó en parte, etc. (Art. 1 52)» 
Solo así es positiva la intervención del Lejislativo, 
ya por una de sus ramas, ya por las dos juntas, 
en el cumplimiento y aplicación de la ley, que él 
dáy que él solo interpreta. De la misma manera, 
es clara su ingerencia en la protección de los ciu- 
dadanos, en la creación de impuestos y contribu- 
ciones, en su distribución arreglada, en su em- 
pleo, y en el castigo de quien los malverse. 

Pero si en la vida común es ventajosa esta 
facultad esclusiva conferida al Lejislativo, para 
tutelar los dineros públicos y ejercer vijiláncia en 
el cumplimiento estricto de las leyes ; hay casos 
estraordinários, que requieren iguales facultades 
refrenadoras de su parte, para cortar conflictos 
muy graves. Cumple enunciar entre ellos, el de- 
recho de declarar la guerra. Una guerra nació- 



352 Estudios Constitucionales 

nal, puede ser con facilidad la tangente por donde 
escape el Ejecutivo al cumplimiento de las leyes, 
logrando el silencio de los partidos por una 
convención tácita del patriotismo ante el peligro 
supremo de la Nación. Provocar un conflicto de 
esta clase, importa para un gobierno poco escru- 
puloso, el hallazgo de un refüjio brillante contra 
los requerimientos que pudieran hacérsele á fin 
de traerle á la legalidad de que desee estar sepa- 
rado. Además, como el Poder ejecutivo lleva la 
representación del país en las relaciones esterio- 
res, su acción es muy señalada en los tratos que 
sostiene con el estrangero, y el sesgo de las ne- 
gociaciones pende en mucha parte de su pericia 
ó de su intención dolosa. 

Agréganse á estas circunstancias de suyo ten- 
tadoras para la ambición que no reconoce valla, 
los variados recursos que la combinación del 
poder semecrático pone forzosamente en manos 
del Ejecutivo. El Presidente tiene el mando en 
gefe de los ejércitos nacionales, responde del or- 
den público y administra las rentas. Un pretesto 
cualquiera — la tentación de la gloria militar, por 
ejemplo — puede llevarle á comprometer el uso de 
sus prerogativas, en una empresa que le asegure 
el prestíjio de esa gloria á que pocas veces resis- 
ten los espíritus marciales. Y para aquellos pue- 
blos que como el nuestro, han crecido desde la 
infancia en el tráfago de las ocupaciones bélicas, 
el resorte del entusiasmo militar está siempre 
corriente y ofreciéndose dócil á la presión de la 
mano que lo empuje. Todas estas consideracio- 
nes pues, son bastantes para poner sobre aviso al 



Los Constituyentes 353 

lejislador ; y de ahí que los Constituyentes de- 
mostraran suma prudencia, al remitirá la Asam- 
blea general el derecho de decretar la guerra en 
estos términos : « A la Asamblea general compe- 
te, decretar la guerra y aprobar ó reprobar los 
tratados de paz, alianza, comercio ó cualquiera 
otros que celebre el Poder ejecutivo con poten- 
cias estrangeras. (Art. 17.) » 

Después de haber prevenido los desmanes po- 
sibles de la autoridad hacia lo preceptuado en la 
ley fundamental, correspondía establecer también 
algunas prescripciones fuertes, que contuvieran á 
los particulares en cualquiera tentativa del mis- 
mo género. Para este fin, estaba indicado el doble 
vínculo de la sumisión por el juramento, y del 
respeto por el temor á la pena. He aquí como fue- 
ron establecidos estos dos preceptos : « Ninguno 
podrá ejercer empleo político, civil ni militar, sin 
prestar juramento especial de observar y soste- 
ner la Constitución (Art. 150). El que atentare ó 
prestare medios para atentar contra la presente 
Constitución después de sancionada, publicada y 
jurada, será reputado, juzgado y castigado como 
reo de lesa-nacion. (Art. 151). » 

Aquí concluyen las disposiciones de diverso 
carácter que los Constituyentes idearon, para que 
sirviesen de medios represivos á los desmanes 
del poder. Predomina en todas ellas el deseo 
de infundir un temor saludable en el ánimo de 
los hombres investidos con la supremacía del 
gobierno, haciendo benéfica la autoridad enco- 
mendada á su intelijéncia y esfuerzos. Se vé, 
con todo, que los diputados de nuestra primera 



23 



354 Estudios Constitucionales 

Asamblea nacional daban por entendido, que el 
amor de los ciudadanos á las instituciones polí- 
ticas era un sentimiento fuera de discusión, y 
partiendo de esta base, lejislaban para un pueblo 
del cual creian que en medio de sus discordias y 
apesar de ellas, nunca saltaría la \alla demarcada 
á sus espansiones por la ley fundamental. Pudie- 
ron engañarse en esto, como realmente se enga- 
ñaron ; mas hay que convenir en que cualquiera 
habría errado del mismo modo, en presencia de 
la actitud de una sociedad, que tan confiadamen- 
te entregaba sus destinos en manos de los repre- 
sentantes que ella misma se diera. 

Uno de los grandes escollos del lejislador, es 
aquel que le obliga á distinguir entre el entusias- 
mo del momento, y la convicción seria de un pue- 
blo dispuesto á mantener sus promesas en la 
buena como en la mala fortuna. La libertad pide 
mas fé que entusiasmo, mas hechos que palabras, 
mas temple de alma que toques de retórica. De 
aquí nace la conveniencia de que toda institución 
libre, sea la espresion de un pacto previo entre 
los que la fundan y los que juran sostenerla : que 
sea una aspiración bien acentuada en el ánimo 
de los que la piden, para que no comprometa la 
conciencia y la reputación de los que la dan. De 
otra manera las instituciones son un lujo de có- 
digos inútiles, un fárrago de preceptos muertos 
en las leyes que nadie lee, que nadie entiende, que 
nadie aplica. Arriba de ellas, se levantan las per- 
sonalidades y los partidos exaltados ; abajo de 
ellas, hay un pueblo indiferente que mira y calla. 

La libertad tiene en contra suya el hecho fatal 



Los Constituyentes 355 

de ofrecer mayores atractivos de lejos que de 
cerca. Ella prolonga como ningún otro sistema 
la vida de los pueblos, alecciona los hombres, 
dignifica los partidos, abre horizontes vastos á 
todas las aspiraciones grandes, mas esto lo pro- 
duce en medio de un gran ruido, que asusta á 
los espíritus pacatos y mortifica á los tempera- 
mentos sistematizadores que desearían encua- 
drar la vida compleja de un pueblo, dentro de 
una figura geométrica en que todo estuviera nu- 
merado, arreglado y precisado. Por eso es que 
hay tantos hombres que adoran la libertad en 
teoría y la detestan en la práctica. Es necesario 
tener un alma fuerte y convicciones muy profun- 
das para aventurarse entre esas olas que rujen 
siempre, aun cuando sea para salvar á los mis- 
mos que parecen destinados á sumergirse. Todo 
lo demás, no sirve para nada. Ni los idilios, ni el 
engolfamiento mental entre azulados horizontes 
de felicidad suprema, son capaces de proporcio- 
nar elementos de gobierno libre. Muy al contra- 
rio, el amor platónico de la libertad es el que en- 
gendra los tiranos. 

Los Constituyentes no intentaron dejar una 
muestra de amor poético á la libertad, sino que 
preceptuaron las formas de su ejercicio. En nues- 
tra Constitución se consignan los deberes del 
ciudadano al lado de sus derechos, lo que impor- 
ta establecer castigos para la violación de los pri- 
meros, y garantías al goce de los últimos. Hemos 
visto que también se determinaron iguales re- 
glas de espansion y de enfrenamiento para los 
poderes públicos, con lo cual se creó una orga- 



356 Estudios Constitucionales 

nizacion regular de gobierno, susceptible de re- 
formas, pero basada en un criterio justo. Preci- 
sados los Constituyentes á fijar la representación 
de la voluntad nacional en alguno de los tres po- 
deres que dividían el mando, la encarnaron en el 
Lejislativo, facultándole para llamar á juicio á los 
infractores de la ley, y para repartir con equidad 
las cargas monetarias entre el pueblo. Necesitan- 
do infundir respeto á la Constitución, estable- 
cieron el juramento de observarla y sostenerla 
para todos los que ocuparan empleos, y graves 
penas para todos los que atentaran ó prestaran 
medios enderezados á atentar contra ella. Tal fué 
el complemento del sistema que creian apropia- 
do para garantir la independencia de los poderes 
entre sí, y salvar las instituciones populares en 
los momentos de prueba. 




COMENTADORES DE LA CONSTITUCIÓN 



BBBBI ICEN que Napoleón se admiró mucho de 
Q ^Sj saber, que apenas promulgado e! Código 
H^HLflque lleva su nombre, ya salieron comen- 
wEri^^tários destinados á poner en evidencia 
sus omisiones y oscuridades. Con mayor razón, 
sinembargo, pudieron los Constituyentes uru- 
guayos admirarse de las controversias que sus- 
citaba su obra, pues antes de promulgarse la 
Constitución, ya tenia comentadores que la ata- 
casen. La diferencia entre una y otra crítica, era 
con todo considerable, pues si los comentarios al 
Código francés se resolvían en escrúpulos de le- 
jistas, los que se hacian á la Constitución uru- 
guaya eran hijos de un interés político tan claro 
como digno de la mayor atención. 

La repulsa con que fueron recibidas por los 
Constituyentes estas primeras indicaciones sobre 



358 Estudios Constitucionales 



los defectos de su trabajo fundamental, no arre- 
draron á futuros comentadores, nacionales y es- 
trangeros, de proseguir la tarea iniciada, contri- 
buyendo cada uno según su espíritu y preven- 
ciones de escuela, á hacer la autopsia de nuestro 
Código político en la forma mas adecuada á su 
modo de sentir. Destaradas las opiniones suel- 
tas, y los trabajos en que por incidente se toca el 
asunto, hay un buen número de comentarios que 
el tiempo ha dejado en el olvido, tal vez porque 
las ideas emitidas en ellos se hayan incorporado 
al patrimonio común del pensamiento nacional, 
haciendo de ese modo innecesario el recuerdo de 
los autores : ó tal vez, porque como advierte La- 
boulaye, el estudio de los principios constitucio- 
nales haya decaído de tal modo en nuestros tiem- 
pos, que si á comienzos del siglo no había una 
persona medianamente educada que careciese de 
un proyecto de Constitución de su propia cose- 
cha, en el día apenas se encuentra alguna que 
quiera ocuparse de la cosa. A la verdad, que 
en esto como en todo, la costumbre hace moda, 
y sino que lo diga la Carta Magna de los ingleses 
tan venerada hoy, apesar de que su orijinal se en- 
contró á principios del siglo pasado en manos de 
un sastre que iba á cortarlo para molde de unas 
polainas. Sea de ello lo que fuere, como elemen- 
to ilustrativo de las opiniones corrientes, tiene 
mucha importancia la investigación de lo que 
otros han pensado y escrito sobre el mismo tópi- 
co, asi es que reputamos provechoso pasar en 
revista los trabajos que nos han sido legados so- 
bre asunto de tanta valia. 



Comentadores de la Constitución 359 

Semejante estudio, por otra parte, demostrará 
á los uruguayos el concepto que ellos y su país 
gozan entre los publicistas del esterior, los cua- 
les, copiándose unos á otros en la apreciación de 
nuestra vitalidad política, concluyen por presen- 
tarnos candidatos á una muerte tan inminente 
como segura. Bien que algunos difieran en la oca- 
sión y otros se afanen por señalar la oportunidad, 
todos concuerdan piadosamente en los síntomas 
augúrales del hecho, distinguiéndose los que se 
adelantan á prevenir conflictos proyectando des- 
de luego un reparto proporcional de nuestras ba- 
ratijas entre los herederos forzosos, con cuyo mo- 
tivo vienen á imitar á aquel matrimonio de quien 
refiere el conde de Segur, que se divorció estruen- 
dosamente por desintelijéncias en la carrera que 
habia de dar á sus hijos, apesar de que no tenia 
ninguno. Porsupuesto que con estas cosas, ganan 
fama de listos y sutiles muchos hombres que no 
teniendo punto obgetivo en su vida, se dedican á 
las sujetividades de la profecía política, oficio ino- 
fensivo, que no lleva en sí mas contrariedad que 
la de aparejar equivocaciones continuas, pero que 
en cambio no exije patente ni gasto pecuniario 
alguno. 

El profeta político — y se nos ha de permitir la 
digresión, porque vivimos en la época mas abun- 
dante de ellos — es en todas partes el mismo hom- 
bre, con idéntica catadura moral. Lo que distin- 
gue á la especie en sus rasgos mas salientes, es 
una tendencia cabalística, una propensión siste- 
mática á aglomerar ciertos hechos, deduciendo 
de ellos por medio de reglas inviolables fijadas 



360 Estudios Constitucionales 

de antemano, la consecuencia forzosa que dá 
sanción á la profecia. Para este taumaturgo, no 
tienen valor las fechas, ni son motivo de medita- 
ción las distancias: con tal de que él pueda en- 
contrar una analojia, asi la busca entre la Repú- 
blica de Andorra y los Fictos, como entre Bolivia 
y la Roma de Nerón, pues el caso es tener uñ pun- 
to de partida sobre dos hechos dados. Encontra- 
da esta base solidísima, el profeta sube al trípode, 
y allí con aire hipocondriaco pronuncia la fór- 
mula aterradora. Muchas veces, empero, las cir- 
cunstancias obligan á cambiar los términos de 
la afirmación, como cuando se anunció la ruina 
de los Estados Unidos durante la última guerra 
civil, y tuvo luego que correjirse la profecia, ase- 
gurando que la victoria definitiva del gobierno 
federal importaba la ruina de Méjico y países 
adyacentes. Otras veces, la buena táctica exije 
retirar con disimulo el concepto final de la fór- 
mula toda, como cuando se predijo que el Uru- 
guay caia en manos del Brasil en 186";, y se vio 
salir al Brasil derrengado y comprometido en una 
guerra de cinco años que agotó sus recursos, y 
al Uruguay ileso en su independencia y mas fir- 
me que nunca en su vitalidad. Pero con todos 
estos inconvenientes, que son por otra parte in- 
génitos á la tarea misma, el profeta no se desani- 
ma, y sigue buscando campo á sus nobles afanes. 
Abeja industriosa que pica en todas las flores, ya 
libando miel en el conflicto italo-colombiano, ya 
buscándola en las correrías de Arabí-pachá. 

Entre los comentadores de nuestra Constitu- 
ción encontraremos algunos de estos profetas, á 



Comentadores de la Constitución 361 

quienes nos apresuramos á estrechar anticipada- 
mente la mano, en prenda deque no les guarda- 
mos rencor por lo que puedan haber dicho de 
nuestro país. Sobre que somos partidarios deci- 
didos de la libertad de las opiniones políticas, te- 
nemos cierta inclinación á dolemos de las equi- 
vocaciones del prójimo, sabiendo por esperiéncia 
propia, lo disgustante que es reconocerse des- 
mentido por los hechos. A no estar implicados 
en este estudio algunos divulgantes de anuncios 
tétricos sobre el porvenir de los pueblos, no ha- 
bríamos aludido á ellos, y mucho menos á la es- 
pecie toda, esponiendonos á cargar con la odio- 
sidad de una corporación de arúspices, que asi 
como tiene sus misterios y sus cabalas, posee 
fulminaciones poderosas para estrechar y aflijir 
á sus profanos atacantes. En prueba de impar- 
cialidad, distinguiremos cuidadosamente, cuan- 
do el caso llegue, á mucho profeta honrado entre 
el número total de los que nos han hecho blanco 
de sus predicciones, dejando á cada uno en el 
puesto que le corresponde, pues la buena reputa- 
ción es un segundo patrimonio que no se debe 
usurpar á nadie, como enseña Aristóteles y cree- 
mos nosotros. Hecha esta aclaración de justicia, 
emprendamos nuestra obra con espíritu tran- 
quilo y voluntad alegre, que al fin y al cabo, una 
sonrisa antes de acometer la marcha, hace mas 
corto el camino y menos monótona la jornada. 

Los primeros comentadores de la Constitución 
fueron militares. El hecho se esplica, teniendo 
en consideración que á titulo de clase desposeida, 
era la milicia quien mas interesada estaba en ha- 



362 Estudios Constitucionales 

cer sentir sus quejas. La agresión á sus derechos, 
sancionada por el artículo 25,habia sido tan insó- 
lita, la ingratitud para con sus servicios tan pal- 
maria, que los militares de la Independencia al 
verse arrojados de la Representación nacional, le- 
vantaron la voz en defensa de sus lejítimos inte- 
reses vulnerados. Por otra parte, la oportunidad 
era propicia, porque los peticionarios acudían á 
la Asamblea Constituyente cuando no estaba 
aun promulgada y jurada la Constitución, ha- 
ciendo por ese medio, acto de presencia en un 
debate sobre el cual no se habia dicho la última 
palabra. 

Firmaban la esposicion, casi todos los gefes 
militares del país, empezando por Rivera y Lava- 
Ueja, y concluyendo por D. José Blanco que era 
el de graduación menor entre ellos. El lenguaje 
usado en la solicitud era respetuoso pero enérgi- 
co, y sus fundamentos bastante racionales y aten- 
dibles para que todavía hoy no despierten la aten- 
ción de los hombres pensadores. Muchas de sus 
afirmaciones, confirmadas ahora por la sanción 
del tiempo, atestiguan su prudencia, siendo for- 
zoso reconocer que quienes espusieron sus agra- 
vios y zozobras con tanta franqueza, sentían en 
realidad, que la esclusion de que eran víctimas 
abria la puerta á terribles perturbaciones de fu- 
turo. Hasta la misma amargura de los paralelos 
entre sus méritos personales y los de aquellos 
candidatos desconocidos á quienes la ley funda- 
mental les posponía, eran verdaderas lecciones 
de política práctica, que debieron haber sido 
tomadas en cuenta para conciliar mejor en este 



Comentadores de la Constitución 363 

punto, el espíritu de la Constitución con las exi- 
jéncias de la sociedad. 

Decian los gefes militares, en uno de los párra- 
fos de su solicitud : « Los gefes militares creen, 
que los señores Representantes cediendo un tan- 
to de aquel celo laudable, pero tal vez estremoso, 
con que han querido por su esclusion afianzar 
las libertades públicas, serán mas justos, siendo 
también mas generosos ; que establecerán estas 
garantías, no tanto en la rijidez de las formas es- 
critas por la ley, cuanto en la hábil combinación 
de los intereses reales de los pueblos y de sus 
majistrados ; sobre todo, que este cuerpo Cons- 
tituyente, ya que sus plausibles miras de una in- 
dependencia absoluta de los Representantes con 
respecto al Ejecutivo no pueden estenderse hasta 
donde alcanzan otras repúblicas, porque esto es 
imposible en el Estado Oriental del Uruguay, 
querrá hacer una honorable, digna y decorosa 
capitulación, por decirlo así, entre sus deseos y 
esta propia posibilidad: abrir siquiera por un tér- 
mino dado, el santuario de las leyes y de las ma- 
jistraturas populares, á los que lo erijieron con su 
espada, lo consolidaron con su sangre, y siquiera 
aquellos que, por la independencia, la libertad y 
el engrandecimiento de la República conserven 
aun frescas las cicatrices con que en el campo 
del honor y del triunfo dieron existencia política 
al Estado, y con ella vida á las leyes, ser á las ga- 
rantías públicas é individuales, y también posi- 
bilidad á las mismas lejislaturas constitucionales 
de cuyo seno se les escluye. » 

Era ciertamente bien modesta, la pretensión 



364 Estudios Constitucionales 

encerrada en este pedido. -Los gefes militares se 
contentaban con que se les abriese, siquiera por 
un término dado, la entrada á las majistraturas 
populares. Su resignación llegaba hasta some- 
terse auna prueba, por la cual ninguna otra clase 
habría querido pasar. Y en el curso de las refle- 
xiones con que explicaban su conducta, leianse 
dos párrafos dignos de meditarse, el uno, por el 
vigor con que demostraba la trasformacion su- 
ceptible de operarse en el soldado hecho repre- 
sentante del pueblo, y el otro, por la fuerza con 
que destruía las cavilosidades de los que supo- 
nen mayores aptitudes en los candidatos desco- 
nocidos que en los buenos servidores del Estado. 
Leamos por su orden, esta obra maestra de 
ruda pero triunfante elocuencia soldadesca. Decia 
asi el primer párrafo á que aludimos : « Elevados 
los gefes militares á la tribuna popular, elevados 
por una reclamación tan solemne como ésta, re- 
cibiendo un honor tal como peculiar á solo los 
fundadores de la independencia del país ¿ cuan- 
tas no son las garantías que ofrecen á las liberta- 
des públicas? ;í Por qué género de envilecimien- 
to no tendrían que pasar hasta prostituir la dig- 
nidad de Representantes y cometer traición al 
pueblo? Sobre todo ¿ á qué vendría á quedar re- 
ducida esa temida dependencia del Ejecutivo ? 
Incorporados en las cámaras, los gefes militares 
empezarían por afectarse del espíritu de cuerpo, 
por interesarse en su mejor reputación ; tendrían 
que sujetarse después y respetar el fallo de la 
censura pública ; las leyes que se dictaren las mi- 
rarían como las obras de sus propias manos. 



Comentadores de la Constitución 365 



¿Seria fácil desde entonces que empuñaran las 
armas para destruirlas ? ¿La dependencia del Po- 
der ejecutivo los arrastraría tan fácilmente á la 
complicidad de un gran crimen ? Inviolables en 
sus personas por sus opiniones como Represen- 
tantes, ellos llevan en esta investidura una espe- 
cie de sacerdocio político, y han tomado ya una 
posición nueva y de la que mas tiene que temer 
que esperar ese poder con que hubieran de coli- 
garse. » 

Todo esto era de una verdad evidente. Porque 
nadie podrá dudar de los efectos del espíritu de 
cuerpo, sobre cada uno de los individuos que in- 
gresen á una corporación cualquiera. Y si esa 
corporación es nada menos que la Asamblea na- 
cional ¿que duda habrá sobre las disposiciones 
favorables de un soldado, puesto entre el com- 
promiso de sostenerla como cosa suya, ó el de 
obedecer á un gobierno que pretenda agredirla ? 
Nos atrevemos á creer, que si Lavalleja hubiera 
sido Senador, y alguno de los militares sus ami- 
gos, diputados, no hace contra Rivera el movi- 
miento insurreccional de 1832; del mismo modo 
que si Rivera y los suyos hubiesen ocupado igual 
posición bajo la presidencia de Oribe, otro sesgo 
toma la terrible contienda que nos trajo á la gue- 
rra grande. Casi todos nuestros males, que pro- 
vienen del esclusivismo, reconocen en la falta de 
represión adecuada, esa facilidad de propagarse 
que los hace crónicos. 

Veamos ahora, como los gefes militares, des- 
pués de haber reducido á la nulidad los escrúpu- 
los de los Constituyentes sobre la influencia per- 



366 Estudios Constitucionales 

turbadora que implícitamente les atribuia la es- 
clusion, pulverizaban sus juicios sobre las condi- 
ciones de elejibilidad: «¿Y que más? — decian — 
el honor que se nos niega, y que solo porque es 
honor lo pedimos ; el deber que nos imponemos, 
este documento, que pasará con nuestra conduc- 
ta á la posteridad ; el poder de las leyes, la cen- 
sura de la opinión, lo que hemos hecho ya por 
nuestra patria, y lo que ella aun tiene derecho á 
exijirnos ; también nuestra reputación, consigna- 
da ya en la historia de nuestro país ¿ no son fian- 
zas bastantes á satisfacer los nimios escrúpulos 
de la ley reclamada? ¿ No alcanzan á presentar, si 
no imposible (por que nada lo es en la debilidad 
del hombre), al menos muy difícil la colusión cri- 
minal con el Ejecutivo? Si nada de esto satisface 
á los lejisladores ¿que es, lo que se exije enton- 
ces? ¿En donde, en qué clase de la sociedad por 
caracterizada que sea, nos mostrarán mayores 
probabilidades en favor de la libertad é indepen- 
dencia de un diputado? Nadie lo deseara mejor 
que los gefes reclamantes, porque nadie tampoco 
más que ellos puede desear la tranquilidad de su 
patria, pendiente, sin duda, de la armonía y de la 
independencia de los poderes que la rijan.» 

Tales fueron las razones de mayor peso, en que 
fundaban los militares de la Independencia su 
justa reclamación. La Asamblea Constituyente, 
apesar de que llegaron á tiempo, rehusó oírles, 
en lo que no solo hizo mal, sino que procedió ar- 
bitrariamente ; pues siendo toda una clase de 
sociedad la que se presentaba en queja, se la des- 
heredaba, por el prurito de innovar sin necesi- 



Comentadores de la Constitución 367 

dad ninguna. La solicitud de los gefes militares, 
quedó por lo tanto encarpetada, contentándose 
ellos con hacerla imprimir para testimonio de su 
desaire. Y en resumen, el artículo 25 recibió la 
mas amplia sanción, pasando á ser un manan- 
tial de trastornos y odiosidades inestinguibles. 

De seguro que si el estado de paz hubiera favo- 
recido el desarrollo de las cuestiones constitu- 
cionales, en una forma meditada y tranquila, los 
militares habrían alcanzado que se les oyese por 
las lejislaturas ordinarias, y tal vez habrían pro- 
vocado una reforma encaminada á ahorrar mu- 
chas dificultades á la generación actual. Pero el 
espíritu de esclusion y turbulencia que dominó 
forzosamente á los gobiernos constitucionales 
primitivos, dejando sin acción política á una clase 
tan poderosa, la empujó á la lucha armada, ha- 
ciendo imposible todo orden regular. Vino la 
guerra con su cortejo de inquietudes y miserias, 
y el soldado dio la espalda á sus pacíficas aspira- 
ciones de lejislador, para correr en busca del pe- 
ligro que constituye la tentación y el estímulo de 
su carrera. 

La Constitución misma quedó de hecho abro- 
gada. Gobiernos dictatoriales sucedieron al últi- 
mo gobierno legal cuyos poderes espiraron frente 
á la invasión estrangera, y una representación 
accidental constituida con los gefes superiores de 
los ejércitos y los altos funcionarios de la admi- 
nistración, asumió las facultades del Poder lejis- 
lativo. En tal emergencia, no faltaron sinembargo, 
algunas tentativas para conservar el espíritu 
constitucional entre el pueblo. La prensa de la 



368 Estudios Constitucionales 

época hizo en Montevideo, continuas alusiones á 
la necesidad de aproximarse en lo posible el réji- 
men político que habia formado nuestro vínculo 
nacional. Mas tarde, el Instituto de Instrucción 
pública, cometió al Sr. La Sota, uno de los ciu- 
dadanos mas útiles, instruidos y modestos, la 
confección de un Catecismo Constitucional para 
texto de enseñanza, y por último, la Biblioteca del 
Comercio del Plata, publicó la Constitución acom- 
pañada de algunos de los documentos oficiales 
que la habían precedido. 

Concluida la guerra, y vueltas las instituciones 
á su juego normal, tomaron mucha importancia 
los estudios constitucionales, como que el Cuer- 
po lejislativo debatía arduas cuestiones y la pren- 
sa estendía y comentaba esos debates por todo 
el país. Terció en la polémica, hacia 1852, con un 
opúsculo titulado Catecismo Político, el Dr. Dn. 
Eduardo Acevedo, quien á pretesto de hacer una 
obra para los niños de las escuelas, formulaba el 
primer comentario elemental íntegro de la Cons- 
titución uruguaya. Según el autor, el plan y de- 
sarrollo de su trabajo, estaba calcado sobre el 
que hizo con igual motivo el ciudadano español 
que esplicó la constitución de 1812 a la infancia 
de su país, de manera que remitía á él los elójios 
ó vituperios de que fuese susceptible la obra. 
De todas maneras, los que han esplotado el nom- 
bre del Dr. Acevedo, para colocarlo en las ñlas de 
la incredulidad que nos corroe, no harían mal en 
pasar la vista por esas pajinas sencillas, que son 
un mentís á semejantes aseveraciones. 

Pero ni ese trabajo ni los que le antecedían, 



Comentadores de la Constitución 369 

m 

fueron parte á evitar las desgracias y fracasos 
que sobrevinieron. La paz de 185 1 habia sido una 
tregua, y los partidos políticos, cada vez mas en- 
celados entre si, se lanzaron de nuevo á la gue- 
rra, con un furor que les hizo olvidar las conve- 
niencias mas primordiales. Vino á complicar la 
situación, otro elemento de anarquía, hasta enton- 
ces latente por su falta de cohesión propia. Una 
nueva entidad — el partido conservador — surgió 
entre los dos partidos tradicionales que hasta 
entonces se disputaban el mando ; formando una 
colectividad de hombres á quienes menos que á 
ningunos convenia el nombre pacífico que se ha- 
blan dado. Jamás se vio actividad tan centellante 
ni propósitos tan aventurados como los que puso 
en juego ese partido, siendo tal la conmoción 
producida en los ánimos por sus arrebatos sin 
límites, que el país se desorientó en absoluto, y 
los dos partidos tradicionales espantados de un» 
desorden que parecía precursor de la disolución 
nacional, pactaron una fusión, para luchar juntos 
contra enemigo tan temerario. 

Ya se deja entender, que en semejante estado 
de cosas, no estaban los ánimos para entregarse á 
disquisiciones científicas, asi es que los comenta- 
dores de la Constitución, no solo no abundaron 
por entonces, pero ni siquiera aparecieron. Las 
interpretaciones y los comentarios positivos que 
se hacían entonces, no giraban sino sobre la 
elección presidencial, y era el Cuerpo lejislatrvo, 
influido por ias exijéncias de los bandos, quien 
resolvía de un momento á otro las cuestiones, á 
fin de preparar para cada nuevo Presidente, la 



H 



370 Estudios Constitucionales 

mayor suma de legalidad que fuera compatible 
con la inopinada salida de su antecesor. Llegó á 
romperse hasta con la doctrina de la correlación 
y complemento necesario de los artículos consti- 
tucionales entre sí, siendo D. Juan Carlos Gómez 
el inventor de la travesura, cuando propuso y 
obtuvo la convocación de una doble Asamblea, 
sin haberla hecho preceder de ninguno de los 
trámites sustanciales de un acto tan solemne 
como es ese, en el cual ha de tratarse nada menos 
que el cambio de la forma de gobierno. El ruido 
de todos estos desvarios, trascendió de tal modo 
al esterior, y fué tan maravillosamente esplotado 
por los que aspiraban á cubrir sus faltas publi- 
cando y exajerando las nuestras, que el nombre 
de la Nación quedó por los suelos, apareciendo 
entonces en el esterior esa serie inacabable de 
libros, folletos, artículos políticos y discursos 
parlamentarios, en que se formula nuestro des- 
crédito en todas las lenguas y se distribuye por 
todos los ámbitos del mundo conocido. 

La nueva generación no podia ser indiferente á 
una cruzada tan implacable contra la Patria, asi 
es que comenzó á volver por el crédito de su nom- 
bre. El camino adoptado, fué el que aconsejaba 
la prudencia, y en vez de oponer insulto contra 
insulto, se dedicó al examen de las instituciones 
y de la historia nacional, al cultivo de las ciencias 
sociales y á la crítica, aunque no siempre lo hizo 
con espíritu tan desprevenido de malos resabios, 
que no merezca oportunas censuras. Hubo — y 
esto era por el año 1870 — una verdadera resu- 
rrección cívica en todo el país. Contra el espíritu 



Comentadores de la Constitución '^ji 

de anarquía que nos es atribuido, se levantó el 
espíritu de asociación, fundando por do*quiera 
centros literarios, políticos y de enseñanza que 
agruparon toda la juventud intelijente. Los vie- 
jos literatos y pensadores que habían conservado 
viva la esperanza de esa rejeneracion posible, es- 
timulaban y aplaudían su crecimiento provecho- 
so, disimulaban los errores de los catecúmenos 
del saber, y saludaban alborozados todo nuevo 
nombre que aparecía en la escena. 

Ocupó desde luego un rango distinguido entre 
los mejores, el Dr. D. Carlos M. Ramírez, cuya do- 
tación intelectual en edad tan temprana como la 
suya de entonces, hacia concebir esperanzas po- 
co comunes. A los grandes instintos de escritor 
que denunciaban la claridad de su estilo y la ele- 
gancia de su dicción, juntaba la facilidad de dis- 
currir sobre temas complejos, y de asimilarse 
los conocimientos al parecer más ajenos á sus 
gustos peculiares. Temperamento político, no 
por eso descuidaba el cultivo de la literatura y la 
ciencia, y se le vio abordar á un tiempo el perio- 
dismo de combate, la novela, el cultivo de la 
poesía y la enseñanza profesional. Pero esta mul- 
titud de quehaceres, si bien contribuyó á perfec- 
cionar su estilo, limitó la serenidad de sus vistas 
en las arduas cuestiones del profesorado, dando 
ásu enseñanza un tono agresivo, hijo de las im- 
paciencias de momento, y resultante déla tensión 
nerviosa que producen los apuros del espíritu. 
Llamado á enseñar en una edad en que la inmen- 
sa mayoría no ha concluido aun de aprender, el 
Dr. Ramírez llevó á la Universidad, junto con su 



372 Estudios Constitucionales 



novedosa aparición juvenil, el dejo de sus apasio- 
namientos sectarios, haciendo de la cátedra de 
Derecho constitucional confiada á sus talentos, 
un centro de propaganda activa contra la Iglesia 
católica, á cuya doctrina y procederes atribuyó el 
atraso y los sufrimientos del mundo. 

El testimonio de esta aserción, se encuentra en 
la serie de Conferencias sobre la metería, publica- 
das en las columnas de La Bandera Radical, revis- 
ta político-literaria fundada y dirijida por el autor 
desde el mes de Enero de 1871 en que ella vio la 
luz, hasta el de Octubre del mismo año en que 
cesó. En el amplio camino recorrido por esas 
conferencias, que empiezan con un estudio sobre 
la naturaleza y actual estado de la ciencia consti- 
tucional en el mundo, y abarcan después al hom- 
bre en todas sus relaciones sociales, no ha podido 
desprenderse el profesor del espíritu de inquina 
que le exaspera contra la Relijion, aprovechando 
las oportunidades mas ajenas al asunto para ma- 
nifestarlo sin embozo, como si temiera que sus 
discípulos hubiesen de olvidar este punto pri- 
mordial de su enseñanza. En alguna ocasión, em- 
pero, el buen sentido del hombre superó á los 
delirios del sectario, dejando escapar estas pala- 
bras: «Al bosquejar estas conferencias hago un 
verdadero sacrificio de vanidad ; no forman ellas 
ni llegarán á formar nunca, un texto para el uso 
constante de la clase; son las inspiraciones de hoy, 
que sirven para el dia de hoy y nada más; indica- 
ción lijera de las materias que debemos estudiar 
y discutir cada semana — en ese estudio y en esa 
discusión confio para el buen éxito de nuestras 



Comentadores de la Constitución 373 

tareas escolares; apuntes de cartera sobre elcien- 
tifico viaje que emprendemos, con el justo anhelo 
y el deliberado empeño de llegar á la verdad y de 
alcanzar el bien — ese anhelo y ese empeño nos 
garanten el arribo á feliz puerto. (Conf. iv.j» 

Leyendo esta declaración, mas de una vez he- 
mos pensado si seria justo traer al debate las 
ideas emitidas en cátedra por el Dr. Ramirez, 
cuando ella deja suponer algo como un previo 
deseo de abandonarlas al olvido. También nos 
ha ocurrido, si se desconfiaría de la lealtad de 
quien fuese á remover improvisaciones de quin- 
ce años atrás, para juzgarlas con frío criterio y 
copia de datos, que la edad, el medio de acción y 
la preparación respectiva, no permitían tener ni 
al autor ni á su crítico en aquellos momentos, y 
que por eso mismo hacen desfavorable la posi- 
ción del primero, dando la mayor parte de las 
ventajas al segundo. Pero estos escrúpulos se 
han desvanecido ante tres consideraciones de 
fuerza mayor, á saber : i .■ que el Dr. Ramirez, 
librando á la publicidad sus conferencias de De- 
recho contitucional, las ha hecho patrimonio co- 
mún de la critica, y parte integrante de las ideas 
en circulación que cada cual tiene el derecho de 
examinar, ratificar ó combatir ; 2.* que el Dr. 
Ramirez, habiendo progresado en su instrucción 
historial y filosófica, no por eso ha correjido el 
fundamento de sus creencias, lo que vale decir 
que moralmente es el mismo hombre; 3.'- que 
las conferencias del Dr. Ramirez, constituyen un 
libro de consulta para los estudiantes de la Uni- 
versidad, lo que importa afirmar que actúan de 



374 Estudios Constitucionales 



un modo permanente en la intelijéncia de la ju- 
ventud que aspira á adquirir títulos académicos. 
Teniendo presente todo esto, nuestro ánimo no 
solo se ha tranquilizado, sino que se ha robuste- 
cido en la certidumbre de cumplir un deber, 
abordando la critica de los trabajos científicos del 
fundador de la cátedra de Derecho constitucio- 
nal en la Universidad de Montevideo. 

El programa de esos trabajos, lo indica el mis- 
mo autor en las siguientes palabras: «Creo, como 
Grimke, que el derecho constitucional no es so- 
lamente la ciencia de lo que es, sino de lo que 
debe ser, y en adición á estas dos cosas, de lo que 
debe hacerse que sea. Encerrarse ciegamente en 
el estudio de un Código fundamental, es supo- 
ner que se ha llegado á la última espresion de la 
verdad, que las instituciones son inmutables y 
que los pueblos no progresan: ahora bien, ya vi- 
mos al terminar nuestra tercer Conferencia (no 
publicada hasta ahora) c{\xt la Constitución de 1830 
no llena las condiciones generales del ideal cuya 
luz clarea en los horizontes tormentosos de la 
América ; que se manifiesta en la República una 
estraña fuerza de espansion, tendente á despren- 
derla de las viejas riberas á que se encuentra vin- 
culada; que misteriosas ráfagas empujan nuestra 
nave hacia las presentidas rejiones donde debe 
operarse una trasformacion radical de nuestro 
ser político.» No comprendemos por qué hade 
ser incompatible el desenvolvimiento de las doc- 
trinas constitucionales con el estudio concreto de 
una Constitución, cuyo examen sujiere indispen- 
sablemente los argumentos en pro ú en contra 



Comentadores de la Constitución 375 

que la ciencia facilita para rebatir ó confirmar 
sus preceptos. Pero sea de ello lo que fuere, la 
amplitud dada por el Dr. Ramírez á su progra- 
ma de enseñanza, y el deseo de mostrar lo que 
debe hacerse que sea nuestra Constitución, le im- 
pidieron esplicar á sus discípulos, como tendre- 
mos ocasión de verlo, lo que nuestra Constitución 
es y lo que debe se?'. 

Las exijéncias de una critica ordenada, nos 
obligan á dividir el Curso constitucional del Dr. 
Ramírez en tres secciones, analizando en la i/ 
todo lo que se relaciona con la Relijion del Esta- 
do ó sea con el articulo «).° de la Constitución y 
sus concordantes; en la 2.* todo lo que se relacio- 
na con la Soberanía popular, ó sea con los artí- 
culos i.° á 4.° y 9.** á 10.** de la Constitución; y en 
la 3.* todo lo que se relaciona con los Derechos in- 
dividuales, ó sea con los artículos 130 á 147. Esta 
división es tanto mas necesaria, cuanto el autor 
ha prescindido de todo método en su vertijinosa 
carrera al través de los tiempos, yendo y vinien- 
do de un tópico á otro sin arredrarle considera- 
ción alguna ; de manera que, si apesar de nues- 
tras precauciones, se nos vé ir desbocados algu- 
nas veces tras de él, no se estrañe, porque no es 
á nosotros á quien nos falta el freno, sino á el que 
lo ha sacudido para correr mas á sus anchas. En 
controversias de este género, quien las provoca 
asume á la vez la responsabilidad del método y la 
preferencia de la materia, obligando al contrin- 
cante á seguirle por entre los vericuetos de la ar- 
gumentación sembrada en el camino, sin mas 



376 Estudios Constitucionales 

reglas que su gusto ni mas autoridad que sus 
antojos. 

Bastaría para juzgar las ideas fundamentales 
del Dr. Ramirez, una transcripción simple de los 
primeros párrafos de su Conferencia inaugural. 
Hagamos esa prueba, á fin de confirmar nuestro 
dicho, obviando de paso discusiones que mas 
adelante dificultarían la réplica. «Desde que la 
teoría del libre examen — dice el autor — procla- 
mada casi simultáneamente en los tres pueblos 
que guian la civilización europea — en Alemania 
por Lutero, en Inglaterra por Bacon,y en Francia 
por Descartes — vino á cerrar aquella era de ver- 
gonzosa servidumbre intelectual, que encadenaba 
el pensamiento en las decrépitas formas de las 
tradiciones bíblicas, proscribiendo á la razón en 
el índice, martirizando á la verdad en el tormen- 
to y quemando al genio en las hogueras, todas 
las ciencias físicas y abstractas, aquellas ciencias 
que no estudian la personalidad del hombre ni 
su destino en el juego de las sociedades civiles, 
recibieron un impulso vigoroso y general que ha 
realizado trasformaciones sorprendentes, y cuya 
influencia no se detendrá sin duda hasta que la 
razón humana llegue á cerrar el libro de la sabi- 
duría infinita.» 

Esta subversión de criterio, en que se insulta á 
la Biblia y se reconoce como uno de los mayores 
obreros del progreso humano al filósofo católico 
Descartes, todavía se hace mas evidente en el pá- 
rrafo que va á leerse : « La Iglesia del Papado — 
prosigue el Dr. Ramirez — renegando del. espíritu 



Comentadores de la Constitución 377 

de vida inmortal y progresivo que Jesus-Cristo 
representó como ninguno otro de los grandes 
hombres, pretendía haber agotado los tesoros de 
la ciencia en sus dogmas inmutables, y no reco- 
nociendo mas procedimiento intelectual que el 
raciocinio comprimido en las férreas formas del 
silojismo escolástico, condenaba y perseguía co- 
mo sacriléjios horribles cuantas ideas pudieran 
traer al mundo una silaba de verdad para agre- 
gar á los antiguos dogmas, ó un descubrimiento 
cuyo alcance superase los esfuerzos de aquella 
dialéctica vacia, que, según la cruda espresion de 
Michelet, en vez de un pueblo de sabios, esparció 
un pueblo de zonzos sobre toda la superficie de 
la Europa.» 

Demos de barato que hayan sido zonzos, San 
Affustin y Copérnico, S. Gregorio el Grande y el 
tíardenal de Cusa, Godofredo de BouUon y Luis IX 
de Francia, el príncipe Enrique de Portugal y 
Vasco de Gama, Isabel I y Cristóbal Colon ; de- 
mos también de barato que el Salvador del mun- 
do no pase de un grande hombre, agradeciendo 
que se le tenga por el mayor de todos, en este 
siglo en que se cotizan tan bajo las acciones de 
los grandes hombres ; y sigamos al Dr. Ramírez 
en los puntos capitales de su exposición. « Desde 
que el hombre — continúa — se replegase sobre sí 
mismo, con un espíritu de libre investigación, y 
estudiase su destino independiente, y compren- 
diese su misión responsable y sagrada en el gran- 
dioso plan del universo, los vínculos entre la 
personalidad humana y la personalidad divina, 
quedaban directamente establecidos por el testi- 



378 Estudios Constitucionales 

mónio individual de la razón, sin. necesidad de 
intermediario alguno, apareciendo el sacerdote 
como un ájente subversivo de los altos designios 
en que la Providencia se revela ; y de esta ver- 
dad elemental, partiendo siempre de los mismos 
principios sicolójicos, ya que no se necesita inter- 
mediarios entre la divinidad y el hombre, menos 
ha de necesitarse intermediario entre el hombre 
y la naturaleza, que le está sometida por el vincu- 
lo del trabajo individual, apareciendo entonces el 
señorío feudal y toda la organización que á seme- 
janza suya habia tomado la industria, como usur- 
paciones odiosas del derecho, también por la 
Providencia establecido en el eterno destino de 
los hombres; y de esta verdad irrecusablemente 
lójica, partiendo de iguales principios todavía, 
si no se necesita intermediario, entre el hombre 
yla divinidad, que le es infinitamente superior, 
ni entre el hombre y la naturaleza, que le es com- 
pletamente estraña, mucho menos ha de necesi- 
tarse intermediario, entre el hombre y la sociedad 
que si no es su obra, es á lo menos la esfera de su 
propia actividad, y que le pertenece por el víncu- 
lo generador de la soberanía individual, apare- 
ciendo en ñn el derecho divino de los reyes, como 
un atentado monstruoso al derecho divino délos 
pueblos, que la Providencia ha promulgado para 
complementar ese plan moral del Universo, en 
el cual solo seriamos uno de los inumerables ele- 
mentos de armonía, si no tuviésemos el sublime 
priviléjio de concebirlo en nuestro espiritu y 
amarlo en nuestro corazón, como el ideal supre- 
mo de la vida.» 



Cofnentadores de la Constitución '^jc) 

No sabríamos conciliar en lo que se deja tras- 
crito, nuestra admiración por la verbosidad del 
estilo, con la que nos arranca el cúmulo de con- 
tradicciones en que cae el escritor. Por que ha- 
ber afirmado anteriormente que las decrépitas 
formas bíblicas proscribían toda investigación ra- 
cional, y darnos de seguida como una conquista 
del libre examen el establecimiento de los víncu- 
los entre la personalidad humana y la divina por 
el testimonio individual de la razón, cuando es 
dogmático entre los católicos que Dios puede ser 
conocido por la simple razón natural, importa 
declarar que el libre examen no ha servido en 
este caso para nada. Tampoco sabríamos conci- 
liar la afirmación del Dr. Ramírez de que la na- 
turaleza está sometida al hombre por el vínculo 
del trabajo individual, con la que hace después 
so6re que la naturaleza es completamente estra- 
ña al hombre. Y menos podríamos conciliar to- 
davía, la lójica y el buen sentido, con la conclu- 
sión definitiva á que llega el autor en el párrafo 
inmediato siguiente al que acabamos de trascri- 
bir, y en el cual se espresa asi : «Esta era la revo- 
lución que pretendía sofocarse con el movimien- 
to de la filosofia del siglo xviii, y el día en que 
M."* de Stael llena de vivas esperanzas, veía pa- 
sar desde su balcón de la plaza de VersaíUes, tras 
del majestuoso monarca, del imponente clero y 
de la fastuosa nobleza, una larga fila de hombres 
taciturnos, severamente vestidos de negro, ese 
día los representantes de la revolución se agrega- 
ban á la comitiva de las tres grandes usurpacio- 
nes de la Europa, para ponerles el pié encima, y 



380 Estudios Constitucionales 



levantar á la humanidad, libre de las cadenas 
ominosas que le habia legado la Edad Media, tras- 
figurada por la solemne declaración de todos sus 
derechos naturales, imprescriptibles y sagrados.» 

Romanticismo puro. Desde luego, los represen- 
tantes del pueblo llano en Francia, no necesitaban 
andar taciturnos y vestidos de negro, para actuar 
en los negocios públicos. Actuaban yá desde el 
siglo XII como municipes en sus respectivas ciu- 
dades, y desde el reinado de Felipe el Hermoso, 
en el siglo xiv, constituian aquellas célebres 
asambleas, que bajo el nombre de Estados gene-- 
rales, llegaron muchas veces á ejercer el poder 
supremo. Y en cuanto á las pretendidas cadenas 
ominosas que habia dejado la Edad Media á la Eu- 
ropa ¿habrán acaso contribuido á forjarlas la 
Carta Magna de Inglaterra, las repúblicas de Ita- 
lia y Suiza, las cortes de Aragón y Castilla, los 
parlamentos y universidades de la Europa occi- 
dental, las Cruzadas que abrieron emporios des- 
conocidos al comercio y la industria, la Divina 
Comedia del Dante, la Suma de Santo Tomás, la 
brújula, la pólvora y la imprenta, descubrimien- 
tos y trabajos todos de la Edad Media? 

El Dr. Ramirez no vacila en contestar afirmati- 
vamente, y la razón que dá para ello merece to- 
marse en cuenta. « La Europa católica y feudal — 
dice — creyó ver en la resurrección de la antigüe- 
dad perdida ú olvidada, algo como el descubri- 
miento de un Edén que avergonzaba su barbarie, 
pero el mundo moderno rejenerado por nocio- 
nes mas altas de los destinos humanos, no puede 
ver en la Edad Antigua como en la Edad Media 



Comentadores de la Constitución 381 

sino diversas estaciones del Calvario que la hu- 
manidad ha recorrido antes de trasfigurarse en 
los eternos resplandores de la democracia y la 
república. Si los principios necesitan el bautismo 
de grandeza y heroismo que reciben en las in- 
mortales hazañas de la historia^ ahí están, frescos 
y vivaces todavia, los anales de la revolución fran- 
cesa, como el manantial inagotable de la gloria 
rejeneradora y sublime. Hasta la obligada evo- 
cación de Bruto, cede su puesto en las inspira- 
ciones de la poesia mas vulgar ; como lo observa 
un historiador de nuestros dias, el homicidio he- 
roico no nos aparece ya confundido con el tieso y 
lívido espectro del matador de César, sino con la 
dulce y palpitante imajen de Carlota.» 

Con lo dicho, sobra para juzgar los principios 
que sirvieron de norma á este joven comentador 
de nuestra Constitución nacional. En materia re- 
lijiosa, un deísmo acomodaticio. En filosofía, un 
racionalismo impalpable. En historia, un olvido 
de mal gusto respecto á los hechos mas vulgares. 
Y en política, la sanción del asesinato, siempre 
que sea ejecutado en formas dulces y palpitantes. 
Muy encarnados deben estar los principios de 
verdad y justicia en e! corazón de la juventud que 
cursa las aulas universitarias, para que después 
de semejante enseñanza, no haya pegado fuego 
por los cuatro lados á la República. 

Conocidos los principios del comentador, he- 
mos de decir que igualmente pernicioso aparece 
su punto de partida sociolójico. Para el Dr. Ra- 
mírez, el verdadero génesis de la sociedad está en 
la Revolución francesa, antes de la cual no reco- 



382 Estudios Constiiiictonales 

noce otra cosa que esclavitud, miseria y despo- 
tismo. Lo que vale tanto como decir, que los re- 
volucionarios franceses no tenian filiación huma- 
na alguna, y que la Francia, al igual de las otras 
naciones europeas, salía de la nada á la vida, im- 
provisando á impulsos de una ciencia infusa, to- 
das las ideas que formaron la trama de su largo 
y doloroso combate. Pero ¿ como hemos de con- 
cederle al Dr. Ramírez semejante afirmación? Los 
pueblos europeos, á la caída del Imperio romano, 
fueron presa de las tribus nómades de bárbaros, 
cuyos gefes se establecieron donde la suerte de 
las armas ó las facilidades del terreno les dejaba 
un albergue. Nació con esto el feudalismo, que 
fué un gran progreso, porque fijó aquellas hor- 
das á la tierra, inició el sistema federativo de 
las provincias y resucitó el sistema municipal ; 
abriendo de ese modo el surco de las nacionali- 
dades que mas tarde habían de complementarse 
bajo el cetro de los reyes llamados absolutos. 
Desde aquella fecha data el comienzo de la Edad 
Media, que no fué otra cosa por el momento que 
la asimilación de los progresos antiguos dentro 
de un nuevo crisol, y su difusión sobre la socie- 
dad bajo los auspicios de una doctrina r.elijiosa, 
que equiparaba al señor y al siervo en la igualdad 
esencial de las almas, y prometía á los desgracia- 
dos de este mundo, recompensas y premios en el 
otro. El papel de la Iglesia, que era quien pro- 
pagaba esa doctrina, fué eminentemente civili- 
zador y progresista, pues no solo suavizó los ru- 
dos perfiles de aquellas hordas guerreras, sino 
que las estimuló á buscar en el trabajo intelectual 



Comentadores de la Constitución 383 

y material los elementos para adelantar la civili- 
zación recibida, y legarnos ese patrimonio gran- 
dioso de ciencia y de arte, que agradecemos tan- 
to menos cuanto mas proficuo ha sido para nos- 
otros. 

La Francia no fué estraña á este movimiento 
rejenerador, y no solo cosechó sus frutos, sino 
que contribuyó á sazonarlos para la cristiandad. 
Su titulo de Hija primojénita de la Iglesia demues- 
tra como le viene de antiguo su conversión, y las 
luchas sostenidas para buscar primeramente el 
imperio occidental, luego para fundar la monar- 
quía feudal y por último para establecer la unidad 
nacional, luchas que duran desde Carlomagno 
hasta Luis XI, abarcando un periodo de ocho si- 
glos, demuestran que no le eran desconocidos á 
la conclusión de la Edad Media, ni los principios 
que presiden la organización de las nacionalida- 
des, ni las concesiones que es necesario hacer á 
la libertad pública para conservar esa organiza- 
ción. Al despuntar la Edad Moderna, tenia ya la 
Francia, todos los elementos constitutivos de su 
ser político y social funcionando en las institu- 
ciones, porque tenia los parlamentos ó tribuna- 
les de justicia, los estados generales ó cuerpos le- 
jislativos, los municipios y los gremios industria- 
les, ¿Cual de estas cosas inventó la Revolución, 
para que se diga que ella es el génesis de la so- 
ciedad francesa ? Y si no las inventó para la Fran- 
cia que ya las tenia ¿ como podia haberlas inven- 
tado para la Inglaterra rejida desde siglos atrás 
por su Carta Magna^ ó para la Alemania y la Ita- 
lia subdivididas en municipios y principados fe- 



384 Estudios Constitucionales 

derales, atestadas de sabios y de artistas, pobla- 
das de universidades y bibliotecas donde podia 
beberse á torrentes el caudal de las mejores doc- 
trinas? 

No diremos que la Revolución francesa haya 
dejado de producir algunos bienes á la Francia, 
pero no podemos asentir á que los haya produci- 
do todos. La Revolución, por otra parte, mien- 
tras estuvo bajo la conducta de hombres sensa- 
tos, es decir, mientras tuvo por eco á la Asamblea 
Constituyente, fué parca en sus primeras medi- 
das. Hizo su Declaración de los derechos del hom- 
bre, que es una mala copia del Decálogo; reorga- 
nizó la administración de justicia, creando la Cor- 
te de casación, los jueces de paz y el jurado; 
suprimió los mayorazgos, fijó la circunscripción 
territorial de la Francia dividiéndola en departa- 
mentos, y uniformó las pesas y medidas bajo el 
sistema decimal. Pero de ahí para adelante, los 
sucesos políticos se precipitaron de tal modo, y 
la anarquía de las opiniones filé tan grande, que 
las aberraciones se sucedieron sin intermitencia. 
La amortización de los bienes de la Iglesia, que 
fué un despojo, y la Constitución civil del clero 
que fué una enormidad, inauguraron aquella era 
de despropósitos, entre los cuales no debe omi- 
tirse la emisión de los asignados, y el decreto con- 
tra la reelección de sí mismos que dieron los 
constituyentes, entregando el país por un lado á 
la ruina financiera, y por otro á los demagogos 
de peor estofa. Entonces empieza aquella lucha 
sangrienta, en la que los nombres de Marat, Dan- 
ton y Robespierre, indican una puja miserable 



Comentadores de la Constitución 38$ 

sobre quien asesinará mayor número de sus se- 
mejantes; y si los soldados franceses, dolidos 
de tanta iniquidad, no hubieran buscado la gloria 
de sus armas afrontando la muerte contra las 
coaliciones europeas, de seguro que la Revolu- 
ción habría echado á la Francia en el lodo, des- 
pués de haberla encharcado en su propia sangre. 

He aqui la verdadera síntesis de la Revolución: 
hizo algunos bienes á la FYancia, hizo muchos 
males en cambio, y no trajo nada de nuevo al 
mundo. La Declaración de los derechos, la plajió 
de la Biblia; la organización de la justicia y aun el 
rejicidio, los tomó de Inglaterra ; la unidad terri- 
torial la tenia á la vista en España y casi todos 
los pequeños estados de la Europa occidental, la 
supresión de los mayorazgos no era un descu- 
brimiento, y el sistema métrico decimal estaba 
en los archivos de la Academia pidiendo aplica- 
ción. ¿ Que le queda pues á la humanidad, de ese 
sublime génesis de la sociedad redimida? Un po- 
bre rey echado al cadalso con su familia, y seis- 
cientas mil cabezas separadas de sus troncos ! 

Se vé que el Dr. Ramirez erró grandemente, al 
señalar á sus discípulos la Revolución francesa 
como punto inicial de la rejeneracion humana. 
No ha errado menos, al presentar paralelamente 
á este hecho, la Relijion católica como elemento 
retardatario, y al sacerdote, ministro de esa reli- 
jion, como ájente subversivo de todo progreso 
moral. Desde luego, el.Dr. Ramirez debió haber 
tenido en cuenta antes de fallar sin apelación en 
este punto, que la Relijion católica, considerada 
en su simple condición científica, es uno de los 



386 Estudios Constitucionales 

mas grandes progresos que haya realizado la hu- 
manidad en la esfera intelectual. Por ministerio 
de sus tradiciones escritas, es la Relijion quien 
nos dá el mas antiguo libro de información his- 
torial que tenemos, y el que mas acabadamente 
aclara nuestro orijen. Por efecto de sus disquisi- 
ciones filosóficas, es la Relijion quien ha sondea- 
do con mayor ahinco los abismos del espíritu hu- 
mano, llevando la atención de los sabios á ese 
terreno, con una insistencia que ha concluido por 
triunfar de todos los inconvenientes. Y por efec- 
to de su propia unidad, ha impreso tal consorcio 
entre las diversas ramas del saber, y una traba- 
zón tan fuerte entre todos los conocimientos, 
aun entre los que parecian mas ajenos á su do- 
minio, que ha conseguido formar la ciencia uni- 
versal, sin destruir las actividades particulares. 
¿Quien plantea hoy una cuestión científica de 
cualquier género, que no le lleve á la teolojia? 

Y si esto es evidente con relación al progreso 
científico i lo es acaso menos con relación al pro- 
greso moral ? La Relijion católica concibe á Dios, 
como la suma de todas las perfecciones, é incita 
al hombre á que le imite hasta donde su imper- 
fección lo comporte, i Es esto ó nó un progreso 
positivo para las costumbres, las ideas y las pa- 
siones ? Si el espejo de nuestra conducta ha de 
ser la perfección misma (Sed perfectos, como vues- 
tro Padre celestial es perfecto) ¿ como puede acu- 
sarse de retardataria á la doctrina relijiosa que 
dignifica de tal modo las aspiraciones del ser hu- 
mano ? Hijos todos de un mismo Padre que es 
Dios, hermanos todos en Jesucristo, nuestro alti- 



Comentadores de la Constitución 387 

simo orijen nos hace iguales apesar de las des- 
igualdades de la tierra, y fija la nobleza del hom- 
bre, no en el nacimiento ni en la fortuna, sino en 
la virtud del corazón. Debido á ello es que la Iglé 
sia, considerando el sacerdocio como la mas alta 
investidura que pueda conferirse, la ha dejado, 
empero, libre á todos los que la deseen ; y han 
sido y pueden ser sacerdotes, obispos y pontífi- 
ces, los pobres de nacimiento y los humildes de 
condición, siempre que tengan un deseo ardiente 
de servir á Dios, y una vocación decidida en favor 
del prójimo. 

Mas constituyendo la Relijion en sí misma, una 
doble enseñanza moral y científica, es llano que 
requiere disposiciones adecuadas á hacerla. De 
esa necesidad ha nacido la disciplina sacerdotal, 
que velando por la integridad de las costumbres, 
impone al clero sus obligaciones. Es indiscutible 
que quien está destinado á enseñar, deba antes 
aprender, pues seria absurdo poner la moral del 
pueblo y su adelantamiento científico en manos 
torpes ó en espíritus conturbados por la duda. A 
cegar estos escollos se dirije la enseñanza de la 
Iglesia con respeto al clero, quedando la misión 
del sacerdote definida y aclarada por la naturale- 
za de sus propias obligaciones. ¿ Que hay en esto 
de subversivo? Nosotros eremos que no hay nada, 
pues si declaramos ajentes subversivos á los sa- 
cerdotes, que en último resultado son maestros 
de moral y teolojia, tendríamos que declarar 
ajentes subversivos de todo progreso humano, á 
los maestros seglares que enseñan cualquier 
ramo de ciencia. 



388 Estudios ConsUtucionales 

Pero admitiendo que el sacerdote subvierta el 
orden lójico de las cosas, debe haber prueba evi- 
dente de ello en la Historia , ya que hace diez y 
nueve siglos que la Iglesia gobierna por medio de 
sus ministros. ¿ Donde hallará el Dr. Ramirez esa 
prueba, para justificar su aserción? Si abre la his- 
toria de Inglaterra, por ejemplo, encontrará que 
el iniciador de la civilización inglesa es un sacer- 
dote, el monge Agustín; que otro sacerdote, el pri- 
madoTomás Becket,es el único inglés que bajo el 
despótico reinado de Enrique II se atreve á opo- 
ner una resistencia moral á la indómita energía 
de aquel príncipe avasallador ; que otro sacerdo- 
te, el arzobispo Langton, es quien arranca al rey 
Juan la Oían Carla, oríjen de todas las libertades 
inglesas ; y por último, que son tres sacerdotes, 
los relijiosos Peyto y Elstow y el obispo Fischer, 
quienes, juntamente con el canciller Tomás Moro, 
salvan el honor de Inglaterra bajo la tiranía de 
Enrique VIII, el mas depravado de los monarcas. 
Si abre la historia de Francia, encontrará vincu- 
ladas al sacerdocio las mayores glorias de aque- 
lla nación, desde San Remijio que unge en la pila 
bautismal la frente de Clovis, hasta Richelieu que 
complementa la unidad francesa. Si abre la his- 
toria de España, los nombres de Cisneros, Men- 
doza y Las Casas, bastan para dar una idea de lo 
que son el genio, el patriotismo y el amor de la 
humanidad actuando para cimentar la grandeza 
de un pueblo. Y si por complemento de informa- 
ción quiere abrir la historia de Italia, allí en cada 
pajina encontrará un gran nombre, desde la ad- 
mirable gerarquia del Papado, hasta la sucesión 



Comentadores de la Constitución 389 

de los fundadores de órdenes relijiosas que supie- 
ron conservar al mundo los tesoros de la ciencia 
y del arte en los archivos y bibliotecas de sus con- 
ventos. De manera que el testimonio de los he- 
chos, es contraproducente para la afirmación del 
Dr. Ramírez, y en vez de subversiva, resulta be- 
néfica al progreso moral y político de las nacio- 
nes, la influencia del sacerdote católico. 

Y si de los propagadores de la doctrina, pasa- 
mos á la doctrina en sí misma, fácil, será también 
demostrar con el testimonio de los hechos, que 
tanto mejores fueron los gobernantes laicos, 
cuanto mas católicos se mostraron en las prácti- 
cas deia vida. Respondan de ello sino, S. Esteban 
y Santa Isabel de Hungría, S. Enrique de Alema- 
nia, S. Eduardo de Inglaterra, S. Wladimiro de 
Rusia, S. Fernando de España, S. Wenceslao 
de Bohemia, Santa Eduvijes de Polonia, S. Luis de 
Francia, Santa Isabel de Portugal, conjunto ad- 
mirable de soberanos, que los pueblos recuerdan 
con amor y respeto, y que la Iglesia ha elevado al 
honor de los altares. Respondan también, los mi- 
llares de hombres de todas las condiciones, hidal- 
gos y plebeyos, industriales y soldados, científicos 
é indoctos, desde Guttemberg hasta Shakespeare, 
desde Pedro el Ermitaño hasta Sobieski, que han 
propagado la doctrina católica con el ejemplo, 
siendo admiración y gloria de sus contemporá- 
neos en las letras ó en las armas, en el progreso 
material ó en la virtud. De donde se sigue, que 
las doctrinas de la Iglesia, son altamente adecua- 
das á formar el corazón humano, y están maravi- 



3QO Estudios Constitucionales 



liosamente destinadas á producir el esplendor de 
la sociedad. 

Pudiera suceder, sinembargo, que se conside- 
rase parcial nuestra palabra, y que fuera impug- 
nada con ese pretesto, aspirando á dejarla sin au- 
toridad. Es presumible que en tal concepto no 
habia de faltar quien dijese, que hemos tomado 
á la ventura un conjunto de hechos aislados, y 
aglomerándolos en una pajina, nos hemos servi- 
do de ellos como de un foco destinado á deslum- 
hrar los ojos del lector. Para prevenir semejante 
obgecion llevaremos el debate á otro terreno, 
dándole mayor aire científico si se quiere. 

Propongamos la cuestión. Toda idea, pgra im- 
ponerse á la aceptación de los hombres con la au- 
toridad de la evidencia, debe revestir tres carac- 
teres: racionalidad, utilidad y practicabilidad. 
Siendo el catolicismo una idea — la de la perfec- 
ción humana — conviene demostrar que esa idea 
es racional, útil y práctica en su acepción mas 
completa; con lo cual queremos manifestar, que 
no solamente lo es para determinados hombres ó 
pueblos, sino para la humanidad toda, cualquie- 
ra que sea la condición en que se halle. A fin de 
que la demostración tenga toda la fuerza que ha 
menester, vamos á hacerla por medio de autori- 
dades que respectivamente representan las es- 
cuelas racionalista, utiliária y materialista, reser- 
vándonos únicamente deducir la conclusión final. 

Argumento racionalista. Habla Julio Simón : 
« La relijion católica es la única que ha compren- 
dido con exactitud la necesidad de aconsejar á 



Comentadores de la Constitución 391 

las almas, separándolas de la materia por medio 
de signos materiales. No satisfecha con multipli- 
car los templos y las capillas, coloca cruces por 
todas partes donde se estiende, sobre los monu- 
mentos, tumbas y encrucijadas de los caminos. 
Cuelga un rosario en la cintura de los fieles, y 
crea incesantemente obgetos de devoción. No 
queda lugar en los templos donde no se vean 
cuadros, estatuas, imájenes y sentencias tomadas 
de la Sagrada Escritura, ó de ex-voto. La inclina- 
ción á los oratorios domésticos, y en las fortunas 
mas reducidas, á los rosarios, estampas y demás 
obgetos devotos, es esencialmente católica. No se 
olvida tampoco dicha relijion de asociar las ora- 
ciones á todos los actos de la vida ; multiplica 
las preces y aconseja que á menudo hagamos la 
señal de la cruz : á unos indica la oración men- 
tal, y á otros las prácticas devotas que apenas 
exijen la atención del ánimo, y pueden verificar- 
se al mismo tiempo que cualquier trabajo ; á to- 
dos suministra oraciones y fórmulas de adora- 
ción y amor. Los incrédulos dicen á cada paso 
que la relijion consiste en estas formas esteriores, 
y muchas veces la simplicidad ó la hipocresía co- 
rrobora esta opinión, desnaturalizando el sentido 
del culto y trasformandole en prácticas supersti- 
ciosas ; pero si profundizamos un poco mas la 
materia, hallaremos que la cadena de obligacio- 
nes á que la vida está sujeta, las campanas que 
se oyen veinte veces al dia, los emblemas del Cal- 
vario, las imájenes que se presentan á la vista, 
constituyen solamente una sentencia, que repeti- 
da bajo mil diferentes formas y en mil lenguajes 



392 Estudios Constitucionales 

distintos, dice : pensad en Dios, adorad á Dios. 
No negaremos que los corazones predispuestos 
naturalmente á la, piedad apenas necesitan este 
ausilio ; pero las formas esteriores del culto están 
muy lejos de ser inútiles para la inmensa mayo- 
ría del género humano. Pudiéramos añadir que 
produce efectos hasta en los corazones mas rea- 
cios. Este es un hecho psicolójico que sirve para 
demostrar con mayor evidencia, la necesidad que 
el hombre tiene de que le recuerden la idea de 
Dios, aunque sea por medio de signos materia- 
les (i). » 

La argumentación que acabamos de trascribir, 
no puede ser mas llana. Ella no trata, ni del re- 
conocimiento del dogma, ni de la sanción de la 
disciplina, ni de nada de aquello que pueda ro- 
zarse con las bases en que reposa el edificio reli- 
jioso. Apelando al sentido común, examina las 
condiciones externas con que la Iglesia se presen- 
ta al vulgo, y encuentra en esas condiciones un 
elevado tacto para llevar al hombre hacia Dios^ 
una disposición adecuada para suscitar la fé en 
las almas. Colocado pues el catolicismo ante la 
razón pura, nada tiene de repulsivo para ella, con 
lo cual se vé que llena la condición primaria de 
toda idea destinada á imponerse á la aceptación 
de los hombres con la autoridad de la evidencia» 
ó en otras palabras, que es una idea racional. 
Veamos ahora, si es también una idea útil. 

Argumento utiliário. Habla Bentham : « Si se 
considera á los ministros de la relijion como en- 

(i) Julio Simón— E/ ©efeer— Parte ii, cap. iv. 



Comentadores de la Constitución 395 

cargados de sostener una de las sanciones de la 
moral (la sanción relijiosa), preciso es encargar 
su sosten á la misma rama que la policía y la jus- 
ticia, á la seguridad interior. El clero es un cuer- 
po de inspectores y de maestros de moral, que 
forman, por decirlo asi, la vanguardia de la ley ; 
que no tienen poder contra los crímenes, pero 
que combaten los vicios de que nacen los delitos: 
y que, inculcando las buenas costumbres y la 
subordinación, hacen mas raro el ejercicio de la 
autoridad. Si estuviesen encargados de todas las 
funciones que convenientemente se les podrían 
asignar para la educación de las clases inferiores, 
para la promulgación de las leyes, para el cuida- 
do de diversos instrumentos y rejistros públicos, 
seria mas manifiesta la utilidad de su ministerio. 
Cuanto mayor número de verdaderos servicios 
hiciesen al Estado, tanto menos sujetos estarían á 
los males de los dogmas y controversias, que na- 
cen del deseo de distinguirse, y de la impotencia 
de ser útiles. Conviene dirijir su actividad y su 
ambición hacia obgetos saludables, para impedir- 
les el que lleguen á ser nocivos. Bajo este concep- 
to, aun aquellos que no reconociesen las bases de 
la sanción relijiosa, no podrían quejarse de que 
se les hiciese contribuir á su manutención, pues 
participarían de sus ventajas, (i)» 

Para apreciar en su justo valor la argumenta- 
ción trascrita, conviene tener presente que la es- 
cuela utiliária constituye todo su caudal filosófi- 



co Jeremías Bentham— Princi/)/os dd Código civil— cap. xiv, 
sec. II. 



394 Estudios Constitucionales 

co con ideas sujetivas, y acomoda sus raciocinios 
al juicio del hombre y nó á la naturaleza de las 
cosas. Por consecuencia, esa escuela solo conde- 
na lo que cree inútil, es decir, lo que supone in- 
capaz de servir para los diferentes usos de la vida 
satisfaciendo nuestras necesidades. Asi pues, no 
debe estrañarse que apegada como está á las 
materialidades del mundo, repute inconvenientes 
y aun nocivas las controversias teolójicas, pues 
supone tiempo perdido el que se emplea en esas 
elevaciones del espíritu hacia un ideal que mejora 
nuestra condición sin que nos apercibamos de 
ello. Pero por la misma razón de su materiali- 
dad, el testimonio se acomoda á nuestros desig- 
nios. Y en lo que respecta á la latitud de la frase 
ministros de la relijion, sea que los utiliários se re- 
fieran al clero católico en absoluto, sea que tam- 
bién hagan entrar á los disidentes en la aprecia- 
ción, juzgándolos á todos bajo una regla común, 
ello importa poco, pues en el primer caso aludi- 
rían á la Iglesia católica directamente, y en el se- 
gundo la aludirían por implicancia ; dejando 
siempre en pié la necesidad de la sanción relijio- 
sa para las leyes, y la utilidad del clero para la 
propaganda de la moral. De donde se sigue — y 
esto es lo que nos interesa patentizar — que sea por 
alusión directa, sea por involucracion en un jui- 
cio general, la Relijion católica resulta no estar 
reñida con la utilidad. 

Argumento materialista. Habla Bagehot: «El 
hombre desprovisto de juicio y de buen gusto 
suele ser impaciente; por esta razón suelen ir 
juntos el sentido delicado de la belleza y del tacto 



Comentadores de la Constitución 395 

y la prudencia en las costumbres. Cuando las 
pasiones se ajitan y la sociedad aparece como 
mar tempestuoso, la tempestad difícilmente llega 
á hacerse sentir en las puras y tranquilas rejiones 
del arte; por consiguiente, el cultivo del buen 
gusto tiende á favorecer el ejercicio del buen sen- 
tido, nuestro principal apoyo en el mundo com- 
plejo de la vida civilizada. Es por esta razón que 
algunos principios de la relijion aun siguen reco- 
mendadonos la templanza, que al fin y al cabo no 
deja de ser una condición esencialisima de todo 
lo que dá buen resultado, de todo éxito en el sen- 
tido estrecho y material que pueda tener esta pa- 
labra; de seguro que podríamos señalar esta in- 
fluencia en cien casos distintos ; la mayor parte 
de los placeres que proporciona el cultivo de al- 
guna facultad intelectual, nos impiden ó tienden 
á impedir que nos lancemos con avidez á los pla- 
ceres de la vida, y esta avidez que hace inquietos 
á los hombres y á las naciones, y les hace desear 
ardientemente la gloria y la fortuna, es causa de 
que se hagan muchas cosas que no debieran ha- 
cerse y que algunas de ellas se hagan muy mal, 
tan mal que el individuo que las hace suele que- 
dar por ellas muchas veces sin consideración y 
sin fortuna, (i)» 

Aquí la alusión no puede ser mas directa. El 
materialismo atribuye á la templanza la morijera- 
cion de las costumbres y apetitos, y la templanza 
es una de las cuatro virtudes cardinales que en- 
seña la Relijion católica. Para el materialismo es 

(i) Walter Bagehot— Oryc» de las naciones—Yih. v. 



30 Estudios Constitucionales 

perfectamente practicable la Relijion, y tanto, 
que bastan algunos de sus principios, como lo de- 
clara Bagehot, para dar la paz á la sociedad. Este 
reconocimiento esplicito de la superioridad de 
una idea para modelar el carácter de los hombres 
y acentuar el progreso de los pueblos, arguye 
con toda fuerza en favor de nuestra tesis. 

Llamadas pues á deponer en este litijio la fi- 
losofía y la historia, ambas deponen contra el 
Dr, Ramírez ; y reforzado ese testimonio por el 
de los enemigos de la Relijion, se eleva á la cate- 
goría de un hecho indestructible. No es la Reli- 
jion católica un elemento retardatario del progre- 
so social, ni es el sacerdote católico un ájente 
subversivo. Si asi lo fuesen una y otro, diez y 
nueve siglos de esperiéncia y de combates, ha- 
brían decidido en contra de los dos. Porque si 
hay algo que asombra por su vitalidad, es esa 
Iglesia, firme como lo eterno, inmutable como la 
verdad ; y si algo confunde por su misericordia, 
es ese sacerdote calumniado y perseguido, que 
ora por todos, y que desde la iniciación en la vida 
hasta la soledad de la tumba, acompaña al hom- 
bre con sus consuelos, sus preces y sus bendi- 
ciones. 

Los Constituyentes uruguayos, conociendo por 
esperiéncia estas verdades, sancionaron la vijén- 
cia oficial de la Relijion católica, y preceptuaron 
á los poderes públicos su protección. Tenian de 
su parte, al proceder así, la razón, la ciencia y la 
voluntad de la mayoría, elementos sobrados para 
ilustrar el criterio del lejislador. Por eso es que 
nos sorprende el Dr. Ramírez, cuando pregunta"^ 



Comentadores de la Constitución 397 

en su Conferencia XIII ,*^ : « en virtud de qué dere- 
cho, de qué principio, ó de qué conveniencia real 
se impone una Relijion de Estado ? » Y por eso es 
que le respondemos sin vacilar : si esa relijion 
es la Católica, se impone en virtud del derecho, 
de los principios y de la conveniencia real de la 
verdad. Con el mismo derecho, bajo la acción de 
los mismos principios, en nombre de las mismas 
conveniencias con que se impone la Astronomía 
diciendo á los astrólogos : mis principios serán 
de hoy en adelante vuestros principios, ó no en- 
señareis más. Con el mismo derecho, bajo la ac- 
ción de los mismos principios, en nombre de las 
mismas conveniencias con que se impone la Quí- 
mica diciendo á los alquimistas : basta de enga- 
ños y subterfújios ; someteos á mi enseñanza, 
adoptad mis procederes, ü os hago encerrar en 
la cárcel por embaucadores de gentes sencillas y 
decidores de la buena ventura. Con el mismo de- 
recho, bajo la acción de los mismos principios, 
en nombre de las mismas conveniencias con que 
la Economía política se impone diciendo á los 
socialistas : á medida que insistáis en vuestra 
propaganda, reforzaré de tal modo la acción 
coercitiva del Poder, que seréis tratados como 
enemigos públicos. Con el mismo derecho, bajo 
la acción de los mismos principios, en nombre de 
las mismas conveniencias, con que se impone la 
Hijiene diciendo á los viajeros : prohibo la liber- 
tad de tránsito á todo individuo procedente de 
países infestados. En suma, con el derecho eter- 
no de la verdad sobre el error. 
Nuestra conclusión, resulta por lo tanto favo- 



398 Estudios Constitucionales 

rabie al establecimiento oficial de la Relijion ca- 
tólica. La del Dr. Ramirez, por el contrario, re- 
sulta enemiga de esa solución . Sus últimas 
palabras al cerrar el debate de la Conferencia pos- 
terior á la que hemos citado, son estas : « No hay 
derecho ni principio, ni conveniencia real que 
pueda en ningún caso autorizar el establecimien- 
to de una relijion de Estado esclusiva, » ¡ Poder de 
las preocupaciones ! ¿ quien determinará hasta 
que punto es capaz el liberalismo de contradecir- 
se ? No hay derecho ni principio, ni conveniencia 
real que justifique el establecimiento oficial de 
una relijion esclusiva ; pero las hay, para estable- 
cer una forma de gobierno esclusivo ; las hay para 
establecer una enseñanza obligatoria esclusiva; las 
hay para establecer un servicio militar obligato- 
rio esclusivo ; las hay para establecer un sistema 
de penalidad esclusivo; las hay para establecer 
una condición esclusiva en la forma de votaciones; 
las hay para establecer una obligación esclusiva 
de testar ! El Poder público puede decretar todas 
las obligaciones morales y físicas que guste, me- 
nos la de adorar á Dios con arreglo á la verdad. 
De lo dicho se infiere, cual es el criterio del Dr. 
Ramirez en punto 'á creencias relijiosas. Liber- 
tad absoluta para todas las relijiones, coexisten- 
cia necesaria de todas ellas. Mal virey de la In- 
dia inglesa seria el Dr. Ramirez, pues los sacrifi- 
cios humanos forman allí parte del culto nacio- 
nal, y la aplicación de su doctrina haría necesario 
el restablecimiento de aquellas hermosas cere- 
monias hoy abolidas; pero en cambio, seria esce- 
lente gobernador dé Utah, donde los mormones 



Comentadores de la Constitución 399 

viven á sus anchas. Tomando la cuestión desde 
este punto de vista, convengamos en que habría 
verdadero peligro en adoptar las ideas del comen- 
tador, para aplicarlas á lo que nuestra Constitu- 
ción debe hacerse que sea en materia relijiosa. 

Dejemos ya este asunto, que reputamos fuera 
de controversia, por*haber espuesto con la posi- 
ble claridad, tanto las ideas del autor como las 
nuestras respecto á su importancia capital, á sus 
antecedentes necesarios y á su solución inevita- 
ble. Entremos ahora en la sección 2.^ del plan 
que nos hemos trazado, para criticar el trabajo 
que tenemos en mano. Principal cuestión entre 
todas las del orden político, la cuestión de la so- 
berania del pueblo, ha sido abordada por el Dr. 
Ramírez sobre un fundamento tan erróneo, como 
el que constituye la base de sus anteriores racio- 
cinios. Enclavado entre la Revolución francesa y 
la Reforma, el comentador atribuye á esas dos 
fechas una virtud genesiaca que dá oríjen á todas 
las creaciones de la sociedad. Ni los indo-chinos 
han concedido una fecundidad mayor al cuerpo 
de Brahma, que la que concede nuestro compa- 
triota á la Reforma y á la Revolución. 

Para que no se nos acuse de exajerados, vamos 
á trascribir las palabras textuales del Dr. Ramí- 
rez al respecto. « La doctrina de la soberanía del 
pueblo — dice él — no remonta mas allá de la Re- 
forma. Solo en esa época se ha empezado á dis- 
cutir filosóficamente los derechos de los gober- 
nantes y gobernados. No era en verdad la primera 
vez que se presentaba en el mundo la cuestión de 
la soberanía, puesto que todas las revoluciones 



400 Estudios Constitucionales 



de la historia no son en resumidas cuentas sino 
ejercicio ó transferencias de la soberania ; pero 
hasta entonces los pueblos y los gobiernos ha- 
bian sido según los tiempos, los lugares y las 
costumbres, soberanos sin saberlo, y era la pri- 
mera vez que en respuesta á las pretensiones 
teóricamente absolutistas de ciertos monarcas, 
como los Estuardos, se formulaba también teóri- 
camente la doctrina diametralmente opuesta de 
la soberania del pueblo (Conf. ix). » 

Si el Dr. Ramírez, asi como se muestra admi- 
rador entusiasta de Descartes, hubiera imitado á 
ese filósofo eminente, haciendo de la Biblia y de 
la Suma de Santo Tomás su lectura favorita, ten- 
dría razones sobradas para desdecirse de la afir- 
mación que antecede, conviniendo con nosotros, 
en que la doctrina de la soberania popular es vie- 
ja á mas no poder, y que los pueblos y los go- 
biernos, según los tiempos, los lugares y las cos- 
tumbres, siempre que estuvieron sujetos á la ley 
de Dios, fueron soberanos sabiendo que lo eran. 
La noción de la soberania popular, ha nacido in- 
génita con la sociedad. No la ha inventado la 
Reforma, ni Juan Jacobo Rousseau en su Contra- 
io, ni la Revolución francesa con sus degüellos á 
destajo. Su oríjen arranca desde la subdivisión 
de la familia humana en patriarquias, porque ese 
fué el momento en que se fundió el molde donde 
habían de vaciarse las naciones. Primeramente, 
el gefe de familia ó Patriarca, estableció dentro 
del reducido circulo de su gobierno doméstico, 
la correlación entre los deberes y derechos recí- 
procos que tenia él para con los gobernados y 



Comentadores de la Constitución 401 

éstos para con él. En seguida ciertos grupos de 
familias, solicitados por la necesidad y el interés 
mutuo, formaron tribus, dando un carácter mas 
impersonal á la autoridad y derechos mas claros 
á los asociados. Por último, de la reunión de las 
tribus se formaron las naciones, cuya numerosa 
población hizo necesario el reemplazo del mando 
tradicional por la lejislacion positiva, que supo- 
nía el nacimiento del derecho común y el deslin- 
de de las atribuciones de cada uno. Fue así como 
quedó sancionada la doctrina de la soberanía po- 
pular, ó sea la facultad que tienen los pueblos de 
darse las formas de gobierno que mas les con- 
vengan, y designar las personas en quienes ha 
de residir la autoridad. 

Podríamos aducir muchos ejemplos que con- 
firman la verdad enunciada, pero el temor de 
dar proporciones escepcionales á esta critica, li- 
mitará nuestra prueba á tres ó cuatro casos típi- 
cos. Veamos uno de los mas primitivos. En el 
Libro de los Jueces cuenta la Escritura, que los 
israelitas desde la muerte de Josué se goberna- 
ron por majistrados populares, unas veces susci- 
tados por Dios, otras elejidos directamente por 
el pueblo. Estos majistrados teniendo autoridad 
para mandar los ejércitos en tiempo de guerra y 
administrar justicia en la paz, carecían, empero, 
de facultades para imponer contribuciones ó es- 
tablecer nuevas leyes, de manera que estaban so- 
metidos á la lejislacion de Moysés, que era lo que 
hoy podríamos llamar la Constitución nacional 
de los israelitas. Se sigue de aqui, que el pue- 
blo hebreo tenia noción concien te de su soberanía 



36 



402 Estudios Constitucionales 

propia, pues elejia sus gobernantes y les obligaba 
á someterse á la ley escrita. 

Y es tan cierto que tenia esa noción, que cuan- 
do quiso cambiar de forma de gobierno, sustitu- 
yendo la República teocrática por la Monarquia 
hereditaria, lo hizo de propia voluntad, sancio- 
nando una Constitución nueva en orden á las exi- 
jéncias políticas del nuevo sistema de gobierno, 
y procediendo dentro de los trámites mas regu- 
lares. Apelaremos otra vez á la Escritura para 
demostrarlo. Bajo el gobierno de Samuel, último 
de los mandatarios republicanos, el Senado is- 
raelita (Consejo de los Ancianos) reunido en Ra- 
matha, exijió del viejo gobernante que formulase 
las bases de un gobierno monárquico, por ser 
esos los deseos del pueblo. Samuel á quien dis- 
gustaba la petición, respondió á los Ancianos: 
«Vosotros queréis un rey, pero no habéis pensa- 
do en los peligros que tal mudanza traerá á la 
Nación, ni en las humillaciones que costará á 
cada uno de sus miembros. Escuchad lo que hará 
el rey que os mande. Tomará vuestros hijos y 
los pondrá en sus carros, y los hará sus guar- 
dias de á caballo, y que corran delante de sus co- 
ches. Y los hará sus tribunos y centuriones, y la- 
bradores de sus campos , y segadores de sus 
mieses,y que fabriquen sus armas y carros. Hará 
también á vuestras hijas sus perfumeras, sus co- 
cineras y panaderas. Tomará asi mismo lo me- 
jor de vuestros campos y viñas y olivares, y los 
dará á sus siervos. Y diezmará vuestras mieses, 
y los esquilmos de las viñas, para darlo á sus eu- 
nucos y criados. Tomará también vuestros sier- 



Comentadores de la Constitución 403 

vos y siervas, y mozos mas robustos, y vuestros 
asnos, y los aplicará á su labor. Diezmará asi 
mismo vuestros rebaños, y vosotros seréis sus 
siervos. Y clamareis aquel dia á causa de vuestro 
rey que os habéis elejido : y no os oirá el Señor 
en aquel dia, porque pedisteis tener un rey. (i)» 
Apesar de la energia de este discurso, insistieron 
los Ancianos^ y entonces Samuel les pidió que se 
retirasen hasta una ocasión inmediata, en que les 
convocaría junto con el pueblo, para deliberar 
sobre el cambio de la forma de gobierno. La con- 
vocatoria tuvo lugar en el campo de Maspha, y 
allí se elijió rey á Saúl, en medio de los vítores 
de la muchedumbre. Seguidamente declaró Sa- 
muel la ley del reino, la escribió en un libro, y 
con aprobación de todos, la depositó en el tem- 
plo para que sirviera de norte y guia á los proce- 
deres del gobernante y del pueblo. 

Si esto no es una sanción correcta y completa 
de la doctrina de la soberanía popular, no sabe- 
mos cuál podría llamarse así. El pueblo israelita 
en sus tiempos primitivos, había huido de Egipto 
y trasladadose al Canaan, para conquistar un do- 
minio independiente. Establecido allí , adoptó 
una lejislacion y designó los majistrados que de- 
bían gobernarle con acuerdo á ella. Mas tarde 
cambió su sistema de gobierno republicano, por 
el de la monarquía hereditaria , siguiendo los 
trámites mas regulares á ese fin. De modo que 
en aquel pueblo, gobernantes y gobernados te- 
nían conciencia plena de sus deberes y de sus de- 

(i) I. Reyes, viii-x. 



404 Estudios Constitucionales 

rechos, sabiendo los unos que poseían por dele- 
gación el ejercicio de la soberanía, y conociendo 
los otros que la delegación de ese ejercicio podian 
hacerla ó revindicarla cuando se justificase su 
necesidad. Esto, por lo que corresponde á los 
tiempos bíblicos. 

En cuanto á los tiempos mas próximos de 
nosotros, pueden citarse como depositarios con- 
cientes de la doctrina, á los Campos de Mayo en 
Francia, asambleas populares que desde los ger- 
manos hasta el gobierno de Cario Magno, dicta- 
ban leyes y elejian y deponían reyes. Puede ci- 
tarse también la reunión del campo de Runne- 
mede en Inglaterra, donde los obispos y barones 
congregados á la voz del arzobispo Langton arran- 
caron al rey la Magna Carta, ¿ Como se atrevió á 
afirmar entonces el Dr. Ramírez delante de sus 
discípulos, que la doctrina de la soberanía del 
pueblo no remonta mas allá de la Reforma, inci- 
diendo todavía en el error de señalar á los Es- 
t nardos como causantes de la proclamación de 
esa doctrina política en Inglaterra ? Si los israe- 
litas desde el año i68o(antesde J.C.) tenían sancio- 
nada y practicaban en todo su esplendor la doc- 
trina de la soberanía popular ; si los francos y 
germanos de nuestra Era la hacían florecer en sus 
Campos de Mayo hasta el siglo ix ; y si los ingle- 
ses desde el año 121 5 habían obtenido de Juan 
Sin Tierra por un acto de soberanía la pro- 
mulgación de la Carta Magna ¿ como no ha de 
remontar la doctrina de la soberanía popular en 
el mundo, mas allá de la Reforma, y en Inglate- 
rra mas allá de los Estuardos? 



Comentadores de' la Constitución 405 

Y aquí debemos hacer una reflexión que con- 
viene á las circunstancias. El Dr. Ramírez ha 
afirmado que uno de los grandes beneficios traí- 
dos al mundo por la Reforma con su libre examen, 
fué el de establecer los vínculos entre la persona- 
lidad humana y la divina por el testimonio indivi- 
dual de la razón ; y le hemos contestado que esa 
conquista no pertenece á la Reforma, sino que es 
un dogma católico cuya existencia constituye par- 
te integral de la doctrina de la Iglesia, desde los 
tiempos mas remotos. Ahora nos presenta el Dr. 
Ramírez á la Reforma, creando la doctrina de la 
soberanía popular ; y le demostramos con los 
hechos, que esa doctrina emana de la Biblia, y ha 
sido perseverantemente sostenida en lo antiguo 
por los israelitas, y en lo moderno por todos los 
pueblos católicos. Luego pues, si la Reforma no 
ha hecho adelantar un paso á la humanidad en el 
orden de sus relaciones con Dios, ni la ha hecho 
adelantar un paso en el orden de sus relaciones 
con el poder político ¿ que es lo que ha hecho esa 
Reforma para que se decanten tan estruendosa- 
mente sus beneficios? Lo que ha hecho es calum- 
niar á la Iglesia, para sacudir con subterfüjios el 
yugo de la ley eterna. 

A la Reforma se debe, entre otras maldades, 
la miserable invención atribuida al catolicismo 
sobre el derecho divino de los reyes, doctrina que 
jamas ha profesado ni puede profesar la Iglesia, 
en el sentido en que la plantean sus detractores. 
Porque la Iglesia cree y profesa, que el principio 
de autoridad es divino, como todos los princi- 
pios, pues emanan del mismo Dios, pero nunca 



4o6 Estudios Constitucionales 

ha creído ni profesado, que sean divinos ios re- 
yes ni cualesquiera otros mandatarios, cuya con- 
dición de hombres les hace esencialmente igua- 
les á los demás. El concepto católico del gobier- 
no, en su espresion mas levantada, lo ha esplicado 
Santo Tomas con las siguientes palabras : « En 
el gobierno hay dos cosas : el concepto esencial 
del gobierno, que es la providencia misma, y su 
ejecución. Por lo que hace á lo esencial del go- 
bierno, Dios gobierna inmediatamente todas las 
cosas; pero en lo concerniente á la ejecución de es- 
te gobierno. Dios gobierna algunas cosas por otras 
intermedias.» Mas adelante, reforzando esta doc- 
trina, agrega: « Si solo Dios gobernase, las criatu- 
ras serian privadas de la dignidad de causa.» Y por 
último, combatiendo el argumento de Aristóteles 
en favor del gobierno despótico, sobre valer más, 
que una cosa sea hecha por uno que por muchos, 
contesta el santo Doctor : « No se haria mejor el 
todo por uno solo, que por muchos (i). » He aquí 
pues, como la Iglesia católica por boca de uno de 
sus doctores, levanta la doctrina de la responsa- 
bilidad personal de los mandatarios, sanciona la 
intervención necesaria de los pueblos en sus pro- 
pios negocios, y condena el despotismo. 

Pasemos á la ^.^ y última sección de nuestra 
crítica, que abraza todo lo relativo á los derechos 
individuales. Para mejor intelijéncia del debate, 
conviene precisar los términos en que el Dr. Ra- 
mírez plantea la cuestión, y la deducción que 
hace de sus propias premisas : « Los derechos 

(i) Suma Teolójica—tom. i. Cuest. ciii. art. vi. 



Comentadores de la Constitución 407 

individuales — dice — son el atributo primordial de 
la personalidad humana, el mas sagrado patri- 
monio de los individuos, y el hombre no puede 
irresistiblemente buscar la sociedad para abdicar 
ese atributo, para dilapidar ese patrimonio. La 
sociedad no puede ser sino un estado en que el 
hombre obtenga la mas amplia consagración de 
sus atributos, la mas segura posesión de su pa- 
trimonio. La cuestión- de los derechos individua- 
les, es la cuestión fundamental de la ciencia cons- 
titucional y política . Cuando queramos saber 
hasta donde un pueblo es libre, hasta qué punto 
se encuentra regularmente gobernado, lo prime- 
ro que debemos examinar no es la organización 
délos poderes, ni su'oríjen, ni su composición, 
sino la esfera de acción que se ha dejado al desa- 
rrollo de la actividad humana, al ejercicio lejitimo 
de las facultades del hombre. (Conf. x). » 

Planteada la cuestión de esta manera, sus con- 
secuencias conducen inevitablemente á la san- 
ción de la anarquía ó del despotismo. El ideal de 
los anarquistas de todas las épocas no es otro, que 
establecer un individualismo absoluto, dentro 
del cual puede cada uno hacer lo que quiera, 
sin cuidarse de formas de gobierno, ni acatar le- 
yes escritas ; y el ideal de todas las tiranías, es 
que el pueblo no se ocupe de ellas ni de lo que 
hacen. Tan cierto es esto, que el mismo Dr. Ra- 
mírez lo reconoce, en la pajina siguiente al pá- 
rrafo que acabamos de trascribir , diciendo : 
« Durante los últimos años se ha manifestado en 
Europa, una reacción notable, contra la suprema 
importancia que todos los pueblos de la tierra y en 



4o8 Estudios Constitucionales 

todas las épocas de la historia se ha dado á la li- 
bertad política. ¿ Que importa la forma de go 
gierno, que importa la persona á quien la autori- 
dad está confiada, si se deja á cada hombre el 
ejercicio de todos sus derechos naturales ? Pida- 
mos al poder esos derechos y dejémosle tranqui- 
lo en sus funciones.... Así han doctrinado duran- 
te veinte años los liberales franceses que se aco- 
modaban á las formas absolutas del Imperio, y 
bien se vé que su amor á los derechos individua- 
les, no era mas que la máscara con que se encu- 
bría su traición al derecho de los pueblos. » 

Esta contradicción del comentador es nuestra 
prueba perentoria. El Dr. Ramírez declara neta- 
mente, que para cerciorarse del grado de liber- 
tad que alcanza un pueblo, no hay que tomar en 
cuenta la organización de los poderes, ni su ori- 
jen, ni su composición, sino la suma de derechos 
individuales que ese pueblo goza : y seguida- 
metí te afirma, que los liberales franceses traicio- 
naban el derecho de los pueblos, porque sin cui- 
darse de la forma de gobierno, ni su oríjen, ni la 
composición de los poderes, defendían bajo el 
Imperio los derechos individuales. Declara asi 
mismo, que en todos los pueblos de la tierra y en 
todas las épocas de la historia, se ha dado una su- 
prema importancia á la libertad política ; y ante- 
riormente había declarado (Conf. i.*),que la Edad 
Antigua así como la Edad Media, no son mas que 
estaciones del Calvario recorrido por la humani- 
dad antes de trasformarse en los eternos resplan- 
dores de la democracia y la república. Y por 
último, después de haber declarado (Conf. viii) 



Comentadores de la Constitución 409 

que el derecho individual está limitado por el de- 
recho individual y por el derecho social; no vaci- 
la en decir ahora, que los derechos individuales 
son el atributo primordial de la sociedad huma- 
na, el mas sagrado patrimonio de los individuos, 
y que el hombre no puede irresistiblemente bus- 
car la sociedad para abdicar ese atributo, para 
dilapidar ese patrimonio. 

Si el Dr. Ramírez hubiese querido engolfarse 
menos en las controversias de los autores que 
cita, y hubiera fiado la solución del punto á sus 
propias fuerzas, de seguro que la claridad de su 
talento le habría dado la clave del enigma. Desde 
luego se habría apercibido, que la sociedad, no 
por ser un hecho natural ha dejado de ser un he- 
cho progresivo, y que en esa virtud, las exijéncias 
mutuas de los hombres fueron sucesivamente re- 
clamando concesiones mutuas también. Acep- 
tando como él acepta que la libertad y la autori- 
dad coexisten desde el primer momento, hubiera- 
le sido muy fácil echar una mirada retrospectiva 
sobre su propio país, y seguir prácticamente los 
progresos de esa doble coexistencia. Entonces 
habría visto al salvaje charrúa, sin mas ley que los 
fueros de su individualismo, correr desnudo por 
los campos, fiando el sustento diario de los suyos 
á su propia destreza, la seguridad personal á sus 
armas, la investidura de los mandos militares á 
su voto, y á sus caprichos toda obediencia que 
pudiera obligarle con otro hombre. Después ha- 
bría visto á ese mismo guerrero intratable luchan- 
do contra la civilización española de la cual fué 
alternativamente vencedor y vencido, pero res- 



4IO Estudios Constitucionales 

tringiendo ya sus pretensiones con la busca de 
alianzas, con la obediencia regular á las autorida- 
des propias, y con una tendencia mayor al tráfico 
comercial que antes despreciaba. Por último, le 
habría visto aceptar la civilización cristiana, cam- 
biando la facultad de andar desnudo por la obli- 
gación de vestirse, la facultad de vivir con mas de 
una mujer por la obligación de casarse sacramen- 
talmente, la facultad de dirimir á bofetadas sus 
contiendas personales por la sumisión á la justi- 
cia organizada, el derecho de votar un gefe en 
tiempos de guerra por la obligación de someterse 
á las autoridades legales permanentes, el derecho 
de plantar su toldo donde quisiese por la obliga- 
ción de respetar los parajes cercados y los cami- 
nos públicos, y el derecho de trabajar cuando se 
le antojare por el de trabajar metódicamente en 
el cultivo de una heredad ñja. Todo lo cual impli- 
ca la renuncia del hombre charrúa á una parte 
de sus primitivas libertades, para obtener los be- 
neficios de la civilización. 

Al citar á los aboríjenes uruguayos, lo. hace- 
mos en obsequio á la claridad del argumento y 
no porque ellos constituyan una escepcion. Los 
demás pueblos del mundo llegaron por las mis- 
mas vias á idéntico resultado. En presencia de 
esta verdad, consideramos falsa la doctrina enun- 
ciada por el Dr. Ramírez, cuando dice : «El hom- 
bre y la sociedad son contemporáneos ; la liber- 
tad y la autoridad coexisten desde el primer mo- 
mento. El hombre no sacrifica para entrar en la 
sociedad una parte del derecho ilimitado, que no 
tiene, ni la sociedad ejerce sobre los hombres un 



Comentadores de la Constitución 411 

poder ilimitado que tampoco tiene.» Replicamos: 
el hombre y la familia son contemporáneos, es 
decir, el individuo y la sociedad doméstica. La 
familia primitiva, sin mas autoridad que su ge- 
fe, gozaba libertades que no tenían otro contra- 
peso que las leyes naturales. El primer sacrificio 
de esas libertades se hizo para formar la tribu, 
(Abraham); mas tarde se hicieron nuevos sacrifi- 
cios para formar de la reunión de tribus una na- 
ción (Moysés) ; y por último, formada la nación y 
declarada su soberanía, dimitieron todos los ge- 
fes de tribu la facultad de administrar privada- 
mente el culto relijioso, constituyéndose el culto 
público común (Aaron). Asi se complementó esa 
conglomeración indisoluble de la sociedad do- 
méstica, la sociedad civil y la sociedad relijiosa, 
ó sea la Familia, el Estado y la Iglesia, que son 
los tres términos de la ecuación social definitiva 
(S=F-I-E-M.) 

El hombre tuvo pues, derechos, sino ilimita- 
dos, á lo menos muy superiores á los que hoy 
' goza ; y la sociedad tiene un poder superior al 
hombre, el poder de la cohesión implacable, por- 
que el ser humano no puede vivir ni ha vivido 
nunca solitario. Para demostrar que el hombre ha 
renunciado grandes derechos, basta fijarse que 
en su estado primitivo era á la vez gefe de famir 
lia, caudillo militar y sacerdote; que mas tarde 
renunció el mando de las armas para delegarlo 
en un gefe común ; que luego abandonó la supe- 
rintendencia del culto para delegarlo en el pon- 
tífice ; y que todavía accedió á renunciar la tutela 
de sus hijos cuando la mayoridad les hiciese ap- 



412 Estudios Constitucionales 

tos para manejarse por si mismos. Y para de- 
mostrar que la sociedad ha ido creciendo en po- 
der hasta imponerse sin réplica á los individuos, 
sobra con tener en cuenta que ha recojido las de- 
legaciones parciales de cada uno, para constituir 
con ellts la trilojia que constituye su conglome- 
ración homojénea ; realizando una vez más la 
afirmación divina de que el hombre es imájen y 
semejanza de Dios, cuya Trinidad remeda en si 
mismo, en la disposición de sus afectos y hasta 
en la absorción de los elementos que le dan vida; 
porque tres son sus condiciones propias (inteli- 
jéncia, sensibilidad y voluntad), tres son los ele- 
mentos constitutivos de la sociedad ( Familia, 
Estado é Iglesia), tres son las ramas en que se 
divide el poder público (lejislativo, ejecutivo y ju- 
dicial), y tres son los componentes del aire res- 
pirable (oxijeno, hidrójeno y ázoe). 

Por medio de estos raciocinios tan simples 
como todo lo que es verdadero, habría dado el 
Dr. Ramirez una base mas sólida á su doctrina 
de que la sociedad es un hecho natural y la auto- 
ridad un principio inmutable, y habría llegado 
sin contradecirse á la conclusión de que el dere- 
cho individual está limitado por el derecho indi- 
vidual y por el derecho social. Porque entonces 
habría exhibido á la sociedad en sus formas rudi- 
mentarias pero coexistiendo siempre con la au- 
toridad, y encaminándose ambas, por recipro- 
cas concesiones, á establecer esos límites necesa- 
rios entre un individuo y otro, y entre el Estado 
y el individuo, que forman la trama en que repo- 
sa la libertad común. El olvido de precedentes 



Comentadores de la Constitución 41 j 

tan elementales, es lo que coloca á nuestro co- 
mentador en la situación vidriosa de pedir que 
las sociedades civilizadas, concedan á cada indi- 
viduo una suma de derechos que en parte está 
renunciada á cambio de una suma de beneficios 
equivalentes. 

Concluyamos esta parte de nuestra crítica, ma- 
nifestando, que entendemos por derechos indi- 
viduales aquellos que los hombres se reservan 
bajo todas las lejislaciones civilizadas y que pue- 
den ejercer sin mengua de la autoridad pública y 
sin daño de sus semejantes. Esos derechos son, 
la vida, la propiedad, la libertad y el decoro per- 
sonal, habiendo nuestra Constitución previsto 
ampliamente á garantirlos, por mas que el Dr. 
Ramírez diga lo contrario. Y conocidas como son 
las premisas en que reposa la enseñanza constitu- 
cional del comentador, nos parece innecesario 
seguirle en los argumentos de detalle sobre éste y 
los anteriores tópicos discutidos, pues caeríamos 
en una reproducción enojosa. Basta á nuestro 
propósito, haber puesto en evidencia los funda- 
mentos de la doctrina del maestro ; porque de- 
biendo encontrarla mas tarde sazonada en el áni- 
mo de sus discípulos, podrá juzgar el lector por 
sí mismo cual sea el fruto de esa enseñanza, pro- 
pagada en los libros y tratados que todavía debe- 
mos pasar en revista. De seguro que si el Dr. 
Ramírez no se hubiera distinguido con otros ser- 
vicios al país que su Curso de Derecho constitu- 
cional, muchas y graves serian las inculpaciones 
que pudieran hacérsele, pero trabajos posterio- 
res de verdadera reparación nacional, atenúan 



414 Estudios Constitucionales 

sus faltas juveniles, y dejan entrever la esperanza 
de que correjirá, cuando menos, muchas de sus 
fórmulas, tan nocivas en caso de hacerse prácti- 
cas, para la nacionalidad cuyas glorias y destinos 
ha defendido él con gallardia, y sin escusar com- 
promisos ni tener en cuenta vinculaciones po- 
líticas. 

Luego que el Dr. Ramírez abandonó su aula, 
detúvose el movimiento de propaganda metódica 
sobre materias constitucionales ; porque habien 
do coincidido aquel abandono con la desaparición 
de La Bandera Radical, careció de órgano propio 
la nueva escuela. En la Revista político-literaria 
citada, podia verse ya como iba fructificando la 
semilla de aquella enseñanza, pues á raíz de las 
lucubraciones del maestro, salían á luz los ensa- 
yos de los discípulos. Pero mucho mayores fue- 
ron los progresos realizados por la doctrina, en 
el tiempo posterior que medió entre su incuba- 
ción silenciosa y la aparición de los primeros li- 
bros de sus adeptos. Entonces sí que los estragos 
se sucedieron sin interrupción. Entonces fué que 
tomando carta de naturalización en los puestos 
públicos, se hizo dueña de la educación común, 
y propagó dogmáticamente sus principios. La 
batalla inicial había sido presentada con ciertos 
miramientos, puesto que en el programa de com- 
bate se afectaba atacar todas las relijiones posi- 
tivas en prenda de imparcialidad, y se hablaba de 
las libertades públicas como testimonio de fé en 
las instituciones republicanas. Pero una vez rota 
la linea y adquiridas las posiciones mas valiosas, 
cambióse de táctica, según va á verse. 



Comentadores de la Constitución 415 

En 1877, bajo el título de Principios elementales 
de gobierno propio, daba á luz el Dr. D. José María 
Vidal, joven de veintidós años, un comentárío de 
la Constitución para uso de las escuelas, que ha- 
bla compuesto á los veinte. Ni la edad del autor, 
ni el medio social en que vivia, eran apropiados 
para ayudarle á reivindicar una serenidad de jui- 
cio, que la enseñanza universitaria mezclada á 
las disensiones civiles en boga, habian amengua- 
do de antemano ; pero eso mismo es un dato 
concluyente para juzgar del estado de ánimo en 
que deja á sus catecúmenos la enseñanza univer- 
sitaria cuando brilla en toda su lozania. Miembro 
de la escuela radical, cuyo concepto de la libertad 
ha sido emitido en este aforismo: «seremos libres, 
el dia en que podamos hacer lo que queramos,» 
el Dr. Vidal asentaba sobre semejante premisa 
toda su argumentación, encontrando por lo tanto 
estrechos y sofocantes, los preceptos constitucio- 
nales restrictivos del individualismo crudo que 
solo se concibe subiendo hasta el dia anterior á 
la formación de la sociedad salvaje ; lo que le obli- 
gaba á conceder, como medio de enfrenar seme- 
jante barbarie, las mas discrecionales facultades 
á la autoridad política. 

Con gran pompa, sinembargo, fué festejada la 
aparición de este libro, por los que tenían y tie- 
nen aun desde hace diez años, la superintenden- 
cia dictatorial de la enseñanza. Don José Pedro 
Várela dijo, que la obra no tenia rival en castella- 
no, siendo dudoso que lo encontrase en el estran- 
gero : y la Dirección de Instrucción pública, pre- 
vio un informe encomiástico, la aceptó como texto 



4i6 Estudios Constitucionales 

escolar. De esta manera empezó la consagración 
y difusión entre la infancia, de las teorías disol- 
ventes que hasta entonces no habían salido del 
dominio de la cátedra, precipitándose así un des- 
quicio que la reflexión no ha sido parte á conte- 
ner, ni la esperiencia á dejar aquilatado. Porque 
siendo maleados á la vez los niños y los jóvenes, 
no ha habido cabida entre ellos para la formación 
de un grupo intermedio , cuya imparcialidad 
propendiese á correjir las exajeraciones de una 
doctrina recibida como la última palabra de la 
ciencia. 

Por demás está decir, que perteneciendo á tal 
escuela y educado en tales antecedentes académi- 
cos, para el autor de los Principios elementales de 
gobierno propio, la soberanía popular es un dere- 
cho, y el gobierno un negocio de todos. Con el 
fin de comprobarlo, dice en el capítulo iii : « El 
derecho del pueblo para gobernarse á sí mismo, 
dándose una Constitución y nombrando sus em- 
pleados, se llama soberania. » Y luego agrega : 
« Gobernándose á sí mismo el pueblo, por medio 
de sus empleados, dirije sus propios negocios 
como cualquier comerciante ; con esta diferen- 
cia : los negocios del comerciante consisten en 
comprar y vender toda clase de obgetos ; en tra- 
bajar con el fin de aumentar sus riquezas ; — los 
negocios del pueblo, que están á cargo del gobierno, 
consisten en cuidar esas riquezas; en dejar que 
tanto el comerciante como los demás hombres 
trabajen libremente ; en conservar la paz ; en 
garantir la libertad y la vida. » De lo cual se infie- 
re, que el autor trazando este pasaje, ha sido tan 



Comentadores de la Constitución 417 

infortunado en sus definiciones como en sus sí- 
miles; pues ha tenido que dar de la soberanía 
una esplicacion condicional que la restringe hasta 
hacerla inherente á una sola forma de gobierno, 
y ha debido rebajar la autoridad hasta el nivel de 
un negocio comercial á cargo de terceras per- 
sonas. 

Una y otra conclusión, están reñidas con la ver- 
dadera doctrina republicana. Según ella, la sobe- 
rania popular consiste en la facultad que tiene 
el pueblo de darse las formas de gobierno que 
mas le convengan, designando las personas en 
quienes ha de residir la autoridad. Asi pues, lo 
mismo en Rusia que en la China, en los Estados 
Unidos como en Francia, siendo el gobierno im- 
perante un gobierno nacional, es decir, un go- 
bierno constituido por los hijos de la tierra y 
destinado á garantir la independencia déla tierra, 
es un gobierno soberano, y representa la espre- 
sion de los deseos, manifestados al constituirlo. 
O en otras palabras, siendo la forma de gobierno 
privativa de los hijos de la tierra, su manifesta- 
ción esterior — monárquica, republicana ó aristo- 
crática — es una forma soberana, desde que es to- 
lerada por la Nación y defiende su independencia. 
De modo que la soberanía no dá ni quita autori- 
dad á los gobiernos, sino que determina la forma 
en que han de ejercerla ; por lo cual es una con- 
dición necesaria á la vida independiente, y no un 
derecho que pueda renunciarse. 

Ahora, en cuanto á la autoridad en sí misma, 
ella no puede ser conferida por ningún hombre, 
ni por todos los hombres juntos, sin manifiesta 



27 



41 8 Estudios Constitucionales 

usurpación y nulidad. Siendo las almas esencial- 
mente iguales, nadie ha nacido superior á otro 
en cuanto hombre, ni puede exhibir títulos que 
le autoricen á ejercer dominio sobre los demás. 
Y como la autoridad manifiesta esos caracteres, 
invistiendo á unos con el dominio y obligando á 
otros á la obediencia, se sigue que ella debe venir 
de un ser superior á los hombres, debe venir de 
Dios, que es quien únicamente puede imponerla. 
A no ser asi, la sociedad resultaría una agrupa- 
ción de siervos mandada por una minoría de ase- 
sinos, ¿ En nombre de que derecho, hombres 
iguales á nosotros, podrían imponernos tributos 
como lejisladores, ó dictar sentencias de muerte 
como jueces? Toda la entidad de la cuestión está 
en distinguir que la soberanía es la condición 
inherente á los pueblos autónomos para darse 
formas de gobierno ; mientras la autoridad es el 
título que faculta para mandar. 

Por lo tanto, no es la soberanía un derecho, 
pues carece del carácter de todo derecho que es 
ser renunciable, y ningún pueblo puede renun- 
ciar á la necesidad de darse una forma de gobier- 
no, cualquiera que ella sea. Menos puede admi- 
tirse que se adapte á una manifestación esclusi- 
va de esa necesidad formal, puesto que tan sobe- 
rano es el pueblo ruso con su gobierno autocrá- 
tico, como el pueblo yankee con sus amplias li- 
bertades. Pero ¿que podríamos decir, de la simi- 
litud atribuida á la autoridad política del gobier- 
no con la de un comerciante cualquiera ? La res- 
puesta la dá el mismo iniciador de la compara- 
ción, cuando dice: « Un comerciante compra y 



Comentadores de la Constitución 419 

vende toda clase de obgetos, y trabaja con el fin 
de aumentar sus riquezas. Un gobierno cuida la 
riqueza común, deja que el comerciante y los de- 
más hombres trabajen libremente, conserva la 
paz y garante la libertad y la vida. » De modo que 
el Dr. Vidal, planteando asi la cuestión, la ha re- 
suelto, pero en contra suya. Ni la soberanía es 
un derecho, ni el gobierno es un negocio. 

Ciertamente que los pueblos tienen un interés 
superior, en adquirir la condición soberana que 
les hace independientes. Cierto es también que 
el último ñn de esa independencia, debe ser el 
gobierno propio, que admite el voto directo de 
los ciudadanos para la composición del personal 
gobernante, y su voto indirecto ó pasivo para 
guiar el rumbo de la autoridad en la gestión de 
los negocios públicos. Pero ¿acaso se sigue de 
esto, que la mayor libertad popular, deba traer 
una depresión consiguiente de la autoridad polí- 
tica? Seria una prueba decisiva contra el gobier- 
no libre, la mera suposición del hecho, entendi- 
da como debe serlo la libertad, y colocado el go- 
bierno en la esfera de sus facultades estrictas. El 
principio de autoridad, á causa de ser principio^ 
permanece incólume bajo todas las formas políti- 
cas, que en resumen, no son otra cosa, que re- 
glas de conducta para los gobernantes. Quien 
dice República, dice división triple del poder so- 
cial y amovilidad consiguiente del personal que 
lo compone. Quien dice Monarquía, dice ocupa- 
ción á vida ú ocupación hereditaria del Ejecutivo, 
y amovilidad relativa de los otros poderes, si exis- 



420 Estudios Constitucionales 

len. Pero el derecho en virtud del cual arrancan 
todos ellos su facultad de mandar, el principio de 
autoridad, que antes de su investidura dejaba á 
sus miembros en una condición facultativa igual 
á todos los hombres, y que después de investi- 
dos les hace mas ó menos temporariamente su- 
periores á los demás hombres, ese, es siempre el 
mismo en todos los países y bajo todos los siste- 
mas de gobierno. 

Resbalándose por una pendiente tan inclinada, 
no podia el autor, apesar de todos sus esfuerzos, 
inhibirse de conceder al pueblo las facultades om- 
nímodas, que toda buena doctrina republicana 
le niega para librarse de dictaduras callejeras. 
Asi es que en el capítulo xxv, al abordar el tópi- 
co de la reforma de la Constitución, no vacila en 
decir lo siguiente : « Cuando ha trascurrido al- 
gún tiempo después de haber dictado la Consti- 
tución, suele pensar el pueblo, con mucho funda- 
mento, que esa Constitución no está bien hecha; 
que se equivocó al dictarla dando á sus gobernan- 
tes órdenes erradas^ 6 confiandoles demasiado po- 
der. Entonces dice el pueblo : mi Constitución 
no es buena; las órdenes dadas por medio de ella 
á mis gobernantes, no me gustan; quiero darles 
nuevas órdenes, quiero ser gobernado de otro 
modo mejor; quiero en fin, reformar mi Consti- 
tución. El pueblo puede hacer esto si le parece. 
Cualquier patrón tiene derecho de dar nuevas 
órdenes á su dependiente. No estaría el pueblo 
obligado á respetar la orden de una Constitución 
que dijese así : se prohibe reformar esta Consti- 



Comentadores de la Constitución 421 

tucion vieja, antes de haber pasado treinta ó cua- 
renta años, por ejemplo. Yo no hago caso de esa 
orden, podría decir el pueblo. » 

Apresurémonos á constatar, que en las propo- 
siciones trascritas, hay un ataque á la escuela li- 
beral y otro á la escuela conservadora. La escuela 
liberal, con Proudhon á la cabeza, ha declarado 
que después del criterio de Dios, no hay otro cri- 
terio infalible que el del pueblo ; y el señor Vidal 
lo niega, al admitir que el pueblo puede equivo- 
carse, dando á sus gobernantes órdenes erradas 
ó confiandoles demasiado poder. Por su parte la 
escuela conservadora, estatuye como principio 
político que los gobiernos son solidarios, y que 
las constituciones á cuyos preceptos ajustan su 
marcha, tienen la sanción popular previa y rijen 
hasta el momento en que, á virtud de sus dispo- 
siciones propias, deban ser reformadas ó abro- 
gadas; pero el señor Vidal también se alza contra 
este supuesto, diciendo que el pueblo puede, 
cuando le parezca, reformar su Constitución sin 
mas trámite. Asi pues, tenemos aquí, que el pue- 
blo se equivoca apesar de su infalibilidad, y se 
niega á si mismo cada vez que reconoce sus erro- 
res, rehusando cumplir las mismas órdenes que 
habia dado. Brava infalibilidad, y sobre todo, 
brava soberanía ! 

Paralelamente á este despotismo del pueblo, 
que se equivoca y se niega cuando quiere para 
mejor hacer lo que le parezca, consagra el señor 
Vidal el despotismo del Poder Ejecutivo, cuyas 
facultades define en estas palabras: «El Presi- 
dente tiene facultad de echar ^ cuando se le antojey 



422 Estudios Constitucionales 

á los ministros, gefes de policía, comisarios, ge- 
fes y oficiales de batallones etc., sin necesidad de 
dar cuenta á otros de semejantes cosas. Solo se 
esceptüan de esta regla, aquellos empleados muy 
inferiores, que pueden cumplir su deber aun 
cuando no sean amigos del Presidente, aun cuan- 
do ni siquiera le conozcan. A estos enipleados in- 
feriores solo se les puede echar del empleo, en 
caso de faltar á sus deberes (cap. xix). » Y pensar 
que esto se enseña en las escuelas ! 

De donde haya sacado el autor la fórmula legal 
de semejantes procederes, no lo sabemos, pero 
ciertamente no será de la Constitución uruguaya 
que los condena en absoluto. Nuestra Constitu- 
ción establece netamente la responsabilidad mi- 
nisterial, de tal modo, que si el Presidente (art.83) 
espide órdenes ó decretos sin la firma del minis- 
tro respectivo, nadie está obligado á obedecerle ; 
y los ministros á su vez, en confirmación de las 
graves responsabilidades propias é indeclinables 
que tienen (arts. 85-90), quedan sujetos á residen- 
cia por seis meses, concluido el desempeño de sus 
carteras respectivas. Bien que los ministros sean 
amovibles, no por eso deja de subsistir el precep- 
to que invalida todo decreto ü orden presiden- 
cial que no venga refrendada por secretario de 
Estado, y á virtud de ese precepto, en caso de ser 
destituido el ministerio todo, tiene el Presiden- 
te que apelar á los subsecretarios ü oficiales ma- 
yores, para que refrenden el decreto de destitu- 
ción. 4 Cómo se entenderá entonces, que el Presi- 
dente pueda echar, y pueda echar cuando se le 
antoje y pueda echar sin dar cuenta á otros, todo el 



Comentadores de la Constitución 423 



personal administrativo que está bajo su direc- 
ción í^ ¿ Y que nueva doctrina es esa que fluye de 
la anterior, y cuyo principio solo por escepcion 
admite que los empleados no sean amigos del 
Presidente, favoreciendo asi el nepotismo de un 
gobierno de íntimos^ cuya última conclusión seria 
el a j iota je político ? 

Los empleados de la Nación al servicio del Po- 
der Ejecutivo, que no necesitan ser amigos, ni 
parientes del gefe del Estado, se dividen por nues- 
tra Constitución en tres categorías : la primera, 
de empleados inamovibles (ministros diplomáti- 
cos y oficiales superiores del ejército y armada), 
cuyo nombramiento se hace recabando la autori- 
zación del Senado ; la segunda, de emipleados 
amovibles discrecionalmente ( ministros de Esta- 
do, gefes políticos y oficiales mayores ó subsecre- 
tarios); y la tercera, de empleados cuya inamovili- 
dad tiene una sanción lejislativa general, de modo 
que no interviene ninguna rama del Poder lejis- 
lador en su nombramiento. Para la destitución de 
la primera y tercera categoría, rije sinembargo el 
precepto constitucional (art. 81) que solo la per- 
mite en los casos de ineptitud, omisión ó delito, 
previo asentimiento del Senado en los dos prime- 
ros, y con remisión del espediente instruido á los 
tribunales en el último. Y para la destitución de 
los empleados discrecionalmente amovibles, se 
supone que ha de mediar siempre alguna causa 
basada en conveniencias serias, como ser el di- 
sentimiento de opiniones del Ministerio con el 
Presidente, si se trata de los ministros, ó la falta 
de confianza en la lealtad ó aptitudes de los demás 



424 Estudios Constitucionales 

subalternos, si se trata de los gefes políticos ü ofi- 
ciales mayores. 

No escapan á la acción protectora de las leyes, 
los empleados militares, por duro que sea el rigor 
de la disciplina. Un gefe de batallón ó un alférez,, 
no están á los antojos del Presidente, sino que 
ocupan sus puestos por méritos adquiridos, y no 
pueden ser echados de ellos á capricho. Deben 
mediar también causas de ineptitud, omisión 6 
delito,que determinen su expulsión; y aun cuando 
esas causas revisten mayor gravedad en el ejérci- 
to que en cualquier otro de los organisnos crea- 
dos para el servicio público, no por eso han de 
dejar de producirse si ha de ser justo el castigo. 
Esta es por lo menos la doctrina admitida en 
todas partes, asi en la tribu salvaje, donde el caci- 
que no destituye á sus capitanes sin causa impu- 
table, como en el ejército ruso, donde el empera- 
dor es gefe y padre de los soldados, gobernante y 
autócrata del pueblo. El Dr. Vidal, pues, al propo- 
ner á la infancia su Presidente-modelo y se ha que- 
dado mas abajo que los indios de la Pampa, y ha 
extremado tanto la autocracia del Ejecutivo, que 
hasta la terminolojía corriente ha sido alterada 
para hacer mas avasalladora su omnipotencia. El 
emperador de Rusia destituye, el Presidente uru- 
guayo echa á los empleados ; el emperador les. 
imputa previamente una falta, el Presidente los 
echa cuando se le antoja. 

Dados estos puntos esenciales del texto, ya se 
deja presumir lo restante. Seria pues inoficiosa 
entrar en mayores detalles, apuntando los errores 
de concepto que aparecen en muchas otras de 



Comentadores de la Constitución 425 

sus pajinas; pues si en lo fundamental se ense- 
ñan dislates tan grandes ¿á que detenerse á espo- 
ner la errónea interpretación dada en el capítu- 
lo XVI á los artículos 27 á 31 de la Constitución, 
sobre los senadores que salen á la suerte ; ni el 
mal entendido en que se basa la argumentación 
del capítulo xv, sobre el capital monetario exiji- 
do á los candidatos de representantes y senado- 
res ; ni la misma predisposición errónea del ca- 
pítulo IV sobre la ciudadanía y sus escepciones ; 
ni en fin, la definición del gobierno bueno, que 
empezando en las postrimerías del capítulo i 
ocupa además todo el siguiente ? 

Diremos para concluir toda observación sobre 
los Principios elementales de gobierno propio, que 
entre la enseñanza actual y la anterior, preferimos 
para nuestros niños la antigua ignorancia de las 
materias constitucionales, que nos los devolvía 
rudos pero hombres á la vida pública, aptos para 
ser un pueblo, y no preparados á darse amos en 
sus iguales. Porque si se les ha de enseñar la 
Constitución en el supuesto que ella sanciona el 
mas avasallador de los despotismos — el despotis- 
mo del capricho, la tiranía del antojo — vale mas 
que no se les enseñe nada, y conserven siquiera 
con los elementos de la educación relijiosa reci- 
bida en el hogar doméstico, la noción altísima de 
que no tienen mas amo que Dios, fuente de toda 
justicia y señor de todos los hombres. Cuando 
menos, de esa manera, quedaría asegurada la 
Nación contra futuras tiranias ; y los niños de 
hoy, en su conciencia cristiana encontrarían el 
fundamento de su libertad política. Que donde 



426 Estudios Constitucionales 

está Cristo, está la libertad, como dice S. Pablo. 

Mientras iban sazonándose en esta forma los 
frutos de la nueva escuela política aquí, despun- 
taba para nuestra Constitución un nuevo comen- 
tador en el estrangero. Llamábase — y se llama, 
• pues creemos que aun vive y se lo deseamos — 
D. Justo Arosemena, abogado de Colombia y de 
Chile, según rezan los dictados académicos que 
acompañan su nombre en la portada del libro á 
que nos estamos refiriendo. El titulo del libro ci- 
tado, es el de Estudios Constitucionales sobre los 
Gobiernos de la América latina, y la edición que te- 
nemos á la vista corresponde al año 1878, siendo 
2.' en el orden del tiraje, y muy mejorada en lo que 
respecta al contenido, como lo dice su mismo 
autor. Para complementar estos datos bibliográfi- 
cos añadiremos que la divisa de la obra es una 
sentencia de Macaulay concebida así : inThe essen- 
ce ofPolitics is compi'omise,^ con lo cual quedarán 
enterados los lectores. Si á esto se agrega, que el 
libro se divide en dos tomos de más de 500 paji- 
nas cada uno, y que el primero de ellos, del folio 
213 al 263 se ocupa esclusivamente del Uruguay, 
ya no habrá más que pedir. 

El señor Arosemena pertenece al número de 
los profetas políticos, que hemos prometido dis- 
tinguir del vulgo de ellos en el exordio de este 
estudio. Es profeta honrado, según se verá luego 
que entremos á tratarle. Su mania consiste en 
creer que ha llegado el fin del mundo para Méjico, 
la América Central y el Uruguay, pero espone con 
tanta moderación sus opiniones al respecto, y 
confiesa con tanta ingenuidad las veces que ha es- 



Comentadores de la Constitución 427 

perado lleno de terror el dia fijo de la catástrofe, 
que hasta dá ganas de no contradecirle. Es una 
especie de aberración á forma cronolójica, la que 
le embarga. Se diria que está asechando con el 
reló en la mano el cumplimiento de sus predic- 
ciones, y apenas le contradice el tiempo, ya se 
lanza á esplicar al mundo, como es el tiempo y 
no él, quien se ha equivocado. Precisamente el 
libro en cuestión, está escrito con ese propósito, 
pues su prefacio empieza del siguiente modo : 
« Agotada la primera edición de este libro, y 
animado por la acojida que le ha dispensado el 
publico, á quien se destinó, presentóle de nuevo 
después de haberle consagrado no pequeña la- 
bor. Juzgué al principio, que hallándose proba- 
blemente destinado Méjico y la América Central 
á caer dentro de la vorájine absorbente de la 
gran República del Norte, no importaba mucho 
á sus hermanos del Sur estudiar aquellos países 
como ramas de un mismo tronco. Exacto ó nó ese 
juicio, paréceme cierto ahora que esa trasforma- 
cion pide mayor tiempo que el computado &a.)> 
Esto es concluyente. 

Mas decidido, si cabe, se muestra todavía el 
Dr. Arosemena en lo que dice relación con el Uru- 
guay, cuya existencia dá por concluida. « Como 
toda creación de la diplomacia — dice, — la exis- 
tencia de la república uruguaya es una existencia 
artificial, débil y precaria, que no se consolida, ni 
responde á los fines de la vida independiente. Hijo 
de la transacción entre dos potencias que se lo 
disputaban, y de la intervención inglesa que solo 
busca paz y mercados, el Uruguay no ha podido 



428 Estudios Constitucionales 

tener, en la realidad, esa independencia nominal 
que le declaraba un simple tratado contra las 
exijéncias de la geografía y de la política. En efec- 
to, la política y la geografía piden que el Uruguay 
sea, ó argentino según su tradición y sus afinida- 
des, ó brasilero para afianzar la paz del Plata, 
dando al Imperio un límite natural, y una barre- 
ra contra futuras invasiones. » La idea del Dr. 
Arosemena no es nueva, y sus fundamentos tie- 
nen algún peso ; pero hay el pequeño inconve- 
niente de que los uruguayos se curan poco de la 
geografia y de la política. ¡ Hableles V. de geogra- 
fía á unos bárbaros, que en 1827 casi se meten 
por equivocación en Santa Catalina ! 

Eliminemos pues la discusión del remedio pro- 
puesto por el señor Arosemena, para decir algo 
sobre un error en que cae este caballero, apre- 
ciando las causas que deben haber obstado á que 
la reforma de nuestra Constitución política haya 
tenido lugar. Cree él, que esa reforma no se ha 
hecho, por dos motivos : ó por la indiferencia 
con que el pueblo mira una Constitución cons- 
tantemente violada por las facciones y los caudi- 
llos ; ó por el temor que los hombres políticos 
abrigan de que una reforma cualquiera, implique 
la revisión necesaria del Brasil y la República Ar- 
gentina, estipulada en la extinta Convención de 
Paz, Lo diremos para tranquilidad del señor Aro- 
semena : ni una ni otra cosa existen. El pueblo 
uruguayo no es indiferente á su Constitución, y 
los partidos tradicionales han hecho de ella siem- 
pre un programa de gobierno, hasta el punto 
que todas las inculpaciones que recíprocamente 



Comentadores de la Constitución 429 

se infieren, reposan en los agravios al espíritu 
y la letra constitucional. En cuanto á la refor- 
ma de la Constitución, ella se inició sin dar 
cuenta del caso á ningún poder estraño, por la 
II.* Lejislatura, y fué denegada por la i3.* á vir- 
tud de fundamentos puramente internos. Ya vé 
el señor Arosemena, que en este asunto, buscan- 
do las analojías se ha metido los dedos en los 
ojos. 

Y antes de entrar al fondo de la controversia 
que el autor de los Estudios constitucionales sobre 
los gobiernos de la América latina nos suscita con el 
análisis de nuestra Constitución, queremos des- 
impresionarle de ciertas cavilosidades que tiene 
respecto á nuestros hombres y sucesos del pasa- 
do. Le han informado mal al señor Arosemena, 
diciendole que Artigas era un gaucho bandolero 
precursor de Rosas; que por espíritu de anarquia 
y predominio hizo la guerra á Buenos Aires ; y 
que el Uruguay recibió en palmas á los portugue- 
ses en 1 81 7. El general Artigas no era un gaucho, 
ni menos un gaucho bandolero, sino que era un 
militar pundonoroso, descendiente de una fami- 
lia honrada de Montevideo, acostumbrado á ga- 
nar el pan con el sudor de su frente, y los ascen- 
sos militares con el crédito de sus servicios. 
Cuando en 181 1 se puso al frente de la Revolu- 
ción, cuya causa salvó en la jornada de las Pie- 
dras, llevaba el ánimo decidido de romper con 
España y fundar el gobierno republicano en el 
Rio de la Plata, y como las autoridades de Bue- 
nos Aires adoptasen un temperamento inverso y 
pusiesen por obra coronar en estos países un 



430 Estudios Constitucionales 

principe estrangero, Artigas rompió con ellas ha- 
ciéndoles la guerra para no entregar su patria á 
destinos tan míseros. Si hubiese tenido ideas de 
lucro, los españoles que le ofrecieron el título de 
brigadier y el comando de la campaña, podían 
haberle atraído á su causa. Fué pues, un motivo 
fundamental, el que empujó á Artigas á la gue- 
rra, y si el triunfo no le sonrió por el momento, 
la posteridad se lo ha dado con la sanción de 
sus ideas. 

En cuanto á los portugueses, no entraron ellos 
á Montevideo en 1817, sin haber pasado sobre los 
cadáveres de millares de uruguayos, como lo 
atestigua la resistencia que empezando en India 
Muerta y acabando en Catalán^ sembró de ruinas 
y destrozos el suelo de la patria. Jamás se ha sos- 
tenido con energía mayor una causa, que la que 
desplegó el Uruguay para salvar su independen- 
cia del dominio portugués, y bien que la fortuna 
de las armas le fuera adversa por entonces, mas 
tarde recompensó espléndidamente aquellos sa- 
crificios. Si el señor Arosemena al engolfarse en 
disquisiciones historiales para dar consistencia á 
sus comentarios, hubiese tenido á bien sacar de 
ellas la filosofía que arrojan, sin grande esfuerzo 
habría formado una opinión mas exacta de los 
hombres y las cosas concernientes á este país. De 
seguro que con mejores informaciones, su crite- 
rio respecto á nuestro pasado seria otro; mientras 
que con relación á lo presente, le hubiese bastado 
tomar el primer anuario de estadística de los que 
corren por el mundo, para cerciorarse que esta 
que él llama pequeña República absorbida por 



Comentadores de la Constitución 431 

poderes estrangeros, se gobierna de su propia 
voluntad desde el dia en que declaró su inde- 
pendencia, y no solo ha multiplicado por 25 su 
población de entonces, sino que ha conacionali- 
zado todos los progresos modernos, estableciendo 
grandes vias férreas y telegráficas que cruzan sus 
campos, poderosos astilleros, diques y estable- 
cimientos industriales que bordan las costas de 
sus rios, y notables creaciones arquitectónicas 
que embellecen sus florecientes ciudades. 

Vamos ahora al fondo del asunto. Tiene el Dr. 
Arosemena ideas peregrinas sóbrelas declaracio- 
nes que deben formar el texto de una Constitu- 
ción política. Para él, están demás en la nuestra, 
los artículos 2.° y 3.° que declaran la independen- 
cia nacional y escluyen la herencia patrimonial 
posible del poder público. También encuentra 
casi igualmente innecesario el artículo 13.° que 
declara la forma republicana de gobierno, pues 
«hacer uso de nomenclaturas, que al fin seria 
muy difícil definir, á nada bueno conduce, y 
puede suscitar discusiones sobre promesas que 
acaso no hayan querido hacerse por la Constitu- 
ción.» ¡Esta es la que nos faltaba! Si en la Cons- 
titución no se define la forma de gobierno de un 
país, y no se aclaran las condiciones generales 
en que los hombres pueden ser designados para 
el ejercicio de la autoridad ¿que es lo que va á 
decirse entonces? ¿A que número de discusiones 
subversivas sobre promesas recónditas, no daría 
lugar la Constitución que omitiese espresarse 
claramente sobre este punto capital de las cues- 
tiones políticas? 



432 Estudios Constitucionales 

Y prosigue el señor Arosemena: «Algo mas 
serio (¡ como si los otros fueran broma !) es el ar- 
ticulo 5.° que dice : la relijion del Estado es la ca- 
tólica, apostólica romana. Supone la necesidad de 
que el Estado tenga una relijion, y adopta, como 
es natural, la santa relijion de nuestros padres ; 
única cosa quizá que deseamos poseer en común 
con ellos, cuya justicia, cuya sinceridad, cuya be- 
nevolencia, cuya tolerancia y cuya ciencia, mos- 
tradas desde la conquista hasta el dia feliz en que 
su yugo sacudimos, no son ciertamente cosas 
que envidiamos.» El párrafo tiene su condimen- 
to satírico, pero eso no basta á ocultar su floje- 
dad como argumento. Desde luego, la Constitu- 
ción no supone que el Estado tenga necesidad de 
adoptar una relijion, sino que lo declara esplici- 
tamente. i Como iba á prescindir de hacerlo .> 
Cualquiera que sea la definición que se dé á la 
palabra Estado^ siempre entrará en ella el suben- 
tendido de que se trata de un conjunto de hom- 
bres, y no hay hombre alguno y mucho menos 
conjunto de ellos que no profese creencias reli- 
jiosas Si en España, por ejemplo, pudo hacer 
brecha el señor Castelar, dando como suyo aquel 
pseudo-argum^nto que Laboulaye pone en boca 
de uno de sus héroes de Paris en América, para 
argüir en la Constituyente, diciendo: «proponéis 
una relijion de Estado, pero ¿donde está el alma 
del Estado?» entre los Constituyentes urugua- 
yos, no llegó el candor á tan primorosas conclu- 
siones. Nuestros Constituyentes sabian, que Es- 
tado y conjunto de hombres son términos sinóni- 
mos, y que conjunto de hombres y conjunto de 



Comentadores de la Constitución 433 

ideas relijiosas, son de suyo espresiones tan inse- 
parables, que toda aclaración sobre ellas seria 
redundante. Fué necesario pues, declarar una 
Relijion de Estado, y se declaró la Católica, apos- 
tólica romana, que era y es aun, y seguirá sien- 
dolo, la Relijion de la inmensa mayoría de los 
habitantes del país. 

Ahora, en cuanto á lo que espresa el Dr. Aro- 
semena sobre que seria mas conveniente á los 
intereses materiales de la Iglesia, no tener atin- 
gencias con gobierno civil alguno, y buscar en 
la libertad absoluta el triunfo de sus doctri- 
nas, estamos conformes con él, y lo está la Igle- 
sia misma, pero se opone á tan bello ideal una 
cuestión de principios. La Iglesia sabe, como 
que tiene la certidumbre de ser la Verdad, que 
nada resiste á su propaganda y si no lo demos- 
trara así la lucha de tres siglos en las catacum- 
bas, lo harían palpable los progresos efectuados 
por el catolicismo en Inglaterra, Alemania, Aus- 
tralia y los Estados Unidos de América, durante 
el siglo actual. Pero si la Iglesia rechaza en prin- 
cipio la libertad absoluta de cultos, y solo se re- 
signa con ella, allí donde se le quiera oprimir 
como una dependencia del Estado, ó allí donde 
la luz de su doctrina no ha iluminado á las ma- 
yorías, es por un efecto de caridad y no por mi- 
ramiento á las conveniencias. El sentido común 
indica, que la proclamación de la libertad abso- 
luta de cultos, importa la declaración de que 
todos son iguales; siendo iguales todos, es indife- 
rente aceptarlos á todos ó no aceptar á ninguno. 
La proclamación de semejante libertad, es la pro- 

28 



434 Estudios Constitucionales 

clamacion del ateísmo, y la Iglesia, aceptándola, 
aceptaría la negación de sí propia. De ahí, que 
conociendo las ventajas que en cierto modo le 
proporcionaría una libertad absoluta de cultos, 
pues cuando menos habría de librarla de las per- 
secuciones oficiales, no sanciona su estableci- 
miento en principio, y prefiere devorar las amar- 
guras de una lucha constante, antes que abdicar 
su derecho inestinguible. 

En pos de la crítica á los preceptos constitu- 
cionales que declaran una Relijion de Estado, 
entra el autor en la que le sujieren los artícu- 
los 7.** á 12.** sobre la ciudadanía. Afirma el señor 
Arosemena que en esta palabra ha confundido 
nuestra Constitución dos cosas muy diferentes, 
á saber : la condición de nacional, con el goce de 
los derechos políticos. Debemos manifestar, em- 
pero, al distinguido comentador, que es una de 
tantas cavilosidades suyas esa supuesta confu- 
sión. Los derechos políticos, salvo el caso en que 
la Asamblea General los conceda por eminentes 
servicios, se adquieren en el Uruguay de dos 
modos : ó por nacimiento ó por petición. En el 
primer caso, Uámanse ciudadanos naturales los 
favorecidos, y pueden llegar hasta la presidencia 
de la República ; en el segundo caso, Uámanse 
ciudadanos legales, y aunque en aptitud de alcan- 
zar todos los puestos, no pueden ser presidentes, 
por grandes que sean sus méritos ó servicios. 
Los demás seres humanos que viven en el país, 
son designados con el nombre genérico de habi- 
tantes, y solo gozan del derecho común que tutela 
la propiedad, la vida, el trabajo y el decoro de 



Comentadores de la Constitución 435 

cada uno en cualquier país civilizado : y si por 
acaso toman personería en las luchas políticas, lo 
hacen á mero título de intromisión, y sin que 
nadie les reconozca formalmente una prerogativa 
que la ley les ha negado muchas veces. De ma- 
nera que la Constitución al distinguir claramente 
entre ciudadano y habitante no ha confundido la 
condición de nacional con el goce de los derechos 
políticos, sino que ha levantado la recta doctrina 
cuya moral establece, que en el terreno político 
los derechos y los deberes son términos correla- 
tivos, ó en otras palabras, que para gozar los 
beneficios inherentes á la gestión de la cosa pú- 
blica, deben aceptarse previamente las cargas 
que ella impone. 

La ciudadanía uruguaya es un título, y su ejer- 
cicio pide disposiciones especiales. La aptitud en 
que coloca al individuo dándole el doble voto ac- 
tivo y pasivo, ó sea la función de elector, la pre- 
rogativa de censor y el priviléjio de elejible, re- 
quiere una suma de condiciones morales y físi- 
cas que acrediten su capacidad al respecto. El 
mecanismo del gobierno reposa todo entero en 
esa capacidad, y por eso es que la Constitución 
ha sido tan exijente en este punto. No puede fiar- 
se la organización de un cuerpo de autoridad, ni 
menos librarse la crítica de sus actos, á personas 
irresponsables. El ciudadano uruguayo, natural 
ó legal, es elector y elejible, contribuyente ma- 
yor porque paga todos los impuestos y es ade- 
más soldado en tiempo de guerra, y factor per- 
manente del problema gubernamental en todos 
los tiempos. No sucede lo mismo con el simple 



436 Estudios Constitucionales 

habitante : á él solo le corresponde el pago de los 
impuestos y el respeto de las leyes que le atañen, 
en retribución de lo cual es tutelado en su vida, 
honor, propiedad y libertad personal. Asi pues, 
lo que la Constitución ha establecido en los ar- 
tículos criticados, es que la ciudadania se ad- 
quiere de un modo natural ó de un modo legal, 
y que mientras no se haya adquirido, ningún 
habitante del país tiene derechos políticos. 

Otro motivo de escándalo para nuestro comen- 
tador, es que la Constitución declare « que todo 
ciudadano es miembro de la soberanía de la Na- 
ción ». Parécele al Sr. Arosemena, que esto es el 
colmo de lo absurdo. « Comprendemos — dice — 
que un ciudadano sea miembro del Estado, como 
lo espresa el art. i.° de la Constitución oriental : 
porque el Estado es un cuerpo. Pero siendo la 
soberanía un derecho, ó si se quiere, una potes- 
tad, los ciudadanos serán depositarios ó partíci- 
pes suyos, no serán miembros. » Escusamos en- 
trar á la demostración de que la soberanía no es 
un derecho, pues ya hemos hablado de ello hasta 
la saciedad. Lo único que diremos en abono de 
nuestros Constituyentes, es que siendo sobera- 
nía nacional y Estado independiente, términos 
sinónimos, fué bien empleada lá frase que se cri- 
tica. La soberanía no es una abstracción, sino un 
hecho real. La constituyen todos los ciudadanos 
en aptitud de prestar su concurso personal ó 
moral á la cosa pública. Por consecuencia, todo 
ciudadano es miembro de la soberanía de la Na- 
ción, lo que vale decir en la República del Uru- 
guay y según la misma Constitución lo esplica, 



Comentadores de la Constitución 437 

que tienen voto activo y pasivo en todos los casos 
en que les corresponda delegar el ejercicio de la 
parte de soberania que les pertenece. No se ha 
constituido la Nación sin que cada uno de sus 
ciudadanos haya contribuido á conseguirlo; no 
se gobierna tampoco, sin que cada uno de ellos 
contribuya directa ó indirectamente á que los 
poderes públicos actúen. Se sigue pues de aquí, 
que la soberania es la asociación de todas las vo- 
luntades en el fin común de sostener una forma 
de gobierno, y elejir las personas adecuadas á 
conservarla. Y como no hay asociación sin aso- 
ciados, ó si se quiere, sociedad sin miembros, 
resulta que todo ciudadano es miembro de la so- 
berania de la Nación. 

A medida que tomamos cuenta de las obgecio- 
nes del señor Arosemena, nos persuadimos que 
no se ha penetrado del espíritu de nuestras dis- 
posiciones constitucionales, y muchas veces, no 
ha entendido su letra. Refiriéndose á la organi- 
zación del Cuerpo lejislativo en dos cámaras, 
cree nuestro comentador que la reunión de ellas 
en los casos previstos por los artículos 61 y 64, 
desvirtúa en gran parte los beneficios de la dua- 
lidad lejislativa; y aunque no lo propone acerti- 
vamente, deja traslucir su inclinación á que el 
Senado tuviera la última solución en los casos de 
discordancia. Pero nada habría mas pernicioso 
para la independencia de los poderes públicos 
que semejante proceder. El Senado tiene ya por 
sus propias facultades, una autoridad muy con- 
siderable, pues le pertenece exclusivamente con- 
ceder ó negar venia para la creación de oficiales 



438 Estudios Constitucionales 



superiores del ejército y la armada, concederla ó 
negarla asi mismo para el nombramiento de Mi- 
nistros diplomáticos, la iniciación de negociacio- 
nes internacionales, y la apertura de juicio públi- 
co á los acusados por la Cámara de Representan- 
tes. Si á estas facultades se agregara todavía, la 
de resolver sin apelación sobre el carácter defini- 
tivo de las leyes en los casos de disidencia, enton- 
ces seria el Senado una corporación dictatorial, 
y en vez de rama del Poder lejislativo se trasfor- 
maria en Poder supremo ante el cual habian de 
nulificarse todos los poderes. Volveríamos á los 
tiempos de Venécia, en que el Senado represen- 
taba la omnipotencia en su espresion política mas 
completa. Y es en vista de este peligro posible, 
que la Constitución uruguaya establece pruden- 
temente que los casos de disidencia sean resuel- 
tos en reunión de Cámaras, por una mayoría de 
dos terceras partes de sus miembros. 

Se alega que por ese temperamento constitu- 
cional, existe el riesgo de que no aviniéndose las 
opiniones para formar la mayoría de dos terce- 
ras partes, deba renunciarse á todo, cualquiera 
que sea la importancia de la ley en proyecto. No 
negamos que tal pueda suceder en casos deter- 
minados, pero con ser muy aleatorio que tales 
casos se den con frecuencia, ello no importaría 
otra cosa que uno de los tantos inconvenientes 
anexos á las disputas humanas. Toda solución 
librada á las mayorías, está implícitamente libra- 
da al acaso. De ahí provienen las dificultades del 
gobierno representativo, que siendo gobierno de 
discusión, admite tantos pareceres en el trámite 



Comentadores de la Constitución 439 

ordinario de los negocios, como personas toman 
parte en él. Pero si somos llamados á elejir, en- 
tre la sanción de una dictadura legal, ó el malo- 
gro posible de una ley importante, nos decidi- 
mos sin vacilar por este último inconveniente 
remediable, antes que aceptar aquel peligro per- 
manente y ominoso. Porque entre matar la inde- 
pendencia de los poderes públicos, en la cual 
estriba toda entera la garantia de la libertad, ó es- 
ponernos al fracaso de un proyecto que favorez- 
ca secundariamente á aquella, se plantea el eter- 
no problema de elejir entre dos males el menor, 
y aquí la elección no puede ser dudosa. Siendo la 
formación de las mayorías parlamentarias un he- 
cho accidental, es muy fácil que se obtenga de un 
año para otro el concurso que pueda haberle fal- 
tado en el periodo anterior á cualquier proyecto 
importante, y entonces, se habría remediado la 
dificultad; pero no siendo posible trasgredir los 
preceptos constitucionales cuya claridad es evi- 
dente, ni prestándose la Constitución á reformas 
diarias, es llano que la autoridad inapelable con- 
ferida al Senado, seria un manantial de trastor- 
nos sin fin; porque bástala misma reforma cons- 
titucional, estaría indefinidamente librada á la 
voluntad de aquel alto Cuerpo. 

Pasando del mecanismo de las cámaras á su 
composición interna, el Dr. Arosemena combate 
los requisitos exijidos por los artículos 24 y 30 de 
la Constitución á los candidatos para formar par- 
te del Cuerpo lejislativo, y se le antoja que son 
exajerados, sobre todo aquellos que determinan 
los años de residencia de los ciudadanos legales. 



440 Estudios Conslüucionales 



El comentador no se ha dado cuenta en este pun- 
to, de una cuestión capitalísima. En el Uruguay, 
la condición de elector supone la de elejible, y si 
no pueden ser electores los soldados rasos, los 
sirvientes á sueldo, los vagos y los viciosos, tam- 
poco pueden ser diputados los individuos cuyas 
calidades no sean una negación de esos defectos. 
De ahí que se exija á los candidatos un ejercicio 
previo de ciudadanía que abone su idoneidad 
política, y una pequeña renta que garanta su 
posibilidad de vivir decorosamente. Por lo que 
respecta á los senadores, siendo su elección in- 
directa, especial su representación y muy seña- 
ladas sus funciones esclusivas, deben dar garan- 
tías mayores al presentarse candidatos ; y si las 
que se piden al personal que les designa son es- 
cepcionales, no es justo que á ellos se les secues- 
tre á una relación equivalente. Creemos pues, 
que la Constitución ha hecho bien reforzando 
los requisitos para la senatura, y que ha obrado 
mejor todavía prohibiendo la reelección de los 
miembros del Senado hasta pasado un bienio, 
porque de otro modo perpetuarla su personal 
con peligro para el Estado. 

Ahora, por lo que mira á las restricciones de 
los artículos 25 y 31 que el señor Arosemena 
aplaude, nos parecen dignas de la mayor censu- 
ra. En nuestra opinión, los gefes superiores del 
ejército y armada, los ministros diplomáticos de 
primera clase y aun los individuos de las órde- 
nes relijiosas que hubiesen ejercitado su ciuda- 
danía, debían ser élejibles, pues de otro modo no 
comprendemos cómo pueda formarse una Re- 



Comentadores de la Constitución 441 

presentación Nacional, faltando los representan- 
tes de una parte considerable de la sociedad. El 
Cuerpo lejislativo, debe representar el conjunto 
de todas las fuerzas intelectuales, políticas é in- 
dustriales de la Nación, y toda vez que no lo re- 
presente, corre el riesgo de ser una entidad de 
banderia, destinada á buscar extra-oficialmente 
la influencia y el apoyo de que carece en su seno. 
Cuando pueden oirse todas las opiniones, medir- 
se y pesarse todos los argumentos atendibles, 
entonces la ley resulta clara, juiciosa y practica- 
ble; pero cuando faltan esos elementos para for- 
mar un criterio exacto de las cosas, se lejisla á 
tientas, y contando anticipadamente con antipa- 
tías invencibles. Aun el mismo consejo de la 
prensa y los consejos privados de los hombres 
idóneos, como que son irresponsables, no tienen 
el peso que hubieren menester, y hasta es seguro, 
que emitidos en el seno de las Cámaras por sus 
propios dueños, traerían mas reposo que aquel 
con que habitualmente los dan. 

Hablando siempre del Cuerpo lejislativo, inci- 
de nuestro comentador en otra apreciación erró- 
nea. Cree él, que los artículos 26 (inciso 2.°), 38 
y 39 de la Constitución, trasforman el Cuerpo le- 
jislativo en tribunal, y le facultan para dictar 
sentencia en los casos de traición, concusión, 
malversación de fondos, &a. que sean imputa- 
bles á los miembros de los Altos poderes. Si el 
Dr. Arosemena se hubiera penetrado mejor del 
espíritu que informa esos artículos, habría visto 
que en ellos solo se trata de suspender al acusado 
en el ejercicio de sus funciones, mientras los tri- 



442 Estudios Constitucionales 

banales preparan y deciden su fallo, el cual, sien- 
do favorable á la inocencia del presunto reo, le 
habilita para volver nuevamente á la posesión 
del cargo que tenia. Las buenas prácticas de go- 
bierno sancionan este proceder, pues de otro 
modo quedaría en pié un doble peligro: ó de que 
el acusado se prevaliese de su posición para elu- 
dir responsabilidades é imposibilitar el juicio ; ó 
el de que las oposiciones acusando sucesivamen- 
te á los dignatarios del Estado, les inutilizasen 
cada vez que contaran con medios para ello. 

A raiz de este punto, aborda el señor Aroseme- 
na la crítica sobre la organización del Poder eje- 
cutivo entre nosotros. No convenimos con él, en 
que la elección de Presidente de la República 
debe hacerse por voto popular, ó sea por coléjios 
electorales, porque después de haber madurado 
mucho esta idea á que en otro tiempo prestába- 
mos sanción, nos hemos convencido de su inefica- 
cia. Cuanto mas responsable es el elector, mayor 
condición de acierto supone en sus funciones, y 
no puede haber elector mas responsable que el 
mismo diputado. Se dirá que el esclusivismo de 
partido tendería á atemperarse, si en vez de ser 
los diputados electores de Presidente, fueran me- 
ramente lejisladores , porque entonces podría 
asegurarse una elección presidencial, sin contar 
con la composición interna del Cuerpo lejislativo; 
pero todo esto es ilusorio. Las candidaturas pre- 
sidenciales se imponen, mas que por la voluntad 
de los electores, por la fuerza de las cosas. Todo 
Presidente es el producto de una situación de- 
terminada, el representante de un conjunto de 



Comentadores de la Constitución 443 

intereses sociales y políticos cuyo predominio 
está en boga. Que se libre al voto popular, ó al 
voto indirecto de los diputados su elección, el re- 
sultado será siempre el mismo. Y suponiendo el 
caso de partidos sin freno, actuando para elejir 
un Presidente ¿ no es mejor que la corrupción se 
haga solo sentir en las altas esferas, y no que 
baje y trascienda hasta las últimas capas del 
cuerpo electoral inficionándolo de un modo in- 
curable ? 

Y lo que decimos del Presidente, decimos de 
los diputados. Cuando los partidos se empeñan 
y consiguen gobernar sin la tutela de la opinión, 
poco les importa entregar el Cuerpo lejislativo á 
los hombres mas despreciables, con tal que sean 
sus hechuras. Es clásico el ejemplo que cita Ma- 
caulay sobre el empleo permanente de los fondos 
secretos en la cámara de los Comunes de Inglate- 
rra, y está fresco aun el recuerdo de las últimas 
elecciones verificadas en Francia é Italia donde se 
invistió con el mandato de representantes á pre- 
sidarios y malvados. Si pues, tan pocos escrúpu- 
los tienen los partidos sin freno para organizar el 
personal gobernante ¿que valla les opondría una 
elección más, en el número de las que debieran 
verificar para alzarse con el mando ? El error de 
los que analizan superficialmente las cosas, está 
en suponer que los males se atajan por medio de 
combinaciones de ingenio. Las instituciones no 
serán nunca otra cosa que metal sonoro y címbalo 
retumbante, mientras los hombres que las perso- 
nifican y los partidos capaces de levantar esos 
hombres, no tengan la entereza de ánimo y la 



444 Estudios Constitucionales 

magnanimidad de corazón que hacen de la hon- 
radez un culto y del patriotismo una norma de 
conducta. Si queréis buenos diputados, formad 
con antelación buenos ciudadanos, sembrando 
en las escuelas la semilla de una moral enér- 
gica, y dejando en los puestos públicos el rastro 
de ejemplos dignos y de abnegaciones estimu- 
lantes. 

Disentidos con el señor Arosemena sobre la 
forma de elección de Presidente, no lo estamos 
menos en lo que respecta á los requisitos perso- 
nales exijidos al candidato. Nuestro comentador 
cree que es perjudicial exijirselos, pues se arries- 
ga á desheredar del puesto á los pobres cuyas 
aptitudes sean adecuadas á ocuparlo. Pensamos, 
con todo, que no puede prescindirse de lo que 
nuestra Constitución estatuye al respecto, pues 
para ser primer Majistrado de una Nación, no es 
mucho exijirle que tenga ciudadanía natural con 
siete años de ejercicio, 33 años de edad, y capital 
de diez mil pesos, ó profesión ó renta que lo re- 
presente. Haber llegado á la madurez del juicio, 
tener algunas pruebas rendidas en la vida públi- 
ca, y poseer una modestísima renta para sufra- 
gar las mas apremiantes necesidades de la exis- 
tencia, son cosas tan comunes, que pedir menos 
es entregarse en manos de los niños ó de los por- 
dioseros. Tampoco acompañamos al señor Aro- 
semena, en la facultad esclusiva de destituir em- 
pleados del Ejecutivo que él remite al Presiden- 
te en la creencia de que asi marcharía mejor la 
administración , pues siendo todo empleo una 
propiedad y no teniendo mejor medio el Presi- 



Comentadores de la Constitución 445 

dente para premiar á sus afectos que la distribu- 
ción de empleos, se espondria el personal admi- 
nistrativo á los vaivenes de la política. 

Respecto del Poder Judicial, discurre también 
nuestro comentador, pero con dudoso acierto, 
según pensamos. La organización de este Alto 
Poder entre nosotros, le merece dos obgeciones: 
I." que se exijen requisitos especiales para ocu- 
par las plazas de jueces, y 2.* que su cargo dura 
por el tiempo de su buena conducta^ o sea indefini- 
damente. «En ambos casos — agrega — nos halla- 
mos sostenidos por la Constitución suiza, que 
no requiere la condición de letrado ni aun para 
la majistratura del supremo tribunal federal, y 
que solo hace durar el cargo por tres años.» Di- 
sentimos completamente con el señor Aroseme- 
na en esta opinión, por mas que el apoyo de la 
Constitución suiza sea muy respetable para nos- 
otros. La inamovilidad de los jueces, es á nues- 
tro entender, la mas sólida garantia de su buena 
conducta. El juez reelejible, sean quienes fueran 
los sufragantes de su reelección, tiene que guar- 
dar miramientos inevitables á fin de conservarse 
en el puesto, ó no quiere guardar ninguno. Y en- 
tonces suceden de dos cosas, una : ó desempeña 
con laxitud su cargo, dada la circunstancia de 
que lo tiene á plazo fijo, ó se compromete en tra- 
bajos reñidos con la dignidad de la toga. La ina- 
movilidad elimina estos inconvenientes, trasfor- 
mandose en una doble defensa, pues amuralla al 
juez contra los desmanes de la sociedad, y prote- 
je á la sociedad de las intrigas eleccionarias ó de 
las indiferencias culpables del juez. 



44^ Estudios Constitucionales 

En materias de justicia, toda garantia es poca 
para salvaguardar la independencia del que la 
administra. Desde luego, debe tenerse presente, 
que en cada causa tiene el juez por enemigo suyo 
á la parte que es condenada. En seguida, debe 
recordarse también, que siendo el criterio legal 
muy distinto del criterio popular en las causas 
litijiosas, una mayoría de la sociedad estima in- 
justos las tres cuartas partes de los fallos judicia- 
les. Agrégase á esto, que la justicia, por su rigor 
tangible inspira una repulsión miedosa muy 
acentuada, y predispone los ánimos contra el 
Poder que fríamente aplica la parte mas dura de 
la ley. Reunidas pues, tantas circunstancias des- 
favorables ¿ que otra garantia tiene el juez que su 
inamovilidad ? ¿ Como se atrevería de otro modo 
á arriesgar su tranquilidad propia, si cuando me- 
nos no tuviera asegurada su posision ? Por otra 
parte, la inamovilidad que nuestra Constitución 
sanciona para los jueces, es puramente relativa, 
y dura por el tiempo de su buena conducta. Una 
vez que delincan, son acusables y punibles, á par 
de cualquier otro empleado superior. 

Nos haremos cargo de un último argumento 
del Dr. Arosemena respecto de los jueces. El cree 
que no debe preceptuarse que sean letrados, por- 
que «es tan natural que el nombramiento de juez 
recaiga en una persona entendida en la jurispru- 
dencia, como lo es, que la construcción de un 
edificio se encargue á un arquitecto.» Y adelan- 
tando este raciocinio, todavía agrega «el nom- 
bramiento de jueces debe recaer en quien se crea 
suficientemente hábil y recto, sin consideración 



Comentadores de la Constitución 447 

á engañosas y supérfluas abstracciones oficiales 
de idoneidad.» Sin que nosotros creamos que los 
abogados tengan una aptitud universal, nadie nos 
convencerá que no la tengan superior al vulgo, 
respecto de la jurisprudencia. Pueden haber es- 
cepciones, pero eso no hace más que confirmar 
la regla. La Constitución, pues, al señalar la con- 
dición de letrado con mayor ó menor ejercicio en 
el foro, para los miembros de la alta judicatura, 
ha procedido dentro de las conveniencias gene- 
ralmente adoptadas, designando para el servi- 
cio de ciertos empleos, á las personas cuya ido- 
neidad garante su mejor desempeño. No ha ha- 
bido en esto preferencias ni esclusivismos, pues 
al mismo tiempo, ha hecho libre la elección de los 
jueces de paz y ha establecido el jurado en las 
causas civiles y criminales, dejando asi en mino- 
ría el número de los jueces letrados, que no en- 
tienden en la iniciación de los pleitos, y que de- 
ben resolver las apelaciones con presencia de 
una mayoría de jueces indoctos. 

Dejemos ya este punto, y pasemos al que inme- 
diatamente aborda el comentador. Por casuali- 
dad nos hallamos conformes con el señor Arose- 
mena una vez, y es la primera y última, rela- 
tivamente al modo como la Constitución ha 
organizado las municipalidades. Es evidente que 
nuestras Juntas Económico-Administrativas, son 
una entidad nula, empezando por su nombre que 
no las caracteriza y acabando por sus funciones. 
Pero no estamos conformes con nuestro critico, 
á lo menos por cuanto á este país respecta, en 
que « esa tutela á que el distrito se halla toda- 



448 Estudios Constitucionales 

via sujeto en casi toda la América hispana, es un 
resabio de la lejislacion y de las costumbres es- 
pañolas, para quienes la vida propia de los pue- 
blos y aldeas es una herejia política, como lo era 
entre los romanos la vida civil de los hijos y de 
las esposas.» ¡Ojalá tuviéramos nosotros los Ca- 
bildos de la dominación española! Aquellos si 
que eran cuerpos municipales, y si la mania imi- 
tativa en vez de eliminarlos del mecanismo gu- 
bernamental, se hubiera' contraído á modificar 
su poderoso rodaje, hoy serian un elemento ge- 
nuino de progreso material y de libertad pú- 
blica. 

Concluye el Dr. Arosemena el examen de 
nuestra Constitución, con la crítica á sus disposi- 
ciones generales, que garanten la vida, el decoro y 
la libertad individual. Para él «todas estas famo- 
sas declaraciones han sido imitadas por las 
constituciones hispano-americanas de las france- 
sas, espedidas á fines del último siglo con tan 
poco éxito para su libertad como aquellas lo han 
sido para la nuestra. Viéndolas escritas en el 
hill of rights de los ingleses y en la Constitución 
de los Estados Unidos, imajinaron los franceses 
que á ellos debían los pueblos anglo-s$ijones su 
libertad civil; cuando no eran sino constancia de 
los derechos ya poseídos y gozados, que se que- 
rían mejor asegurar definiéndolos y enrostrándo- 
los en la ocasión.» ¡Chasco se lleva el señor Aro- 
semena, si presume que los Constituyentes uru- 
guayos, adoptaron el ridículo especifico cuya in- 
vención atribuye á los franceses ! A menos de no 
creer que la República del Uruguay es una lior- 



Comentadores de la Constitución 449 



na de forajidos, es mucha cosa asegurar, que 
sean meras declaraciones de lujo, las que pre- 
ceptúan que todos los habitantes del Estado tie- 
nen derecho á ser protejidos en el goce de su 
vidai honor, libertad y prosperidad ; que nadie 
nacerá ya esclavo en el territorio nacional ; que 
los hombres son iguales ante la ley; que se pro- 
hibe la fundación de mayorazgos y vinculaciones; 
que no puede ser violada la correspondencia 
particular, &a. Cuando los Constituyentes escri- 
bieron estas declaraciones, ellas eran ya una con- 
quista del pueblo, y si como en todos los países 
del mundo sucede, las contiendas civiles llegaron 
á vulnerar algunos de estos derechos en ciertos 
individuos, nunca lo fueron de manera que re- 
sultase establecida la violación como doctrina, ni 
que el pueblo prestase su sanción al escándalo. 

Tales son los reparos que nos hemos creido en 
el caso de hacer á la crítica del señor Aroseme- 
na, arriesgando á descomponerle sus cálculos 
cabalísticos sobre el porvenir político del Uru- 
guay, con la exhibición de antecedentes que com- 
plican el problema de un juicio final inmediato. 
Lo lamentamos por su fama, pero nos queda la 
convicción de que si se resignó con lo que ha 
pasado allá por Méjico y la América Central, se 
resignará también á que por estos hemisferios 
suceda una cosa parecida. Y en último resulta- 
do, cuando los hechos le obliguen á mudar de 
parecer, tiene todavía una escusa soberbia para 
anonadar á sus detractores, arrojándoles al ros- 
tro aquella frase tan conocida : «es de sabios mu- 
dar de consejo ! » 

29 



4$o Estudios Consíiiucionales 

Yendo tan mal parado nuestro crédito institu- 
cional entre los colombianos, acertó á volver por 
él entre nosotros un nuevo comentador urugua- 
yo. En 1880, el Dr. Dn. Mariano Soler, entonces 
ilustrado sacerdote, hoy varón eclesiástico ilus- 
tre, daba á luz una serie de folletos en que eran 
abordadas las dos cuestiones candentes por es- 
celéncia : el culto relijioso y la enseñanza. Como 
católico, el Dr. Soler debia defender y esplicar, 
según esplicó y defendió en sus opúsculos, el 
articulo 5.*» de la Constitución y la enseñanza reli- 
jiosa en las escuelas públicas. Su argumentación 
cerrada, su estilo palpitante, á veces incorrecto, 
pero siempre fogoso, colocando á este escritor en 
la vanguardia de nuestros polemistas, dan á sus 
producciones un sabor orijinal. Todo marcha 
bajo la pluma del Dr. Soler, hombres, citas, ar- 
gumentos, sin que se dé punto de reposo esa 
movilidad por la cual domina el autor al lector, 
empujándole de una pajina en otra hasta dejarle 
en la última, aturdido por el peso de los racioci- 
nios, si es adversario, estimulado á entrar en 
lucha, si es amigo. 

El Dr. Soler defendió la Relijion y la enseñanza 
relijiosa en las escuelas, como filósofo y como es- 
tadista. Suyo es el siguiente argumento contra 
la libertad absoluta de cultos : « Confunden los 
libre-cultistas la libertad con el derecho; error gro- 
sero en que se funda la moral independiente. La 
libertad no es el derecho. Es indudable que el 
hombre tiene libertad natural de cultos; pero esta 
libertad es una rntrafacultad, un atributo moral 
del hombre, no un derecho. El hombre tiene, por 



Comeniadores de la Constitución 4«;i 

su naturaleza misma, la facultad- ó libertad para 
elejir el culto que quiera, sea verdadero ó falso ; 
pero con esta facultad le impuso la naturaleza el 
deber ü obligación de optar por el verdadero, bajo 
pena de su degradación; y este deber se lo revela 
al hombre la misma razón natural. El hombre 
tiene la libertad de cultos, como tiene la libertad 
para suicidarse, asesinar, robar y adulterar. Pero 
{ acaso le ha dado derecho la naturaleza para sui- 
cidarse, asesinar, robar y adulterar ? De ninguna 
manera. Si al darme Dios libertad para asesinar, 
me hubiese dado derecho para asesinar, el asesi- 
nato no seria un crimen, seria un derecho y el 
castigo un crimen. » 

Planteando luego la cuestión en el terreno po- 
lítico, dice el comentador : « Para eludir la obli- 
gación social de una relijion de Estado, se ha dis- 
tinguido entre deberes amplios y los estrictos, que 
tienen por obgeto la protección de los derechos in- 
dividuales por parte del Estado. Los amplios solo 
pueden realizarse sin violación del derecho ajeno; 
y como á ellos pertenece el deber de relijion que no 
puede ser oficialmente social sin perjuicio de la 
librtad individual, deducen los poli-cultistas que 
no puede ni debe haber relijion de Estado. Pero 
en esta argumentación va envuelto un sofisma 
muy vulgar : primero, porque la relijion de Esta- 
do no importa lesión á la libertad individual, 
puesto que no se obliga á nadie á tributar un cul- 
to que no cree lejítimo, solo se le impide tributar 
públicamente un culto que no es público ó social: 
segundo, porque con semejante principio ningu- 
na institución social podria adoptarse sin violen- 



452 Estudios Constitucionales 

tar la opinión ajena. Las constituciones serian 
violación del derecho individual, si no fuesen 
aceptadas por unanimidad; ninguna ley seria po- 
sible si se debiera respetar la opinión del que no 
la cree conveniente. ¡ Véase donde conduce seme- 
jante doctrina ! Al desquiciamiento social y polí- 
tico. » 

Sentadas estas opiniones, á las cuales llega 
el Dr. Soler después de un grande acopio de 
ejemplos y razonamientos, deduce por conse- 
cuencia imprescindible que el Estado debe tener 
una relijion oficial, y siendo la relijion católica la 
única verdadera, debe ser la relijion católica el 
culto oficial del Estado, justificándose así, el pre- 
cepto constitucional que la establece entre nos- 
otros. Por idéntico razonamiento llega también á 
esta otra conclusión : que siendo culto oficial la 
relijion católica, su enseñanza se hace obligatoria 
en las escuelas publicas, como acto de obediencia 
á los preceptos de la Constitución y como tributo 
necesario á la propaganda de la única moral ver- 
dadera. 

Veamos como defiende el comentador esta se- 
gunda parte de su tesis : « La pretendida moral 
independiente — esclama — puede ser cualquier 
cosa, menos la moral católica. Dice el raciona- 
lismo que el único oráculo digno de la humani- 
dad, es, no la razón divina, sino la razón indivi- 
dual libre é independiente. ¿ Pero donde estará 
esa razón ? La única razón libre é independiente 
del error, la razón universal y absoluta, no existe 
sino en Dios de una manera concreta : en todos 
los hombres es individual, sujeta á error, y tan 



Comentadores de la Constitución 453 

cierto es esto, que hay infinitos sistemas por de- 
más contradictorios. ¿ Que dice la historia acer- 
ca de la moral y la relijion independientes ? 
Que unos moralistas independientes son ateos, 
con Lucrecio, otros panteistas como Shelling y 
Krause, otros fatalistas como Espinosa, otros ma- 
terialistas como La Mettrie ó sensualistas como 
Holbac, otros niegan el culto relijioso como ha- 
cen los deistas y la inmortalidad del alma como 
Broussais ; varios como Darwin, Háckel y Vogt 
dicen que el hombre no es mas que un mono 
perfeccionado ; y sinembargo, todos ellos al 
rechazar la relijion y la moral católica se procla- 
man partidarios de la moral pura; pero bien se 
comprende que semejantes sistemas son absur- 
dos y hasta indignos de figurar en la historia de 
la humanidad. Y si esos genios y talentos han en- 
señado semejantes sistemas ^ que diremos de las 
intelijéncias comunes, abandonadas á sus propios 
caprichos y al imperio de las pasiones ? ^ Puede 
semejante moral independiente educar unifor- 
memente á la juventud y darse el titulo de uni- 
versal ? » 

Tales son los fundamentos solidísimos en que 
establece la defensa de uno de nuestros precep- 
tos constitucionales mas discutidos, este comen- 
tador católico de la Constitución uruguaya. Con 
decir que sus opúsculos vieron la luz durante el 
periodo álgido de una polémica relijiosa sin tre- 
gua, se comprenderá qué clase de réplicas susci- 
taron, y cuantas odiosidades acarrearon á su 
autor, que á la condición de sacerdote unia la de 
permitirse pensar por cabeza propia contra la 



4 $4 Estudios Constitucionales 

opinión dominante entre los retores de la Uni- 
versidad. 

En pos del Dr. Soler, vino el Dr. D. Justino Ji- 
ménez de Aréchaga, profesor de Derecho consti- 
tucional en la Universidad de Montevideo, que 
en 1884 empezó á publicar en forma de libro sus 
lecciones de cátedra. Siendo el plan del autor muy 
vasto, hasta ahora solo han aparecido dos volú- 
menes de la obra, titulados La Libertad eolítica el 
primero, y El Cuerpo Lejislativo el segundo. Am- 
bos están redactados en estilo claro, con esposi- 
cion metódica y mucha sabiduria del movimien- 
to científico corriente. Por lo que respecta al es- 
píritu que los informa, el autor pertenece á la es- 
cuela de Grimke CU30 punto de vista sobre los 
comentarios constitucionales arranca del supues- 
to deque toda Constitución no solo debe exami- 
narse en lo que és, sino en lo que debe ser que 
sea. De manera que en los libros del Dr. Arécha- 
ga, impera esta doctrina con respecto á nuestra 
Constitución, habiendo sido resueltas las cuestio- 
nes principales no con arreglo á lo que ellas son 
en si, sino con el criterio de lo que debían ser en 
consonancia á las ideas del autor. 

Bien que este modo de enseñanza sea lucido y 
brillante, no nos parece adecuado á dar benefi- 
cios apreciables en la práctica. Los yankees que 
lo propagaron, han renunciado á él, desde que la 
guerra de cesesion les demostró la impericia en 
que por esa causa se habían viciado para el ma- 
nejo de su Constitución política, la cual, sirvién- 
donos de una frase del Sr. Sarmiento, tenia mu- 
chos resortes tomados de orin. Joél TifFany, 



Comentadores de la Constitución 45$ 

apuntando el primero entre los comentadores de 
la nueva escuela, ha abierto el camino á las dis- 
quisiciones prácticas y provechosas en punto á 
derecho constitucional en los Estados Unidos, y 
ha demostrado sin pretenderlo, cómo sus com- 
patriotas por echarse á correr tras lo ajeno, ha- 
bian olvidado y comprometido el patrimonio pro- 
pio. Nosotros trillamos todavía el camino aban- 
donado hace tiempo por los norte-americanos, y 
en esta, como en muchas cosas, una imitación 
tardia de lo que ya está en desuso, nos lleva por 
carril tan estraviado como inconducente al fin 
que tenemos en vista. Se dirá, que toda ense- 
ñanza supone desde luego la manifestación del 
juicio propio de quien la propaga, y que no hay 
estudio provechoso sin una critica paralela; en lo 
cual estamos muy conformes. Pero la exajera- 
cion de este sistema, puede llevar tan lejos á los 
autores, que por correjir defectos que no lo son, 
induzcan al menosprecio de las instituciones na- 
cionales en fuerza de motejarlas sin justicia. 

El Dr. Aréchaga pertenece en nuestro concep- 
to al número de esos autores. Su teorismo impla- 
cable, parte de una fórmula que puede reducirse 
á la siguiente espresion : la libertad se impone. Co- 
locado en este terreno, procede imponiéndolo 
todo : la ciudadania, el voto y la forma de gobier- 
no. Es llano que en semejantes condiciones, tie- 
ne que chocar á cada instante con la Constitución, 
porque repudiando ella el despotismo, no pueden 
avenirse sus preceptos con quien lo busca por la 
uniformidad . P^sta pretensión de hacer quand 
méme á todos los estrangeros ciudadanos, á todos 



4 $6 Estudios Constitucionales 



los ciudadanos votantes y á todos los votantes 
republicanos, nos recuerda la Constitución es- 
pañola de 1812, que mandaba que todas las leyes 
fuesen sabias y todos los españoles honestos. 
Siendo la libertad, en su espresion mas simple, 
la facultad de elejir entre dos motivos, resultará 
siempre que no hay libertad posible allí donde 
la elección del motivo no existe. En el orden po- 
lítico como en el civil, la consecuencia será inva~ 
dablemente igual á este respecto. Toda carencia 
de elección, supone la negación de la libertad. 

Complementando su tesis del sufrajio obliga- 
torio con la ciudadanía obligatoria, el Dr. Aré- 
chaga trasforma los derechos en deberes, y obli- 
ga á todos los hombres á la sumisión para pre- 
caver la sociedad del indiferentismo político. El 
derecho se renuncia cuando se quiere, el deber 
es indeclinable; luego pues, la disyuntiva es esta: 
ser ciudadano ó marcharse del país. ^En nombre 
de qué conveniencias puede autorizarse semejan- 
te monstruosidad? ¿Será en nombre de la condi- 
ción de sufragante que tenga el individuo.^ No, 
porque según el mismo Dr. Aréchaga, «el sufra- 
jio es un verdadero derecho político», y esa califi- 
cación denota que no es obligatorio. ¿Será en 
nombre de la eficacia indiscutible de una forma 
de gobierno determinada? Nó, porque según el 
mismo Dr. Aréchaga, « toda sociedad tiene el 
mas perfecto derecho de crear y organizar sus ins- 
tituciones políticas de acuerdo con sus ideas, y 
nada puede obligar lejitimamente á un pueblo que 
se halla en el pleno goce de su soberanía á que 
se subordine perpetuamente á un sistema deter- 



Comentadores de la Constitución 457 



minado de gobierno.» ¿Será en nombre de la es- 
periéncia de los pueblos mas adelantados en el 
arte del gobierno semecrático? Nó, porque según 
el mismo Dr. Aréchaga lo demuestra, ni en los 
Estados Unidos, ni en Suiza existe el sufrájio 
obligatorio, siendo una escepcion el Estado de 
Massachusetts y el cantón de Soleure que lo 
mantienen para su gobierno interno, como lo es 
en la América del Sur la provincia de Buenos 
Aires que lo hace subsistir en el mismo concep- 
to. De manera que ni la conveniencia universal, 
ni el derecho escrito sancionan de un modo ge- 
neral esa imposición avasalladora. 

De que el sufrájio sea una función publica, de- 
duce el Dr. Aréchaga su condición impositiva. 
Pero es también función pública, la administra- 
ción de la justicia popular, y ningún ciudadano 
está obligado á ser teniente alcalde ó juez de paz; 
es una función pública representar al pueblo en 
los parlamentos, y ningún ciudadano está obliga- 
do á ser Representante ó Senador; es una fun- 
ción pública ser jurado de tachas, y ningún ciu- 
dadano no inscrito en el Rejistro Cívico está 
obligado á llenar esa función. Si todas las fun- 
ciones públicas fuesen obligatorias ¿quien tendría 
tiempo material de ocuparse de sí mismo? O en 
caso de aceptarlas ¿ á que centralización de pre- 
rogativas no conduciría esa obligación con res. 
pecto a los ciudadanos prestijiosos y bien quis- 
tos } 

Corre como argumento muy válido, el que es- 
tablece la conveniencia de hacer obligatorio el 
voto para satisfacer la necesidad de organizar el 



458 Estudios Constitucionales 



gobierno. Los pueblos, se dice, no pueden vivir 
sin gobiernos, luego pues, los ciudadanos que 
niegan su concurrencia á los comicios, conspiran 
contra la sociedad privándola de gobernarse á sí 
misma. El hecho no es exacto, por mas deslum- 
bradora que parezca la proposición que lo inicia. 
Por lo mismo que los pueblos no pueden vivir 
sin gobierno, es que siempre lo tienen, bueno ó 
malo, popular ó despótico, según lo merezcan 
sus esfuerzos en pro del bien común. La forma 
de gobierno, siendo hija del libre albedrio de los 
hombres, depende de su acción voluntaria, y no 
es con leyes coercitivas que se estimula esa ac- 
ción, i Para que les sirvió ¿i los atenienses el voto 
obligatorio, al empezar la decadencia nacional ? 
^ De que le sirve hoy á la provincia de Buenos 
Aires en la República Argentina? Dicen algunos, 
que el ejercicio eleccionario educa á los pueblos, 
y ponen por ejemplo á los Estados Unidos del 
Norte, de cuyos habitantes afirma Tocqueville, 
que si les deshicieran su gobierno, en el acto se 
pondrían á fabricar otro. Pero aparte de qué los 
yankees no han aprendido el concepto de la li- 
bertad en las elecciones, sino antes de ir á ellas, 
es evidente que cualquier país, en el caso de ca- 
recer de gobierno, se pondrá á fabricar uno. No 
hay en esto novedad, y mucho menos pueden re- 
clamar los yankees priviléjio de invención por 
ella. La autoridad, como principio y se impone en 
absoluto do quiera. Lo que orijina disputas entre 
los hombres, es la aplicación del principio, ó sean 
las formas de gobierno. Con elecciones ó sin ellas, 
pues, el gobierno existirá siempre. 



Comentadores de la Constitución 459 

Para reasumir nuestra opinión en este punto, 
diremos, que la libertad política ideada por el 
Dr. Aréchaga, nos parece que conduce al despo- 
tismo político. Ella empieza por hacer obligato- 
ria la ciudadanía al estrangero, con el fin de ha- 
cer obligatorio el voto para todos, y concluye 
por la negación de la soberanía popular. Porque 
I cual es el significado de una soberanía á cuyos 
miembros se niega la capacidad de distinguir 
entre la conveniencia de adherirse ó abstenerse 
en las funciones electorales ? ¿ Donde vá á parar 
la noción política de las mayorías y minorías, 
con esta uniformidad que escluye las decisiones 
voluntarias ? ¿A qué estremos despóticos deberá 
conducir esa nueva doctrina, que no conforme 
con que el individuo haya delegado ya en la so- 
ciedad una porción importantísima de sus liber- 
tades y derechos propios, le exije todavía la dele- 
gación de sus miras íntimas con respecto á la 
oportunidad del ejercicio de sus derechos polí- 
ticos ? El paganismo griego y romano, que ya 
hicieron la prueba, respondan por nosotros en la 
Historia. 

Partiendo de principios tan estraordinários 
con respecto á la intelijéncia de la libertad políti- 
ca, no podían menos de aparejar grande incon- 
secuencia las vistas del Dr. Aréchaga en lo que 
respecta á la constitución del Poder público. Por 
lo que sabemos de ellas en lo que lleva escrito 
sobre el Poder Lejislativo, se vé, que si como teo- 
rizador impone á cada ciudadano uniformemen- 
te y á guisa de obligación indeclinable sus dere- 
chos, como estadista escluye de los beneficios 



460 Estudios Constitucionales 

inherentes al cumplimiento de esa obligación, á 
las tres cuartas partes de la sociedad. Pidiendo 
que todo ciudadano sea elector, no quiere que la 
mayoría seaelejible. Los militares y los funciona- 
rios públicos por tendencia al servilismo, los clé- 
rigos regulares por carencia de libre albedrio, 
son desheredados del Cuerpo lejislativo en el 
sistema del Dr. Aréchaga ; mostrándose así el 
autor, mas duro que la Constitución nacional, 
pues si ésta mantiene la esclusion predicha, no 
impone el voto como un deber, ni la ciudadanía 
como el medio único de vivir en el país, ni la for- 
ma de gobierno imperante como la última con- 
clusión positiva á que puedan llegarlos hombres 
en sus disquisiciones políticas. ¿ Para que hemos 
de seguir tras de los razonamientos que el autor 
aduce en defensa de su tesis, cuando ya lo hemos 
hecho con otros que sostenían la misma? La in- 
dicación sumaria de los fundamentos que sirven 
á la enseñanza del Dr. Aréchaga, basta para se- 
ñalar los temas que ella abarca, remitiendo á los 
que lo deseen, á la fuente donde han de ocurrir 
para conocerla por entero. 

Todavía nos queda un autor cuyos trabajos de- 
bemos mencionar, y que es el último de los que 
ha ajitado cuestiones constitucionales en estos 
tiempos. Nos referimos al Senador D. Pedro E. 
Bauza, cuyo libro titulado Gobiernos interiores^ 
trata en estenso nuestro mecanismo municipal, 
sometiéndolo á una crítica minuciosa que se basa 
en observaciones prácticas de mucha considera- 
ción. No nos corresponde opinar sobre el mérito 
del libro, sin caer en sospecha de parcialidad, 



Comentadores de la Constitución 461 

pero citaremos un hecho que dá la medida del 
éxito obtenido por su autor en la aplicación de 
las doctrinas que prohija. La Cámara de Repre- 
sentantes, con fecha 20 de Junio de 1887 nombró 
una Comisión Especial, para que redactase un 
Proyecto de Ley ampliando las facultades de las 
Juntas E. Administrativas, de acuerdo con las 
ideas y documentos encerrados en el libro refe- 
rido. De todos los comentadores de la Constitu- 
ción, siendo éste el último en el orden de fecha, 
ha sido el primero y el único cuyas ideas se han 
incorporado á nuestro réjimen gubernamental. 

Con lo dicho, queda concluido el trabajo de in- 
vestigación critica, que emprendimos para com- 
plementar los datos sobre el oríjen de nuestra 
Constitución y las opiniones de que ella es obgeto. 
Hemos reputado imprescindible concretar por 
su orden, determinando el nombre y escuela de 
cada autor, los ideales en pugna respecto á un 
asunto tan grave; porque siendo corriente la opi- 
nión de que necesitamos llegar á una reforma 
constitucional, seria lamentable que se ignora- 
sen los puntos controvertidos y las necesidades 
reales que pueden determinar esa reforma. En 
último resultado, este estudio, y la serie de los 
que le preceden, contribuyen á adelantar ideas 
sobre una materia que interesa al bien común, y 
de ahí su justificación. La ofrenda del pobre, en 
el gran taller del trabajo nacional, es también una 
fuerzamás que se suma á todas las fuerzas. 



fN DICE 



La Conaliluíion Uruguay. 
Democracia y República 
El Syllabus y la Soberaní! 
La Ciudadanía Uruguaya 
El Patronato .... 
La Educación Común . 
Los Consli luyen tes , . 
Comentadores de la Cons 






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